Jaime de Olano acusa a Cuerpo de esconder la realidad económica detrás de un «PowerPoint»
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Jaime de Olano, ha cuestionado ante el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el balance económico presentado por el Gobierno durante su comparecencia en comisión.
“Han convertido la estadística en un certificado de bienestar con la esperanza de que los españoles se crean más a su PowerPoint que a su cuenta corriente”, ha afirmado De Olano, que acusa al Ejecutivo de mantener un “triunfalismo radical” alejado, a su juicio, de la situación económica de numerosos hogares.
Productividad y competitividad
De Olano ha reprochado a Cuerpo que no dedicara suficiente atención a dos cuestiones que considera fundamentales para el futuro de la economía española: productividad y competitividad.
El diputado sostiene que España necesita incrementar la inversión y mejorar su capacidad productiva para transformar el crecimiento económico en mayores niveles de renta y bienestar.
También ha reclamado medidas específicas para el sector del automóvil que aporten certidumbre a las inversiones vinculadas al vehículo eléctrico.
La vivienda, en el centro del debate
El portavoz adjunto del GPP ha situado el acceso a la vivienda entre los principales problemas económicos de los ciudadanos y ha responsabilizado al Gobierno de no haber conseguido aumentar suficientemente la oferta.
De Olano sostiene que los precios de compra y alquiler han experimentado fuertes incrementos desde 2018 y ha destacado especialmente sus consecuencias sobre la emancipación de los jóvenes.
También ha cuestionado el alcance de Casa 47 y considera insuficiente el parque de viviendas que gestiona frente a las necesidades existentes.
Choque por el balance económico
El diputado ha acusado al Ministerio de utilizar los buenos indicadores macroeconómicos para ofrecer una imagen que, según sostiene, no refleja completamente la situación de los hogares.
Cuerpo, por su parte, ha defendido en sus últimas intervenciones parlamentarias que las políticas económicas del Ejecutivo están funcionando, aunque ha reconocido que todavía existen familias con dificultades.
De Olano ha reclamado además explicaciones sobre la documentación remitida a la Cámara y ha criticado la transparencia del Ministerio durante la comparecencia.
Pobreza infantil
El diputado popular ha introducido también la pobreza infantil en el debate y ha utilizado una tasa del 33,9% para cuestionar el balance social del Ejecutivo.
Las comparaciones de pobreza infantil requieren distinguir entre riesgo de pobreza y el indicador AROPE, que incorpora además carencia material y social severa y baja intensidad laboral. Los datos disponibles muestran niveles elevados, aunque su evolución histórica no permite atribuir el fenómeno exclusivamente al actual Gobierno.
De Olano ha planteado así una lectura crítica de la situación económica centrada en el coste de la vivienda, la productividad, la competitividad y las dificultades económicas de los hogares frente al balance macroeconómico defendido por el Ejecutivo.
Reyes Romero lleva al Congreso el aumento de las agresiones sexuales en Sevilla y exige explicaciones al Gobierno.
La diputada nacional de VOX por Sevilla, Reyes Romero, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno explicaciones sobre la evolución de los delitos contra la libertad sexual y las medidas previstas para reforzar la seguridad.
La iniciativa llega después de un primer semestre en el que Sevilla capital registró 42 agresiones sexuales con penetración, frente a las 29 contabilizadas durante el mismo periodo de 2025. El incremento es del 44,8% y equivale, de media, a aproximadamente una cada cuatro días.
“Estamos ante una situación especialmente preocupante”, sostiene Romero, que quiere conocer qué diagnóstico maneja el Ministerio del Interior y qué actuaciones piensa adoptar.
De 6 a 19 en el primer trimestre
El incremento fue especialmente acusado durante los tres primeros meses del año.
