Cayetana Álvarez de Toledo pide el «desahucio» político de Pedro Sánchez de La Moncloa.
La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo ha acusado al Gobierno de eludir responsabilidades políticas y ha dirigido sus críticas al ministro Félix Bolaños en una intervención en la que ha abordado la vivienda, los desahucios y diferentes controversias que afectan al Ejecutivo.
“De apóstoles de la responsabilidad política a emperadores del escaqueo”, ha afirmado Álvarez de Toledo al inicio de su intervención, antes de enumerar asuntos como la corrupción, el apagón o la situación de Ceuta para sostener que el Ejecutivo evita asumir responsabilidades.
La diputada ha recurrido después al caso Maricarmen para cuestionar el discurso del Gobierno en materia de vivienda. “Ya tienen ustedes su 15-M”, ha ironizado, antes de criticar las posiciones expresadas desde el propio Ejecutivo sobre los desahucios y la propiedad.
Álvarez de Toledo ha centrado parte de sus críticas en la vicepresidenta del Gobierno, a quien ha acusado de “arengar a las masas contra el Gobierno de España” y ha cuestionado sus planteamientos sobre los propietarios y las expropiaciones.
También ha contrapuesto el debate sobre los desahucios en Madrid con la situación de Cataluña y ha recordado una promesa de Pedro Sánchez sobre esta materia. Según la cifra citada por la diputada durante su intervención, durante estos años se habrían producido 272.000 desahucios.
La parlamentaria ha dirigido posteriormente sus críticas a Bolaños por la política de vivienda del Ejecutivo y ha cuestionado los dos decretos planteados por el Gobierno.
Según Álvarez de Toledo, las medidas propuestas tendrían como consecuencia “hundir el alquiler, premiar la ocupación, criminalizar al casero, arrasar la clase media y condenar a los jóvenes a no emanciparse jamás”. Estas afirmaciones corresponden a la valoración política realizada por la diputada sobre las medidas anunciadas.
La dirigente popular ha anticipado además las críticas que, a su juicio, recibiría por su intervención —“ultra, facha, fondo buitre”— y ha acusado a la izquierda de utilizar el caso de una mujer amenazada de desahucio como herramienta política para desviar la atención de la situación del Gobierno.
“Sobrevuelan el desahucio de una anciana para que los españoles no desahucien a Sánchez”, ha afirmado.
Álvarez de Toledo ha concluido acusando al Ejecutivo de enfrentar a la sociedad contra la propiedad, la ley y el Estado y ha cerrado su intervención con una referencia directa a Pedro Sánchez: “España necesita un desahucio urgente: el suyo de La Moncloa”.
Las cifras, caracterizaciones y acusaciones recogidas corresponden a la intervención facilitada de Cayetana Álvarez de Toledo y se presentan como declaraciones y valoraciones políticas de la diputada.
Ignacio Hoces exige poner fin al «abandono» de Ceuta y reclama expulsiones inmediatas.
El diputado de VOX por Badajoz, Ignacio Hoces, ha denunciado el «abandono» que, a su juicio, sufre Ceuta por parte del Gobierno y ha reclamado una política de defensa de las fronteras basada en el cumplimiento de la ley.
Hoces ha trasladado estas críticas al Congreso, donde recientemente interpeló al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática sobre las medidas adoptadas ante la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Su condición de diputado por Badajoz y esta intervención parlamentaria constan en la documentación oficial de la Cámara.
El diputado ha criticado que, mientras los ceutíes denuncian problemas de seguridad, el Ejecutivo «trata con guante de seda a los invasores» y responde, según sostiene, con «insultos y desprecios» a quienes reclaman proteger las fronteras.
«Mientras el Gobierno ha convertido Ceuta en un infierno, trata con guante de seda a los invasores», ha afirmado.
Hoces acusa a Marruecos de «instrumentalizar la inmigración ilegal»
El diputado de VOX también ha acusado a Marruecos de «instrumentalizar la inmigración ilegal» contra España y ha reprochado al Ejecutivo su actuación en la protección de las fronteras.
