Rafael Hernando: «España merece unas elecciones y tiene alternativas»
El diputado nacional del Partido Popular por Almería, Rafael Hernando, ha reclamado al Gobierno de España una respuesta ante la situación migratoria de Ceuta y le ha pedido que utilice las herramientas disponibles en la legislación europea para reforzar el control fronterizo y evitar que la situación se prolongue.
Hernando cuestiona la caracterización de lo ocurrido únicamente como una crisis migratoria y sostiene que se produjo una entrada “masiva y organizada”, una valoración política que enmarca su petición de una actuación más contundente por parte del Ejecutivo.
Las nuevas herramientas europeas
El diputado ha puesto especialmente el foco en el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró plenamente en aplicación el pasado 12 de junio.
El nuevo marco europeo establece procedimientos comunes para registrar y controlar las llegadas irregulares, procedimientos fronterizos acelerados en determinados supuestos y mecanismos específicos para afrontar situaciones de crisis o instrumentalización migratoria.
También contempla procedimientos de retorno para quienes, después de la correspondiente evaluación, no tengan derecho legal a permanecer en la Unión Europea.
Estos procedimientos deben realizarse respetando las garantías jurídicas, los derechos fundamentales y el principio de no devolución.
Hernando considera que el Gobierno debería aprovechar esas herramientas para acelerar los procedimientos que correspondan legalmente y evitar que la situación de Ceuta se cronifique.
“Ceuta no puede convertirse en un CETI estructural”
El diputado popular ha reclamado asimismo que el Estado garantice la seguridad y los derechos de los ciudadanos ceutíes y ha pedido al Ejecutivo que escuche las preocupaciones planteadas desde la ciudad autónoma.
“Ceuta no puede convertirse en un CETI estructural”, ha afirmado Hernando, que reclama una política de Estado específica para la ciudad.
El parlamentario ha defendido también la actuación del presidente ceutí, Juan Vivas, al que ha definido como un “hombre de Estado”.
Hernando reclama elecciones
La intervención ha terminado ampliando el debate a la situación política nacional.
Hernando ha criticado la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha defendido una nueva convocatoria electoral para que los ciudadanos decidan en las urnas.
“España merece unas elecciones y tiene alternativas”, ha afirmado.
El diputado almeriense mantiene así la presión sobre el Gobierno en torno a Ceuta, combinando su reclamación de aplicar las nuevas herramientas europeas de migración con la exigencia de una respuesta estatal que evite prolongar la actual situación.
Félix de las Cuevas: «Necesitamos más agentes, más medios y menos excusas»
El diputado nacional del Partido Popular por Cantabria, Félix de las Cuevas, ha reclamado al delegado del Gobierno, Pedro Casares, que adopte medidas ante el incremento de la criminalidad registrado en Cantabria durante el primer semestre de 2026.
Según los datos citados por De las Cuevas a partir del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, la criminalidad aumentó un 4,9% en Cantabria respecto al mismo periodo de 2025, frente al 0,5% que señala para el conjunto de España.
“Los cántabros tienen derecho a vivir tranquilos y Pedro Casares tiene la obligación de garantizarlo”, ha afirmado.
Más agentes y medios
El diputado popular reclama un refuerzo de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil y mayores recursos para afrontar tanto la delincuencia convencional como la cibercriminalidad.
“Necesitamos más agentes, más medios y menos excusas”, ha señalado De las Cuevas, quien considera que la evolución de los datos debe llevar a la Delegación del Gobierno a reforzar sus actuaciones en materia de seguridad.
Durante los seis primeros meses del año se contabilizaron, según los datos recogidos por el PP cántabro, 12.944 infracciones penales, frente a las 12.344 registradas en el mismo periodo de 2025.
La criminalidad convencional habría aumentado un 5,5%.
Drogas, lesiones y cibercriminalidad
De las Cuevas ha destacado especialmente la evolución de determinadas categorías delictivas.
Los delitos relacionados con el tráfico de drogas pasan de 33 a 61, lo que supone un incremento del 84,8%, mientras los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias pasan de 169 a 222, un 31,4% más.