Según el primer Balance de Criminalidad de 2026, las agresiones sexuales con penetración en Sevilla capital pasaron de 6 entre enero y marzo de 2025 a 19 en el mismo periodo de 2026, lo que supone un aumento del 216,7%: más del triple. En esos mismos tres meses, el conjunto de delitos contra la libertad sexual pasó de 61 a 74.
Con los datos ya actualizados hasta junio, la tendencia se modera en términos porcentuales, aunque continúa al alza: 42 casos frente a 29, un 44,8% más. El conjunto de delitos contra la libertad sexual en la capital aumenta de 144 a 161, un 11,8%.
En el conjunto de la provincia de Sevilla, las agresiones sexuales con penetración pasan de 69 a 76, un incremento del 10,1%, mientras que todos los delitos contra la libertad sexual suben de 320 a 352, un 10%.
Romero exige explicaciones al Gobierno
La diputada pregunta al Ejecutivo cuáles son las causas que atribuye al crecimiento de estas infracciones y qué medidas de prevención, seguridad e investigación está desplegando.
VOX quiere además conocer datos sobre autores, delitos cometidos por varias personas, órdenes de expulsión y situación administrativa de ciudadanos extranjeros investigados por este tipo de hechos.
A nivel nacional, el balance más reciente del Ministerio del Interior —correspondiente al primer semestre— contabiliza 2.747 agresiones sexuales con penetración, frente a 2.654 en 2025, un 3,5% más. El resto de delitos contra la libertad sexual aumenta un 4,2%, hasta 8.224.
Interior señala que parte del crecimiento sostenido de los delitos sexuales registrados debe interpretarse también teniendo en cuenta una mayor disposición de las víctimas a denunciar como consecuencia de las políticas de concienciación y de una menor tolerancia social hacia estas conductas.
¿Qué datos publica Interior sobre la nacionalidad?
Romero cuestiona que los balances trimestrales no permitan conocer la nacionalidad o la situación administrativa de quienes son detenidos o investigados por delitos sexuales.
En este punto existe una diferencia importante. El Balance trimestral de Criminalidad utilizado para conocer la evolución de 2026 no ofrece ese desglose por nacionalidad ni por situación administrativa migratoria.
Sin embargo, Interior sí publica en sus informes anuales sobre delitos contra la libertad sexual información nacional sobre la nacionalidad de las personas detenidas o investigadas. En el informe correspondiente a 2024, el 60,76% eran de nacionalidad española y el 39,24% extranjera.
Esos datos no especifican por sí mismos qué personas extranjeras se encontraban en situación administrativa irregular, ni permiten establecer una relación causal entre inmigración y delincuencia sexual.
Precisamente por ello, Romero pide al Ejecutivo un desglose más amplio y actualizado que incluya la situación administrativa y las órdenes de expulsión ejecutadas.
El Congreso tendrá que responder a las preguntas de VOX
La iniciativa registrada por Reyes Romero obliga ahora al Gobierno a pronunciarse por escrito sobre la evolución de estos delitos en Sevilla y sobre la información que dispone acerca de sus autores.
La parlamentaria quiere conocer tanto las medidas de seguridad previstas como el nivel de detalle estadístico que Interior está en condiciones de facilitar.
Los últimos datos oficiales dejan dos cifras especialmente relevantes para el debate: 42 agresiones sexuales con penetración en Sevilla capital durante seis meses y un crecimiento del 44,8% respecto al mismo periodo del año anterior.
Blanca Armario lleva al Congreso las denuncias por falta de personal en Salvamento Marítimo del Estrecho.
La diputada nacional de VOX por Cádiz, Blanca Armario, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para exigir explicaciones al Gobierno por las denuncias sindicales sobre falta de personal en Salvamento Marítimo y su posible impacto sobre el funcionamiento de los centros de coordinación del Estrecho de Gibraltar.
Armario centra sus preguntas en el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Algeciras y reclama conocer si dispone de suficientes efectivos para asumir las funciones que se le están atribuyendo y mantener los niveles de seguridad exigibles en una de las zonas de mayor intensidad de tráfico marítimo de España.