En este sentido, Hoces ha reclamado que se tengan en cuenta los informes de los servicios de inteligencia a la hora de adoptar decisiones destinadas a garantizar la seguridad nacional.
El parlamentario utiliza expresiones como «invasión» o «guerra híbrida» para definir lo sucedido en Ceuta, términos que forman parte del diagnóstico político defendido por VOX y que el propio Hoces empleó en su reciente intervención en el Congreso.
Reclama aplicar el acuerdo con Marruecos de 2007
Hoces también ha criticado la política del Ejecutivo respecto a los menores extranjeros no acompañados y ha reclamado el cumplimiento del acuerdo suscrito entre España y Marruecos en 2007.
El diputado defiende que los menores procedentes de Marruecos sean retornados a ese país para favorecer su reunificación familiar y su permanencia en su entorno de origen.
La existencia del acuerdo de 2007 y la petición de VOX para que sea aplicado han formado parte de una iniciativa parlamentaria registrada por el grupo en el Congreso. La proposición reclamaba facilitar el retorno de los menores a sus países de origen y la reunificación familiar. La iniciativa fue rechazada por el Pleno el pasado 16 de septiembre por 177 votos frente a 170.
«No se va a rendir Ceuta y Melilla»
Hoces ha reivindicado además la españolidad de Ceuta y Melilla y ha rechazado cualquier negociación sobre la soberanía de ambos territorios.
«No se va a rendir Ceuta y Melilla», ha asegurado.
El diputado ha defendido convertir ambas ciudades en «la gran plaza mayor de Occidente», seguras y prósperas y con la bandera española «ondeando y brillando más que nunca».
Expulsiones inmediatas y reforma de la Ley de Extranjería
En materia migratoria, Hoces ha reclamado modificar la Ley de Extranjería para establecer un procedimiento de expulsión inmediata cuando exista una situación que VOX considere de «guerra híbrida o de invasión al territorio nacional».
Asimismo, ha defendido la deportación de quienes entren ilegalmente en España.
El Grupo Parlamentario VOX ya ha trasladado al Congreso propuestas para efectuar la devolución a Marruecos de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta y reforzar de manera permanente los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en Ceuta y Melilla.
Más recursos para seguridad y defensa
Por último, Hoces ha reclamado una auditoría de todos los gastos derivados de la situación migratoria y ha defendido destinar mayores recursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas.
«La seguridad de España jamás se improvisa, la seguridad nacional jamás se negocia y la dignidad de España jamás se mendiga», ha afirmado.
El diputado ha concluido reclamando «que la ley vuelva a la frontera, que la autoridad vuelva a nuestras plazas y barrios y que el respeto vuelva a los españoles que han sido abandonados, insultados y vejados por este Gobierno».
Juan Antonio Rojas reclama más medios para la Policía Nacional en Canarias.
El diputado del Grupo Parlamentario Popular por Santa Cruz de Tenerife, Juan Antonio Rojas, ha impulsado en la Comisión Mixta sobre Insularidad una Proposición no de Ley dirigida a reforzar los medios, las infraestructuras y la estabilidad de las plantillas de la Policía Nacional en Canarias.
La iniciativa plantea cuatro actuaciones: poner en funcionamiento la Unidad de Guías Caninos prevista para la provincia de Santa Cruz de Tenerife; establecer servicios permanentes de documentación y extranjería en El Hierro y La Gomera; impulsar un plan de rehabilitación y adecuación de las dependencias policiales con mayores deficiencias; y adoptar medidas para mejorar la cobertura y estabilidad de las plantillas.
Rojas ha puesto especialmente el foco en la situación de El Hierro y La Gomera, que, según recoge la iniciativa, son las únicas islas del archipiélago sin presencia permanente de la Policía Nacional. Esta circunstancia obliga a sus ciudadanos a desplazarse a otras islas para realizar determinados trámites.
En materia de infraestructuras, el diputado ha reclamado actuaciones en las dependencias de La Laguna, Puerto de la Cruz-Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
La propuesta aborda también las dificultades que generan la insularidad y la doble insularidad a la hora de cubrir determinados puestos y garantizar la permanencia de los agentes.
