García Ortiz rechaza el reparto de menores migrantes desde Ceuta y reclama reforzar el control fronterizo.
El portavoz de VOX en la Diputación de Sevilla, Rafael García Ortiz, ha criticado el modelo de distribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas y ha defendido que la respuesta a la situación de Ceuta debe centrarse en el control fronterizo, la soberanía española y las relaciones con Marruecos.
El debate tuvo lugar en el Pleno de la Diputación celebrado este 24 de septiembre, en el que se sometieron a votación tres iniciativas distintas sobre Ceuta presentadas por PSOE, PP y VOX. La moción socialista salió adelante con los votos de PSOE y Con Andalucía, la abstención del PP y el rechazo de VOX. Las propuestas del PP y de VOX fueron rechazadas.
García Ortiz defendió durante la sesión la propuesta de VOX, que reclamaba un respaldo explícito a la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, reforzar los mecanismos de control fronterizo y condicionar las relaciones con Marruecos al respeto de la integridad territorial española.
García Ortiz: «Defender a España nunca puede ser un delito de odio»
El diputado provincial respondió también a las críticas recibidas durante el debate por la posición de su formación en materia migratoria.
«Defender a España no puede ser nunca un delito de odio, sino un compromiso fuerte con todos los ciudadanos españoles y con su territorio. No es odio reclamar que Marruecos respete a España; no es odio pedir que se cumplan los tratados internacionales», afirmó García Ortiz.
El representante de VOX defendió que el debate sobre Ceuta no debe limitarse a la vertiente humanitaria o a la distribución de menores entre territorios, sino abordar también la seguridad fronteriza, las relaciones diplomáticas y la soberanía nacional.
«Nunca debemos confundir la solidaridad con la resignación, ni la humanidad con el silencio, ni la cooperación con la subordinación ante un país vecino», señaló.
El PSOE reclama «corresponsabilidad» a las comunidades autónomas
La iniciativa finalmente aprobada fue la presentada por el PSOE y defendida por el diputado Francisco Toajas. El texto expresa apoyo y solidaridad con Ceuta y reclama a las comunidades autónomas «corresponsabilidad efectiva» en la acogida de menores migrantes no acompañados.
Toajas defendió una respuesta basada en «el sentido de Estado, la legalidad y los derechos humanos» y sostuvo que ninguna administración debe afrontar en solitario una presión migratoria de estas características.
La moción socialista también recoge que el interés superior del menor constituye una obligación legal y reclama a las comunidades que participen en los mecanismos de distribución. El texto fue respaldado por PSOE y Con Andalucía, mientras el PP optó por abstenerse y VOX votó en contra.
VOX rechaza que el reparto sea la solución
García Ortiz cuestionó ese planteamiento y sostuvo que distribuir a los menores entre comunidades autónomas no resuelve, a juicio de VOX, las causas de la presión migratoria sobre Ceuta.
La formación reclama que la prioridad sea impedir nuevas entradas irregulares y reforzar la capacidad del Estado para controlar la frontera.
VOX también atribuye a Marruecos responsabilidad en la presión fronteriza registrada en Ceuta. Esta atribución forma parte de la posición política de la formación; la moción socialista aprobada por la Diputación centra, en cambio, su respuesta en la atención humanitaria y la corresponsabilidad territorial.
El PP se abstuvo en la iniciativa de VOX
La propuesta de VOX fue rechazada con los votos en contra de PSOE y Con Andalucía y la abstención del Partido Popular. El PP presentó además su propia iniciativa sobre Ceuta, que tampoco consiguió el respaldo suficiente para ser aprobada.
García Ortiz ha criticado especialmente la abstención de los populares y considera que su grupo debería haber respaldado la propuesta de VOX sobre soberanía y control fronterizo.
«Mientras el PSOE utiliza a las instituciones para camuflar el descontrol fronterizo como una cuestión puramente humanitaria y el PP se pone de perfil mediante su abstención, en VOX seguiremos siendo la voz de los españoles que exigen fronteras seguras, soberanía nacional y prioridad para los nuestros», concluyó.
