Giménez Larraz: «La UE no descarta actuar si se vulneró la normativa europea tras el siniestro de Adamuz»
La Comisión Europea ha dejado abierta la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción contra España en relación con la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero y en el que fallecieron 46 personas, si llegaran a acreditarse vulneraciones de la legislación comunitaria durante las actuaciones posteriores al siniestro.
La respuesta de Bruselas llega tras la iniciativa presentada por el eurodiputado del Partido Popular Borja Giménez Larraz, quien solicitó aclaraciones sobre la preservación de pruebas y la posible retirada de elementos de la infraestructura antes de que concluyeran las labores de inspección e investigación.
Bruselas recuerda las garantías que exige la normativa europea
En su respuesta escrita, la Comisión Europea subraya que la legislación nacional debe garantizar que las investigaciones de accidentes ferroviarios se desarrollen de forma independiente, eficiente y en el menor plazo posible.
Asimismo, recuerda que los organismos encargados de estas investigaciones deben actuar con plena independencia respecto de cualquier entidad cuyos intereses puedan entrar en conflicto con la investigación.
La Comisión también destaca que la Directiva (UE) 2016/798 reconoce a los investigadores el derecho a acceder a toda la información relevante y establece obligaciones de cooperación entre las distintas autoridades implicadas en este tipo de procedimientos.
La Comisión evita pronunciarse sobre la retirada de pruebas
Aunque Bruselas señala que no dispone de evidencias aportadas por el organismo investigador español que cuestionen la independencia del proceso, evita responder de forma directa sobre una de las principales cuestiones planteadas por el eurodiputado popular: si la retirada de determinadas pruebas antes de completar el inventario de los investigadores fue compatible con las exigencias de la normativa europea.
La Comisión recuerda que corresponde principalmente a las autoridades y tribunales nacionales garantizar el correcto desarrollo de las investigaciones, pero insiste en que mantiene intactas sus competencias como garante del cumplimiento del Derecho de la Unión.
Borja Giménez Larraz pide esclarecer lo ocurrido tras el accidente
Tras conocer la respuesta comunitaria, Borja Giménez Larraz ha señalado que Bruselas “deja claro que la puerta sigue abierta” a una posible actuación contra España si aparecen pruebas sólidas de una vulneración de la normativa europea.
El eurodiputado popular considera prioritario esclarecer qué ocurrió en las horas posteriores al accidente, quién autorizó las actuaciones realizadas sobre el terreno y si se respetaron todas las garantías exigidas por la legislación comunitaria para asegurar una investigación independiente y rigurosa.
“La Comisión Europea mantiene abierta la posibilidad de actuar si se demuestra que no se respetaron las normas europeas durante la investigación”, ha concluido.
El PP lleva a Bruselas el «desastre» del AVE Madrid-Málaga.
El Partido Popular ha registrado una pregunta parlamentaria ante la Comisión Europea para exigir explicaciones por el colapso de la línea de alta velocidad Madrid-Málaga, que permanece fuera de servicio desde hace más de tres meses.
Los eurodiputados populares reclaman a Bruselas que determine si España está incumpliendo sus obligaciones en materia de mantenimiento, seguridad y continuidad operativa en una infraestructura cofinanciada con fondos europeos.
Desde el Partido Popular en el Parlamento Europeo se cuestiona que ADIF haya aplazado por tercera vez la reapertura de este corredor estratégico, integrado en la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T) y financiado parcialmente por el Banco Europeo de Inversiones, que concedió un préstamo de 350 millones de euros en enero de 2025.
La línea permanece cerrada desde el 18 de enero de 2026 tras el accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, y un posterior desprendimiento de tierras en Álora (Málaga), lo que ha provocado un cierre prolongado sin precedentes recientes. Según las previsiones actuales, la circulación directa no se restablecerá antes de finales de abril, dejando a Málaga sin AVE en plena Semana Santa.
El eurodiputado Borja Giménez Larraz ha criticado duramente la situación, asegurando que “más de tres meses sin conexión directa en uno de los corredores más importantes de Europa no es mala suerte, es mala gestión”.
Asimismo, ha recordado que los fondos europeos estaban destinados precisamente a reforzar la seguridad y la resiliencia de la red ferroviaria, subrayando que “el dinero de Europa está, pero los resultados no”.
Impacto económico y social
El Partido Popular ha alertado de las graves consecuencias económicas del cierre. El sector hotelero de la provincia registra una caída del 26% en las reservas hasta finales de abril, mientras que las pérdidas directas e indirectas podrían alcanzar los 2.000 millones de euros, con unos 6.000 empleos estacionales en riesgo.
La situación resulta especialmente crítica en Semana Santa, un periodo clave para el turismo, en el que el 60% de los visitantes son nacionales y dependen de la conexión ferroviaria con Madrid.
Actualmente, los viajeros se ven obligados a realizar transbordos por carretera entre Málaga y Antequera-Santa Ana, lo que eleva el tiempo de viaje por encima de las cuatro horas y media y ha generado numerosas quejas entre los usuarios.
