Actualidad Política

14 de agosto de 2026

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El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados y el Senado para fiscalizar la actuación del Gobierno durante la crisis migratoria registrada en Ceuta y Melilla y exigir la adopción de medidas urgentes que eviten que una situación similar vuelva a repetirse.

El Partido Popular denuncia una “grave dejación de funciones” por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y considera que su falta de previsión y respuesta ha contribuido a una tragedia sin precedentes que, según señala la formación, ha dejado cerca de un centenar de fallecidos.

Reforma urgente de la Ley de Extranjería

El PP recuerda que reaccionó de forma inmediata a la sentencia 814/2026, de 29 de junio, del Tribunal Supremo y registró el pasado 16 de julio en el Congreso una reforma de la Ley de Extranjería.

La propuesta pretende permitir el rechazo en frontera de las personas que accedan a nado a Ceuta y Melilla, mediante un procedimiento ajustado a la legalidad y con las garantías previstas en el ordenamiento jurídico.

Los populares defienden que la iniciativa puede tramitarse por lectura única y aprobarse de manera inmediata.

“El PP advierte, propone y legisla. Se trata de reformar la ley para dar amparo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y permitir la devolución en frontera con toda la legalidad y todas las garantías”, subraya el Grupo Popular.

El Senado exige todos los informes y protocolos

En el Senado, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado numerosas preguntas para respuesta escrita y una solicitud de documentación dirigida al Gobierno.

El PP quiere conocer los informes disponibles, las estadísticas de entradas en situación irregular, las instrucciones remitidas por el Ministerio del Interior después de la sentencia del Tribunal Supremo y los protocolos de actuación aplicados en la frontera.

También solicita información sobre el número diario de intentos de entrada, las personas fallecidas durante el acceso a Ceuta y el coste económico extraordinario destinado a afrontar la presión migratoria.

Los populares reclaman además datos sobre las actuaciones desarrolladas para desarticular las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas en la zona.

Medios humanos, materiales y económicos para Ceuta

El PP exige al Gobierno que explique qué consecuencias prevé tras la aplicación de la sentencia del Supremo y qué medidas adoptará para garantizar que Ceuta disponga de los recursos necesarios.

La formación pregunta expresamente por los medios humanos, materiales y económicos que se destinarán a la ciudad autónoma para afrontar la nueva situación fronteriza.

El Grupo Popular reclama una respuesta estable y planificada que permita reforzar la seguridad, proteger los servicios públicos y evitar que los recursos de acogida vuelvan a quedar desbordados.

Preguntas en el Congreso sobre la información del Gobierno

En el Congreso de los Diputados, el PP ha registrado otra batería de preguntas para determinar si el Ejecutivo sabía que podía producirse una entrada masiva desde Marruecos hacia Ceuta.

Los populares preguntan desde cuándo tenía el Gobierno esa información y si reforzó anticipadamente los medios de la Guardia Civil y la Policía Nacional para defender la frontera.

El Grupo Popular quiere conocer qué efectivos extraordinarios, medios materiales y capacidades operativas se desplegaron desde el inicio de la crisis.

También pregunta si el Ministerio del Interior había activado algún dispositivo preventivo o movilizado unidades de refuerzo antes de que se produjeran los hechos.

Devoluciones y actuaciones diplomáticas con Marruecos

El PP reclama al Ejecutivo que detalle las medidas extraordinarias previstas para devolver a Marruecos a quienes hayan accedido irregularmente a Ceuta.

Asimismo, exige información sobre las gestiones diplomáticas desarrolladas con las autoridades marroquíes para impedir nuevas salidas masivas desde su territorio.

El Grupo Popular pregunta también qué unidades de reserva e intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional disponen de planes específicos de despliegue rápido para afrontar episodios de elevada presión migratoria.

Preocupación por la capacidad sanitaria

La ofensiva parlamentaria incluye preguntas sobre la situación sanitaria de Ceuta y la sobrecarga que soportan sus servicios públicos.

El PP quiere saber si el Ministerio de Sanidad atenderá la solicitud del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, que ha advertido de que los recursos asistenciales se encuentran “al límite”.

Los populares reclaman medidas urgentes y de utilidad real para evitar que la presión derivada de la crisis afecte a la atención sanitaria de los residentes.

Una “grave dejación de funciones”

El Partido Popular sostiene que el presidente del Gobierno desoyó las advertencias sobre el riesgo de una entrada masiva a través de la frontera de Ceuta.

