José Ramírez del Río exige una estrategia nacional propia para garantizar el futuro del campo español.
Los diputados de VOX José Ramírez y Tomás Fernández han fijado la posición de su grupo ante varias iniciativas debatidas en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, con especial atención al relevo generacional, la rentabilidad del cereal, los fertilizantes, los productos fitosanitarios y la protección social de los buzos profesionales.
La sesión se celebró el 23 de septiembre y abordó, entre otras cuestiones, una proposición no de ley del Grupo Popular para establecer las bases de una Estrategia Nacional de Relevo Generacional dentro del marco propuesto por la Comisión Europea.
Una estrategia de relevo generacional adaptada al campo español
José Ramírez defendió la necesidad de facilitar la incorporación de jóvenes a las explotaciones agrícolas y ganaderas, pero cuestionó que España deba limitarse a aplicar el planteamiento marcado desde Bruselas.
«Deberíamos plantear una estrategia nacional propia, la que necesite nuestro campo para mejorar la situación y no la que plantea la Unión Europea», afirmó el diputado por Córdoba. VOX presentó una enmienda con propuestas como reducciones fiscales para facilitar la transmisión de explotaciones, medidas financieras para modernizarlas y cambios en la PAC.
Aunque su enmienda no fue incorporada y la iniciativa se votó finalmente en sus propios términos, VOX respaldó la proposición. El texto salió adelante en comisión con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Fernández reclama mayor protección para los buzos profesionales
Tomás Fernández intervino también en la proposición relativa a la mejora del coeficiente reductor de los buzos profesionales, presentada formalmente por el Grupo Mixto y defendida por Martina Velarde, de Podemos.
El diputado de VOX por Huelva aseguró compartir la preocupación por las condiciones de una profesión que calificó de especialmente dura y peligrosa. Su grupo presentó una enmienda para ampliar la protección de estos trabajadores y defendió, entre otras medidas, que se reconozca adecuadamente el desgaste acumulado durante su vida laboral.
«Si realmente queremos reconocer la singularidad de esta profesión, hay que poder garantizar a quienes se juegan literalmente la vida bajo el agua una protección social acorde con el trabajo que realizan», sostuvo Fernández.
VOX se abstuvo en la votación de la iniciativa.
Ramírez: «El campo no tiene un déficit de regulaciones, tiene un déficit de rentabilidad»
La formación votó en contra de la proposición socialista relativa al refuerzo de la autonomía estratégica en fertilizantes y a la promoción de la bioeconomía circular en el sector agrario, cuya autoría corresponde al Grupo Parlamentario Socialista.
Ramírez reconoció la dependencia exterior de determinadas materias primas y la importancia estratégica de los fertilizantes, pero criticó el enfoque de la iniciativa. A su juicio, la propuesta subordinaba sus medidas a nuevas exigencias sanitarias y medioambientales y terminaba reclamando «más marco regulador, más control oficial y más fertilización sostenible al estilo del Pacto Verde».
«El campo no tiene un déficit de regulaciones, tiene un déficit de rentabilidad», afirmó el diputado, que vinculó la posición de VOX a su rechazo a nuevas cargas regulatorias sobre el sector primario.
VOX apoya medidas para mejorar la rentabilidad del cereal
Ramírez respaldó, en cambio, la proposición del Grupo Popular para adoptar medidas de apoyo al sector del cereal ante la crisis de rentabilidad y la presión de los mercados internacionales. La iniciativa fue presentada por el PP —y no por el PSOE— y terminó aprobada con una enmienda de Esquerra Republicana incorporada.
El diputado por Córdoba anunció expresamente el voto favorable de VOX y defendió la necesidad de «articular mecanismos para mejorar la producción de cereales en España».
Ramírez consideró además «imprescindible asegurar la rentabilidad» de los agricultores ante la volatilidad de los mercados internacionales y la competencia exterior.
