Ortega Smith alerta del efecto bumerán del decreto: menos alquileres y precios más altos.
El diputado Javier Ortega Smith ha cargado contra los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno y ha advertido de que, a su juicio, su aprobación podría generar el efecto contrario al anunciado por el Ejecutivo: menos viviendas disponibles para alquilar y precios más elevados.
Durante sus declaraciones, Ortega Smith ha defendido una posición “clara y firme” ante cualquier medida que considere que pueda afectar al derecho de propiedad y ha acusado al Gobierno de utilizar el debate sobre vivienda para aumentar la presión política sobre los grupos que no respaldan los decretos.
“Cuando está en juego el derecho de propiedad y la libertad hay que ser muy firmes y muy tajantes”, afirmó.
El dirigente también vinculó los cambios de posición de algunas formaciones a cálculos electorales y al riesgo de perder votos, aunque no concretó a qué partidos se refería.
Advierte de una retirada de viviendas del alquiler
El principal argumento de Ortega Smith se centró en las consecuencias que, según él, tendrían las nuevas medidas sobre la oferta.
“Si saliera adelante este decreto del Gobierno, el efecto inmediato sería una reducción importante en la oferta de vivienda”, aseguró.
Según su planteamiento, propietarios que considerasen perjudicados sus derechos podrían retirar sus inmuebles del mercado del alquiler, reduciendo la oferta disponible.
“Cuando se reduce la oferta, aumenta el precio”, resumió.
Ortega Smith sostuvo que el resultado final podría ser un encarecimiento adicional del alquiler y señaló que los mayores perjudicados serían precisamente quienes actualmente tienen dificultades para acceder a una vivienda.
Francisco Conde pone a Carlos Cuerpo ante las cifras.
El portavoz de Industria del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Conde, ha cuestionado al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, por la ejecución de los fondos europeos y le ha exigido explicaciones sobre el destino de 56.000 millones de euros que, según los datos expuestos por el diputado, todavía no habrían llegado a la economía.
Durante la comparecencia de Cuerpo en comisión, Conde ha señalado que España dispone de 101.000 millones de euros y que el Ejecutivo únicamente habría podido justificar la llegada efectiva de 45.000 millones a la economía durante 2025.
“¿Dónde están los otros 56.000 millones que deberían estar ejecutados?”, ha preguntado el diputado, quien sostiene que permanecen “en los cajones de los ministerios” y en el Tesoro.
Conde también ha reprochado al Ejecutivo la devolución de 61.000 millones de euros contemplados inicialmente en el Plan de Recuperación, algo que considera una pérdida de oportunidades para modernizar y mejorar la competitividad de la economía española.
“El Partido Popular no se va a olvidar de esos 61.000 millones que ustedes han devuelto y que, por lo tanto, son pérdidas de oportunidades para nuestra economía”, ha afirmado.
El portavoz popular ha contrapuesto además los conceptos de dinero “aprobado” o “movilizado” con los recursos que, según sostiene, llegan realmente a familias, empresas y autónomos.
“Una familia que tiene que pagar una hipoteca no lo puede hacer con dinero aprobado, una empresa no puede pagar las nóminas con dinero movilizado y un autónomo no puede pagar las facturas con dinero en el pipeline”, ha señalado.
Conde también ha puesto el foco en la línea ICO Vivienda Social y ha cuestionado la ejecución de los 4.000 millones de euros previstos. Según sus cálculos, esos recursos podrían haber permitido construir 28.000 viviendas adicionales de alquiler social.
Asimismo, ha reclamado al vicepresidente primero el dato de ejecución real en términos de contabilidad nacional y ha cuestionado el impacto multiplicador atribuido a los fondos.
Conde ha recordado que el Gobierno planteaba inicialmente un efecto tractor de cuatro euros por cada euro público invertido y ha contrapuesto esa previsión con los “30 céntimos” mencionados durante la comparecencia.
“¿Pero qué broma es esta, señor vicepresidente? ¿30 céntimos?”, ha preguntado.
