Actualidad Política

14 de agosto de 2026

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El diputado del Grupo Parlamentario Popular Celso Delgado ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez, al BNG y al resto de sus socios que respeten el acuerdo unánime alcanzado por el Parlamento de Galicia para transferir la titularidad y las competencias de la AP-9, sin trasladar “facturas ocultas” a la comunidad autónoma.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Delgado ha defendido el texto remitido por el Senado, que ha definido como “literalmente idéntico” al aprobado el 19 de diciembre de 2023 por unanimidad en la Cámara gallega.

Según ha explicado, esta propuesta preserva todas las competencias reclamadas por Galicia y obliga al Estado a asumir los principales costes pasados y futuros de la concesión, protegiendo así la sostenibilidad financiera de la futura gestión autonómica.

El Estado debe asumir sus responsabilidades

Celso Delgado ha subrayado que Galicia no construyó, concesionó ni prorrogó la AP-9 y, por tanto, no puede recibir la infraestructura acompañada de obligaciones económicas generadas por decisiones de la Administración General del Estado.

El texto aprobado en el Senado establece que el Estado financie, con cargo a los Presupuestos Generales, la eliminación de la subida anual acumulativa del 1 % de los peajes prevista en el real decreto aprobado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

También contempla los recursos necesarios para ampliar las bonificaciones de los peajes, especialmente para vehículos pesados, familias numerosas y desplazamientos nocturnos.

Asimismo, la Administración General del Estado asumiría las consecuencias económicas y financieras que pudieran derivarse de una eventual declaración de nulidad de las prórrogas de la concesión por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Garantías para abaratar la AP-9

Delgado ha advertido de que aceptar una transferencia sin delimitar las responsabilidades económicas podría poner en riesgo las cuentas de Galicia y limitar la capacidad de la Xunta para seguir reduciendo los peajes.

“Suscribir un traspaso sin las garantías mínimas necesarias podría comprometer la capacidad de la Comunidad para abaratar la AP-9 y avanzar hacia su futura gratuidad”, ha afirmado.

El diputado popular ha reclamado que el Estado financie también las actuaciones e infraestructuras necesarias para garantizar una explotación adecuada de la autopista y asuma cualquier coste derivado de decisiones ajenas a la responsabilidad de la Xunta.

Críticas al PSOE, BNG y Sumar

Celso Delgado ha considerado irresponsable que PSOE, BNG y Sumar pretendan imponer unas condiciones que, a juicio del Partido Popular, limitarían las responsabilidades del Estado y perjudicarían la viabilidad financiera del traspaso.

“BNG, PSOE y Sumar vienen aquí a blindar al Estado y limitar sus responsabilidades, pero Galicia no construyó la AP-9, ni la prorrogó ni la concesionó”, ha señalado.

El parlamentario gallego ha recordado la posición del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha defendido que Galicia no reclama ningún trato de favor, sino unas condiciones que permitan asumir la infraestructura sin comprometer las cuentas autonómicas.

Delgado ha concluido que el Grupo Popular votará a favor del texto del Senado porque representa la transferencia aprobada de forma unánime por el Parlamento gallego.

“Exigimos que se respeten los términos esenciales acordados por Galicia, con responsabilidades financieras bien delimitadas, sin trampa ni cartón ni riesgos ocultos”, ha finalizado.

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Elvira Velasco, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser incapaz de solucionar los principales problemas del Sistema Nacional de Salud y ha reclamado la convocatoria de elecciones generales.

Durante el debate en el Pleno del Congreso sobre los programas neonatales, Velasco ha valorado favorablemente el texto remitido por el Senado para modificar la normativa sobre cribado neonatal, al considerar que permitirá reforzar la equidad y la cohesión territorial y ofrecer a todos los recién nacidos las mismas oportunidades de diagnóstico y tratamiento.

Financiación suficiente para los programas neonatales

La portavoz popular ha defendido las enmiendas introducidas por el Partido Popular en el Senado para que las medidas acordadas dispongan de una financiación específica y suficiente, determinada anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.

Velasco ha destacado que el texto satisface las demandas del Grupo Popular y reconoce el trabajo desarrollado durante años por las asociaciones de pacientes, las familias y los profesionales sanitarios.