Por este motivo, la iniciativa plantea revisar los incentivos económicos y profesionales vinculados a la insularidad y a los destinos considerados de difícil cobertura, con el objetivo de favorecer una mayor estabilidad de las plantillas.
Rojas defiende que Canarias debe disponer de instalaciones adecuadas, unidades operativas y un número suficiente y estable de agentes para garantizar la prestación de los servicios públicos sin tener que esperar a situaciones que requieran refuerzos extraordinarios.
La iniciativa del GPP busca así reforzar la presencia de la Policía Nacional en el archipiélago mediante mejoras en medios, infraestructuras, servicios y condiciones para la cobertura de puestos.
José Ramírez del Río exige una estrategia nacional propia para garantizar el futuro del campo español.
Los diputados de VOX José Ramírez y Tomás Fernández han fijado la posición de su grupo ante varias iniciativas debatidas en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, con especial atención al relevo generacional, la rentabilidad del cereal, los fertilizantes, los productos fitosanitarios y la protección social de los buzos profesionales.
La sesión se celebró el 23 de septiembre y abordó, entre otras cuestiones, una proposición no de ley del Grupo Popular para establecer las bases de una Estrategia Nacional de Relevo Generacional dentro del marco propuesto por la Comisión Europea.
Una estrategia de relevo generacional adaptada al campo español
José Ramírez defendió la necesidad de facilitar la incorporación de jóvenes a las explotaciones agrícolas y ganaderas, pero cuestionó que España deba limitarse a aplicar el planteamiento marcado desde Bruselas.
«Deberíamos plantear una estrategia nacional propia, la que necesite nuestro campo para mejorar la situación y no la que plantea la Unión Europea», afirmó el diputado por Córdoba. VOX presentó una enmienda con propuestas como reducciones fiscales para facilitar la transmisión de explotaciones, medidas financieras para modernizarlas y cambios en la PAC.
Aunque su enmienda no fue incorporada y la iniciativa se votó finalmente en sus propios términos, VOX respaldó la proposición. El texto salió adelante en comisión con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Fernández reclama mayor protección para los buzos profesionales
Tomás Fernández intervino también en la proposición relativa a la mejora del coeficiente reductor de los buzos profesionales, presentada formalmente por el Grupo Mixto y defendida por Martina Velarde, de Podemos.
El diputado de VOX por Huelva aseguró compartir la preocupación por las condiciones de una profesión que calificó de especialmente dura y peligrosa. Su grupo presentó una enmienda para ampliar la protección de estos trabajadores y defendió, entre otras medidas, que se reconozca adecuadamente el desgaste acumulado durante su vida laboral.
«Si realmente queremos reconocer la singularidad de esta profesión, hay que poder garantizar a quienes se juegan literalmente la vida bajo el agua una protección social acorde con el trabajo que realizan», sostuvo Fernández.
VOX se abstuvo en la votación de la iniciativa.
Ramírez: «El campo no tiene un déficit de regulaciones, tiene un déficit de rentabilidad»
La formación votó en contra de la proposición socialista relativa al refuerzo de la autonomía estratégica en fertilizantes y a la promoción de la bioeconomía circular en el sector agrario, cuya autoría corresponde al Grupo Parlamentario Socialista.
Ramírez reconoció la dependencia exterior de determinadas materias primas y la importancia estratégica de los fertilizantes, pero criticó el enfoque de la iniciativa. A su juicio, la propuesta subordinaba sus medidas a nuevas exigencias sanitarias y medioambientales y terminaba reclamando «más marco regulador, más control oficial y más fertilización sostenible al estilo del Pacto Verde».
«El campo no tiene un déficit de regulaciones, tiene un déficit de rentabilidad», afirmó el diputado, que vinculó la posición de VOX a su rechazo a nuevas cargas regulatorias sobre el sector primario.