Rechazo a crear otro observatorio sobre fitosanitarios
Finalmente, VOX votó en contra de la proposición del Grupo Parlamentario Republicano sobre la mejora de la disponibilidad de soluciones fitosanitarias eficaces y la respuesta ante necesidades fitosanitarias urgentes. La iniciativa planteaba, entre otras cuestiones, la creación de un observatorio de sanidad vegetal.
Ramírez explicó que VOX compartía parte del diagnóstico y presentó una enmienda, pero rechazó la creación de un nuevo organismo al considerar que ya existen estructuras autonómicas, nacionales y europeas dedicadas a estas materias.
Según el diputado, añadir otro observatorio podría incrementar el gasto y «crear una mayor dificultad para establecer criterios claros», por lo que advirtió de que, si la enmienda de VOX no era aceptada, su grupo no apoyaría el texto.
Las intervenciones de Ramírez y Fernández situaron así la rentabilidad de las explotaciones, la reducción de cargas y una política agraria definida desde las necesidades españolas entre los principales argumentos defendidos por VOX durante la comisión.
Agustín Conde exige a Margarita Robles explicar qué órdenes dio a las Fuerzas Armadas.
El diputado del Grupo Parlamentario Popular Agustín Conde ha preguntado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, qué órdenes impartió a las Fuerzas Armadas tras los avisos que, según sostiene el PP, recibió de los servicios de inteligencia antes de la crisis de Ceuta.
“Cuando el CNI y el CIFAS le informaron de un inminente ataque a las fronteras de España en Ceuta, ¿qué órdenes impartió usted a las Fuerzas Armadas?”, ha preguntado Conde durante la sesión de control al Gobierno.
El diputado ha centrado su intervención en determinar qué decisiones tomó Defensa a partir de la información disponible antes de las entradas masivas y ha reclamado responsabilidades políticas a Robles.
Las competencias de Defensa
Conde ha recordado el papel constitucional de las Fuerzas Armadas en la defensa de la integridad territorial y ha cuestionado que la actuación del Ministerio fuera suficiente ante la información que, según su versión, trasladaron previamente el CNI y el CIFAS.
La Ley Orgánica de Defensa Nacional establece que corresponde al presidente del Gobierno dirigir la política de defensa, gestionar las situaciones de crisis que afecten a la defensa y ordenar las misiones de las Fuerzas Armadas.
La misma norma atribuye al ministro de Defensa el desarrollo y ejecución de esa política y la dirección de la actuación de las Fuerzas Armadas bajo la autoridad del presidente.
Conde cuestiona la desclasificación
El diputado popular también ha cargado contra la decisión del Ejecutivo de desclasificar información de inteligencia relacionada con Ceuta.
Conde sostiene que la forma en que se ha hecho pública determinada información puede revelar capacidades, conocimientos y procedimientos de los servicios españoles y provocar un perjuicio para su funcionamiento.
Asimismo, ha preguntado a Robles si comparte la decisión adoptada por el Ejecutivo.
El CNI, al centro del debate
La actuación del Centro Nacional de Inteligencia se ha convertido en uno de los principales puntos del enfrentamiento político alrededor de Ceuta.
Robles ha solicitado expresamente a la presidenta del Congreso que se autorice la comparecencia de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, ante la Comisión de Gastos Reservados para explicar la actuación del Centro durante los días anteriores a las entradas masivas del 30 de julio.
La ministra defiende así que sea la propia responsable del servicio de inteligencia quien dé explicaciones en el órgano parlamentario habilitado para abordar información clasificada.
Conde pide la dimisión de Robles
Conde ha terminado su intervención reclamando la salida de la ministra si no comparte la política seguida por el Ejecutivo o considera que no puede proteger adecuadamente a los servicios de inteligencia.
“Si no está de acuerdo con lo que se hace en Ceuta, con la política del Gobierno, dimita”, ha concluido.
El debate sitúa de nuevo en el Congreso tres cuestiones sobre las que el GPP reclama explicaciones: qué información recibió Defensa antes de la crisis, qué decisiones se adoptaron a partir de ella y qué consecuencias puede tener la desclasificación de documentos de inteligencia.