Los problemas de la sanidad siguen pendientes

La diputada del PP ha advertido de que esta mejora constituye “una única buena noticia” al cierre del curso político, mientras continúan sin resolverse asuntos fundamentales para la sanidad pública.

Entre ellos, ha señalado el déficit de profesionales sanitarios, el conflicto provocado por la modificación del Estatuto Marco sin voluntad de acuerdo por parte del Ministerio y los retrasos en el acceso de los pacientes a la innovación terapéutica.

Velasco reclama elecciones generales

Elvira Velasco ha manifestado su decepción con un Ejecutivo que, según ha recordado, continúa pese a que la Cámara votó un mes antes, por mayoría absoluta, a favor de la dimisión de Sánchez y de la convocatoria de elecciones generales.

La portavoz sanitaria ha afirmado que existe un “clamor social” para que el presidente del Gobierno reflexione durante el verano y convoque elecciones en septiembre.

“Por el bien de toda la sanidad y por el bien de un país que necesita salir adelante”, ha concluido Velasco.

VOX ha denunciado en el Pleno del Congreso que la reforma del cribado neonatal no permitirá acabar con las diferencias sanitarias existentes entre las comunidades autónomas mientras la gestión de la sanidad continúe descentralizada.

Durante el debate parlamentario, la diputada María Ruiz Solás ha defendido que la única solución para garantizar que todos los recién nacidos tengan acceso a las mismas pruebas de detección precoz es devolver al Estado la competencia exclusiva en materia sanitaria.

“La única solución es la centralización”, ha afirmado la parlamentaria, quien ha acusado al Estado autonómico de provocar desigualdades en función del lugar de residencia de los pacientes.

VOX sostiene que la reforma “sigue poniendo parches”

Ruiz Solás ha señalado que el objetivo de los programas de cribado neonatal es detectar, diagnosticar y tratar de manera temprana enfermedades raras que pueden causar discapacidades graves o la muerte prematura de los recién nacidos.

Sin embargo, ha lamentado que las sucesivas reformas no hayan conseguido garantizar una atención homogénea en toda España.

“Después de décadas de reformas, seguimos poniendo parches”, ha declarado la diputada.

A juicio de VOX, la descentralización sanitaria ha provocado que cada comunidad autónoma disponga de diferentes pruebas, criterios y tiempos de aplicación, generando una desigualdad que la formación considera especialmente injusta.

“No lo hemos conseguido como consecuencia de la descentralización de la sanidad pública, que condenó a todos los españoles a la desigualdad más injusta”, ha manifestado Ruiz.

Diferencias sanitarias según el lugar de nacimiento

La diputada ha advertido de que las diferencias entre comunidades autónomas pueden tener consecuencias irreversibles para los bebés afectados por enfermedades congénitas o poco frecuentes.

“Fallar en el cribado neonatal significa perder la oportunidad de tratar a tiempo a un bebé, evitar un daño cerebral irreversible, una discapacidad intelectual o física o una muerte prematura”, ha explicado.

VOX considera “absolutamente inadmisible” que las posibilidades de acceder a un diagnóstico temprano dependan de la comunidad autónoma en la que nazca cada niño.

La formación sostiene que un sistema sanitario único permitiría establecer una cartera común de pruebas, protocolos homogéneos y las mismas garantías de atención en todo el territorio nacional.

VOX reclama recuperar las competencias sanitarias

Ruiz Solás ha defendido que el Estado debe recuperar las competencias de sanidad para evitar diferencias territoriales y garantizar la igualdad entre todos los españoles.

Según la diputada, las leyes destinadas a coordinar los programas autonómicos no resolverán el problema de fondo mientras continúen existiendo 17 sistemas sanitarios diferentes.

VOX sostiene que la centralización permitiría mejorar la coordinación, evitar duplicidades y garantizar que todos los recién nacidos accedan a las mismas pruebas con independencia de su lugar de residencia.

Críticas al Gobierno de Pedro Sánchez

Durante su intervención, Ruiz Solás también ha acusado al Gobierno de priorizar su permanencia en el poder frente a la resolución de los problemas sanitarios.

