Actualidad Política

26 de junio de 2026

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La eurodiputada de VOX, Mireia Borrás, ha defendido en el Parlamento Europeo una petición vinculada a la situación del sector primario español, mostrando el respaldo de su formación a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos que denuncian las consecuencias de las políticas impulsadas desde Bruselas.

Durante su intervención, Borrás aseguró que la preocupación trasladada por los peticionarios refleja la realidad que viven miles de profesionales del campo en España y que VOX lleva años denunciando tanto en las instituciones europeas como en las nacionales.

“Hoy se habla en nombre de miles de agricultores y ganaderos que sufren desde hace años las consecuencias de unas políticas que están poniendo en riesgo la rentabilidad y el futuro del sector primario”, afirmó.

VOX carga contra el Pacto Verde Europeo

La eurodiputada criticó especialmente el impacto que, a juicio de VOX, está teniendo la aplicación del Pacto Verde Europeo sobre la agricultura y la ganadería.

Según explicó, la excesiva burocracia y las exigencias administrativas derivadas de las políticas comunitarias están dificultando la actividad diaria de los productores y reduciendo su competitividad frente a terceros países.

“Lo que necesitan nuestros agricultores no son más parches, sino eliminar de una vez la burocracia absurda y asfixiante que ha generado el Pacto Verde Europeo”, señaló.

Más de 75.000 explotaciones desaparecidas

Durante su intervención, Borrás alertó de la situación que atraviesa el campo español y recordó que más de 75.000 explotaciones agrarias han desaparecido en España durante la última década.

Asimismo, destacó las dificultades que encuentran los agricultores para acceder a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), un sistema que considera excesivamente complejo para muchos profesionales del sector.

“Casi ocho de cada diez agricultores necesitan ayuda para tramitar una solicitud de la PAC y más de la mitad tienen que contratar gestores para acceder a unas ayudas que deberían facilitarles la vida”, denunció.

Garantizar la rentabilidad del sector

Para VOX, el principal desafío del sector primario pasa por recuperar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, permitiendo que los profesionales puedan desarrollar su actividad con estabilidad y perspectivas de futuro.

Borrás defendió que una agricultura y una ganadería rentables son la mejor herramienta para garantizar el relevo generacional y atraer a los jóvenes al campo.

“Si conseguimos que el sector primario vuelva a ser rentable, el relevo generacional dejará de ser un problema y muchos jóvenes volverán a ver el campo como una oportunidad de futuro”, afirmó.

Apoyo a las reivindicaciones del sector

La eurodiputada concluyó mostrando el respaldo de VOX a la continuidad de la petición presentada en el Parlamento Europeo y reiteró el compromiso de la formación con la defensa de agricultores y ganaderos frente a las políticas que, según denuncian, perjudican al campo español.

“Seguiremos defendiendo al sector primario frente a quienes pretenden imponer más burocracia, más costes y más dificultades a quienes producen nuestros alimentos”, concluyó.

La Comisión Europea ha dejado abierta la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción contra España en relación con la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero y en el que fallecieron 46 personas, si llegaran a acreditarse vulneraciones de la legislación comunitaria durante las actuaciones posteriores al siniestro.

La respuesta de Bruselas llega tras la iniciativa presentada por el eurodiputado del Partido Popular Borja Giménez Larraz, quien solicitó aclaraciones sobre la preservación de pruebas y la posible retirada de elementos de la infraestructura antes de que concluyeran las labores de inspección e investigación.

Bruselas recuerda las garantías que exige la normativa europea

En su respuesta escrita, la Comisión Europea subraya que la legislación nacional debe garantizar que las investigaciones de accidentes ferroviarios se desarrollen de forma independiente, eficiente y en el menor plazo posible.

Asimismo, recuerda que los organismos encargados de estas investigaciones deben actuar con plena independencia respecto de cualquier entidad cuyos intereses puedan entrar en conflicto con la investigación.

La Comisión también destaca que la Directiva (UE) 2016/798 reconoce a los investigadores el derecho a acceder a toda la información relevante y establece obligaciones de cooperación entre las distintas autoridades implicadas en este tipo de procedimientos.