La formación denuncia la sobrecarga sufrida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los dispositivos de acogida y los servicios públicos.

El PP considera que la crisis afecta también a la imagen exterior de España y señala que 22 países de la Unión Europea han cuestionado, según la valoración de los populares, la política migratoria desarrollada por el Ejecutivo.

El Partido Popular exige transparencia, rendición de cuentas y una estrategia nacional que permita proteger las fronteras, respaldar a las Fuerzas de Seguridad y evitar nuevas situaciones de descontrol.

El diputado del Partido Popular por Ávila, Héctor Palencia Rubio, ha reclamado al Gobierno que recupere la gestión, rinda cuentas ante el Congreso de los Diputados y cumpla las leyes vigentes.

Durante su intervención parlamentaria, Palencia ha denunciado que España tiene un Ejecutivo que, a su juicio, “antepone la ideología a la gestión”, cuestiona los datos cuando no respaldan su relato y prioriza su permanencia en el poder frente al servicio público.

“Vivimos un Gobierno que antepone la ideología a la gestión, que niega los datos bajo el forofismo y que renuncia al servicio público por el poder”, ha afirmado.

Presupuestos para debatir las prioridades de España

El diputado popular ha reprochado al Ejecutivo que no haya presentado unos nuevos Presupuestos Generales del Estado durante la legislatura.

Palencia ha señalado que la ausencia de cuentas públicas impide debatir con transparencia las prioridades económicas, sociales y territoriales del país, así como concretar las inversiones necesarias para las provincias.

El Partido Popular defiende que los Presupuestos son una herramienta esencial para planificar las políticas públicas, distribuir los recursos y responder a las necesidades reales de los ciudadanos.

Un debate en el Congreso sobre infraestructuras y transportes

Héctor Palencia ha reclamado que el Gobierno comparezca y debata en sede parlamentaria sobre las principales materias que afectan a España.

Entre ellas, ha destacado las infraestructuras y los transportes, dos ámbitos esenciales para la vertebración territorial, la competitividad económica y la igualdad de oportunidades entre ciudadanos.

“Lo urgente es tener un debate aquí, en el Congreso, en cada una de las materias y, lógicamente, también en infraestructuras y transportes”, ha señalado.

El diputado por Ávila ha reivindicado el papel del Parlamento como espacio de control, debate y elaboración de soluciones para los problemas del país.

El Gobierno debe ser el primero en cumplir la ley

Palencia ha criticado que el Ejecutivo incumpla aquellas normas que no se ajustan a sus intereses políticos y ha defendido que ningún Gobierno puede situarse por encima de la ley.

“Necesitamos unos Presupuestos en los que debatir y, lógicamente, cumplir la ley”, ha indicado.

El diputado popular ha lamentado que desde el Congreso tenga que recordarse que el Gobierno debe ser el primero en respetar el ordenamiento jurídico.

“¿A qué situación hemos llegado para que desde esta sede tengamos que exigir que el Gobierno sea el primero en cumplir la ley?”, ha preguntado.

El Partido Popular defiende un Gobierno sometido al control parlamentario, comprometido con la legalidad y centrado en gestionar los servicios públicos y las inversiones que necesitan los españoles.

La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Macarena Montesinos, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla el mandato aprobado por las Cortes Generales, presente su dimisión y convoque elecciones.

Durante la inauguración de la Jornada del Grupo Parlamentario Popular sobre Vivienda, Inmigración e Infraestructuras, Montesinos ha afirmado que Sánchez lidera un Gobierno “incapaz, sectario y corrupto” que genera desconfianza y rechazo entre los ciudadanos.

“Lo que debería hacer Sánchez es cumplir la resolución de las Cortes, dimitir y convocar elecciones”, ha subrayado la dirigente popular.

Montesinos denuncia el bloqueo del Congreso

La secretaria general del Grupo Popular ha criticado la actuación de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien ha acusado de paralizar las iniciativas de los grupos de la oposición.

Según Montesinos, Armengol “pasará a la historia por haber pervertido el funcionamiento de la Cámara Baja” y por haber introducido en “el congelador” las propuestas parlamentarias que no interesan al Gobierno.

La diputada ha sostenido que esta forma de actuar frena la actividad legislativa y somete el Parlamento a los dictados de Pedro Sánchez.