“No estamos hablando de una cuestión menor ni meramente administrativa. Estamos hablando de personal, medios y capacidad de respuesta en uno de los puntos de mayor tráfico marítimo de Europa”, sostiene la diputada.
Los sindicatos denuncian transferencias de funciones por falta de personal
La iniciativa parlamentaria llega después de que CSIF, CCOO y el Sindicato de Salvamento Marítimo (SSM) reclamaran a comienzos de septiembre la intervención del ministro de Transportes, Óscar Puente, ante lo que califican como un deterioro de los centros de coordinación.
Las tres organizaciones aseguran que la falta de personal de guardia ha obligado a transferir funciones entre centros y afirman que Algeciras llegó a asumir funciones de control del tráfico marítimo correspondientes al Dispositivo de Separación de Tráfico del Estrecho sin un refuerzo equivalente de plantilla. Los sindicatos sostienen además que esta situación se habría producido en contra de recomendaciones de la Organización Marítima Internacional.
Estas afirmaciones proceden de las organizaciones sindicales y no equivalen, por sí solas, a una constatación oficial de que la seguridad del servicio se haya visto comprometida.
Tarifa tiene asignado oficialmente el control del tráfico del Estrecho
La documentación oficial de Salvamento Marítimo atribuye de forma ordinaria al Centro de Coordinación de Tarifa el Servicio de Tráfico Marítimo del Estrecho.
Más de 70.000 buques atraviesan anualmente estas aguas, según Salvamento Marítimo, que destaca la importancia del sistema de separación de tráfico para ordenar el paso de mercantes, ferris y otras embarcaciones.
El Plan Nacional de Salvamento también identifica a Tarifa como el centro que tiene asignada la supervisión del dispositivo del Estrecho. Por ello, la transferencia puntual de funciones a Algeciras denunciada por los sindicatos constituye precisamente uno de los asuntos sobre los que Armario pide explicaciones al Gobierno.
Armario pregunta si la plantilla es suficiente
VOX quiere conocer si el Ministerio ha evaluado la actual dotación de personal del centro de Algeciras y si considera que la organización existente garantiza adecuadamente la prestación del servicio.
“El Gobierno tiene que explicar si Salvamento Marítimo dispone actualmente de los medios humanos necesarios para garantizar un servicio que resulta esencial para la seguridad en una zona tan estratégica como el Estrecho de Gibraltar”, afirma Armario.
Salvamento Marítimo dispone de 20 centros de coordinación, cuyos profesionales permanecen en alerta las 24 horas de los 365 días del año para responder a emergencias marítimas. En conjunto, estos centros realizan el seguimiento de más de 300.000 buques anuales.
En Andalucía funcionan centros en Huelva, Cádiz, Tarifa, Algeciras y Almería. Durante 2025 coordinaron conjuntamente 1.396 actuaciones en las que estuvieron involucradas 5.281 personas.
El IX Convenio Colectivo, otro frente abierto
La batería de preguntas de Armario aborda también el conflicto laboral existente en SASEMAR.
CSIF, CCOO y SSM aseguran que llevan desde antes del verano reclamando un nuevo interlocutor para desbloquear la negociación del IX Convenio Colectivo del personal de tierra y han llegado a advertir de posibles movilizaciones.
El convenio actualmente publicado para este colectivo es el VIII Convenio del personal de tierra de SASEMAR, registrado en el BOE en 2019.
Armario pregunta al Gobierno qué actuaciones está realizando para desbloquear las negociaciones y qué medidas contempla para responder a las deficiencias denunciadas por los representantes de los trabajadores.
Seguridad marítima y actividad económica en el Estrecho
La cuestión tiene además una dimensión económica y logística.
El Estrecho constituye una ruta internacional por la que pasan decenas de miles de buques cada año y donde coinciden tráfico mercante, rutas de pasajeros y carga rodada entre ambas orillas.
