Actualidad Política

14 de agosto de 2026

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El diputado del Partido Popular por Navarra Sergio Sayas ha exigido a la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rompan sus acuerdos con EH Bildu tras los hechos violentos registrados en Berriozar.

La Guardia Civil investiga la agresión sufrida por un grupo de personas que seguía la final del Mundial en un establecimiento de la localidad, después de que varios encapuchados acudieran al lugar portando barras y otros objetos.

“Lo que vimos ayer es una muestra más de cómo esta gente totalitaria sigue sin entender lo que es la libertad”, ha afirmado Sayas, quien ha calificado lo ocurrido como un episodio de violencia organizada que exige una respuesta política firme.

Sayas denuncia el blanqueamiento del radicalismo

El diputado popular ha advertido de que estos comportamientos no pueden analizarse como hechos aislados y ha denunciado que quienes recurren a la intimidación se sienten “más envalentonados que nunca” por el trato político que reciben.

Según Sayas, los acuerdos de los gobiernos de María Chivite y Pedro Sánchez con EH Bildu han contribuido a normalizar y blanquear a una formación que, a su juicio, evita condenar con claridad este tipo de episodios.

“Vemos cómo la kale borroka sigue estando presente en esta comunidad y cómo está más envalentonada que nunca por el blanqueamiento que están haciendo los gobiernos de Chivite y de Sánchez”, ha señalado el representante popular.

El Partido Popular defiende que la violencia, las amenazas y la intimidación deben recibir una condena rotunda, sin matices ni intentos de señalar o responsabilizar a las víctimas.

El PP exige una condena clara del PSOE

Sayas ha lamentado la ausencia de una condena suficientemente firme por parte del Gobierno de Navarra y del Partido Socialista.

“Es lamentable que ni el Gobierno de Navarra ni el Partido Socialista hayan hecho una condena de estos hechos”, ha manifestado.

Para el diputado del PP, cualquier partido democrático debe rechazar de manera inequívoca una actuación protagonizada, según su descripción, por personas organizadas, con el rostro cubierto y provistas de palos para ejercer la violencia.

“Lo que vimos era un acto organizado y preparado, con gente con las cabezas tapadas y con palos. Eso exige la condena de cualquier partido demócrata”, ha subrayado.

El Partido Popular considera que no existe ninguna justificación política o ideológica para atacar a ciudadanos que ejercen pacíficamente su libertad y disfrutan de un acontecimiento deportivo.

“No basta con condenar: hay que romper los acuerdos”

Sergio Sayas ha asegurado que la gravedad de los hechos exige algo más que declaraciones públicas y ha reclamado consecuencias políticas.

“Chivite tiene que romper sus acuerdos con Bildu y Sánchez tiene que romper sus acuerdos con Bildu”, ha afirmado.

El diputado ha acusado a la formación abertzale de “mirar hacia otro lado” ante lo sucedido y ha criticado las declaraciones realizadas por el alcalde de Berriozar después de la agresión.

El alcalde de la localidad difundió una declaración en la que lamentaba los incidentes, mientras el Grupo Municipal Popular denunció que su respuesta trataba de desviar la atención hacia las víctimas en lugar de condenar sin ambigüedades a los agresores.

Para Sayas, mantener acuerdos políticos con quienes no condenan con contundencia estos comportamientos supone una contradicción incompatible con la defensa de la convivencia democrática.

“Estos hechos exigen la ruptura de cualquier acuerdo con quienes los respaldan, los justifican o miran hacia otro lado”, ha remarcado.

Defensa de la libertad y la convivencia en Navarra

El Partido Popular de Navarra ha reafirmado su compromiso con una comunidad en la que cualquier ciudadano pueda expresar sus ideas, mostrar sus símbolos o disfrutar de un acontecimiento deportivo sin sufrir amenazas ni agresiones.

Sayas ha insistido en que la libertad pertenece a todos los ciudadanos, independientemente de sus ideas, y ha advertido de que la intimidación no puede volver a ocupar ningún espacio en la vida pública navarra.