El balance citado recoge además tres homicidios dolosos y asesinatos consumados frente a ninguno durante el mismo periodo del año anterior.
La cibercriminalidad habría aumentado un 3,4%, hasta alcanzar 3.709 infracciones, mientras las estafas informáticas suben un 5,1%, hasta las 3.283.
De las Cuevas considera que estos datos muestran una transformación de las modalidades delictivas y reclama que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispongan de recursos adaptados tanto a los delitos convencionales como a los cometidos a través de medios digitales.
Iniciativas en el Congreso
La reclamación de De las Cuevas tiene también recorrido parlamentario. El diputado cántabro ha presentado iniciativas en el Congreso relacionadas con el número de efectivos de la Guardia Civil destinados en Cantabria, las vacantes existentes y los refuerzos de plantilla.
Entre ellas figura una iniciativa para incrementar los efectivos de la Guardia Civil, revisar las plantillas y reforzar los medios materiales, técnicos y logísticos disponibles en la comunidad.
El diputado mantiene ahora esa reclamación ante los últimos datos conocidos y dirige la presión política hacia el delegado del Gobierno.
“Vamos a seguir reclamando los efectivos y los medios que Cantabria necesita”, ha concluido.
Reyes Romero lleva al Congreso la situación del Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.
La diputada nacional de VOX por Sevilla Reyes Romero ha trasladado al Congreso de los Diputados la situación del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla mediante una batería de preguntas escritas dirigidas al Gobierno.
La iniciativa reclama conocer si el Ejecutivo tiene previsto reforzar la plantilla del centro, actuar sobre las deficiencias de sus infraestructuras y adoptar medidas específicas para proteger a funcionarios penitenciarios y personal laboral ante los incidentes registrados durante los últimos meses.
“El Gobierno abandona a los trabajadores del centro penitenciario frente a la continua deriva de incendios, altercados y agresiones”, sostiene Reyes Romero. La afirmación sobre el “abandono” corresponde a la valoración política de VOX, aunque las denuncias sindicales sobre falta de personal e incidentes violentos sí se vienen repitiendo durante 2026.
Incendios, autolesiones y agresiones
El Psiquiátrico Penitenciario ha registrado varios episodios graves durante los últimos meses.
En junio, un interno prendió fuego a su celda y fue necesario evacuar preventivamente parte de las instalaciones. Fuentes de Instituciones Penitenciarias confirmaron entonces el incendio, mientras los sindicatos volvieron a reclamar más medios y personal.
En julio se produjo otro incendio durante la final del Mundial, seguido de un episodio de autolesiones y alteraciones del orden, según denunció ACAIP-UGT.
En agosto, varios trabajadores resultaron lesionados después de intervenir ante la conducta violenta de un interno. Tanto CSIF como ACAIP-UGT denunciaron aquel episodio y reclamaron un refuerzo de los recursos humanos y materiales del centro.
VOX pregunta por el déficit de plantilla
La iniciativa registrada por Reyes Romero pregunta directamente al Ejecutivo si piensa cubrir las plazas vacantes y reforzar el número de trabajadores disponibles.
VOX sostiene que la falta de personal condiciona la capacidad de respuesta ante situaciones violentas y aumenta el riesgo para quienes trabajan en el centro.
Las organizaciones sindicales han formulado críticas similares. En mayo, CSIF denunció una falta de técnicos auxiliares de enfermería y advirtió de turnos sin los binomios mínimos de seguridad para determinadas actuaciones.
Seguridad para funcionarios y personal laboral
Romero también pide saber si el Gobierno adoptará medidas urgentes para reforzar la seguridad de funcionarios y trabajadores.
La pregunta llega después de que CSIF señalara en agosto que los empleados penitenciarios afrontan agresiones, amenazas e insultos sin disponer, a su juicio, de medios humanos y materiales suficientes.
VOX reclama que Interior determine qué actuaciones piensa adoptar tanto sobre las instalaciones como sobre los protocolos y recursos disponibles para el personal.