A su juicio, el presidente del Gobierno se sirve de Armengol para “tapar sus miserias y comprar tiempo” con el único objetivo de mantenerse en el poder.

Feijóo representa una política al servicio de los españoles

Montesinos ha contrapuesto la actuación de Sánchez con el proyecto encabezado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

“Sánchez es lo contrario al presidente Feijóo, que tiene muy claro que el ejercicio de la política está al servicio de los españoles y no para servirse de ella”, ha afirmado.

La secretaria general del GPP ha defendido que España necesita un Gobierno dedicado a resolver los problemas de las familias, gestionar con responsabilidad y recuperar la confianza en las instituciones.

Más impuestos y peores servicios

La dirigente popular ha señalado que entre los españoles existe una percepción generalizada de que pagan más impuestos que nunca mientras se deterioran los servicios públicos.

Montesinos ha citado como ejemplos el apagón, el caos ferroviario y el abandono de las carreteras, situaciones que, a su juicio, reflejan la falta de gestión del Ejecutivo.

“La realidad constatable es que los ciudadanos pagan más, pero reciben unos servicios que funcionan cada vez peor”, ha señalado.

El Partido Popular defiende una Administración eficaz, unas infraestructuras bien mantenidas y unos servicios públicos capaces de responder a las necesidades reales de los españoles.

Vivienda, inmigración e infraestructuras

Macarena Montesinos ha explicado que el Grupo Parlamentario Popular ha dedicado su última jornada del periodo de sesiones a tres cuestiones que se encuentran entre las principales preocupaciones de la sociedad: la vivienda, la inmigración y las infraestructuras.

Durante la jornada, los populares han analizado los problemas existentes en estos ámbitos y las soluciones que propone el Partido Popular.

En materia de vivienda, el PP defiende medidas que aumenten la oferta y faciliten el acceso de jóvenes y familias a un hogar.

En inmigración, apuesta por una política ordenada, responsable y coordinada, mientras que en infraestructuras reclama inversiones, mantenimiento y una planificación adecuada de las redes de transporte.

Defensa de la Constitución

Montesinos ha destacado que las jornadas del Grupo Popular se celebran en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados.

La dirigente ha explicado que esta elección refleja el compromiso del Partido Popular con la Constitución española, el Estado de derecho y el marco institucional.

“El Partido Popular cree en la Constitución y en el marco constitucional, algo que otros hace tiempo que perdieron de vista”, ha concluido.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y diputado por Illes Balears, José Vicente Marí, ha defendido la necesidad de que España cuente con un Gobierno limpio, estable y dedicado a resolver los problemas de los ciudadanos.

Marí ha señalado que la regeneración institucional debe ir acompañada de una acción de gobierno eficaz, capaz de aprobar Presupuestos Generales del Estado, impulsar la actividad económica y adoptar las decisiones necesarias para recuperar el dinamismo del país.

“No solo hace falta un Gobierno limpio en nuestro país, sino también un Gobierno que gobierne, que apruebe Presupuestos, que estimule la actividad económica y que adopte decisiones para levantar España y volverla a poner en marcha”, ha afirmado.

El Partido Popular está preparado para gobernar

El diputado popular ha asegurado que el Partido Popular dispone del proyecto, los equipos y la experiencia necesarios para asumir la responsabilidad de gobernar España.

“Nosotros estamos preparados, y no es una cuestión que esté por demostrar”, ha subrayado.

Marí ha señalado como ejemplo el trabajo desarrollado por el Grupo Popular en las Cortes Generales, tanto mediante las leyes aprobadas en el Senado como a través de las iniciativas y medidas promovidas en el Congreso de los Diputados.

A su juicio, esta actividad demuestra que el PP no se limita a denunciar los problemas, sino que presenta alternativas y soluciones para mejorar el funcionamiento de las instituciones y la vida cotidiana de los españoles.

Vivienda y servicios públicos que funcionen

José Vicente Marí ha situado la vivienda y la mejora de los servicios públicos entre las prioridades del proyecto político del Partido Popular.

El diputado ha defendido la necesidad de adoptar medidas que permitan que acceder a una vivienda digna deje de ser una aspiración inalcanzable para numerosos jóvenes y familias.

También ha reclamado una Administración que funcione correctamente y unos servicios públicos eficaces, capaces de responder a las necesidades de los ciudadanos con calidad, agilidad y responsabilidad.