El PP reclama que se esclarezcan los hechos, que sus responsables respondan ante la Justicia y que todas las fuerzas democráticas condenen la violencia con absoluta claridad.

Asimismo, exige que el Gobierno de Navarra abandone su dependencia política de EH Bildu y adopte decisiones coherentes con la defensa de la libertad, la seguridad y la convivencia

La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Macarena Montesinos, ha acusado al Gobierno de “maquillar” las cuentas de Radiotelevisión Española y de tratar de ocultar la deuda que, según ha señalado, mantiene la Corporación con la Agencia Tributaria.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Montesinos ha calificado de “chapuza monumental” el Real Decreto-ley impulsado por el Ejecutivo, al considerar que “ni resuelve la falsedad actual de las cuentas ni soluciona la crisis financiera de la Corporación”.

El decreto aprobado por el Consejo de Ministros modifica la Ley de RTVE para que los impuestos no deducibles vinculados a la prestación del servicio público tengan la consideración de coste del servicio audiovisual y puedan ser compensados por el Estado. El Gobierno sostiene que la medida pretende garantizar el equilibrio económico y la prestación del servicio público.

“Un supuesto crédito absolutamente ficticio”

Montesinos ha afirmado que las cuentas de RTVE incluyen desde 2019 “un supuesto crédito a favor de la Corporación frente a la Agencia Tributaria” que, a juicio del Grupo Popular, es “absolutamente ficticio”.

Según la diputada, este criterio habría permitido evitar que se reflejara en las cuentas una deuda tributaria real y la posible situación de desequilibrio patrimonial de la Corporación.

La dirigente popular ya había denunciado anteriormente que la contabilización de este crédito presentaba una imagen financiera que no se correspondería con la situación real de RTVE y había reclamado una fiscalización exhaustiva de sus cuentas.

Críticas a RTVE y a la SEPI

Montesinos ha reprochado a RTVE y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que mantuvieran este tratamiento contable bajo la previsión de que la Corporación ganaría el litigio judicial relacionado con el IVA.

“Así de frívola e irresponsable ha sido la excusa utilizada para ocultar a los españoles la gravedad de la situación”, ha manifestado.

La secretaria general del GPP ha asegurado que las advertencias sobre la forma de contabilizar estas cantidades fueron ignoradas y ha acusado al Ejecutivo de utilizar el decreto para modificar las reglas antes de que se resuelva definitivamente el conflicto judicial.

“Lo importante era seguir manipulando”

Montesinos ha vinculado la situación económica de la Corporación con las críticas del Partido Popular a su línea informativa.

“A Televisión Española, su casi exclusiva ocupación y preocupación ha sido la manipulación informativa al servicio del Gobierno. Para ellos, lo importante era seguir manipulando la información”, ha declarado.

La diputada ha preguntado al Ejecutivo cuándo va a “sacar las garras de RTVE”, recordando que se trata de un medio público financiado por todos los españoles.

Asimismo, ha defendido la profesionalidad de numerosos trabajadores de la Corporación, aunque ha lamentado la presencia de tertulianos y colaboradores que, según ha denunciado, reproducen los argumentarios de la Moncloa.

Una televisión pública independiente y plural

Montesinos ha sostenido que la actual RTVE “ni es independiente, ni objetiva, ni neutral, ni plural” y ha reclamado recuperar una Corporación al servicio de todos los ciudadanos.

La dirigente popular ha denunciado también la gestión de distintas empresas públicas dependientes de la SEPI y ha acusado al Gobierno de colocar estas entidades “en manos de gestores al servicio de Sánchez”.

El Partido Popular defiende una televisión pública transparente, sostenible y gestionada con rigor, que garantice el pluralismo, respete el trabajo de sus profesionales y rinda cuentas sobre la utilización de los recursos públicos.

La diputada del Grupo Popular Tristana Moraleja ha denunciado que RTVE se ha convertido bajo su actual dirección en “Telepedro”, a la que ha definido como “la mayor factoría de bulos y el aparato de desinformación más costoso de nuestro país”.