La situación llega al Congreso
Con esta batería de preguntas, Reyes Romero traslada al ámbito parlamentario nacional las denuncias que los sindicatos del centro vienen realizando durante los últimos meses.
La diputada reclama al Ministerio del Interior explicaciones sobre tres cuestiones: plantilla, infraestructuras y seguridad.
VOX sostiene que las agresiones y altercados registrados exigen una respuesta inmediata del Ejecutivo y reclama que los trabajadores puedan desarrollar su labor con medios suficientes y garantías de protección.
Jacobo Robatto exige más medios contra el narcotráfico en Granada.
El diputado nacional de VOX por Granada, Jacobo Robatto, ha reclamado al Gobierno más medios humanos y materiales para combatir el narcotráfico después de que la última Memoria de la Fiscalía alertara de la expansión del cultivo de marihuana y de la creciente presencia de organizaciones criminales extranjeras en la provincia.
Granada registró durante 2025 un incremento del 26,18% en los procedimientos relacionados con el tráfico de drogas, según los datos recogidos por la Fiscalía. El aumento contrasta con el ligero descenso registrado en el conjunto andaluz.
La Fiscalía señala además que el cultivo indoor continúa extendiéndose y que estas actividades están siendo desarrolladas cada vez más por organizaciones extranjeras, entre ellas grupos albaneses, lituanos y holandeses. El informe advierte de que algunas han llegado a expulsar violentamente de sus viviendas a vecinos que residían tradicionalmente en estas zonas.
“No podemos permitir que los vecinos tengan que abandonar sus casas mientras las mafias convierten nuestros barrios en fortines del narcotráfico”, ha afirmado Robatto.
Fiscalía alerta del avance de organizaciones extranjeras
La advertencia no aparece por primera vez en los informes del Ministerio Fiscal. Memorias anteriores ya habían señalado la implantación de organizaciones dedicadas al cultivo y distribución de cannabis en Granada.
Entre las zonas que han aparecido vinculadas a este fenómeno figuran Atarfe, Albolote, Pinos Puente y la zona Norte de la capital.
La actividad policial continúa reflejando la dimensión del problema. En agosto, la Guardia Civil desmanteló tres centros de producción de marihuana en Pinos Puente, intervino 1.365 plantas y detectó 30 conexiones ilegales a la red eléctrica.
En otra operación desarrollada en septiembre en Alhendín fueron intervenidas 742 plantas y detenidas siete personas después de que las quejas vecinales por el fuerte olor y problemas en el suministro eléctrico desencadenaran la investigación.
Robatto reclama más agentes y recursos
El diputado de VOX sostiene que el aumento de la complejidad y violencia de estas organizaciones exige reforzar a Policía Nacional y Guardia Civil.
“Los agentes necesitan recursos y personal para enfrentarse a organizaciones cada vez más profesionales y violentas”, ha señalado.
La propia Fiscalía ha advertido de la necesidad de mejorar los medios disponibles para investigar el narcotráfico y de las dificultades generadas por procedimientos cada vez más complejos, con armas, importantes cantidades de droga y numerosos investigados.
Robatto ya había reclamado anteriormente mejoras en los medios materiales de la Guardia Civil en Granada, incluyendo la renovación del parque móvil utilizado por los agentes.
Protección para los vecinos que denuncian
VOX pone también el foco en quienes colaboran con las Fuerzas de Seguridad denunciando actividades de cultivo o tráfico de drogas.
Robatto reclama mecanismos de protección para evitar represalias contra residentes que faciliten información sobre organizaciones criminales.
“Un vecino que se atreve a denunciar a una mafia no puede quedarse solo”, ha defendido.
El diputado utiliza la expresión “narco-okupación” para referirse a la ocupación o control de viviendas por organizaciones vinculadas al narcotráfico. La Fiscalía, por su parte, sí documenta que algunas organizaciones extranjeras han llegado a expulsar violentamente a residentes de sus viviendas.
Para Robatto, el crecimiento del 26,18% de los procedimientos obliga a reforzar la actuación policial y judicial antes de que estas organizaciones consoliden un mayor control sobre determinadas zonas de Granada.