Rafael García Ortiz es el portavoz y único representante del Grupo VOX en la actual corporación provincial de Sevilla.
Gonzalo García de Polavieja acusa a Sanz de «incapacidad» para ejecutar los acuerdos pactados en Sevilla.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha acusado al alcalde, José Luis Sanz, de «incapacidad» para convertir en actuaciones concretas parte de los compromisos presupuestarios alcanzados entre PP y VOX y ha calificado de «frustrante» el documento remitido por el Gobierno municipal sobre su grado de cumplimiento.
García de Polavieja ha precisado que su grupo no atribuye al alcalde una voluntad deliberada de romper los acuerdos. Su crítica se centra, según ha explicado, en la capacidad de gestión del Ejecutivo local y en los retrasos que VOX aprecia en diferentes medidas.
«No creemos que el problema de José Luis Sanz sea que tenga intención de incumplir los acuerdos con VOX. El problema es que existe una evidente incapacidad para gestionar Sevilla y convertir los compromisos en realidades», ha afirmado.
VOX considera «frustrante» la respuesta del Gobierno municipal
Las críticas llegan después de que el Gobierno de Sanz remitiera a VOX información sobre el estado de los compromisos presupuestarios. Según la valoración realizada por el grupo municipal, diversas actuaciones continúan en fases de estudio, planificación o tramitación, mientras otras dependen de futuros contratos o procedimientos administrativos.
«Un Gobierno municipal tiene que ser capaz de pasar de los anuncios a los hechos. Estudiar, valorar o planificar puede ser un primer paso, pero no puede presentarse como si el compromiso estuviera cumplido», sostiene García de Polavieja.
El portavoz considera que la cuestión va más allá de la ejecución individual de cada medida y critica lo que define como una falta de «ilusión» y de proyecto para transformar la ciudad.
«Lo verdaderamente preocupante es comprobar que detrás de esos incumplimientos no hay una estrategia de transformación de Sevilla ni un proyecto de ciudad», ha manifestado.
Del soterramiento de la Ronda Norte a la incorporación de policías
La tensión por el cumplimiento del pacto se había hecho pública días antes. El 15 de septiembre, VOX dio al Gobierno municipal una semana para concretar un calendario de ejecución de los compromisos pendientes tras una reunión de seguimiento entre ambas partes.
Entre las actuaciones señaladas por VOX figuran el estudio para el soterramiento de la Ronda Urbana Norte, el proyecto de transporte fluvial, la modificación de la Zona de Bajas Emisiones, actuaciones de asfaltado y acerado, la Oficina Antiocupación y cambios relacionados con las viviendas de uso turístico.
La relación incluye también la incorporación de 250 policías locales, actuaciones contra la venta ambulante ilegal, los proyectos de los museos de la Semana Santa, Historia de Sevilla y Flamenco, cámaras de seguridad en el Huevo de Colón y un Plan de Prevención del Suicidio Juvenil.
VOX ya había solicitado en julio la convocatoria urgente del Comité de Seguimiento del acuerdo al considerar necesario revisar medida por medida qué compromisos se habían ejecutado y cuáles sufrían retrasos.
Los presupuestos de 2026 fueron aprobados con el acuerdo PP-VOX
El enfrentamiento se produce en torno a unos acuerdos que facilitaron la aprobación de las cuentas municipales para 2026. El presupuesto fue aprobado inicialmente por el Pleno el 23 de diciembre de 2025 y recibió su aprobación definitiva el 29 de enero de este año.
Las cuentas consolidadas ascienden a 1.380 millones de euros, según los datos publicados por el Ayuntamiento. Entre las medidas incorporadas se encuentra una nueva reducción del 1% del IBI y distintas partidas de inversión y servicios municipales.
La discrepancia actual no se centra, por tanto, en la existencia de los compromisos, sino en su grado de ejecución. La afirmación de que existe incumplimiento o incapacidad de gestión corresponde a la valoración política de VOX a partir del documento remitido por el Ejecutivo municipal.