“La única prioridad de este Gobierno es mantenerse en el poder a toda costa”, ha afirmado.

La diputada ha asegurado que la aplicación efectiva de una reforma sanitaria profunda requeriría la salida del PSOE del Gobierno y el fin de los acuerdos con sus socios parlamentarios.

Según VOX, el actual Ejecutivo y los partidos que sostienen la legislatura son responsables de mantener un modelo autonómico que provoca diferencias en la atención sanitaria.

La formación ha reiterado así su propuesta de recuperar para el Estado las competencias sanitarias y establecer un sistema nacional único que garantice los mismos derechos y servicios a todos los ciudadanos.

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Pedro Navarro ha denunciado que la reforma del Reglamento del Congreso constituye “otro pago político” del Gobierno a sus socios con el único objetivo de “aguantar en la Moncloa” durante unos meses más.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Navarro ha señalado que la urgencia con la que se tramita la iniciativa refleja que el Ejecutivo es consciente de que “la legislatura ha llegado a su fin”.

“No hay ninguna necesidad institucional”

El diputado popular ha rechazado que exista una razón institucional para modificar en este momento las reglas de funcionamiento de la Cámara.

“No hay ninguna necesidad institucional para reformar las reglas de la convivencia en este Parlamento. El único motivo es que desde el PSOE necesitan un poquito más de tranquilidad para aguantar en la Moncloa los meses que sean necesarios”, ha afirmado.

Navarro ha sostenido que la reforma “no va de pluralidad”, sino de proporcionar a determinadas formaciones medios materiales, despachos, presencia fija en los órganos de la Cámara, asesores y subvenciones.

“Es otro pago político con el mismo comprador y con el mismo vendedor. Precio político, eso sí, pagado con el dinero de todos los españoles”, ha denunciado.

Requisitos objetivos e iguales para todos

Pedro Navarro ha advertido de que, con el nuevo umbral propuesto, resultaría más sencillo constituir un grupo propio en el Congreso que en los parlamentos de Cataluña o el País Vasco.

Según ha expuesto, la reforma plantea un porcentaje del 3 % en el Congreso, frente al 3,7 % requerido en Cataluña y el 4 % en el País Vasco.

El Partido Popular defiende mantener requisitos objetivos, transparentes e iguales para todas las formaciones políticas, evitando que el Reglamento se convierta en un instrumento de negociación ante un eventual proceso electoral.

Navarro ha reclamado impedir el préstamo de diputados entre partidos para crear grupos artificiales y ha defendido que quien aspire a contar con grupo propio debe conseguirlo “en las urnas con el apoyo de los ciudadanos, no en el pasillo a cambio de un voto por alguna iniciativa”.

El portavoz de VOX en la Comisión de Hacienda y Función Pública, Emilio del Valle, ha rechazado la convalidación del real decreto ley sobre jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas, al considerar que intenta corregir los problemas generados por la reforma laboral aprobada por el Gobierno.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Del Valle ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de gobernar “a golpe de chapuza” y de utilizar la figura del fijo discontinuo para reducir artificialmente las estadísticas oficiales de desempleo.

Según el diputado de VOX, el Gobierno eliminó buena parte de la contratación temporal y la sustituyó por contratos fijos discontinuos con el objetivo de “maquillar las cifras del paro”, ya que los trabajadores no figuran como desempleados durante los periodos de inactividad.

“En los periodos en los que los fijos discontinuos no trabajan, no figuran como parados”, ha señalado Del Valle.

VOX denuncia que el Gobierno corrige una reforma con contratos temporales

El parlamentario ha criticado que el nuevo decreto permita nuevamente, aunque de forma transitoria, utilizar contratos temporales para cubrir los contratos de relevo vinculados a la jubilación parcial.

A juicio de Del Valle, esta modificación demuestra que la reforma laboral no resolvió adecuadamente la situación y que el Ejecutivo está intentando “tapar una chapuza con otra chapuza”.

VOX sostiene que el Gobierno está recurriendo al real decreto ley para solucionar con urgencia un problema que lleva años sin resolverse mediante la legislación ordinaria.