La Comisión evita pronunciarse sobre la retirada de pruebas

Aunque Bruselas señala que no dispone de evidencias aportadas por el organismo investigador español que cuestionen la independencia del proceso, evita responder de forma directa sobre una de las principales cuestiones planteadas por el eurodiputado popular: si la retirada de determinadas pruebas antes de completar el inventario de los investigadores fue compatible con las exigencias de la normativa europea.

La Comisión recuerda que corresponde principalmente a las autoridades y tribunales nacionales garantizar el correcto desarrollo de las investigaciones, pero insiste en que mantiene intactas sus competencias como garante del cumplimiento del Derecho de la Unión.

Borja Giménez Larraz pide esclarecer lo ocurrido tras el accidente

Tras conocer la respuesta comunitaria, Borja Giménez Larraz ha señalado que Bruselas “deja claro que la puerta sigue abierta” a una posible actuación contra España si aparecen pruebas sólidas de una vulneración de la normativa europea.

El eurodiputado popular considera prioritario esclarecer qué ocurrió en las horas posteriores al accidente, quién autorizó las actuaciones realizadas sobre el terreno y si se respetaron todas las garantías exigidas por la legislación comunitaria para asegurar una investigación independiente y rigurosa.

“La Comisión Europea mantiene abierta la posibilidad de actuar si se demuestra que no se respetaron las normas europeas durante la investigación”, ha concluido.

El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha valorado positivamente la aprobación del nuevo Reglamento Europeo de Retornos, una iniciativa que, según ha señalado, supone un cambio de rumbo en la política migratoria de la Unión Europea y refuerza las herramientas para combatir la inmigración ilegal.

Tras la votación celebrada en el Parlamento Europeo, Buxadé ha destacado que la nueva normativa ha salido adelante gracias al impulso de los grupos conservadores, patriotas y soberanistas, que han defendido durante los últimos años una política migratoria más estricta y eficaz.

“Hoy es un día importante para Europa porque se da un paso decisivo para reforzar el control migratorio, garantizar la eficacia de las órdenes de expulsión y luchar contra las mafias que se aprovechan de la inmigración ilegal”, ha afirmado.

Un sistema común de retornos para toda Europa

Según ha explicado el dirigente de VOX, el reglamento establece mecanismos de cooperación entre los Estados miembros y terceros países, además de crear procedimientos comunes para ejecutar las órdenes de retorno en el conjunto de la Unión Europea.

La formación considera especialmente relevante que las expulsiones acordadas en un Estado miembro puedan ser reconocidas y ejecutadas en el resto de países de la Unión, evitando que personas sujetas a procedimientos de retorno puedan desplazarse de un país a otro para eludir su cumplimiento.

Para Buxadé, esta medida permitirá reducir el fraude asociado a determinados procedimientos migratorios y reforzar la capacidad de actuación de los Estados frente a las redes de tráfico de personas.

Críticas al Gobierno de Pedro Sánchez

Durante su valoración, el eurodiputado también ha criticado la política migratoria del Gobierno español y ha advertido de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría mostrarse reticente a aplicar determinadas medidas contempladas en la nueva normativa europea.

VOX considera que las políticas impulsadas por el Gobierno han favorecido el efecto llamada y han generado tensiones sobre los sistemas de control migratorio y sobre el espacio Schengen.

Por ello, la formación ha reclamado una aplicación rigurosa del nuevo reglamento y ha defendido una política migratoria basada en el control de fronteras, la cooperación internacional y la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión.

VOX reivindica una nueva etapa en la política migratoria europea

Jorge Buxadé ha señalado que la aprobación del Reglamento de Retornos refleja un cambio en las mayorías políticas europeas y demuestra que existen alternativas a las políticas migratorias impulsadas tradicionalmente por socialistas y populares.

El dirigente de VOX ha insistido en que Europa necesita reforzar la seguridad de sus fronteras, combatir la inmigración ilegal y garantizar que las decisiones adoptadas por los Estados miembros puedan ejecutarse de manera efectiva en todo el territorio comunitario.