García de Polavieja reclama pasar «de los anuncios a los hechos»
El portavoz de VOX sostiene que los compromisos presupuestarios deben traducirse en expedientes, dotación económica, contratación y ejecución material y rechaza considerar cumplidas actuaciones que permanezcan únicamente en etapas preparatorias.
«Los sevillanos no votaron para que las cosas se estudien indefinidamente. Quieren que se hagan. Quieren ver mejores servicios, mejores barrios, más limpieza, mejores infraestructuras y una ciudad que avance», ha defendido.
García de Polavieja ha insistido en que su formación no aprecia «ánimo de incumplir» por parte de Sanz, pero sí una falta de capacidad para materializar lo pactado.
El dirigente de VOX ha añadido además que los puntos que su grupo considere incumplidos pasarán a formar parte de sus prioridades políticas de cara al próximo ciclo municipal.
La presión sobre el Gobierno del PP se produce en un Ayuntamiento en el que Sanz necesita apoyos de otros grupos para sacar adelante determinadas votaciones, una circunstancia a la que García de Polavieja también se ha referido al reclamar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
Javier Navarro alerta de que el 40% del arroz sevillano de 2025 continúa sin vender.
El presidente de VOX Sevilla, Javier Navarro, y el diputado provincial Rafael García Ortiz han visitado la Cooperativa de Arroceros del Bajo Guadalquivir coincidiendo con el comienzo de una nueva campaña marcada por una paradoja: las perspectivas productivas son favorables, pero una parte muy importante del arroz cosechado el año pasado continúa almacenada sin encontrar comprador.
La Federación de Arroceros de Sevilla cifraba en agosto en alrededor del 40% de la cosecha de 2025 el producto todavía pendiente de comercialización. Su director-gerente, Eduardo Vera, situaba entonces la superficie sembrada este año en 36.500 hectáreas y esperaba una producción similar a la del ejercicio anterior, en torno a 350.000 toneladas.
VOX ha aprovechado su encuentro con representantes del sector para reclamar medidas comerciales que permitan, a juicio de la formación, competir en condiciones más equilibradas con el arroz procedente de terceros países.
“Estamos a las puertas de una nueva cosecha y el gran problema es que las naves y almacenes siguen colapsados”, ha advertido Rafael García Ortiz.
Una cosecha prácticamente completa, pero con problemas para vender
Después de varias campañas condicionadas por la falta de agua, el escenario productivo ha cambiado considerablemente.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autorizó para 2026 una dotación de 6.000 metros cúbicos por hectárea, frente a los 5.500 del año anterior, en un contexto de recuperación de los embalses. Esa disponibilidad permitió al sector volver a sembrar prácticamente toda la superficie prevista.
El principal problema señalado ahora por los productores no está en el agua, sino en el mercado.
Eduardo Vera atribuyó en agosto parte de las dificultades de comercialización al aumento de la presencia de arroz procedente de Camboya y Myanmar, dos países beneficiarios del régimen europeo de preferencias comerciales para países menos desarrollados.
Rafael García Ortiz considera que la situación amenaza directamente la rentabilidad del cultivo.
“No piden subvenciones ni privilegios; piden algo tan básico como competir en igualdad de condiciones”, sostiene.
Sevilla concentra alrededor del 40% del arroz español
El peso económico del cultivo explica la preocupación.
La Federación de Arroceros sitúa en unas 36.500 hectáreas la superficie arrocera de la provincia y representantes del sector estiman que Sevilla aporta alrededor del 40% del arroz producido en España.
El arrozal del Bajo Guadalquivir mantiene además una estrecha relación con la actividad económica y ambiental de las marismas próximas a Doñana.
García Ortiz ha defendido durante la visita que el cultivo significa “calidad, empleo, riqueza” y desempeña también una función dentro del ecosistema de la zona.
El sector lleva meses pidiendo salvaguardas
Las peticiones planteadas por VOX coinciden en varios aspectos con reivindicaciones que la propia Federación de Arroceros y ASAJA Sevilla han trasladado este año a las instituciones europeas.