Del Valle denuncia el bloqueo de la Ley de Función Pública

El diputado también ha relacionado esta situación con la parálisis de la futura Ley de Función Pública, cuya tramitación permanece bloqueada en el Congreso.

Del Valle ha asegurado que la ponencia encargada de estudiar la norma lleva más de un año sin reunirse debido a la falta de acuerdo entre el PSOE, Esquerra Republicana y Podemos.

“Hace más de un año que no se reúne la ponencia porque no se llega a un acuerdo entre el PSOE, Esquerra Republicana y Podemos”, ha denunciado.

El portavoz de VOX ha reprochado al Gobierno que regule la jubilación parcial del personal laboral mientras continúa pendiente la situación de los funcionarios y del personal estatutario.

VOX carga contra Sánchez por gobernar mediante decretos

Durante su intervención, Del Valle ha acusado a Pedro Sánchez de ser incapaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado y otras leyes relevantes mediante el procedimiento parlamentario ordinario.

El diputado ha calificado al presidente del Gobierno de “autócrata” y le ha acusado de querer controlar las instituciones, debilitar la separación de poderes y perjudicar la unidad de España.

VOX considera que el uso reiterado de reales decretos evidencia la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y su incapacidad para alcanzar acuerdos estables en el Congreso.

Críticas a las indemnizaciones por residencia en Baleares

Del Valle también se ha referido a la actualización de las indemnizaciones por residencia para los empleados públicos destinados en las Islas Baleares.

El parlamentario ha recordado que VOX impulsó hace dos años una iniciativa para mejorar estas compensaciones y ha criticado que el Gobierno haya esperado hasta ahora para aprobar una modificación mediante decreto.

Según ha explicado, la cuantía media prevista rondaría los 80 euros mensuales, una cantidad que considera insuficiente ante el elevado coste de la vivienda en las islas.

El diputado ha calificado la medida de “demagogia pura” y ha defendido que la compensación podría haberse actualizado mediante los complementos específicos de los funcionarios o a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Del Valle pide al PP votar contra todas las iniciativas del Gobierno

Finalmente, el portavoz de VOX ha pedido al Partido Popular que rechace las iniciativas legislativas impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“A este Gobierno no se le puede dar más aliento, no se le puede dar una gota más de oxígeno”, ha afirmado Del Valle.

El diputado ha reclamado al PP que no se ponga “de perfil” y que vote en contra de las propuestas del Gobierno.

“Sean valientes, voten que no a todo lo que traiga este Gobierno”, ha manifestado.

Del Valle ha concluido calificando al Ejecutivo como un Gobierno “salpicado por la corrupción” y ha utilizado duras expresiones para cuestionar su legitimidad política y su continuidad al frente del país.

El secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ángel Ibáñez, ha acusado al Gobierno de improvisar en materia de Función Pública y ha reclamado una reforma integral que garantice unos servicios públicos de calidad.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Ibáñez ha señalado que el nuevo Real Decreto-ley sobre jubilación parcial constituye “una respuesta urgente a una avería normativa provocada por el propio Gobierno” y evidencia la falta de previsión en la reforma del contrato de relevo y su adaptación al acceso al empleo público.

Una Administración regulada sin planificación

El diputado popular ha criticado que la Función Pública se esté regulando mediante una sucesión de decretos-leyes, disposiciones adicionales, regímenes transitorios y medidas sectoriales aprobadas “cuando los problemas ya les sobrepasan”.

Ibáñez ha advertido de que esta ausencia de estrategia afecta tanto a los empleados públicos como al funcionamiento de servicios esenciales para los ciudadanos.

Más de 9.000 plazas continúan sin cubrir

El dirigente popular ha señalado que más de 3.200 oficinas de atención ciudadana sufren saturación, demoras, falta de citas y déficits de personal en ámbitos como la Seguridad Social, el SEPE, la Administración penitenciaria y las oficinas de extranjería.

Asimismo, ha recordado que, pese al anuncio de ofertas de empleo público con más de 25.000 plazas, más de 9.000 correspondientes a las convocatorias de 2023, 2024 y 2025 continúan sin cubrir, según denuncian las organizaciones sindicales.