Patricia Rueda reclama un Plan Nacional del Agua para garantizar abastecimiento y regadíos.
La diputada nacional de VOX por Málaga, Patricia Rueda, ha reclamado en el Congreso la puesta en marcha de un Plan Nacional del Agua y ha exigido acelerar la segunda fase del Canal de Navarra, una infraestructura que considera estratégica para garantizar el abastecimiento y ampliar el regadío.
Rueda intervino durante el debate de una moción de UPN que reclamaba al Gobierno cumplir el mandato parlamentario de establecer un calendario para licitar y adjudicar las obras. La iniciativa fue aprobada el 16 de septiembre por 172 votos a favor, 17 en contra y 157 abstenciones.
“VOX siempre ha defendido la necesidad de un Plan Nacional del Agua bajo el principio de solidaridad y bien común, con el objetivo de garantizar el abastecimiento”, ha señalado la diputada.
Rueda reclama pasar de los anuncios a las obras
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció el 9 de septiembre que espera que el convenio entre el Gobierno central y Navarra para la segunda fase del Canal pueda aprobarse y firmarse en octubre.
El Ministerio se encuentra a la espera del informe de la Abogacía del Estado antes de elevar el convenio al Consejo de Ministros y continuar posteriormente con los trámites para la licitación.
Rueda ha cuestionado estos plazos y ha reclamado mayor rapidez al Ejecutivo.
“¿Qué espera este Gobierno?”, ha preguntado desde la tribuna, contraponiendo los retrasos en las infraestructuras hidráulicas con la agilidad que, a juicio de VOX, demuestra el Ejecutivo en otras decisiones políticas.
VOX defiende un Plan Nacional del Agua
La posición trasladada por Rueda no es nueva. En abril, la diputada ya defendió en el Congreso un Plan Nacional del Agua durante un debate sobre infraestructuras hídricas en Andalucía.
Entonces reclamó nuevas obras hidráulicas y criticó los retrasos tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía.
Rueda sostiene ahora que los problemas que afectan a Navarra se repiten en otras comunidades.
“Lo que sucede en Navarra sucede en Andalucía. En Málaga, por ejemplo, también estamos padeciendo la falta de construcción de infraestructuras hídricas que supone la falta de agua”, ha señalado.
Una infraestructura estratégica para Navarra
La segunda fase del Canal de Navarra está destinada, entre otros objetivos, a extender el abastecimiento y el regadío hacia la Ribera.
El propio Congreso ya había aprobado en abril otra moción que calificaba el Canal como una infraestructura estratégica y reclamaba al Gobierno un cronograma concreto para su licitación.
El proyecto cuenta además con financiación prevista mediante un préstamo de 228 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, según documentación parlamentaria.
Para VOX, la disponibilidad de agua debe abordarse desde una planificación nacional que tenga en cuenta las necesidades de hogares, explotaciones agrarias, industria y territorios con déficit hídrico.
Rueda cuestiona también las prioridades de gasto
Durante su intervención, la diputada contrapuso los retrasos de las infraestructuras hidráulicas con el gasto destinado por Navarra a políticas de acogida de menores extranjeros.
Los datos conocidos del Gobierno foral sitúan actualmente en 207 los menores extranjeros no acompañados atendidos en Navarra, con un coste aproximado de 1,37 millones de euros mensuales. Ese coste depende del tipo de recurso y es el mismo para menores extranjeros y menores procedentes de familias residentes en Navarra que requieren la misma protección.
El presupuesto navarro para protección y atención a la infancia y adolescencia asciende en 2026 a 68,3 millones de euros y comprende el conjunto del sistema, no exclusivamente la atención a menores extranjeros.
Rueda ha utilizado este contraste para reclamar que las infraestructuras hídricas reciban mayor prioridad presupuestaria y administrativa y ha defendido que la segunda fase del Canal de Navarra deje de acumular nuevos retrasos.
Edurne Uriarte cuestiona el decreto de lobis y exige recuperar la ley que ya tramita el Congreso.