VOX apoya medidas para mejorar la rentabilidad del cereal
Ramírez respaldó, en cambio, la proposición del Grupo Popular para adoptar medidas de apoyo al sector del cereal ante la crisis de rentabilidad y la presión de los mercados internacionales. La iniciativa fue presentada por el PP —y no por el PSOE— y terminó aprobada con una enmienda de Esquerra Republicana incorporada.
El diputado por Córdoba anunció expresamente el voto favorable de VOX y defendió la necesidad de «articular mecanismos para mejorar la producción de cereales en España».
Ramírez consideró además «imprescindible asegurar la rentabilidad» de los agricultores ante la volatilidad de los mercados internacionales y la competencia exterior.
Rechazo a crear otro observatorio sobre fitosanitarios
Finalmente, VOX votó en contra de la proposición del Grupo Parlamentario Republicano sobre la mejora de la disponibilidad de soluciones fitosanitarias eficaces y la respuesta ante necesidades fitosanitarias urgentes. La iniciativa planteaba, entre otras cuestiones, la creación de un observatorio de sanidad vegetal.
Ramírez explicó que VOX compartía parte del diagnóstico y presentó una enmienda, pero rechazó la creación de un nuevo organismo al considerar que ya existen estructuras autonómicas, nacionales y europeas dedicadas a estas materias.
Según el diputado, añadir otro observatorio podría incrementar el gasto y «crear una mayor dificultad para establecer criterios claros», por lo que advirtió de que, si la enmienda de VOX no era aceptada, su grupo no apoyaría el texto.
Las intervenciones de Ramírez y Fernández situaron así la rentabilidad de las explotaciones, la reducción de cargas y una política agraria definida desde las necesidades españolas entre los principales argumentos defendidos por VOX durante la comisión.
Agustín Conde exige a Margarita Robles explicar qué órdenes dio a las Fuerzas Armadas.
El diputado del Grupo Parlamentario Popular Agustín Conde ha preguntado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, qué órdenes impartió a las Fuerzas Armadas tras los avisos que, según sostiene el PP, recibió de los servicios de inteligencia antes de la crisis de Ceuta.
“Cuando el CNI y el CIFAS le informaron de un inminente ataque a las fronteras de España en Ceuta, ¿qué órdenes impartió usted a las Fuerzas Armadas?”, ha preguntado Conde durante la sesión de control al Gobierno.
El diputado ha centrado su intervención en determinar qué decisiones tomó Defensa a partir de la información disponible antes de las entradas masivas y ha reclamado responsabilidades políticas a Robles.
Las competencias de Defensa
Conde ha recordado el papel constitucional de las Fuerzas Armadas en la defensa de la integridad territorial y ha cuestionado que la actuación del Ministerio fuera suficiente ante la información que, según su versión, trasladaron previamente el CNI y el CIFAS.
La Ley Orgánica de Defensa Nacional establece que corresponde al presidente del Gobierno dirigir la política de defensa, gestionar las situaciones de crisis que afecten a la defensa y ordenar las misiones de las Fuerzas Armadas.
La misma norma atribuye al ministro de Defensa el desarrollo y ejecución de esa política y la dirección de la actuación de las Fuerzas Armadas bajo la autoridad del presidente.
Conde cuestiona la desclasificación
El diputado popular también ha cargado contra la decisión del Ejecutivo de desclasificar información de inteligencia relacionada con Ceuta.
Conde sostiene que la forma en que se ha hecho pública determinada información puede revelar capacidades, conocimientos y procedimientos de los servicios españoles y provocar un perjuicio para su funcionamiento.
Asimismo, ha preguntado a Robles si comparte la decisión adoptada por el Ejecutivo.
El CNI, al centro del debate
La actuación del Centro Nacional de Inteligencia se ha convertido en uno de los principales puntos del enfrentamiento político alrededor de Ceuta.
Robles ha solicitado expresamente a la presidenta del Congreso que se autorice la comparecencia de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, ante la Comisión de Gastos Reservados para explicar la actuación del Centro durante los días anteriores a las entradas masivas del 30 de julio.
La ministra defiende así que sea la propia responsable del servicio de inteligencia quien dé explicaciones en el órgano parlamentario habilitado para abordar información clasificada.