Compromisos pendientes con los empleados públicos

Ángel Ibáñez ha advertido también de la persistencia de la temporalidad, que mantiene en una situación de incertidumbre a miles de trabajadores públicos tras las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo.

El diputado ha enumerado entre las tareas pendientes la carrera profesional, una evaluación del desempeño con garantías, la reducción efectiva de la temporalidad, la dirección pública profesional y la modernización de los procesos selectivos.

Ibáñez ha defendido que la Función Pública debe ser “una institución del Estado, neutral y sometida a la ley”, y no una herramienta al servicio del partido que ocupa el Gobierno.

La reforma que impulsará el Partido Popular

Ante esta situación, el secretario general adjunto del GPP ha anunciado que un futuro Gobierno del Partido Popular impulsará:

  • Una reforma integral y negociada de la Función Pública.
  • Una planificación plurianual de los recursos humanos.
  • La ejecución de las ofertas de empleo pendientes.
  • Una solución constitucional frente al abuso de la temporalidad.
  • La recuperación de la dirección pública profesional.
  • La captación de talento tecnológico, sanitario y científico.
  • La modernización de los procesos selectivos.

El Partido Popular defiende una Administración profesional, neutral, moderna y dotada de los recursos necesarios para prestar unos servicios públicos eficaces y de calidad.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Jaime de Olano, ha acusado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de reducir precipitadamente las ayudas aprobadas para proteger a las familias frente a las consecuencias de la guerra de Irán, pese a que “los problemas siguen ahí”.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, De Olano ha reprochado al ministro que describa “una España que no existe” mediante datos que, según ha denunciado, no reflejan las dificultades económicas que atraviesan millones de ciudadanos.

“Pagamos más y vivimos peor”

El diputado popular ha señalado que 12,6 millones de españoles se encuentran en riesgo de pobreza, 300.000 más que en 2018. También ha afirmado que se ha duplicado el número de familias que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada y que los precios han aumentado un 26 % desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

“Pagamos más y vivimos peor”, ha resumido De Olano, quien ha advertido de que la evolución de determinados indicadores económicos no puede ocultar las dificultades reales de los hogares.

Críticas al Real Decreto-ley 18/2026

De Olano ha presentado el Real Decreto-ley 18/2026 como un ejemplo de la distancia entre el relato del Ejecutivo y la realidad de las familias. Según ha explicado, el Gobierno prometió protección al comenzar el conflicto, pero ahora plantea una retirada acelerada de esas medidas.

“Este decreto reduce las ayudas cuando los problemas siguen ahí”, ha denunciado el portavoz adjunto del Grupo Popular.

“Un país no prospera porque Hacienda recaude más, sino porque sus familias viven mejor. Un país no va bien porque mejore una décima en una tabla si detrás hay más hogares sin vacaciones, más menores vulnerables y millones de familias pobres”, ha añadido.

Las propuestas del Partido Popular

Frente a la política económica del Gobierno, De Olano ha defendido las medidas planteadas por el Partido Popular para aliviar la carga soportada por familias, trabajadores y autónomos:

  • Actualizar el IRPF conforme a la inflación.
  • Aplicar rebajas efectivas en el IVA del gas y de la electricidad.
  • Reducir el impuesto eléctrico.
  • Transponer el régimen europeo de IVA franquiciado para los autónomos con menor facturación.

El diputado ha reafirmado la disposición del Partido Popular a respaldar medidas que protejan a las familias y a las empresas, al tiempo que ha criticado que los socios parlamentarios del Gobierno prioricen la continuidad de Pedro Sánchez frente a las explicaciones exigidas por los casos que afectan al entorno socialista.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Jaime de Olano, ha acusado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de guardar silencio ante los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al entorno del Gobierno para proteger su futuro político y una posible candidatura a un puesto en una organización internacional.

Durante la sesión de control al Ejecutivo, De Olano ha cuestionado la actitud de Díaz ante las informaciones conocidas y ha relacionado políticamente su falta de reacción con la necesidad de obtener el respaldo del Gobierno y de distintas organizaciones para aspirar a un cargo internacional.

“Para ser elegida necesita el respaldo de un tal ‘P. S.’. Y es ahí cuando empezamos a entender sus silencios”, ha afirmado el diputado popular.