La diputada del Grupo Parlamentario Popular Edurne Uriarte ha defendido en el Pleno del Congreso la necesidad de regular la actividad de los grupos de interés, pero ha cuestionado la fórmula elegida por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 21/2026.
Uriarte ha sostenido que el problema no reside en establecer reglas de transparencia para los lobis, sino en haber utilizado una norma urgente mientras permanece abierta la tramitación de un proyecto de ley sobre la misma materia.
El Congreso confirma que ese proyecto fue presentado por el Gobierno el 30 de enero de 2025 y continúa actualmente en fase de informe en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Uriarte pide recuperar el proyecto de ley
La dirigente popular ha defendido que regular los grupos de interés contribuye a mejorar la transparencia y la calidad democrática.
“Votar no al real decreto no es votar contra la regulación de los lobis”, ha afirmado.
Uriarte propone reactivar el proyecto ya existente, corregir durante su tramitación los aspectos que el PP cuestiona y culminar el proceso mediante una ley debatida en el Parlamento.
El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno crea un registro estatal, público y obligatorio y establece obligaciones de transparencia, conducta y trazabilidad para la actividad de influencia ante la Administración General del Estado.
Choque con Óscar López por sus declaraciones sobre los jueces
Uriarte también ha cuestionado la credibilidad política del ministro Óscar López para presentar una norma centrada en integridad y Estado de derecho.
La diputada ha relacionado esta crítica con unas declaraciones previas del ministro sobre jueces a los que calificó de “lobos solitarios” y ha interpretado esa expresión como un ataque al Poder Judicial.
Esta valoración corresponde a Uriarte y forma parte del enfrentamiento político mantenido con López durante el debate.
Una modificación sobre descarbonización dentro del decreto
Uriarte ha criticado igualmente que el decreto sobre grupos de interés incorpore una modificación normativa relacionada con la descarbonización.
El texto publicado en el BOE confirma que su disposición final tercera modifica el Real Decreto 611/2026, sobre descarbonización del transporte y combustibles renovables, para anticipar al 31 de diciembre de 2026 los efectos de determinadas obligaciones.
La diputada ha utilizado esta disposición para cuestionar la técnica legislativa empleada por el Ejecutivo y defender que la regulación de los lobis continúe mediante el proyecto de ley ordinario.
Uriarte menciona también a Zapatero
Durante su intervención, Uriarte se refirió además a informaciones periodísticas sobre supuestas gestiones de personas vinculadas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con grupos parlamentarios para recabar apoyos al decreto.
Se trata de una acusación política formulada por la diputada a partir de informaciones publicadas y no de un hecho acreditado por el texto legal.
Uriarte ha concluido reclamando recuperar la vía parlamentaria ordinaria: “Reactivemos el proyecto, corrijamos los problemas del real decreto y culminemos una ley que demanda toda democracia avanzada”.
Marí Bosó denuncia medidas «mal diseñadas» para afrontar la crisis de Ceuta.
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, ha cuestionado el Real Decreto-ley de apoyo económico y social a Ceuta durante su debate en el Pleno y ha acusado al Gobierno de utilizar las ayudas como instrumento de propaganda.
“Las medidas no persiguen ayudar a los ceutíes, sino que solo vienen a esparcir la propaganda típica de este Gobierno”, ha afirmado Marí Bosó durante su intervención.
El Real Decreto-ley 22/2026 moviliza 309 millones de euros en medidas sociales, económicas, de seguridad y atención humanitaria. Entre ellas figuran ayudas directas a empresas y autónomos afectados por la crisis.
“Falta la principal medida: volver a la normalidad”
Marí Bosó ha sostenido que el principal problema del decreto es que no garantiza lo que considera la prioridad de los ceutíes: recuperar la normalidad y evitar que vuelva a producirse una situación similar.
El diputado ha rechazado la caracterización de lo ocurrido únicamente como crisis migratoria y lo ha definido como una vulneración de la integridad territorial, una interpretación política que el PP viene defendiendo desde los acontecimientos de finales de julio.
También ha recordado la crisis fronteriza de mayo de 2021 y ha cuestionado que los cambios posteriores en la política española hacia Marruecos hayan evitado nuevos episodios de tensión.