Carlos Rojas: «La soberanía nacional y la integridad territorial no se delegan»
El portavoz de Defensa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Carlos Rojas, ha exigido la dimisión de la ministra Margarita Robles por la gestión del Ejecutivo ante la crisis migratoria y de seguridad registrada en Ceuta.
Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Rojas ha calificado la actuación gubernamental de “desastrosa y negligente” y ha reclamado explicaciones sobre las decisiones adoptadas por Defensa durante los acontecimientos de finales de julio.
“La soberanía nacional y la integridad territorial no se delegan, ni se alquilan, ni se venden; se vigilan y se defienden con determinación”, ha afirmado.
Rojas cuestiona la respuesta de Defensa
El portavoz popular ha acusado al Ejecutivo de no establecer con suficiente claridad los criterios políticos de actuación durante la crisis y ha centrado parte de sus críticas en las condiciones en las que tuvieron que intervenir las Fuerzas Armadas.
Rojas sostiene que los militares desplegados no dispusieron del respaldo político suficiente y ha reclamado conocer con detalle las decisiones adoptadas por el Ministerio.
La ministra Robles, por su parte, ha defendido la actuación de las Fuerzas Armadas y del CNI y ha solicitado al Congreso que permita comparecer a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, para explicar la actuación de los servicios de inteligencia en los días anteriores.
La resolución europea sobre Ceuta
Rojas ha utilizado también el reciente pronunciamiento del Parlamento Europeo para cuestionar la posición del PSOE.
La Eurocámara condenó los cruces irregulares masivos registrados a finales de julio y denunció la instrumentalización de la migración irregular como “herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”.
El texto reclama además reforzar la protección de las fronteras exteriores, aumentar la cooperación con Marruecos y acelerar los retornos de quienes no tengan derecho a permanecer en la Unión, respetando el Derecho europeo e internacional.
El PP reclama responsabilidades políticas
El diputado sostiene que la respuesta del Ejecutivo ha sido insuficiente y reclama responsabilidades políticas a la titular de Defensa.
Rojas también cuestiona las medidas anunciadas para reforzar la frontera y considera que el Gobierno no extrajo las conclusiones necesarias de la crisis migratoria registrada en Ceuta en 2021.
La situación de Ceuta vuelve así al Pleno del Congreso como asunto de control político al Gobierno, mientras permanece abierto el debate sobre la información previa disponible, la actuación del CNI y la respuesta adoptada por Defensa.
Miguel Tellado: «Los Rochos han tenido más dignidad que el clan del que usted forma parte»
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha llevado a la sesión de control al Gobierno las informaciones sobre las presuntas operaciones dirigidas contra la juez Beatriz Biedma y ha preguntado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si tenía conocimiento de ellas.
Tellado ha vinculado estas informaciones con los contactos investigados alrededor de Leire Díez y ha reclamado explicaciones sobre la actuación de responsables vinculados al Ministerio del Interior.
“Los Rochos han tenido más dignidad que el clan del que usted forma parte”, ha espetado Tellado a Marlaska durante un duro enfrentamiento parlamentario.
Tellado pregunta por Biedma
El dirigente popular ha preguntado al ministro si conocía las presuntas maniobras dirigidas contra la magistrada que investigó la causa relacionada con David Sánchez.
Tellado sostiene que personas vinculadas a la presunta trama investigada alrededor de Leire Díez habrían contactado con miembros de un clan relacionado con el narcotráfico para intentar intimidar o desacreditar a Biedma.
También ha preguntado a Marlaska por los contactos de la directora general de la Guardia Civil con Leire Díez.
Estas circunstancias se encuentran sometidas a investigación y las responsabilidades atribuidas al PSOE y al Gobierno forman parte de las acusaciones políticas planteadas por el PP.
Marlaska ha negado haber dado órdenes para perturbar investigaciones judiciales.
Los altos mandos de Interior entran en el choque
Tellado también ha cuestionado al ministro por la situación judicial de distintos responsables y antiguos responsables policiales.