Por ese motivo, VOX reclama saber si cualquier déficit de plantilla puede influir tanto en la respuesta ante emergencias como en las tareas de seguimiento y ordenación del tráfico.
“El Gobierno debe aclarar qué está ocurriendo en Salvamento Marítimo, qué recursos tiene el centro de Algeciras y si son suficientes para asumir las funciones que se le han asignado”, concluye Blanca Armario.
Las preguntas registradas trasladan ahora al Ejecutivo la responsabilidad de precisar la plantilla disponible, el reparto de funciones entre Tarifa y Algeciras y las medidas previstas ante las denuncias sindicales.
Rafael Hernando: «España merece unas elecciones y tiene alternativas»
El diputado nacional del Partido Popular por Almería, Rafael Hernando, ha reclamado al Gobierno de España una respuesta ante la situación migratoria de Ceuta y le ha pedido que utilice las herramientas disponibles en la legislación europea para reforzar el control fronterizo y evitar que la situación se prolongue.
Hernando cuestiona la caracterización de lo ocurrido únicamente como una crisis migratoria y sostiene que se produjo una entrada “masiva y organizada”, una valoración política que enmarca su petición de una actuación más contundente por parte del Ejecutivo.
Las nuevas herramientas europeas
El diputado ha puesto especialmente el foco en el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró plenamente en aplicación el pasado 12 de junio.
El nuevo marco europeo establece procedimientos comunes para registrar y controlar las llegadas irregulares, procedimientos fronterizos acelerados en determinados supuestos y mecanismos específicos para afrontar situaciones de crisis o instrumentalización migratoria.
También contempla procedimientos de retorno para quienes, después de la correspondiente evaluación, no tengan derecho legal a permanecer en la Unión Europea.
Estos procedimientos deben realizarse respetando las garantías jurídicas, los derechos fundamentales y el principio de no devolución.
Hernando considera que el Gobierno debería aprovechar esas herramientas para acelerar los procedimientos que correspondan legalmente y evitar que la situación de Ceuta se cronifique.
“Ceuta no puede convertirse en un CETI estructural”
El diputado popular ha reclamado asimismo que el Estado garantice la seguridad y los derechos de los ciudadanos ceutíes y ha pedido al Ejecutivo que escuche las preocupaciones planteadas desde la ciudad autónoma.
“Ceuta no puede convertirse en un CETI estructural”, ha afirmado Hernando, que reclama una política de Estado específica para la ciudad.
El parlamentario ha defendido también la actuación del presidente ceutí, Juan Vivas, al que ha definido como un “hombre de Estado”.
Hernando reclama elecciones
La intervención ha terminado ampliando el debate a la situación política nacional.
Hernando ha criticado la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha defendido una nueva convocatoria electoral para que los ciudadanos decidan en las urnas.
“España merece unas elecciones y tiene alternativas”, ha afirmado.
El diputado almeriense mantiene así la presión sobre el Gobierno en torno a Ceuta, combinando su reclamación de aplicar las nuevas herramientas europeas de migración con la exigencia de una respuesta estatal que evite prolongar la actual situación.
Félix de las Cuevas: «Necesitamos más agentes, más medios y menos excusas»
El diputado nacional del Partido Popular por Cantabria, Félix de las Cuevas, ha reclamado al delegado del Gobierno, Pedro Casares, que adopte medidas ante el incremento de la criminalidad registrado en Cantabria durante el primer semestre de 2026.
Según los datos citados por De las Cuevas a partir del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, la criminalidad aumentó un 4,9% en Cantabria respecto al mismo periodo de 2025, frente al 0,5% que señala para el conjunto de España.
“Los cántabros tienen derecho a vivir tranquilos y Pedro Casares tiene la obligación de garantizarlo”, ha afirmado.
Más agentes y medios
El diputado popular reclama un refuerzo de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil y mayores recursos para afrontar tanto la delincuencia convencional como la cibercriminalidad.