En julio, Eduardo Vera defendió en Bruselas mecanismos de salvaguardia más rápidos, controles sobre el origen del producto, mayores comprobaciones sobre residuos fitosanitarios y la aplicación de “cláusulas espejo” para aproximar las exigencias aplicadas a las importaciones a las que soportan los productores europeos.
La Federación sostiene que existen diferencias importantes entre los estándares laborales, ambientales, fitosanitarios y de trazabilidad exigidos dentro de la UE y los aplicables en determinados países productores. Esa es también la base de la denuncia política realizada ahora por VOX.
Esto no significa que el arroz importado entre en la Unión Europea “sin controles”: las importaciones están sujetas a la normativa aduanera y sanitaria comunitaria. El debate planteado por el sector se refiere fundamentalmente a si las condiciones de producción y los estándares exigidos en origen son equivalentes a los europeos.
Andalucía y la Comunitat Valenciana ya han pedido activar las salvaguardas
La presión institucional sobre esta cuestión ha aumentado durante septiembre.
Los gobiernos de Andalucía y la Comunitat Valenciana remitieron conjuntamente al Ministerio de Agricultura una petición para que España promueva ante Bruselas la activación inmediata de las salvaguardas disponibles frente al arroz procedente de Camboya y Myanmar.
El nuevo Reglamento europeo del Sistema de Preferencias Generalizadas incorpora además una salvaguarda automática específica para el arroz, pero comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027. Si las importaciones de un país beneficiario superan determinados umbrales históricos, se podrán suspender las preferencias arancelarias y establecer cuotas.
Para 2027 se han calculado umbrales iniciales de 216.047 toneladas para Camboya y 171.862 para Myanmar.
El sector arrocero español considera que esperar hasta el próximo ejercicio puede prolongar las actuales dificultades y ha reclamado utilizar antes los instrumentos comerciales ya disponibles.
Navarro critica las políticas comerciales europeas
Javier Navarro ha responsabilizado políticamente a las directrices comerciales comunitarias de una parte importante de la situación.
“Que nuestros productores empiecen la siega sin haber podido dar salida a la producción anterior es la prueba evidente del fracaso de estas políticas”, ha afirmado.
El dirigente de VOX vincula el problema con la pérdida de soberanía alimentaria y reclama que la producción nacional tenga mayor protección frente a importaciones producidas bajo condiciones distintas.
La Comisión Europea, por su parte, sostiene que el sistema de preferencias persigue compatibilizar el acceso comercial de países en desarrollo con mecanismos capaces de proteger a los productores europeos cuando se produzcan perturbaciones graves en el mercado. Precisamente por ello, el nuevo régimen refuerza desde 2027 las salvaguardas específicas para el arroz.
El arroz almacenado marca el inicio de la campaña
El problema inmediato para el Bajo Guadalquivir será encontrar salida tanto al producto pendiente de 2025 como a la nueva cosecha.
El sector ya advertía en agosto de que aproximadamente cuatro de cada diez toneladas de la campaña anterior seguían sin vender, a pesar de afrontar en 2026 una de las mejores situaciones hídricas de los últimos años.
VOX anuncia que trasladará las reivindicaciones de los productores a las instituciones en las que tiene representación y centra sus demandas en tres puntos: cláusulas espejo, mayores controles sobre las importaciones y mecanismos de salvaguardia capaces de reaccionar con mayor rapidez ante alteraciones del mercado.
“Defender el arroz de Sevilla es defender el empleo, nuestro territorio y el futuro de Doñana”, concluye Rafael García Ortiz.
Reyes Romero lleva al Congreso el aumento de las agresiones sexuales en Sevilla y exige explicaciones al Gobierno.
La diputada nacional de VOX por Sevilla, Reyes Romero, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno explicaciones sobre la evolución de los delitos contra la libertad sexual y las medidas previstas para reforzar la seguridad.
La iniciativa llega después de un primer semestre en el que Sevilla capital registró 42 agresiones sexuales con penetración, frente a las 29 contabilizadas durante el mismo periodo de 2025. El incremento es del 44,8% y equivale, de media, a aproximadamente una cada cuatro días.