El secretario general del PP ha utilizado estas investigaciones para poner en duda la gestión política de Marlaska y reclamar responsabilidades al titular de Interior.
Durante el enfrentamiento, Tellado ha acusado al ministro de actuar como “sicario de otro clan”, una expresión rechazada desde el Gobierno.
Ceuta vuelve a la sesión de control
La pregunta registrada por Tellado preguntaba expresamente a Marlaska si considera que Ceuta es una ciudad segura.
El dirigente popular ha acusado al ministro de no ofrecer una respuesta suficiente a los ciudadanos de la ciudad autónoma tras los acontecimientos de las últimas semanas.
Marlaska ha defendido, por su parte, que Interior trabaja “desde el minuto uno” para recuperar la normalidad y ha reivindicado el aumento de efectivos y las inversiones realizadas en las fronteras de Ceuta y Melilla.
El intercambio ha convertido así la seguridad en Ceuta y las investigaciones relacionadas con la juez Biedma en los dos ejes del enfrentamiento entre Tellado y Marlaska durante la sesión de control.
Ester Muñoz: «No habíamos visto a partidos de gobierno intentando corromper a mafias»
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha confrontado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la sesión de control por las informaciones sobre presuntos contactos con personas vinculadas a un clan de narcotráfico de Badajoz para actuar contra la magistrada Beatriz Biedma.
“Hemos visto a mafias intentando corromper a gobiernos; lo que no habíamos visto hasta ahora era partidos de gobierno intentando corromper a mafias”, ha afirmado Muñoz desde la tribuna.
La portavoz popular ha utilizado las informaciones conocidas durante los últimos días para exigir explicaciones políticas a Bolaños y ha acusado al PSOE de no asumir responsabilidades ante las investigaciones abiertas.
Biedma pide investigar los contactos
La magistrada Beatriz Biedma, que investigó la causa relacionada con David Sánchez, ha solicitado personarse como perjudicada en la investigación sobre la presunta trama de Leire Díez.
En su escrito judicial, Biedma sostiene que existen indicios de contactos promovidos por el supuesto grupo investigado con personas vinculadas a un clan relacionado con el narcotráfico asentado en Badajoz y pide que estos hechos sean investigados.
Muñoz ha llevado esas informaciones al control parlamentario y ha acusado políticamente al PSOE de estar detrás de las actuaciones denunciadas.
Choque directo con Bolaños
La portavoz del GPP también ha reprochado a Bolaños anteriores declaraciones realizadas en sede parlamentaria sobre Santos Cerdán, Leire Díez y Víctor de Aldama.
Muñoz ha utilizado esos antecedentes para cuestionar las explicaciones ofrecidas por el Gobierno ante diferentes investigaciones judiciales.
Bolaños ha rechazado las acusaciones y ha pedido “dejar trabajar a la Justicia” para determinar los hechos. El ministro también ha reprochado al PP que atribuya al conjunto del PSOE actuaciones individuales actualmente investigadas.
“Dejemos trabajar a la Justicia”
Muñoz ha replicado utilizando precisamente esa petición del ministro para cuestionar la posición del Ejecutivo ante las investigaciones que afectan a su entorno político.
La portavoz popular ha reclamado responsabilidades políticas y ha cerrado su intervención asegurando que el GPP continuará ejerciendo el control parlamentario sobre los casos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del Gobierno.
El enfrentamiento se ha producido dentro de la sesión de control del Congreso, mediante una pregunta registrada por Muñoz a Bolaños bajo el enunciado “¿Hacia dónde va este Gobierno?”.
Jaime de Olano acusa a Cuerpo de esconder la realidad económica detrás de un «PowerPoint»
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Jaime de Olano, ha cuestionado ante el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el balance económico presentado por el Gobierno durante su comparecencia en comisión.