Conde pide la dimisión de Robles
Conde ha terminado su intervención reclamando la salida de la ministra si no comparte la política seguida por el Ejecutivo o considera que no puede proteger adecuadamente a los servicios de inteligencia.
“Si no está de acuerdo con lo que se hace en Ceuta, con la política del Gobierno, dimita”, ha concluido.
El debate sitúa de nuevo en el Congreso tres cuestiones sobre las que el GPP reclama explicaciones: qué información recibió Defensa antes de la crisis, qué decisiones se adoptaron a partir de ella y qué consecuencias puede tener la desclasificación de documentos de inteligencia.
Carlos Rojas: «La soberanía nacional y la integridad territorial no se delegan»
El portavoz de Defensa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Carlos Rojas, ha exigido la dimisión de la ministra Margarita Robles por la gestión del Ejecutivo ante la crisis migratoria y de seguridad registrada en Ceuta.
Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Rojas ha calificado la actuación gubernamental de “desastrosa y negligente” y ha reclamado explicaciones sobre las decisiones adoptadas por Defensa durante los acontecimientos de finales de julio.
“La soberanía nacional y la integridad territorial no se delegan, ni se alquilan, ni se venden; se vigilan y se defienden con determinación”, ha afirmado.
Rojas cuestiona la respuesta de Defensa
El portavoz popular ha acusado al Ejecutivo de no establecer con suficiente claridad los criterios políticos de actuación durante la crisis y ha centrado parte de sus críticas en las condiciones en las que tuvieron que intervenir las Fuerzas Armadas.
Rojas sostiene que los militares desplegados no dispusieron del respaldo político suficiente y ha reclamado conocer con detalle las decisiones adoptadas por el Ministerio.
La ministra Robles, por su parte, ha defendido la actuación de las Fuerzas Armadas y del CNI y ha solicitado al Congreso que permita comparecer a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, para explicar la actuación de los servicios de inteligencia en los días anteriores.
La resolución europea sobre Ceuta
Rojas ha utilizado también el reciente pronunciamiento del Parlamento Europeo para cuestionar la posición del PSOE.
La Eurocámara condenó los cruces irregulares masivos registrados a finales de julio y denunció la instrumentalización de la migración irregular como “herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”.
El texto reclama además reforzar la protección de las fronteras exteriores, aumentar la cooperación con Marruecos y acelerar los retornos de quienes no tengan derecho a permanecer en la Unión, respetando el Derecho europeo e internacional.
El PP reclama responsabilidades políticas
El diputado sostiene que la respuesta del Ejecutivo ha sido insuficiente y reclama responsabilidades políticas a la titular de Defensa.
Rojas también cuestiona las medidas anunciadas para reforzar la frontera y considera que el Gobierno no extrajo las conclusiones necesarias de la crisis migratoria registrada en Ceuta en 2021.
La situación de Ceuta vuelve así al Pleno del Congreso como asunto de control político al Gobierno, mientras permanece abierto el debate sobre la información previa disponible, la actuación del CNI y la respuesta adoptada por Defensa.
Miguel Tellado: «Los Rochos han tenido más dignidad que el clan del que usted forma parte»
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha llevado a la sesión de control al Gobierno las informaciones sobre las presuntas operaciones dirigidas contra la juez Beatriz Biedma y ha preguntado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si tenía conocimiento de ellas.
Tellado ha vinculado estas informaciones con los contactos investigados alrededor de Leire Díez y ha reclamado explicaciones sobre la actuación de responsables vinculados al Ministerio del Interior.
“Los Rochos han tenido más dignidad que el clan del que usted forma parte”, ha espetado Tellado a Marlaska durante un duro enfrentamiento parlamentario.
Tellado pregunta por Biedma
El dirigente popular ha preguntado al ministro si conocía las presuntas maniobras dirigidas contra la magistrada que investigó la causa relacionada con David Sánchez.
Tellado sostiene que personas vinculadas a la presunta trama investigada alrededor de Leire Díez habrían contactado con miembros de un clan relacionado con el narcotráfico para intentar intimidar o desacreditar a Biedma.