El Partido Popular defiende que la estabilidad institucional, el crecimiento económico y la buena gestión son condiciones indispensables para crear oportunidades y reforzar el bienestar de las familias.

“La cuenta atrás ya ha empezado”

Marí ha afirmado que reconstruir España y volver a ponerla en marcha representa el objetivo que moviliza al Partido Popular.

“Reconstruir nuestro país y volverlo a poner en marcha merece mucho la pena. Es la ilusión que nos mueve a todos”, ha señalado.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular ha concluido asegurando que se aproxima una nueva etapa política marcada por el cambio, la estabilidad y la recuperación institucional y económica.

“La cuenta atrás ya ha empezado”, ha concluido.

El diputado nacional de VOX por Córdoba, José Ramírez del Río, ha registrado en el Congreso de los Diputados, junto a Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, una batería de preguntas dirigida al Gobierno para conocer el impacto de la anunciada reducción de las ratios máximas en el primer ciclo de Educación Infantil.

Según la información difundida sobre la propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, las ratios máximas se reducirían hasta cuatro alumnos en las aulas de cero a un año, seis alumnos en el tramo de uno a dos años y ocho alumnos entre los dos y los tres años.

VOX reclama al Ejecutivo que explique los criterios técnicos que sustentan esta modificación y que detalle si ha analizado previamente sus posibles consecuencias económicas, laborales y sociales.

Preocupación por la viabilidad de las escuelas infantiles

La formación recuerda que distintas entidades representativas del sector han advertido de que la aplicación de estas ratios podría comprometer la viabilidad económica de miles de escuelas infantiles privadas.

Según las advertencias trasladadas por el sector, una reducción del número de alumnos por aula sin medidas económicas de acompañamiento podría provocar el cierre de centros y la destrucción de numerosos puestos de trabajo.

Ante esta situación, José Ramírez del Río ha solicitado al Gobierno que aclare si dispone de informes o estudios específicos sobre el impacto real de la medida y que, en caso afirmativo, haga públicas sus conclusiones.

VOX quiere conocer cuántos centros podrían resultar afectados, qué consecuencias tendría la reforma sobre sus ingresos y costes de funcionamiento y cuál podría ser su repercusión sobre el empleo.

VOX pregunta si el sector ha sido escuchado

Los diputados también han preguntado al Ejecutivo si ha tenido en cuenta las aportaciones realizadas por los responsables y profesionales de las escuelas infantiles durante la elaboración de la propuesta.

La formación considera que una modificación de estas características no puede aprobarse sin escuchar previamente a quienes gestionan los centros y conocen sus necesidades económicas, educativas y organizativas.

«Las decisiones que afectan a la Educación Infantil no pueden adoptarse de espaldas a los profesionales del sector ni sin analizar previamente sus consecuencias económicas y sociales», ha señalado José Ramírez del Río.

El diputado ha defendido que cualquier reforma debe garantizar simultáneamente la calidad de la atención educativa y la continuidad de los centros que prestan este servicio a miles de familias.

«Cualquier reforma debe garantizar tanto la calidad educativa como la viabilidad de los centros que la hacen posible», ha añadido.

Medidas para evitar cierres y pérdida de empleo

VOX también pide al Gobierno que concrete qué actuaciones tiene previstas para evitar el cierre de escuelas infantiles en caso de que la reducción de las ratios afecte negativamente a su sostenibilidad económica.

La formación reclama información sobre posibles ayudas, compensaciones o mecanismos de adaptación para los centros, así como sobre las medidas destinadas a proteger los puestos de trabajo del sector.

Ramírez del Río advierte de que la Educación Infantil de cero a tres años presta un servicio esencial para la conciliación familiar y laboral, por lo que considera necesario analizar cualquier cambio con rigor y anticipación.

La iniciativa parlamentaria busca que el Ejecutivo responda a la preocupación expresada por los profesionales y explique cómo pretende aplicar la reducción de ratios sin perjudicar a los centros.

El diputado nacional del Partido Popular por Ciudad Real, Enrique Belda, ha denunciado que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado está teniendo “los peores efectos posibles” para la provincia, al impedir la concreción de inversiones imprescindibles y mantener paralizadas infraestructuras estratégicas.

Durante una rueda de prensa celebrada en Ciudad Real, Belda ha lamentado que la provincia acumule años de retraso en proyectos esenciales para su desarrollo económico, territorial y social.