Finalmente, el portavoz de Industria del GPP ha cuestionado las expectativas depositadas en el programa España Crece: “Está pasando de la lírica a la ciencia ficción, y eso no es ningún tipo de rigor”.
Bretón frente a Clancy: la comparación con la que Reyes Romero cuestiona la nueva ley.
La diputada de VOX Reyes Romero ha cuestionado desde la tribuna del Congreso el tratamiento planteado para la violencia vicaria y ha defendido que ante crímenes contra menores de extrema gravedad debe prevalecer, a su juicio, la misma respuesta penal con independencia de si el responsable es un hombre o una mujer.
Romero ha utilizado el caso de José Bretón como punto de partida de su argumentación y lo ha contrapuesto al caso de Lindsay Clancy para plantear las diferencias que, según sostiene, podrían producirse en España.
«Lo que el sentido de la justicia nos pide es la máxima condena»
Romero ha mencionado el asesinato de los dos hijos de José Bretón para exponer el caso que considera paradigmático de la violencia vicaria contemplada por el proyecto.
«Realmente al español común le da igual cómo quieran llamar a este aberrante comportamiento que tuvo este asesino», ha señalado.
Para la diputada, el elemento fundamental debe ser la gravedad de los hechos y su correspondiente castigo.
«Lo que el sentido de la justicia nos pide es la máxima condena posible por la barbaridad que cometió», ha defendido.
Romero contrapone el caso de Lindsay Clancy
A continuación, la diputada ha recurrido al caso de Lindsay Clancy, a quien ha atribuido durante su intervención el asesinato de sus tres hijos con el objetivo de vengarse de su expareja.
A partir de ambos ejemplos, Romero ha cuestionado que hechos que presenta como comparables puedan recibir un tratamiento jurídico diferente en España dependiendo de quién los cometa.
«¿Hay derecho a esto?»
Romero ha centrado finalmente su crítica en las consecuencias penales que, según su interpretación del proyecto, existirían si un caso como el citado tuviera que ser juzgado en España.
«Su delito sería diferente al de Bretón y su condena, por supuesto, mucho más leve», ha sostenido la diputada, antes de cerrar su intervención con una pregunta: «¿Hay derecho a esto?».
Con esta comparación, Romero ha defendido la posición de VOX de que la respuesta ante los crímenes contra menores no debe establecer diferencias basadas en el sexo del autor.
«Compran tiempo»: Jorge Campos explica qué ve detrás del caso de Maricarmen.
El diputado de VOX Jorge Campos ha acusado al Partido Socialista de utilizar políticamente el caso de Mari Carmen como una «cortina de humo» destinada, según su interpretación, a desplazar el debate público de otros asuntos que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.
Campos ha sostenido que la situación resulta útil al Ejecutivo socialista independientemente de cómo se haya originado.
«Al Gobierno socialista Mari Carmen Abascal le importa un pimiento», ha afirmado antes de considerar que el episodio está siendo utilizado políticamente.
El dirigente de VOX ha relacionado además esta estrategia con la tramitación de diferentes decretos y con la necesidad que, a su juicio, tiene el Ejecutivo de ganar tiempo.
«Lo que quieren es ir haciendo tiempo»
Campos ha insistido en que el objetivo político sería prolongar la situación y mantener otros asuntos alejados del centro del debate público.
«Compran tiempo. Efectivamente, van a continuar. Lo que quieren es ir haciendo tiempo», ha señalado.
En este contexto, el diputado ha enumerado diferentes cuestiones que considera que el PSOE pretende relegar del debate, entre ellas las investigaciones y controversias que afectan al entorno político y familiar de Pedro Sánchez, la situación de Ceuta y el posible regreso de Carles Puigdemont a España.
Se trata de acusaciones y valoraciones políticas formuladas por Campos durante su intervención.
Campos habla de una «cortina de humo absoluta»
El representante de VOX ha definido directamente la situación como una «utilización política» y una «cortina de humo absoluta».