El Grupo Parlamentario Popular ha conseguido que la Comisión Mixta para la Unión Europea apruebe dos iniciativas dirigidas a reforzar la defensa de los valores democráticos europeos, la seguridad estratégica de la Unión Europea y la protección de la calidad del agua mediante una planificación específica en España.

La portavoz del PP en la Comisión Mixta para la UE, Milagros Marcos, ha defendido una iniciativa para reforzar la respuesta frente a las estrategias de injerencia que buscan debilitar las instituciones europeas y erosionar la confianza de los ciudadanos en el proyecto comunitario.

Marcos ha reclamado al Gobierno que exija el respeto a los valores democráticos europeos por parte de todos los grupos políticos y que respalde las investigaciones europeas relacionadas con posibles filtraciones de información sensible y riesgos para la seguridad tecnológica.

“La defensa de Europa empieza en cada Estado miembro y exige instituciones fuertes, transparencia y compromiso con los principios democráticos”, ha señalado.

La dirigente popular ha advertido de los riesgos que representan determinadas estrategias de influencia externa para la autonomía estratégica de la Unión Europea y para la estabilidad de sus instituciones.

Asimismo, ha alertado de que Europa afronta desafíos relacionados con la seguridad tecnológica, energética y económica que requieren una respuesta coordinada y firme por parte de todos los Estados miembros.

Por otro lado, el diputado del Grupo Popular Joaquín Melgarejo ha defendido una iniciativa para que España impulse una Estrategia Nacional específica destinada a prevenir, controlar y reducir la presencia de sustancias contaminantes en el agua.

Melgarejo ha recordado que la Unión Europea está avanzando en nuevos estándares de calidad del agua y ha advertido de que los costes ambientales y económicos derivados de la contaminación pueden incrementarse de forma significativa durante las próximas décadas si no se adoptan medidas preventivas.

“La solución pasa por actuar en origen, reducir la contaminación antes de que llegue a nuestros recursos hídricos y garantizar la protección del medio ambiente y de la salud de los ciudadanos”, ha afirmado.

El diputado popular ha reclamado una evaluación rigurosa de los impactos, una comparación con las mejores prácticas europeas y una estrategia nacional que permita adaptar a España a los nuevos retos medioambientales.

El Grupo Parlamentario Popular ha defendido que proteger la calidad del agua y reforzar la seguridad democrática europea son objetivos prioritarios para garantizar el bienestar, la competitividad y el futuro de las próximas generaciones.

El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha advertido de que la entrada en vigor del nuevo Reglamento Eurodac y del Pacto Europeo de Asilo y Migración se verá seriamente condicionada por las decisiones adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia migratoria.

Durante una comparecencia ante los medios, Buxadé explicó que el nuevo sistema Eurodac permitirá a los Estados miembros disponer de una base de datos más completa para identificar a inmigrantes en situación irregular, solicitantes de protección internacional y personas que hayan accedido ilegalmente al territorio europeo.

El eurodiputado destacó que la nueva arquitectura del sistema facilitará la individualización de expedientes y mejorará la coordinación entre los Estados miembros, incorporando huellas dactilares, imágenes faciales, documentos de viaje y alertas de seguridad destinadas a reforzar los controles y prevenir fraudes en las solicitudes de asilo.

Según explicó, Eurodac constituye una herramienta fundamental dentro del nuevo sistema europeo de retornos, ya que permitirá agilizar la identificación de personas en situación irregular y facilitar los procedimientos de expulsión previstos por los Estados miembros.

Sin embargo, Buxadé sostuvo que la eficacia de este nuevo marco migratorio se encuentra amenazada por la política impulsada por el Ejecutivo español. En este sentido, criticó la regularización masiva anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez y aseguró que esta medida dificulta la aplicación práctica de los mecanismos de control contemplados en el Pacto Europeo de Asilo y Migración.

El dirigente de VOX afirmó que esta decisión afecta especialmente a los procedimientos de identificación y control fronterizo previstos en la nueva normativa comunitaria y advirtió de que puede generar importantes distorsiones en el sistema europeo de gestión migratoria.