“Estamos ante una situación especialmente preocupante”, sostiene Romero, que quiere conocer qué diagnóstico maneja el Ministerio del Interior y qué actuaciones piensa adoptar.
De 6 a 19 en el primer trimestre
El incremento fue especialmente acusado durante los tres primeros meses del año.
Según el primer Balance de Criminalidad de 2026, las agresiones sexuales con penetración en Sevilla capital pasaron de 6 entre enero y marzo de 2025 a 19 en el mismo periodo de 2026, lo que supone un aumento del 216,7%: más del triple. En esos mismos tres meses, el conjunto de delitos contra la libertad sexual pasó de 61 a 74.
Con los datos ya actualizados hasta junio, la tendencia se modera en términos porcentuales, aunque continúa al alza: 42 casos frente a 29, un 44,8% más. El conjunto de delitos contra la libertad sexual en la capital aumenta de 144 a 161, un 11,8%.
En el conjunto de la provincia de Sevilla, las agresiones sexuales con penetración pasan de 69 a 76, un incremento del 10,1%, mientras que todos los delitos contra la libertad sexual suben de 320 a 352, un 10%.
Romero exige explicaciones al Gobierno
La diputada pregunta al Ejecutivo cuáles son las causas que atribuye al crecimiento de estas infracciones y qué medidas de prevención, seguridad e investigación está desplegando.
VOX quiere además conocer datos sobre autores, delitos cometidos por varias personas, órdenes de expulsión y situación administrativa de ciudadanos extranjeros investigados por este tipo de hechos.
A nivel nacional, el balance más reciente del Ministerio del Interior —correspondiente al primer semestre— contabiliza 2.747 agresiones sexuales con penetración, frente a 2.654 en 2025, un 3,5% más. El resto de delitos contra la libertad sexual aumenta un 4,2%, hasta 8.224.
Interior señala que parte del crecimiento sostenido de los delitos sexuales registrados debe interpretarse también teniendo en cuenta una mayor disposición de las víctimas a denunciar como consecuencia de las políticas de concienciación y de una menor tolerancia social hacia estas conductas.
¿Qué datos publica Interior sobre la nacionalidad?
Romero cuestiona que los balances trimestrales no permitan conocer la nacionalidad o la situación administrativa de quienes son detenidos o investigados por delitos sexuales.
En este punto existe una diferencia importante. El Balance trimestral de Criminalidad utilizado para conocer la evolución de 2026 no ofrece ese desglose por nacionalidad ni por situación administrativa migratoria.
Sin embargo, Interior sí publica en sus informes anuales sobre delitos contra la libertad sexual información nacional sobre la nacionalidad de las personas detenidas o investigadas. En el informe correspondiente a 2024, el 60,76% eran de nacionalidad española y el 39,24% extranjera.
Esos datos no especifican por sí mismos qué personas extranjeras se encontraban en situación administrativa irregular, ni permiten establecer una relación causal entre inmigración y delincuencia sexual.
Precisamente por ello, Romero pide al Ejecutivo un desglose más amplio y actualizado que incluya la situación administrativa y las órdenes de expulsión ejecutadas.
El Congreso tendrá que responder a las preguntas de VOX
La iniciativa registrada por Reyes Romero obliga ahora al Gobierno a pronunciarse por escrito sobre la evolución de estos delitos en Sevilla y sobre la información que dispone acerca de sus autores.
La parlamentaria quiere conocer tanto las medidas de seguridad previstas como el nivel de detalle estadístico que Interior está en condiciones de facilitar.
Los últimos datos oficiales dejan dos cifras especialmente relevantes para el debate: 42 agresiones sexuales con penetración en Sevilla capital durante seis meses y un crecimiento del 44,8% respecto al mismo periodo del año anterior.
Javier Navarro reúne a concejales, coordinadores y afiliados con la vista puesta en las próximas municipales.
VOX Sevilla ha celebrado su jornada de inicio de curso político con el objetivo de reforzar su organización provincial y ampliar su implantación territorial de cara a las elecciones municipales de 2027.