“El principal efecto de la falta de Presupuestos Generales del Estado es que las inversiones no se concretan”, ha señalado el diputado popular, quien ha atribuido esta situación a la falta de voluntad política del Gobierno de Pedro Sánchez.

La A-43, una infraestructura esencial

Belda ha reclamado la ejecución inmediata del enlace de la A-43 con Extremadura y Lisboa y ha pedido que el debate sobre su trazado no siga utilizándose como excusa para retrasar las obras.

“Hemos pedido reiteradamente que hagan la autovía por donde quieran, pero que la hagan de una vez. Está todo paralizado”, ha afirmado.

El diputado ha destacado que esta infraestructura permitiría conectar Ciudad Real con Extremadura, Portugal y el corredor mediterráneo, favoreciendo la competitividad, el empleo y la creación de nuevas oportunidades económicas.

Retrasos ferroviarios y viarios

El representante del PP ha denunciado también la paralización de las infraestructuras ferroviarias y ha recordado la importancia de mejorar la conexión entre Mora, Madridejos y Alcázar de San Juan, así como de impulsar la conexión ferroviaria con Jaén.

Estas actuaciones, según Belda, supondrían un importante avance para municipios y comarcas como Alcázar de San Juan, Tomelloso y Valdepeñas.

Entre los proyectos pendientes, el diputado ha mencionado igualmente la autovía Ciudad Real-Toledo, el corredor Ciudad Real-Córdoba, la presa del Montizón, la variante suroeste de Ciudad Real y la nueva sede judicial de Tomelloso.

También ha reclamado la eliminación de pasos a nivel sin protección y la mejora de los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia.

Inversiones para generar empleo y fijar población

Belda ha defendido que estas actuaciones permitirían mejorar la conectividad y la seguridad, impulsar la actividad económica y contribuir a fijar población en numerosas comarcas.

El diputado popular ha insistido en que las infraestructuras pendientes son esenciales para combatir la despoblación y garantizar el futuro de Ciudad Real.

Ayuntamientos y Diputación asumen competencias impropias

Belda ha advertido de que la falta de inversión también se reproduce, a su juicio, en la actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Según ha denunciado, la ausencia de determinadas inversiones y servicios obliga a la Diputación Provincial y a los ayuntamientos a destinar recursos propios para mantener prestaciones básicas que corresponden a otras administraciones.

“Las administraciones locales están haciendo un esfuerzo extraordinario para que los vecinos no pierdan servicios esenciales”, ha subrayado.

El diputado ha advertido de que no puede consolidarse el traslado de competencias y costes hacia los municipios mientras las administraciones responsables dejan de realizar las inversiones necesarias.

“Ciudad Real necesita hechos”

Por todo ello, Enrique Belda ha reclamado al Gobierno de España la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que incluyan las inversiones comprometidas con Ciudad Real.

“Ciudad Real necesita hechos y no más anuncios. Después de ocho años de Gobierno socialista, las grandes infraestructuras siguen paralizadas y los ciudadanos continúan esperando unas inversiones imprescindibles para garantizar el futuro de nuestra provincia”, ha concluido.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, José Vicente Marí Bosó, ha exigido la convocatoria de elecciones ante la “parálisis”, el “bloqueo” y la “corrupción generalizada” que, según ha denunciado, rodean a un Gobierno incapaz de aprobar una senda de estabilidad y de ofrecer soluciones a los problemas de los españoles.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Marí ha criticado que el Ejecutivo haya vuelto a someter a debate la misma senda de déficit que fue rechazada por la Cámara la semana anterior.

“Incumplen ustedes la ley con tanta naturalidad que lo extraordinario es que la cumplan alguna vez”, ha afirmado el diputado popular, quien ha acusado al Gobierno de reincidir en la arbitrariedad y de actuar sin respetar los procedimientos establecidos.

El PP denuncia la ausencia de diálogo y de consenso

Marí ha señalado que el Ministerio de Hacienda ha llevado nuevamente la propuesta al Congreso sin realizar las consultas correspondientes al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la Comisión Nacional de la Administración Local.

Asimismo, ha cuestionado el “falso diálogo” del Ejecutivo, al considerar que el ministro se ha presentado ante la Cámara sin buscar consensos y con el rechazo tanto de la mayoría parlamentaria como de las comunidades autónomas.

El portavoz adjunto del GPP ha advertido de que la senda planteada no proporciona estabilidad a las administraciones autonómicas, sino que les ofrece como único margen fiscal real un mayor endeudamiento.