“Necesitamos más agentes, más medios y menos excusas”, ha señalado De las Cuevas, quien considera que la evolución de los datos debe llevar a la Delegación del Gobierno a reforzar sus actuaciones en materia de seguridad.
Durante los seis primeros meses del año se contabilizaron, según los datos recogidos por el PP cántabro, 12.944 infracciones penales, frente a las 12.344 registradas en el mismo periodo de 2025.
La criminalidad convencional habría aumentado un 5,5%.
Drogas, lesiones y cibercriminalidad
De las Cuevas ha destacado especialmente la evolución de determinadas categorías delictivas.
Los delitos relacionados con el tráfico de drogas pasan de 33 a 61, lo que supone un incremento del 84,8%, mientras los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias pasan de 169 a 222, un 31,4% más.
El balance citado recoge además tres homicidios dolosos y asesinatos consumados frente a ninguno durante el mismo periodo del año anterior.
La cibercriminalidad habría aumentado un 3,4%, hasta alcanzar 3.709 infracciones, mientras las estafas informáticas suben un 5,1%, hasta las 3.283.
De las Cuevas considera que estos datos muestran una transformación de las modalidades delictivas y reclama que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispongan de recursos adaptados tanto a los delitos convencionales como a los cometidos a través de medios digitales.
Iniciativas en el Congreso
La reclamación de De las Cuevas tiene también recorrido parlamentario. El diputado cántabro ha presentado iniciativas en el Congreso relacionadas con el número de efectivos de la Guardia Civil destinados en Cantabria, las vacantes existentes y los refuerzos de plantilla.
Entre ellas figura una iniciativa para incrementar los efectivos de la Guardia Civil, revisar las plantillas y reforzar los medios materiales, técnicos y logísticos disponibles en la comunidad.
El diputado mantiene ahora esa reclamación ante los últimos datos conocidos y dirige la presión política hacia el delegado del Gobierno.
“Vamos a seguir reclamando los efectivos y los medios que Cantabria necesita”, ha concluido.
Reyes Romero lleva al Congreso la situación del Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.
La diputada nacional de VOX por Sevilla Reyes Romero ha trasladado al Congreso de los Diputados la situación del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla mediante una batería de preguntas escritas dirigidas al Gobierno.
La iniciativa reclama conocer si el Ejecutivo tiene previsto reforzar la plantilla del centro, actuar sobre las deficiencias de sus infraestructuras y adoptar medidas específicas para proteger a funcionarios penitenciarios y personal laboral ante los incidentes registrados durante los últimos meses.
“El Gobierno abandona a los trabajadores del centro penitenciario frente a la continua deriva de incendios, altercados y agresiones”, sostiene Reyes Romero. La afirmación sobre el “abandono” corresponde a la valoración política de VOX, aunque las denuncias sindicales sobre falta de personal e incidentes violentos sí se vienen repitiendo durante 2026.
Incendios, autolesiones y agresiones
El Psiquiátrico Penitenciario ha registrado varios episodios graves durante los últimos meses.
En junio, un interno prendió fuego a su celda y fue necesario evacuar preventivamente parte de las instalaciones. Fuentes de Instituciones Penitenciarias confirmaron entonces el incendio, mientras los sindicatos volvieron a reclamar más medios y personal.
En julio se produjo otro incendio durante la final del Mundial, seguido de un episodio de autolesiones y alteraciones del orden, según denunció ACAIP-UGT.
En agosto, varios trabajadores resultaron lesionados después de intervenir ante la conducta violenta de un interno. Tanto CSIF como ACAIP-UGT denunciaron aquel episodio y reclamaron un refuerzo de los recursos humanos y materiales del centro.
VOX pregunta por el déficit de plantilla
La iniciativa registrada por Reyes Romero pregunta directamente al Ejecutivo si piensa cubrir las plazas vacantes y reforzar el número de trabajadores disponibles.