Campos considera que la atención generada por el caso permite al Gobierno socialista evitar que el debate público se concentre en los asuntos que él ha mencionado durante su intervención.
También ha dirigido sus críticas contra las personas concentradas en la Puerta del Sol, a quienes ha calificado de «tontos útiles» y ha acusado de contribuir a esa supuesta estrategia política.
«Ahora tenemos señores que son los tontos útiles estos que están ahí en la Puerta del Sol para hacer la campaña de ocultación de cortina de humo del Partido Socialista», ha concluido.
Marta González reclama una ley específica de violencia vicaria.
La diputada del Grupo Parlamentario Popular y miembro de la Mesa del Congreso, Marta González, ha reclamado durante su intervención en el Pleno una ley de violencia vicaria que establezca decisiones judiciales claras sobre la patria potestad y el régimen de visitas e incorpore medidas de prevención y formación para los operadores jurídicos.
González ha defendido que esta formación debe abarcar tanto el ámbito de la violencia como el de familia y ha pedido acompañar las medidas legislativas de una dotación presupuestaria suficiente.
En este sentido, ha reclamado más recursos para mejorar los medios disponibles en los juzgados, el turno de oficio, los equipos psicosociales y los puntos de encuentro. También ha defendido una respuesta “global e integrada” dirigida a las víctimas y, especialmente, a los niños y niñas.
Durante su intervención, la diputada ha marcado diferencias entre la posición del PP y la de Vox respecto a la violencia contra las mujeres. “Negar que existe una violencia específica contra las mujeres es negar la realidad”, ha afirmado.
González también ha rechazado asociar la violencia de género exclusivamente con agresores extranjeros y ha pedido rigor en el análisis de las estadísticas.
En concreto, ha cuestionado el dato que atribuye a mujeres el 52% de los filicidios al considerar que la muestra utilizada —50 condenas firmes registradas entre 2007 y 2022— resulta demasiado limitada para extraer conclusiones estadísticas generales.
La diputada ha recordado casos como los de Anna y Olivia, asesinadas en Tenerife en 2021, y ha señalado que determinados casos en los que el progenitor se suicida o desaparece no terminan con una condena y, por tanto, pueden quedar fuera de algunas estadísticas basadas en sentencias firmes.
“Cada uno de esos casos es una tragedia y el Código Penal los castiga todos. Pero mezclar fenómenos distintos para negar uno de ellos no es rigor, es confusión”, ha afirmado.
González ha reivindicado igualmente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, impulsado en 2017 durante el Gobierno de Mariano Rajoy con una dotación de mil millones de euros, y ha recordado su renovación durante la actual legislatura.
Finalmente, la diputada ha cuestionado la actuación del Ministerio de Igualdad y ha denunciado problemas relacionados con la gestión de las pulseras de control de maltratadores y con la respuesta ofrecida ante las advertencias sobre una posible manipulación de estos dispositivos.
La intervención de González ha situado así el foco en una legislación específica sobre violencia vicaria, el refuerzo de los recursos judiciales y asistenciales y una mayor formación y prevención para quienes intervienen en estos procedimientos.
Patricia Rodríguez cuestiona a Ana Redondo por su gestión en Igualdad.
La portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Patricia Rodríguez, ha cuestionado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su gestión y le ha preguntado si se siente “orgullosa” de las consecuencias que atribuye a distintas actuaciones de su departamento.
Durante la sesión de control al Gobierno, Rodríguez ha citado en primer lugar la ley del solo sí es sí y el contrato relacionado con las pulseras de protección para víctimas de violencia de género, un sistema que, según ha denunciado, “debía servir para proteger a las mujeres y que las ha dejado abandonadas”.
La diputada ha afirmado que el Tribunal de Cuentas ha recogido “deficiencias e irregularidades” relacionadas con este sistema y ha acusado a Redondo de conocerlas y guardar silencio: “Usted lo conocía y se calló”.