“¿El despacho antes que la dignidad?”

De Olano ha reprochado a la vicepresidenta que haya abandonado la contundencia que mostraba en el pasado ante los casos de corrupción y le ha pedido que explique por qué permanece en un Ejecutivo afectado por diferentes investigaciones judiciales.

“Me pregunto si la corrupción dejó de indignarla cuando descubrió que quienes la protagonizan son los mismos que la mantienen en el Gobierno y que han de respaldarla para su candidatura a cualquier organismo internacional”, ha señalado.

El portavoz adjunto popular ha resumido su crítica con una pregunta directa: “Señora Díaz, ¿el despacho antes que la dignidad?”.

El Partido Popular sostiene que no basta con guardar silencio o tratar de mantener una posición de aparente distancia cuando se forma parte del Consejo de Ministros y se comparte responsabilidad política con Pedro Sánchez.

Veintidós viajes pagados con dinero público

Jaime de Olano ha pedido explicaciones sobre la intensa agenda internacional desarrollada por Yolanda Díaz durante los dos últimos años, periodo en el que, según los datos expuestos por el diputado, habría realizado 22 viajes financiados con fondos públicos.

Entre los destinos mencionados figuran Italia, Senegal, Bélgica, Brasil, Reino Unido, Colombia, México, Francia, Argentina, Uruguay, Polonia, Serbia, Suiza, Hungría, Dinamarca, Portugal, Suecia, Estados Unidos, Eslovenia, Finlandia, Chipre y China.

“En los últimos dos años ha despertado un furor viajero inaudito”, ha afirmado De Olano antes de preguntar: “Señora Díaz, ¿cuánto nos va a costar su candidatura?”.

El diputado del PP reclama transparencia sobre los objetivos, los costes y los resultados institucionales de estos desplazamientos, así como sobre su posible relación con las aspiraciones internacionales de la vicepresidenta.

El PP cuestiona el aumento de las aportaciones a los sindicatos

De Olano también ha señalado que las aportaciones públicas destinadas a las organizaciones sindicales se habrían multiplicado por 3,6 durante la etapa de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo.

“Sabiendo que usted ha multiplicado por 3,6 las aportaciones públicas a los sindicatos, le pregunto si esos pagos son una subvención o más bien una inversión”, ha manifestado.

El portavoz adjunto popular ha vinculado esta pregunta con el respaldo que la ministra podría necesitar de las organizaciones sindicales para optar a un puesto en la Organización Internacional del Trabajo.

El Partido Popular exige que el Gobierno aclare los criterios utilizados para conceder estas aportaciones y garantice que todos los fondos públicos respondan exclusivamente a objetivos de interés general, con plena transparencia y sometidos a los controles correspondientes.

De Olano denuncia la “complicidad” política de Díaz

El diputado popular ha acusado a Yolanda Díaz de mantener una actitud complaciente ante los escándalos que afectan a sus socios de Gobierno.

De Olano ha empleado una expresión de máxima dureza política para describir el entorno de Pedro Sánchez y ha reprochado a la vicepresidenta que permanezca en silencio ante las informaciones conocidas sobre presuntas comisiones, favores y beneficios.

“Su silencio ante este estercolero no es neutralidad. Ni siquiera es equidistancia: es complicidad”, ha afirmado.

El PP recuerda que corresponde a los tribunales esclarecer los hechos investigados y determinar las posibles responsabilidades penales, respetando en todo momento la presunción de inocencia. Paralelamente, considera que los miembros del Gobierno deben asumir sus responsabilidades políticas y ofrecer explicaciones a los ciudadanos.

Transparencia sobre el uso del dinero público

Jaime de Olano ha defendido que los españoles tienen derecho a conocer cómo se utilizan sus impuestos y si los viajes, subvenciones y decisiones adoptados desde el Ministerio de Trabajo responden únicamente al interés público.

El Partido Popular exige a Yolanda Díaz que rompa su silencio, explique su posición ante los casos que afectan al PSOE y aclare sus posibles aspiraciones internacionales.

Para el PP, ningún cargo público puede utilizar las instituciones, los presupuestos o las relaciones construidas desde el Gobierno como plataforma para preparar su futuro personal o político.

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