El encuentro ha reunido a cargos políticos de la provincia, concejales de municipios donde la formación cuenta con representación institucional, coordinadores locales y afiliados.
Al frente de la organización provincial se encuentra Javier Navarro, actual presidente del Comité Ejecutivo Provincial de VOX Sevilla, quien ya había situado este mes el próximo ciclo electoral entre las prioridades del partido.
Una nueva estructura provincial
Durante la jornada se han presentado los nuevos miembros del Comité Ejecutivo Provincial y otros responsables orgánicos con los que VOX pretende reforzar tanto su funcionamiento interno como su presencia en los municipios sevillanos.
La información facilitada por la formación no detalla en este comunicado los nombres ni las responsabilidades concretas de todos los nuevos integrantes, por lo que el principal cambio anunciado es el refuerzo de la estructura provincial.
Navarro ha mostrado confianza en el nuevo equipo y ha situado la coordinación entre la dirección provincial, los grupos municipales y los responsables locales como uno de los ejes del nuevo curso.
Esta línea coincide con la estrategia expuesta públicamente por el dirigente el pasado 9 de septiembre, cuando afirmó que VOX Sevilla trabajaría “codo a codo” con sus grupos municipales y coordinadores locales con la mirada puesta en los próximos comicios.
VOX mira a las municipales de 2027
La formación quiere utilizar los próximos meses para aumentar su presencia territorial antes de las municipales previstas para mayo de 2027.
Navarro había señalado previamente que VOX afronta el curso político con “equipo, ideas, objetivos claros” y había vinculado la estrategia provincial a asuntos como vivienda, servicios públicos y políticas municipales.
El partido ha presentado además durante septiembre iniciativas coordinadas en distintos municipios de Sevilla, entre ellas propuestas sobre Ceuta y Melilla y actuaciones relacionadas con vivienda y política local.
Más implantación municipal
El objetivo declarado por VOX Sevilla es aprovechar el nuevo curso para fortalecer las estructuras locales y preparar su presencia en los municipios donde aspire a concurrir en 2027.
La formación presenta la cohesión de sus cargos, coordinadores y afiliados como uno de los elementos centrales de esa estrategia y sostiene que dispone de margen para aumentar su representación provincial.
Esa última previsión constituye la expectativa política expresada por el propio partido y no una estimación independiente sobre los resultados de las próximas elecciones.
La jornada de inicio de curso deja así una prioridad definida para VOX Sevilla: más organización territorial, coordinación municipal y preparación electoral para 2027.
Ricardo Sánchez pone al PP de Sevilla rumbo a las municipales de 2027.
El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha situado las elecciones municipales de mayo de 2027 en el centro del nuevo curso político durante la Intermunicipal 2026 celebrada en Utrera, donde la formación ha confirmado que sus actuales alcaldes volverán a presentarse a la reelección.
Bajo el lema “El futuro de Sevilla empieza en cada municipio”, el encuentro reunió a alcaldes, concejales, cargos institucionales y militantes de la provincia y contó en su clausura con Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular; Antonio Repullo, secretario general del PP de Andalucía; y Ricardo Sánchez.
Los 23 alcaldes volverán a presentarse
El PP gobierna actualmente en 23 municipios de la provincia y ha anunciado que todos sus alcaldes volverán a concurrir en las municipales de 2027.
A ellos se sumará José Luis Sanz, que volverá a ser candidato a la Alcaldía de Sevilla capital, según la decisión anunciada previamente por la dirección nacional.
La formación asegura además tener ya definidos los candidatos correspondientes a municipios que agrupan al 80% de la población de la provincia, como parte de su preparación territorial para las próximas elecciones.
El modelo municipal, eje del encuentro
La Intermunicipal ha servido para analizar la gestión de los gobiernos locales y coordinar la estrategia de los distintos niveles institucionales.
La jornada incluyó tres mesas dedicadas al modelo de gestión municipal, la coordinación entre portavoces institucionales y la preparación de las municipales de 2027.