“Han convertido la estadística en un certificado de bienestar con la esperanza de que los españoles se crean más a su PowerPoint que a su cuenta corriente”, ha afirmado De Olano, que acusa al Ejecutivo de mantener un “triunfalismo radical” alejado, a su juicio, de la situación económica de numerosos hogares.
Productividad y competitividad
De Olano ha reprochado a Cuerpo que no dedicara suficiente atención a dos cuestiones que considera fundamentales para el futuro de la economía española: productividad y competitividad.
El diputado sostiene que España necesita incrementar la inversión y mejorar su capacidad productiva para transformar el crecimiento económico en mayores niveles de renta y bienestar.
También ha reclamado medidas específicas para el sector del automóvil que aporten certidumbre a las inversiones vinculadas al vehículo eléctrico.
La vivienda, en el centro del debate
El portavoz adjunto del GPP ha situado el acceso a la vivienda entre los principales problemas económicos de los ciudadanos y ha responsabilizado al Gobierno de no haber conseguido aumentar suficientemente la oferta.
De Olano sostiene que los precios de compra y alquiler han experimentado fuertes incrementos desde 2018 y ha destacado especialmente sus consecuencias sobre la emancipación de los jóvenes.
También ha cuestionado el alcance de Casa 47 y considera insuficiente el parque de viviendas que gestiona frente a las necesidades existentes.
Choque por el balance económico
El diputado ha acusado al Ministerio de utilizar los buenos indicadores macroeconómicos para ofrecer una imagen que, según sostiene, no refleja completamente la situación de los hogares.
Cuerpo, por su parte, ha defendido en sus últimas intervenciones parlamentarias que las políticas económicas del Ejecutivo están funcionando, aunque ha reconocido que todavía existen familias con dificultades.
De Olano ha reclamado además explicaciones sobre la documentación remitida a la Cámara y ha criticado la transparencia del Ministerio durante la comparecencia.
Pobreza infantil
El diputado popular ha introducido también la pobreza infantil en el debate y ha utilizado una tasa del 33,9% para cuestionar el balance social del Ejecutivo.
Las comparaciones de pobreza infantil requieren distinguir entre riesgo de pobreza y el indicador AROPE, que incorpora además carencia material y social severa y baja intensidad laboral. Los datos disponibles muestran niveles elevados, aunque su evolución histórica no permite atribuir el fenómeno exclusivamente al actual Gobierno.
De Olano ha planteado así una lectura crítica de la situación económica centrada en el coste de la vivienda, la productividad, la competitividad y las dificultades económicas de los hogares frente al balance macroeconómico defendido por el Ejecutivo.
Reyes Romero lleva al Congreso el aumento de las agresiones sexuales en Sevilla y exige explicaciones al Gobierno.
La diputada nacional de VOX por Sevilla, Reyes Romero, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno explicaciones sobre la evolución de los delitos contra la libertad sexual y las medidas previstas para reforzar la seguridad.
La iniciativa llega después de un primer semestre en el que Sevilla capital registró 42 agresiones sexuales con penetración, frente a las 29 contabilizadas durante el mismo periodo de 2025. El incremento es del 44,8% y equivale, de media, a aproximadamente una cada cuatro días.
“Estamos ante una situación especialmente preocupante”, sostiene Romero, que quiere conocer qué diagnóstico maneja el Ministerio del Interior y qué actuaciones piensa adoptar.
De 6 a 19 en el primer trimestre
El incremento fue especialmente acusado durante los tres primeros meses del año.
Según el primer Balance de Criminalidad de 2026, las agresiones sexuales con penetración en Sevilla capital pasaron de 6 entre enero y marzo de 2025 a 19 en el mismo periodo de 2026, lo que supone un aumento del 216,7%: más del triple. En esos mismos tres meses, el conjunto de delitos contra la libertad sexual pasó de 61 a 74.
Con los datos ya actualizados hasta junio, la tendencia se modera en términos porcentuales, aunque continúa al alza: 42 casos frente a 29, un 44,8% más. El conjunto de delitos contra la libertad sexual en la capital aumenta de 144 a 161, un 11,8%.