El PP cuestiona el diseño de las ayudas
El portavoz adjunto ha acusado al Ejecutivo de intentar compensar con gasto público lo que considera fallos previos de gestión.
Marí Bosó ha citado como comparación las ayudas aprobadas en otras emergencias y ha reclamado a Carlos Cuerpo que aclare qué medidas son realmente nuevas y cuáles proceden de programas ya anunciados.
“Las mismas medidas empaquetadas una y otra vez con diferentes lacitos”, ha ironizado.
El decreto contempla, entre otras actuaciones, ayudas a autónomos y empresas, medidas laborales y fondos destinados a seguridad y servicios esenciales.
Mensaje a los ceutíes
Marí Bosó ha cerrado su intervención trasladando un mensaje de apoyo a los ciudadanos de Ceuta y pidiéndoles que “no tengan miedo, no se resignen y no caigan en la desesperanza”.
El diputado ha reclamado que cualquier paquete económico vaya acompañado de garantías de seguridad, recuperación de la actividad y una estrategia destinada a evitar nuevas crisis.
Sergio Sayas acusa al Gobierno de gastar miles de millones sin resolver el problema de la vivienda.
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Sergio Sayas, ha acusado al Gobierno de haber llevado la política de vivienda a un “absoluto colapso” y ha reclamado soluciones que permitan aumentar la oferta y facilitar especialmente la emancipación de los jóvenes.
Durante la sesión de control, Sayas ha cuestionado la política desarrollada por el Ministerio de Vivienda y ha contrapuesto los recursos movilizados por el Ejecutivo con el número de viviendas que actualmente están disponibles a través de sus nuevos instrumentos públicos.
El diputado popular ha calificado como un “drama” la situación que afrontan muchos jóvenes para acceder a una vivienda.
Sayas cuestiona CASA47 y el nuevo portal estatal
El portavoz adjunto del GPP ha puesto el foco en CASA47 y en el portal público de vivienda presentado recientemente por el Gobierno.
Sayas ha criticado que el portal comenzara ofreciendo 800 viviendas y ha utilizado esa cifra para cuestionar la eficiencia del gasto público destinado a las nuevas políticas estatales de vivienda.
El Gobierno presentó el portal el pasado 7 de septiembre con 800 viviendas inicialmente disponibles y anunció la próxima incorporación de otras 1.500.
También ha cuestionado los 13.000 millones de euros de inversión previstos para CASA47, cifra que el Ejecutivo plantea desplegar a lo largo de diez años para aumentar el parque estatal de vivienda asequible.
Sayas considera que esos recursos deberían traducirse de manera más rápida en nuevas viviendas disponibles y acusa al Ejecutivo de crear estructuras administrativas que, a su juicio, no resuelven el problema inmediato.
El PP reclama aumentar la oferta
El diputado ha insistido en una de las principales críticas que viene formulando en materia de vivienda: considera que el problema no puede resolverse sin incrementar de forma sustancial la oferta.
En anteriores intervenciones parlamentarias, Sayas ha defendido agilizar licencias, liberar suelo y acelerar la construcción como principales vías para facilitar el acceso a la vivienda.
Por su parte, el Gobierno sostiene que CASA47 permitirá construir, adquirir y gestionar vivienda pública de alquiler asequible de manera permanente. En junio, el Ejecutivo informó de 68 proyectos activos, con 3.266 viviendas en actuaciones de edificación y suelo con capacidad potencial para otras 22.000.
Los jóvenes, en el centro de la crítica
Sayas ha señalado especialmente las dificultades de emancipación y el peso que alquileres y compra de vivienda tienen sobre las economías familiares.
El parlamentario sostiene que el Ejecutivo responde al aumento de los precios con más intervención y estructuras públicas en lugar de abordar la falta de oferta que, según el PP, está detrás de buena parte del problema.
La vivienda se convierte así nuevamente en materia de control parlamentario, con dos planteamientos enfrentados: el PP reclama aumentar oferta, suelo y seguridad jurídica, mientras el Gobierno defiende la expansión permanente del parque público de alquiler asequible.