Entre los participantes estuvieron Javier Arenas, Toni Martín, Juan Ignacio Zoido, Juan Bravo y diferentes alcaldes y representantes municipales de la provincia.
Ricardo Sánchez ha reivindicado el carácter municipalista de su formación y ha defendido que el trabajo de alcaldes y concejales será uno de los pilares de la estrategia provincial para el próximo ciclo electoral.
Miguel Tellado y Antonio Repullo participan en la clausura
La jornada concluyó con las intervenciones de Ricardo Sánchez, Antonio Repullo y Miguel Tellado, reforzando la coordinación entre las estructuras provincial, autonómica y nacional del partido.
El encuentro de Utrera marca así el inicio de la preparación política y territorial del PP sevillano para las municipales de mayo de 2027, con la continuidad de sus actuales alcaldes y el avance en la designación de candidatos como principales anuncios organizativos.
Pedro Navarro abre otro frente con Christopher Rivas por el Hotel Oromana.
El portavoz de VOX en Alcalá de Guadaíra, Pedro Navarro, ha cuestionado la gestión municipal de la futura explotación del Hotel Oromana después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía haya estimado parcialmente un recurso contra la licitación y ordenado modificar determinados aspectos de los pliegos.
La resolución obliga al Ayuntamiento a reformular cuestiones relacionadas con los criterios de selección de candidatos, la valoración de la experiencia del director hotelero y la definición de mejoras arquitectónicas e inversiones complementarias.
Navarro califica lo sucedido como una “chapuza administrativa” y atribuye responsabilidad política al delegado municipal de Turismo, Christopher Rivas, quien figura oficialmente como responsable de esta área en el Ayuntamiento.
El Tribunal estima parcialmente el recurso
El procedimiento para adjudicar la explotación del Hotel Oromana recibió un recurso presentado por Iniciativas Sociales Productivas S.L. contra el anuncio de licitación, los pliegos y el acuerdo municipal de aprobación del expediente.
El Tribunal ha estimado parcialmente esa impugnación.
La resolución no anula toda la licitación ni obliga a comenzar desde cero. Mantiene elementos como la consideración del contrato como concesión de servicios, el procedimiento restringido, el objeto contractual y buena parte de los requisitos técnicos inicialmente establecidos.
Sí obliga, sin embargo, a corregir y precisar varios criterios antes de continuar con el proceso.
Navarro habla de un nuevo “error de bulto”
VOX interpreta la resolución como un revés para el Gobierno municipal y rechaza la explicación del Ayuntamiento de que se trate únicamente de modificaciones menores.
“Estamos ante otro error de bulto de Christopher Rivas y la alcaldesa con el turismo de Alcalá”, sostiene Pedro Navarro.
El portavoz acusa al Ejecutivo local de intentar presentar como un trámite ordinario una rectificación que, a juicio de VOX, evidencia deficiencias en la preparación de los pliegos.
La calificación de “chapuza administrativa” e “incompetencia” corresponde a la valoración política de la formación.
El Ayuntamiento defiende que el proyecto sigue adelante
El Gobierno municipal ofrece una interpretación diferente.
El Ayuntamiento sostiene que el Tribunal mantiene intacta la estructura principal de la concesión y que las modificaciones solicitadas no alterarán los plazos de ejecución previstos para el proyecto. Los servicios municipales trabajan ya en la adaptación de los pliegos para retomar la licitación.
El Consistorio destaca además que no es necesario repetir los estudios de viabilidad, la memoria justificativa o la configuración global de la concesión.
Por tanto, la resolución supone una estimación parcial del recurso y una modificación obligatoria de determinadas cláusulas, pero no la anulación completa del procedimiento.
Christopher Rivas, responsable municipal de Turismo
Navarro dirige especialmente sus críticas contra Christopher Rivas por su responsabilidad política al frente del área de Turismo.
El propio Ayuntamiento identifica a Rivas como delegado municipal de Turismo, área desde la que se está desarrollando también el Plan Estratégico Sostenible de Turismo 2026-2029.