En el conjunto de la provincia de Sevilla, las agresiones sexuales con penetración pasan de 69 a 76, un incremento del 10,1%, mientras que todos los delitos contra la libertad sexual suben de 320 a 352, un 10%.
Romero exige explicaciones al Gobierno
La diputada pregunta al Ejecutivo cuáles son las causas que atribuye al crecimiento de estas infracciones y qué medidas de prevención, seguridad e investigación está desplegando.
VOX quiere además conocer datos sobre autores, delitos cometidos por varias personas, órdenes de expulsión y situación administrativa de ciudadanos extranjeros investigados por este tipo de hechos.
A nivel nacional, el balance más reciente del Ministerio del Interior —correspondiente al primer semestre— contabiliza 2.747 agresiones sexuales con penetración, frente a 2.654 en 2025, un 3,5% más. El resto de delitos contra la libertad sexual aumenta un 4,2%, hasta 8.224.
Interior señala que parte del crecimiento sostenido de los delitos sexuales registrados debe interpretarse también teniendo en cuenta una mayor disposición de las víctimas a denunciar como consecuencia de las políticas de concienciación y de una menor tolerancia social hacia estas conductas.
¿Qué datos publica Interior sobre la nacionalidad?
Romero cuestiona que los balances trimestrales no permitan conocer la nacionalidad o la situación administrativa de quienes son detenidos o investigados por delitos sexuales.
En este punto existe una diferencia importante. El Balance trimestral de Criminalidad utilizado para conocer la evolución de 2026 no ofrece ese desglose por nacionalidad ni por situación administrativa migratoria.
Sin embargo, Interior sí publica en sus informes anuales sobre delitos contra la libertad sexual información nacional sobre la nacionalidad de las personas detenidas o investigadas. En el informe correspondiente a 2024, el 60,76% eran de nacionalidad española y el 39,24% extranjera.
Esos datos no especifican por sí mismos qué personas extranjeras se encontraban en situación administrativa irregular, ni permiten establecer una relación causal entre inmigración y delincuencia sexual.
Precisamente por ello, Romero pide al Ejecutivo un desglose más amplio y actualizado que incluya la situación administrativa y las órdenes de expulsión ejecutadas.
El Congreso tendrá que responder a las preguntas de VOX
La iniciativa registrada por Reyes Romero obliga ahora al Gobierno a pronunciarse por escrito sobre la evolución de estos delitos en Sevilla y sobre la información que dispone acerca de sus autores.
La parlamentaria quiere conocer tanto las medidas de seguridad previstas como el nivel de detalle estadístico que Interior está en condiciones de facilitar.
Los últimos datos oficiales dejan dos cifras especialmente relevantes para el debate: 42 agresiones sexuales con penetración en Sevilla capital durante seis meses y un crecimiento del 44,8% respecto al mismo periodo del año anterior.
Blanca Armario lleva al Congreso las denuncias por falta de personal en Salvamento Marítimo del Estrecho.
La diputada nacional de VOX por Cádiz, Blanca Armario, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para exigir explicaciones al Gobierno por las denuncias sindicales sobre falta de personal en Salvamento Marítimo y su posible impacto sobre el funcionamiento de los centros de coordinación del Estrecho de Gibraltar.
Armario centra sus preguntas en el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Algeciras y reclama conocer si dispone de suficientes efectivos para asumir las funciones que se le están atribuyendo y mantener los niveles de seguridad exigibles en una de las zonas de mayor intensidad de tráfico marítimo de España.
“No estamos hablando de una cuestión menor ni meramente administrativa. Estamos hablando de personal, medios y capacidad de respuesta en uno de los puntos de mayor tráfico marítimo de Europa”, sostiene la diputada.
Los sindicatos denuncian transferencias de funciones por falta de personal
La iniciativa parlamentaria llega después de que CSIF, CCOO y el Sindicato de Salvamento Marítimo (SSM) reclamaran a comienzos de septiembre la intervención del ministro de Transportes, Óscar Puente, ante lo que califican como un deterioro de los centros de coordinación.