Asimismo, Buxadé consideró que la actuación del Gobierno español compromete los objetivos de control y coordinación perseguidos por la Unión Europea y alertó de las consecuencias que, a su juicio, podría tener sobre el funcionamiento del espacio Schengen y sobre la política migratoria común.

VOX ha reiterado su defensa de una política migratoria basada en el control efectivo de las fronteras exteriores, la identificación de los inmigrantes que acceden al territorio europeo y la ejecución de los procedimientos de retorno contemplados en la legislación comunitaria.

La vicepresidenta primera de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, compareció este miércoles ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, donde tuvo que responder a las críticas planteadas por la eurodiputada de VOX Mireia Borrás sobre la política energética impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y el futuro de la energía nuclear en España.

Durante su intervención, Borrás denunció la contradicción existente dentro de las instituciones europeas, que por un lado reconocen la importancia estratégica de la energía nuclear para garantizar la competitividad y la soberanía energética, mientras que por otro mantienen a Teresa Ribera defendiendo el cierre progresivo de las centrales nucleares españolas.

La eurodiputada recordó que el propio Informe Draghi advierte de que los elevados costes energéticos están lastrando la competitividad de la economía europea y subrayó que la energía nuclear constituye una fuente estable, limpia y asequible. En este sentido, destacó que incluso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reconocido la necesidad de reforzar la apuesta por la energía nuclear mediante nuevas inversiones.

Desde VOX consideran especialmente preocupante que, mientras Bruselas comienza a rectificar algunas de las políticas energéticas que han contribuido al encarecimiento de la energía, Teresa Ribera continúe respaldando el calendario de cierre nuclear acordado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Para la formación, el caso más representativo es el de la Central Nuclear de Almaraz, cuyo cierre supondría un grave impacto económico, laboral y energético. VOX sostiene que la clausura de esta infraestructura no responde a criterios técnicos ni de seguridad, sino a una decisión basada en criterios ideológicos.

Ribera evita responder sobre el futuro de Almaraz

Durante el intercambio de preguntas, Teresa Ribera evitó pronunciarse sobre las consecuencias del cierre de Almaraz y rechazó entrar en el fondo de la cuestión planteada por la eurodiputada de VOX.

«Usted con los mismos temas de siempre. Estos asuntos que ha mencionado, pues, si le parece, en el Parlamento español. Y si hay algún ejemplo concreto de ayudas estatales, lo discutimos aquí», respondió la comisaria.

Desde VOX consideran insuficiente esta respuesta y recuerdan que más de 15.000 empleos dependen directa o indirectamente de la actividad de la central extremeña. La formación sostiene que el cierre de Almaraz supondría un nuevo golpe para la industria, la competitividad y la soberanía energética nacional.

La defensa de la energía nuclear forma parte de la estrategia económica y energética de VOX, que apuesta por garantizar la continuidad de las centrales existentes y recuperar un plan nuclear nacional como herramienta para asegurar una energía «segura, estable y asequible» para familias y empresas españolas. Según recoge el Programa Económico y de Vivienda de la formación, VOX defiende la supervivencia de las centrales nucleares actuales y el impulso de nuevas infraestructuras energéticas que refuercen la independencia energética de España.

La formación concluye que mantener el cierre de Almaraz mientras Europa reabre el debate sobre la energía nuclear evidencia una falta de coherencia que puede traducirse en mayores costes energéticos, pérdida de empleo y menor competitividad para la economía española.

La vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha registrado una pregunta parlamentaria ante la Comisión Europea para exigir explicaciones sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Montserrat ha reclamado a las instituciones europeas que investiguen si los mecanismos excepcionales aprobados durante la pandemia fueron utilizados de forma indebida para favorecer intereses políticos y redes de influencia vinculadas al entorno socialista.

“La Unión Europea no puede permitir que instrumentos creados para proteger empresas y empleos terminen beneficiando a particulares y alimentando redes construidas alrededor de la opacidad y del uso indebido de recursos públicos”, ha señalado.