Moraleja ha afirmado que la Corporación ha dejado de servir al interés general para ponerse al servicio exclusivo del sanchismo, distorsionando de forma sistemática la realidad e impidiendo el derecho constitucional a recibir información veraz.

La diputada popular ha señalado que no se trata de errores puntuales ni de falta de pluralidad aislada, sino de una estrategia prediseñada para alterar la opinión pública mediante enfoques sesgados, falsedades e invisibilización de las voces críticas.

El Partido Popular reclama una RTVE plural, independiente y al servicio de todos los españoles.

La diputada del Grupo Popular Ana Martínez Labella ha rechazado el uso de fondos de todos los ciudadanos en proyectos externos de RTVE vinculados a “productoras amigas”.

Martínez Labella ha calificado las cifras presentadas por el presidente de RTVE como un “superávit construido con los trucos del trilero”, con el único objetivo de camuflar, según ha señalado, la obsolescencia técnica de la Corporación.

La diputada popular también ha cuestionado cómo es posible que, durante un apagón de 20 minutos en la emisión, RTVE siguiera siendo líder y mantuviera la audiencia.

El Partido Popular reclama claridad, transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos de RTVE.

El portavoz del Grupo Popular en la Comisión de RTVE, Eduardo Carazo, ha afirmado que si en España se creara un museo sobre la desinformación y la manipulación, la etapa actual de la Corporación pública tendría “una sala exclusiva llamada Telepedro”.

Carazo ha denunciado ejemplos de manipulación gubernamental en RTVE, con coberturas sesgadas sobre escándalos políticos y procesos judiciales vinculados al entorno del Ejecutivo, que a su juicio contradicen los discursos oficiales de neutralidad.

El portavoz popular ha citado casos relacionados con Zapatero y Ábalos, y ha reprochado el doble rasero de determinados colaboradores a la hora de abordar condenas judiciales graves y asuntos que afectan al entorno del Gobierno.

Asimismo, ha acusado a la dirección de RTVE de estar inmersa en “una huida hacia adelante” para exprimir al máximo el presupuesto público antes de que termine la legislatura, beneficiando a sus productoras de cabecera frente al rigor, la pluralidad y el respeto institucional.

La secretaria general del Grupo Popular, Macarena Montesinos, ha censurado la aprobación de un Real Decreto-ley urgente por parte del Gobierno para tapar en exclusiva la situación financiera insostenible de RTVE.

Montesinos ha señalado que la propia memoria del decreto reconoce que la Corporación se encontraba al borde de la disolución legal, ya que su patrimonio neto real pasaba de 823 millones de euros positivos a 118 millones de euros negativos.

La dirigente popular ha criticado que la dirección de RTVE se haya negado sistemáticamente a reflejar de forma transparente esta millonaria deuda fiscal en sus balances, y ha acusado al Gobierno de instrumentalizar de forma partidista el BOE para maquillar las cuentas de la Corporación.

Además, ha recalcado que la opacidad institucional que impera en RTVE hace más necesaria que nunca una fiscalización exhaustiva, que el Partido Popular impulsará a través de la comisión de investigación en el Senado.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha denunciado hoy el “sectarismo” del PSOE durante el debate de la ley contra las terapias de conversión y ha reivindicado al PP como garante de la igualdad, la libertad y la diversidad.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, De los Santos ha acusado al PSOE de utilizar una ley “tan necesaria como corrompida por el sectarismo de algunos” coincidiendo con la celebración del Orgullo LGTBI. “Como si el resto de días del año no les preocuparan los problemas del colectivo”, ha señalado, para denunciar que el Partido Socialista “instrumentaliza una lucha que nos interpela a todos” y “utiliza hasta la náusea” al colectivo.

El dirigente popular ha sentenciado que las terapias de conversión son “inaceptables” y constituyen “un delito contra la dignidad de los seres humanos”. A su juicio, una realidad de esta gravedad no puede abordarse únicamente con sanciones administrativas, como propone la izquierda, sino que requiere “todo el peso de la ley” y la implicación de jueces que determinen qué es y qué no es una terapia de conversión.