También ha preguntado a Marlaska por los contactos de la directora general de la Guardia Civil con Leire Díez.
Estas circunstancias se encuentran sometidas a investigación y las responsabilidades atribuidas al PSOE y al Gobierno forman parte de las acusaciones políticas planteadas por el PP.
Marlaska ha negado haber dado órdenes para perturbar investigaciones judiciales.
Los altos mandos de Interior entran en el choque
Tellado también ha cuestionado al ministro por la situación judicial de distintos responsables y antiguos responsables policiales.
El secretario general del PP ha utilizado estas investigaciones para poner en duda la gestión política de Marlaska y reclamar responsabilidades al titular de Interior.
Durante el enfrentamiento, Tellado ha acusado al ministro de actuar como “sicario de otro clan”, una expresión rechazada desde el Gobierno.
Ceuta vuelve a la sesión de control
La pregunta registrada por Tellado preguntaba expresamente a Marlaska si considera que Ceuta es una ciudad segura.
El dirigente popular ha acusado al ministro de no ofrecer una respuesta suficiente a los ciudadanos de la ciudad autónoma tras los acontecimientos de las últimas semanas.
Marlaska ha defendido, por su parte, que Interior trabaja “desde el minuto uno” para recuperar la normalidad y ha reivindicado el aumento de efectivos y las inversiones realizadas en las fronteras de Ceuta y Melilla.
El intercambio ha convertido así la seguridad en Ceuta y las investigaciones relacionadas con la juez Biedma en los dos ejes del enfrentamiento entre Tellado y Marlaska durante la sesión de control.
Ester Muñoz: «No habíamos visto a partidos de gobierno intentando corromper a mafias»
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha confrontado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la sesión de control por las informaciones sobre presuntos contactos con personas vinculadas a un clan de narcotráfico de Badajoz para actuar contra la magistrada Beatriz Biedma.
“Hemos visto a mafias intentando corromper a gobiernos; lo que no habíamos visto hasta ahora era partidos de gobierno intentando corromper a mafias”, ha afirmado Muñoz desde la tribuna.
La portavoz popular ha utilizado las informaciones conocidas durante los últimos días para exigir explicaciones políticas a Bolaños y ha acusado al PSOE de no asumir responsabilidades ante las investigaciones abiertas.
Biedma pide investigar los contactos
La magistrada Beatriz Biedma, que investigó la causa relacionada con David Sánchez, ha solicitado personarse como perjudicada en la investigación sobre la presunta trama de Leire Díez.
En su escrito judicial, Biedma sostiene que existen indicios de contactos promovidos por el supuesto grupo investigado con personas vinculadas a un clan relacionado con el narcotráfico asentado en Badajoz y pide que estos hechos sean investigados.
Muñoz ha llevado esas informaciones al control parlamentario y ha acusado políticamente al PSOE de estar detrás de las actuaciones denunciadas.
Choque directo con Bolaños
La portavoz del GPP también ha reprochado a Bolaños anteriores declaraciones realizadas en sede parlamentaria sobre Santos Cerdán, Leire Díez y Víctor de Aldama.
Muñoz ha utilizado esos antecedentes para cuestionar las explicaciones ofrecidas por el Gobierno ante diferentes investigaciones judiciales.
Bolaños ha rechazado las acusaciones y ha pedido “dejar trabajar a la Justicia” para determinar los hechos. El ministro también ha reprochado al PP que atribuya al conjunto del PSOE actuaciones individuales actualmente investigadas.
“Dejemos trabajar a la Justicia”
Muñoz ha replicado utilizando precisamente esa petición del ministro para cuestionar la posición del Ejecutivo ante las investigaciones que afectan a su entorno político.
La portavoz popular ha reclamado responsabilidades políticas y ha cerrado su intervención asegurando que el GPP continuará ejerciendo el control parlamentario sobre los casos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del Gobierno.
El enfrentamiento se ha producido dentro de la sesión de control del Congreso, mediante una pregunta registrada por Muñoz a Bolaños bajo el enunciado “¿Hacia dónde va este Gobierno?”.