La dirigente popular ha destacado que la investigación judicial dirigida por el magistrado José Luis Calama cuenta ya con cooperación judicial internacional procedente de Francia y Suiza, además de investigaciones paralelas desarrolladas por autoridades estadounidenses sobre presuntas tramas financieras vinculadas al chavismo.

Según ha explicado Montserrat, el rescate de Plus Ultra fue aprobado a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), autorizado por la Comisión Europea durante la pandemia bajo el marco excepcional de ayudas de Estado.

“El auto judicial apunta a que la presunta trama habría utilizado contactos políticos y acceso privilegiado a información para influir en la concesión de fondos públicos”, ha afirmado.

La vicepresidenta del PPE ha calificado de “gravísima” la imputación de un expresidente del Gobierno por presunta corrupción vinculada a fondos públicos y ha asegurado que este caso “confirma los años de corrupción que Pedro Sánchez intenta tapar permanentemente”.

Montserrat ha pedido además a Bruselas que aclare si se vulneraron principios esenciales del Derecho de la Unión Europea, como la transparencia, la igualdad de trato, la buena administración y el control adecuado de ayudas públicas.

Asimismo, ha mostrado su “enorme preocupación” por el relevo de la magistrada de enlace responsable de la cooperación judicial con Francia y Suiza, coincidiendo con el avance de las investigaciones internacionales relacionadas con Plus Ultra.

“El Gobierno de Sánchez tiene que explicar si intentó debilitar mecanismos de cooperación judicial precisamente cuando las investigaciones comenzaban a estrechar el cerco sobre el entorno político de Zapatero”, ha advertido.

Por último, Dolors Montserrat ha defendido que lo que está en juego no es únicamente un posible caso de corrupción en España, sino “la credibilidad de los mecanismos europeos de control y supervisión de ayudas públicas”.

Los eurodiputados de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch, han suscrito junto a representantes de Patriotas por Europa una carta formal dirigida a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), Gabriel Mato y Daniel Caggiani, para denunciar la presencia de representantes del régimen cubano en dicha asamblea interparlamentaria.

La carta ha sido firmada también por eurodiputados de Chega, Lega, ANO 2011 y Fidesz, integrados en el grupo Patriotas por Europa.

En la misiva, los firmantes recuerdan que el régimen cubano lleva 67 años “violando sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales del pueblo cubano”, denunciando asesinatos, encarcelamientos arbitrarios, torturas y persecuciones contra opositores políticos.

Asimismo, sostienen que Cuba ha actuado “como patrocinador del terrorismo internacional”, señalando sus vínculos con organizaciones como las FARC, el ELN, Hezbolá y Hamás, además de su respaldo a la invasión rusa de Ucrania.

Los eurodiputados denuncian que la participación de Cuba en Eurolat, a través de su representación en el Parlatino, ha permitido que representantes del régimen, como Rolando González Patricio, hayan ocupado cargos de relevancia y participado activamente en delegaciones parlamentarias internacionales.

Según VOX y el resto de firmantes, esta situación otorga “una apariencia de legitimidad internacional absolutamente inaceptable” a la dictadura cubana.

La denuncia cobra especial relevancia, recuerdan los firmantes, porque el propio Parlamento Europeo ha aprobado resoluciones reclamando la aplicación de la cláusula democrática para suspender el Acuerdo Político y de Diálogo entre la Unión Europea y Cuba.

En consecuencia, los eurodiputados solicitan al componente europeo de Eurolat que exija al componente latinoamericano la adopción de medidas políticas para impedir la participación de representantes cubanos en futuras sesiones de la asamblea.

“Consideramos inaceptable que una delegación interparlamentaria de la Unión Europea acepte la presencia de miembros activos de una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos y es un reconocido patrocinador del terrorismo internacional”, recoge la carta suscrita por los representantes de Patriotas por Europa.

Entre los firmantes figuran, además de Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch, los eurodiputados Tiago Moreira de Sá, Susanna Ceccardi, Jaroslav Bžoch y Enikő Győri.

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