Exigencia de responsabilidades
La iniciativa parlamentaria solicita a la Comisión Europea que aclare si el cierre prolongado vulnera la normativa europea en materia de transporte ferroviario, seguridad y derechos de los pasajeros, así como qué medidas se adoptarán para proteger a los afectados.
Borja Giménez Larraz ha emplazado al Gobierno a rendir cuentas, denunciando que “lo que tenemos es un AVE roto, una provincia aislada y miles de pasajeros abandonados”.
El Partido Popular defiende la necesidad de garantizar infraestructuras seguras, eficientes y plenamente operativas, especialmente cuando han sido financiadas con recursos europeos, y reclama una gestión responsable al servicio de los ciudadanos.
Borja Giménez Larraz: «Europa no puede ser rehén de pactos internos del Gobierno»
El Parlamento Europeo ha dado un paso político relevante al aprobar un informe que pone fin a años de bloqueo y exige a España ratificar de forma inmediata la reforma de la ley electoral europea, acordada en 2018. Los socialistas españoles, a diferencia del resto de sus colegas europeos, han votado en contra de este informe que exige aplicar un umbral electoral mínimo de entre el 2% y el 5% en las elecciones europeas.
El Parlamento no duda en vincular el bloqueo a una decisión política interna, derivada de los acuerdos de investidura de los socialistas españoles con el PNV (uno de los grandes beneficiados de las injusticias del anterior modelo) tras las generales de 2023, anteponiendo la agenda nacional a la comunitaria.
El informe recuerda que la reforma fue aprobada por unanimidad en el Consejo, con el voto favorable de todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, incluido Pedro Sánchez. No es una recomendación ni una propuesta en debate. Es una decisión europea cerrada, hoy bloqueada en toda la UE por la falta de ratificación en España.
El ponente del informe y eurodiputado del Partido Popular, Borja Giménez Larraz, ha destacado que la votación representa “un punto de inflexión institucional” y ha celebrado que la Eurocámara haya fijado una posición clara tras años de parálisis. “Europa ha dejado claro que este bloqueo no es técnico ni inevitable. Es una elección política consciente del Gobierno de Sánchez, que antepone sus equilibrios en el Congreso a un compromiso europeo adoptado al máximo nivel”, ha señalado.
La reforma de la ley electoral europea introduce, entre otros elementos, la obligación de establecer un umbral electoral de entre el 2% y el 5% en los Estados con circunscripciones únicas de gran tamaño, como España, con el objetivo de corregir distorsiones democráticas y garantizar que el acceso al Parlamento responda a un respaldo ciudadano mínimo. Se trata de un estándar ampliamente implantado en la mayoría de los Estados miembros y que ya ocurre en otros procesos electorales, también a nivel autonómico en España.
La ausencia de cualquier umbral en España ha permitido que formaciones con apoyos muy reducidos a escala nacional obtengan una representación sobredimensionada en la Eurocámara, quebrando el principio de igualdad del voto y alterando el equilibrio del sistema representativo.
EL PSOE Y VOX UNEN SUS VOTOS PARA PRIVILEGIAR A LOS NACIONALISTAS
En el plano político, la votación ha evidenciado el aislamiento del PSOE en el ámbito europeo. Mientras una amplia mayoría de los socialistas europeos ha respaldado el informe y la necesidad de aplicar la reforma, los eurodiputados socialistas españoles han optado por mantener el bloqueo para no incomodar a sus socios nacionalistas, alejándose de la posición mayoritaria de su propia familia política.
Asimismo, Vox ha votado junto al PSOE en contra del informe, contribuyendo a prolongar una anomalía electoral que beneficia directamente a partidos nacionalistas como Bildu, Esquerra Republicana o el PNV. Con este posicionamiento, Vox se ha alineado con la estrategia de bloqueo del Gobierno, apoyando la continuidad de un sistema que distorsiona la igualdad del voto en España.
MÁS TRANSPARENCIA PARA LOS VOTANTES
Otro de los avances destacados es un avance en la transparencia electoral, obligando a que las papeletas electorales contengan todos los partidos que concurren en coalición. Esta es una demanda histórica del PP en territorios como Galicia, donde el BNG no informa de manera clara que concurre a los comicios de la mano de Bildu y ERC bajo una marca común. Esta medida pone fin al ocultamiento de información al que se somete al elector.
Tras la votación, Giménez Larraz ha señalado que el resultado “lanza un mensaje político claro: Europa no puede seguir rehén de pactos internos ni de cálculos partidistas que bloquean decisiones ya adoptadas”.
El texto aprobado insta al Gobierno a que inicie el procedimiento de ratificación sin más esperas, cerrando una etapa de bloqueo que ha dañado la credibilidad institucional de España y su capacidad de influencia en futuras reformas europeas por cuestiones absolutamente nacionales.