VOX sostiene que la falta de personal condiciona la capacidad de respuesta ante situaciones violentas y aumenta el riesgo para quienes trabajan en el centro.
Las organizaciones sindicales han formulado críticas similares. En mayo, CSIF denunció una falta de técnicos auxiliares de enfermería y advirtió de turnos sin los binomios mínimos de seguridad para determinadas actuaciones.
Seguridad para funcionarios y personal laboral
Romero también pide saber si el Gobierno adoptará medidas urgentes para reforzar la seguridad de funcionarios y trabajadores.
La pregunta llega después de que CSIF señalara en agosto que los empleados penitenciarios afrontan agresiones, amenazas e insultos sin disponer, a su juicio, de medios humanos y materiales suficientes.
VOX reclama que Interior determine qué actuaciones piensa adoptar tanto sobre las instalaciones como sobre los protocolos y recursos disponibles para el personal.
La situación llega al Congreso
Con esta batería de preguntas, Reyes Romero traslada al ámbito parlamentario nacional las denuncias que los sindicatos del centro vienen realizando durante los últimos meses.
La diputada reclama al Ministerio del Interior explicaciones sobre tres cuestiones: plantilla, infraestructuras y seguridad.
VOX sostiene que las agresiones y altercados registrados exigen una respuesta inmediata del Ejecutivo y reclama que los trabajadores puedan desarrollar su labor con medios suficientes y garantías de protección.
Jacobo Robatto exige más medios contra el narcotráfico en Granada.
El diputado nacional de VOX por Granada, Jacobo Robatto, ha reclamado al Gobierno más medios humanos y materiales para combatir el narcotráfico después de que la última Memoria de la Fiscalía alertara de la expansión del cultivo de marihuana y de la creciente presencia de organizaciones criminales extranjeras en la provincia.
Granada registró durante 2025 un incremento del 26,18% en los procedimientos relacionados con el tráfico de drogas, según los datos recogidos por la Fiscalía. El aumento contrasta con el ligero descenso registrado en el conjunto andaluz.
La Fiscalía señala además que el cultivo indoor continúa extendiéndose y que estas actividades están siendo desarrolladas cada vez más por organizaciones extranjeras, entre ellas grupos albaneses, lituanos y holandeses. El informe advierte de que algunas han llegado a expulsar violentamente de sus viviendas a vecinos que residían tradicionalmente en estas zonas.
“No podemos permitir que los vecinos tengan que abandonar sus casas mientras las mafias convierten nuestros barrios en fortines del narcotráfico”, ha afirmado Robatto.
Fiscalía alerta del avance de organizaciones extranjeras
La advertencia no aparece por primera vez en los informes del Ministerio Fiscal. Memorias anteriores ya habían señalado la implantación de organizaciones dedicadas al cultivo y distribución de cannabis en Granada.
Entre las zonas que han aparecido vinculadas a este fenómeno figuran Atarfe, Albolote, Pinos Puente y la zona Norte de la capital.
La actividad policial continúa reflejando la dimensión del problema. En agosto, la Guardia Civil desmanteló tres centros de producción de marihuana en Pinos Puente, intervino 1.365 plantas y detectó 30 conexiones ilegales a la red eléctrica.
En otra operación desarrollada en septiembre en Alhendín fueron intervenidas 742 plantas y detenidas siete personas después de que las quejas vecinales por el fuerte olor y problemas en el suministro eléctrico desencadenaran la investigación.
Robatto reclama más agentes y recursos
El diputado de VOX sostiene que el aumento de la complejidad y violencia de estas organizaciones exige reforzar a Policía Nacional y Guardia Civil.
“Los agentes necesitan recursos y personal para enfrentarse a organizaciones cada vez más profesionales y violentas”, ha señalado.