Según ha explicado, el cumplimiento de la regla de gasto obligaría a las comunidades autónomas a generar superávit, pese a que la propuesta del Ministerio se presenta formalmente como una autorización para incurrir en déficit.

Marí ha añadido que el ministro está condicionado por “lo que ya tiene pactado” con los socios parlamentarios del Gobierno y que, por este motivo, no puede alcanzar nuevos acuerdos sin poner en riesgo la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa.

“El Ejecutivo de Sánchez no puede proponer una senda de estabilidad para el futuro porque su Gobierno es el pasado”, ha subrayado.

Deterioro económico y de los servicios públicos

El diputado popular también ha alertado de la pérdida de riqueza de España respecto a los países más avanzados de la Unión Europea y del deterioro de los servicios públicos.

En este sentido, ha denunciado el caos ferroviario, la falta de mantenimiento de las carreteras, el aumento de la criminalidad y la ausencia de respuestas eficaces ante problemas como el acceso a la vivienda y la gestión de la inmigración.

Marí ha cuestionado igualmente los resultados del denominado escudo social del Gobierno. Según los datos citados durante su intervención, las prestaciones sociales reducen la pobreza en España un 23,2%, situando al país entre los últimos puestos de la Unión Europea.

También ha denunciado la precarización del mercado laboral, especialmente entre los jóvenes, muchos de los cuales se ven obligados a recurrir al pluriempleo, con salarios bajos y contratos de corta duración.

Una alternativa para recuperar la inversión y elevar los salarios

Frente a la resistencia del Gobierno a convocar elecciones, que Marí ha considerado una muestra de “autoritarismo”, el Partido Popular defiende una alternativa centrada en reconstruir los servicios públicos, recuperar las infraestructuras y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo.

El PP propone impulsar tanto la inversión pública como la privada hasta recuperar los niveles anteriores a la crisis financiera, reforzar la competitividad de la economía y aplicar políticas eficaces que permitan elevar los salarios.

El objetivo del Partido Popular es que España vuelva a generar oportunidades, empleo de calidad y prosperidad, avanzando progresivamente hacia un salario medio de 50.000 euros.

Marí ha concluido que la salida a la actual situación de bloqueo pasa por devolver la palabra a los españoles mediante la convocatoria de elecciones y la formación de un Gobierno estable, limpio y dedicado a resolver los problemas reales del país.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular Macarena Lorente ha instado al Gobierno a cumplir con una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos —RETA— que ofrezca más garantías y seguridad jurídica a los mutualistas, gracias a las enmiendas incorporadas por el Partido Popular en el Senado.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Lorente ha exigido al Ejecutivo que “deje de obstaculizar” a los afectados y respete el mandato parlamentario, después de que el PSOE se quedara solo en la Cámara Alta defendiendo un texto que el PP considera insuficiente.

Más mutualistas protegidos

Macarena Lorente ha destacado que las mejoras introducidas por el Partido Popular eliminan la exclusión de quienes perciben una pensión de viudedad y amplían la pasarela al RETA a miles de mutualistas.

Las enmiendas permiten además computar el tiempo cotizado de cara a la jubilación e incorporan plazos máximos para aprobar el desarrollo reglamentario de la futura normativa.

“Cuando hablamos de pensiones, la seguridad jurídica es una garantía para quienes han cotizado durante toda una vida”, ha subrayado la diputada popular.

Una respuesta mejor y con mayor consenso

Lorente ha recordado que las enmiendas recibieron el respaldo de una mayoría amplia y plural en el Senado y ha reprochado al PSOE que rechazara unas modificaciones que no alteran el objetivo de la reforma, sino que mejoran su respuesta.

“¿Es que no quieren dar una mejor respuesta a los mutualistas? ¿No quieren dar más seguridad jurídica?”, ha preguntado a la bancada socialista.

La diputada ha acusado al Gobierno de hacer dejación de sus funciones, presentar vetos y negarse a compartir los datos necesarios para abordar esta reforma con el máximo rigor.

El PP defiende rigor y garantías

Macarena Lorente ha reiterado que una reforma de esta trascendencia debería haberse abordado en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, con acceso a los datos reales y buscando el mayor consenso posible.

El Partido Popular defiende una solución rigurosa, clara y garantista para los mutualistas, que reconozca los años cotizados y ofrezca seguridad jurídica durante la conversión al RETA.

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