Las tres organizaciones aseguran que la falta de personal de guardia ha obligado a transferir funciones entre centros y afirman que Algeciras llegó a asumir funciones de control del tráfico marítimo correspondientes al Dispositivo de Separación de Tráfico del Estrecho sin un refuerzo equivalente de plantilla. Los sindicatos sostienen además que esta situación se habría producido en contra de recomendaciones de la Organización Marítima Internacional.
Estas afirmaciones proceden de las organizaciones sindicales y no equivalen, por sí solas, a una constatación oficial de que la seguridad del servicio se haya visto comprometida.
Tarifa tiene asignado oficialmente el control del tráfico del Estrecho
La documentación oficial de Salvamento Marítimo atribuye de forma ordinaria al Centro de Coordinación de Tarifa el Servicio de Tráfico Marítimo del Estrecho.
Más de 70.000 buques atraviesan anualmente estas aguas, según Salvamento Marítimo, que destaca la importancia del sistema de separación de tráfico para ordenar el paso de mercantes, ferris y otras embarcaciones.
El Plan Nacional de Salvamento también identifica a Tarifa como el centro que tiene asignada la supervisión del dispositivo del Estrecho. Por ello, la transferencia puntual de funciones a Algeciras denunciada por los sindicatos constituye precisamente uno de los asuntos sobre los que Armario pide explicaciones al Gobierno.
Armario pregunta si la plantilla es suficiente
VOX quiere conocer si el Ministerio ha evaluado la actual dotación de personal del centro de Algeciras y si considera que la organización existente garantiza adecuadamente la prestación del servicio.
“El Gobierno tiene que explicar si Salvamento Marítimo dispone actualmente de los medios humanos necesarios para garantizar un servicio que resulta esencial para la seguridad en una zona tan estratégica como el Estrecho de Gibraltar”, afirma Armario.
Salvamento Marítimo dispone de 20 centros de coordinación, cuyos profesionales permanecen en alerta las 24 horas de los 365 días del año para responder a emergencias marítimas. En conjunto, estos centros realizan el seguimiento de más de 300.000 buques anuales.
En Andalucía funcionan centros en Huelva, Cádiz, Tarifa, Algeciras y Almería. Durante 2025 coordinaron conjuntamente 1.396 actuaciones en las que estuvieron involucradas 5.281 personas.
El IX Convenio Colectivo, otro frente abierto
La batería de preguntas de Armario aborda también el conflicto laboral existente en SASEMAR.
CSIF, CCOO y SSM aseguran que llevan desde antes del verano reclamando un nuevo interlocutor para desbloquear la negociación del IX Convenio Colectivo del personal de tierra y han llegado a advertir de posibles movilizaciones.
El convenio actualmente publicado para este colectivo es el VIII Convenio del personal de tierra de SASEMAR, registrado en el BOE en 2019.
Armario pregunta al Gobierno qué actuaciones está realizando para desbloquear las negociaciones y qué medidas contempla para responder a las deficiencias denunciadas por los representantes de los trabajadores.
Seguridad marítima y actividad económica en el Estrecho
La cuestión tiene además una dimensión económica y logística.
El Estrecho constituye una ruta internacional por la que pasan decenas de miles de buques cada año y donde coinciden tráfico mercante, rutas de pasajeros y carga rodada entre ambas orillas.
Por ese motivo, VOX reclama saber si cualquier déficit de plantilla puede influir tanto en la respuesta ante emergencias como en las tareas de seguimiento y ordenación del tráfico.
“El Gobierno debe aclarar qué está ocurriendo en Salvamento Marítimo, qué recursos tiene el centro de Algeciras y si son suficientes para asumir las funciones que se le han asignado”, concluye Blanca Armario.
Las preguntas registradas trasladan ahora al Ejecutivo la responsabilidad de precisar la plantilla disponible, el reparto de funciones entre Tarifa y Algeciras y las medidas previstas ante las denuncias sindicales.