De los Santos ha denunciado además la “homofobia” que, según ha señalado, desprenden declaraciones como las de Damián López, al afirmar que “hay que expulsar a los gays de derechas de los espacios conquistados”; las del presidente del Principado de Asturias, al reírse de la condición sexual de un diputado del PP; o los vítores de la delegada de “P. S.” en Melilla.

Asimismo, ha pedido al diputado socialista Víctor Gutiérrez que reconozca que fue un Gobierno del Partido Popular “el primero en financiar un proyecto contra la LGTBI-fobia en el deporte”, en el que el propio diputado del PSOE “participaba activamente”.

El vicesecretario de Educación e Igualdad ha reivindicado el compromiso del PP con la igualdad y la diversidad, y ha subrayado que allí donde gobierna el Partido Popular se celebran y defienden los derechos del colectivo LGTBI “con determinación y vehemencia”.

De los Santos ha remarcado que el PP “celebra” el Orgullo y que mantiene como línea roja para cualquier coalición de gobierno la defensa de la igualdad y de los derechos del colectivo LGTBI. En este sentido, ha destacado las políticas impulsadas por gobiernos autonómicos y ayuntamientos del PP en ciudades como Madrid, Valencia, Castellón, Sevilla o Jerez, y en municipios como Espirdo o Torremolinos.

También ha señalado que en Sevilla la diputación socialista ha colgado carteles con sillas con la bandera arcoíris para celebrar el Orgullo, una iniciativa similar a la que el PSOE criticó “desde el odio” al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Por último, De los Santos ha agradecido el trabajo de dirigentes y cargos del PP comprometidos con la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, especialmente al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, “por no mirar a nadie a razón de a quién ama”.

El diputado del Grupo Parlamentario Popular y vicepresidente segundo de la Mesa del Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha denunciado hoy que la reforma del Reglamento de la Cámara para facilitar la creación de nuevos grupos parlamentarios no responde a una necesidad institucional, sino a “presiones políticas” y al intento del Gobierno de “blindar la posición de sus socios minoritarios ante un previsible retroceso electoral”.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Bermúdez de Castro ha defendido que las normas actuales para constituir grupo parlamentario “no son arbitrarias”, sino fruto del consenso y de un equilibrio entre “pluralismo, igualdad y funcionalidad”. Por ello, ha advertido de que rebajar los requisitos, como propone la mayoría gubernamental, “rompería ese equilibrio y generaría desigualdad entre diputados”.

El dirigente popular ha recordado que, con las reglas vigentes, “ninguna minoría está silenciada”. En este sentido, ha señalado que algunos grupos con apenas cinco o seis diputados “disfrutan por diputado de más tiempo de intervención, más recursos y más portavoces adjuntos que los que pertenecemos a los grupos mayoritarios”, una situación que ha calificado de “injusta y desproporcionada”.

Bermúdez de Castro ha acusado a ERC y Junts de haber cometido un “fraude reglamentario y electoral” al inicio de la legislatura para constituir grupo parlamentario, al atribuirse “de manera artificial” votos de otras formaciones con el aval de la Mesa. “Eso es falsear la voluntad popular”, ha asegurado.

El diputado del GPP ha explicado que el Partido Popular ha presentado una enmienda de totalidad que mantiene los requisitos actuales para formar grupo parlamentario: 15 diputados o 5 diputados, con al menos el 15% de los votos en cada provincia donde se concurre, o el 5% nacional. Además, ha aclarado que esos porcentajes deben basarse exclusivamente en los resultados oficiales publicados, evitando interpretaciones arbitrarias de la Mesa.

Bermúdez de Castro ha sostenido que la tramitación urgente de esta reforma demuestra que “la legislatura está agotada” y que el Ejecutivo “ha perdido su legitimidad parlamentaria”.

“Por muchos vetos que impongan, no podrán amordazar al pueblo español, que hablará en las urnas y apostará por el cambio político”, ha concluido.

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