Rodríguez también ha llevado al debate la situación de las mujeres en Ceuta y ha preguntado a la ministra si “se siente orgullosa de que las mujeres ceutíes tengan que ir acompañadas al trabajo” y de que “las jóvenes y las niñas no puedan hacer vida normal porque tienen miedo y se sienten desprotegidas”.
La portavoz de Igualdad ha reclamado asimismo explicaciones sobre las menores migrantes que, según ha planteado durante su intervención, podrían estar siendo víctimas de redes de explotación sexual.
También ha mencionado el denominado caso de la juez Biedma y ha reprochado a la ministra que, según sostiene, “no ha dicho ni una sola palabra”. El fragmento facilitado no aporta más detalles sobre este caso.
Rodríguez ha acusado además al Ejecutivo de actuar con un criterio diferente ante otras controversias y ha criticado que miembros del Gobierno salgan “en tromba” para mostrar su respaldo a la esposa del presidente.
“Cuánta hipocresía, cuánto machismo y cuánto sectarismo”, ha afirmado la diputada durante su intervención.
La portavoz del GPP ha concluido cuestionando el modelo de políticas de igualdad que atribuye al Ejecutivo: “Ya queda menos para terminar con su feminismo ese de eslogan y pancarta”.
Rodríguez ha añadido que espera la llegada de “un Gobierno de gestión que realmente se preocupe por la seguridad de las mujeres”.
Las acusaciones sobre la actuación del Ministerio, la situación de las mujeres en Ceuta y los posibles casos de explotación sexual corresponden a las declaraciones facilitadas de Patricia Rodríguez.
Silvia Franco lamenta que el Gobierno siga «sin ninguna solución para Ceuta» 61 días después.
La diputada del Grupo Parlamentario Popular Silvia Franco ha criticado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso que, dos meses después de los acontecimientos registrados en Ceuta a finales de julio, el Ejecutivo siga, según ha afirmado, sin ofrecer “ninguna solución” a la situación.
Franco ha centrado su intervención en los distintos posicionamientos que atribuye a miembros del Gobierno desde el inicio de la crisis y ha contrapuesto las declaraciones realizadas en diferentes momentos.
“31 de julio, Sánchez va tres horas a Ceuta y defiende que existe un ataque y una violación a nuestra integridad territorial; 11 de agosto, Albares y Bolaños dicen que las personas que han entrado irregularmente en Ceuta regresarán a Marruecos, incluidos los menores; 21 de septiembre, Sira Rego, la mayoría de los menores quiere quedarse en España y se van a quedar”, ha enumerado.
“Distintos criterios, mismo Gobierno, misma crisis”, ha resumido la diputada popular.
Franco también ha llevado al debate la posición del Parlamento Europeo y ha afirmado que la institución europea ha reconocido una “instrumentalización de la inmigración” vinculada a una situación de “guerra híbrida”, mientras que, según ha señalado, los socialistas españoles votaron en contra.
En este contexto, ha preguntado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones si el Gobierno rechaza reconocer que los migrantes hayan podido ser utilizados para intentar desestabilizar territorio español.
La diputada ha reprochado al Ejecutivo que, 61 días después, continúe tratando lo ocurrido como una crisis exclusivamente migratoria y ha sostenido que debería abordarse desde una perspectiva de Seguridad Nacional.
“Hemos llegado tarde, han llegado ustedes tarde, a una crisis de Seguridad Nacional que tendríamos que haber tenido suficientes medios y estar preparados para afrontar”, ha afirmado.
Franco ha citado asimismo durante su intervención la muerte de más de 100 personas, entre ellas 13 menores, y ha reprochado que nadie haya pedido perdón por lo sucedido. Estas cifras y la atribución de responsabilidades corresponden a las declaraciones facilitadas de la diputada.
La parlamentaria ha concluido dirigiéndose a la ministra y reclamando su salida del Ejecutivo: “Ministra, está inhabilitada, así que váyase”.