VOX sostiene que el episodio del Hotel Oromana vuelve a retrasar la puesta en valor de uno de los principales activos turísticos y patrimoniales del municipio.
El futuro del Hotel Oromana vuelve al debate político
El Hotel Oromana es de titularidad municipal y el Ayuntamiento plantea su rehabilitación, modernización y explotación como una actuación estratégica para el desarrollo turístico de Alcalá de Guadaíra.
Navarro reclama ahora mayor rigor en el nuevo pliego y utiliza la resolución para cuestionar la política turística del Gobierno PSOE-AxSí.
VOX sostiene que Alcalá necesita una estrategia capaz de convertir su patrimonio y sus visitantes en actividad económica para el municipio, mientras el Ayuntamiento defiende que el proceso continuará una vez incorporadas las modificaciones exigidas por el Tribunal.
Reyes Romero lleva al Congreso la situación del Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.
La diputada nacional de VOX por Sevilla Reyes Romero ha trasladado al Congreso de los Diputados la situación del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla mediante una batería de preguntas escritas dirigidas al Gobierno.
La iniciativa reclama conocer si el Ejecutivo tiene previsto reforzar la plantilla del centro, actuar sobre las deficiencias de sus infraestructuras y adoptar medidas específicas para proteger a funcionarios penitenciarios y personal laboral ante los incidentes registrados durante los últimos meses.
“El Gobierno abandona a los trabajadores del centro penitenciario frente a la continua deriva de incendios, altercados y agresiones”, sostiene Reyes Romero. La afirmación sobre el “abandono” corresponde a la valoración política de VOX, aunque las denuncias sindicales sobre falta de personal e incidentes violentos sí se vienen repitiendo durante 2026.
Incendios, autolesiones y agresiones
El Psiquiátrico Penitenciario ha registrado varios episodios graves durante los últimos meses.
En junio, un interno prendió fuego a su celda y fue necesario evacuar preventivamente parte de las instalaciones. Fuentes de Instituciones Penitenciarias confirmaron entonces el incendio, mientras los sindicatos volvieron a reclamar más medios y personal.
En julio se produjo otro incendio durante la final del Mundial, seguido de un episodio de autolesiones y alteraciones del orden, según denunció ACAIP-UGT.
En agosto, varios trabajadores resultaron lesionados después de intervenir ante la conducta violenta de un interno. Tanto CSIF como ACAIP-UGT denunciaron aquel episodio y reclamaron un refuerzo de los recursos humanos y materiales del centro.
VOX pregunta por el déficit de plantilla
La iniciativa registrada por Reyes Romero pregunta directamente al Ejecutivo si piensa cubrir las plazas vacantes y reforzar el número de trabajadores disponibles.
VOX sostiene que la falta de personal condiciona la capacidad de respuesta ante situaciones violentas y aumenta el riesgo para quienes trabajan en el centro.
Las organizaciones sindicales han formulado críticas similares. En mayo, CSIF denunció una falta de técnicos auxiliares de enfermería y advirtió de turnos sin los binomios mínimos de seguridad para determinadas actuaciones.
Seguridad para funcionarios y personal laboral
Romero también pide saber si el Gobierno adoptará medidas urgentes para reforzar la seguridad de funcionarios y trabajadores.
La pregunta llega después de que CSIF señalara en agosto que los empleados penitenciarios afrontan agresiones, amenazas e insultos sin disponer, a su juicio, de medios humanos y materiales suficientes.
VOX reclama que Interior determine qué actuaciones piensa adoptar tanto sobre las instalaciones como sobre los protocolos y recursos disponibles para el personal.
La situación llega al Congreso
Con esta batería de preguntas, Reyes Romero traslada al ámbito parlamentario nacional las denuncias que los sindicatos del centro vienen realizando durante los últimos meses.
La diputada reclama al Ministerio del Interior explicaciones sobre tres cuestiones: plantilla, infraestructuras y seguridad.
VOX sostiene que las agresiones y altercados registrados exigen una respuesta inmediata del Ejecutivo y reclama que los trabajadores puedan desarrollar su labor con medios suficientes y garantías de protección.