La propia Fiscalía ha advertido de la necesidad de mejorar los medios disponibles para investigar el narcotráfico y de las dificultades generadas por procedimientos cada vez más complejos, con armas, importantes cantidades de droga y numerosos investigados.
Robatto ya había reclamado anteriormente mejoras en los medios materiales de la Guardia Civil en Granada, incluyendo la renovación del parque móvil utilizado por los agentes.
Protección para los vecinos que denuncian
VOX pone también el foco en quienes colaboran con las Fuerzas de Seguridad denunciando actividades de cultivo o tráfico de drogas.
Robatto reclama mecanismos de protección para evitar represalias contra residentes que faciliten información sobre organizaciones criminales.
“Un vecino que se atreve a denunciar a una mafia no puede quedarse solo”, ha defendido.
El diputado utiliza la expresión “narco-okupación” para referirse a la ocupación o control de viviendas por organizaciones vinculadas al narcotráfico. La Fiscalía, por su parte, sí documenta que algunas organizaciones extranjeras han llegado a expulsar violentamente a residentes de sus viviendas.
Para Robatto, el crecimiento del 26,18% de los procedimientos obliga a reforzar la actuación policial y judicial antes de que estas organizaciones consoliden un mayor control sobre determinadas zonas de Granada.
Patricia Rueda reclama un Plan Nacional del Agua para garantizar abastecimiento y regadíos.
La diputada nacional de VOX por Málaga, Patricia Rueda, ha reclamado en el Congreso la puesta en marcha de un Plan Nacional del Agua y ha exigido acelerar la segunda fase del Canal de Navarra, una infraestructura que considera estratégica para garantizar el abastecimiento y ampliar el regadío.
Rueda intervino durante el debate de una moción de UPN que reclamaba al Gobierno cumplir el mandato parlamentario de establecer un calendario para licitar y adjudicar las obras. La iniciativa fue aprobada el 16 de septiembre por 172 votos a favor, 17 en contra y 157 abstenciones.
“VOX siempre ha defendido la necesidad de un Plan Nacional del Agua bajo el principio de solidaridad y bien común, con el objetivo de garantizar el abastecimiento”, ha señalado la diputada.
Rueda reclama pasar de los anuncios a las obras
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció el 9 de septiembre que espera que el convenio entre el Gobierno central y Navarra para la segunda fase del Canal pueda aprobarse y firmarse en octubre.
El Ministerio se encuentra a la espera del informe de la Abogacía del Estado antes de elevar el convenio al Consejo de Ministros y continuar posteriormente con los trámites para la licitación.
Rueda ha cuestionado estos plazos y ha reclamado mayor rapidez al Ejecutivo.
“¿Qué espera este Gobierno?”, ha preguntado desde la tribuna, contraponiendo los retrasos en las infraestructuras hidráulicas con la agilidad que, a juicio de VOX, demuestra el Ejecutivo en otras decisiones políticas.
VOX defiende un Plan Nacional del Agua
La posición trasladada por Rueda no es nueva. En abril, la diputada ya defendió en el Congreso un Plan Nacional del Agua durante un debate sobre infraestructuras hídricas en Andalucía.
Entonces reclamó nuevas obras hidráulicas y criticó los retrasos tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía.
Rueda sostiene ahora que los problemas que afectan a Navarra se repiten en otras comunidades.
“Lo que sucede en Navarra sucede en Andalucía. En Málaga, por ejemplo, también estamos padeciendo la falta de construcción de infraestructuras hídricas que supone la falta de agua”, ha señalado.
Una infraestructura estratégica para Navarra
La segunda fase del Canal de Navarra está destinada, entre otros objetivos, a extender el abastecimiento y el regadío hacia la Ribera.
El propio Congreso ya había aprobado en abril otra moción que calificaba el Canal como una infraestructura estratégica y reclamaba al Gobierno un cronograma concreto para su licitación.
El proyecto cuenta además con financiación prevista mediante un préstamo de 228 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, según documentación parlamentaria.
Para VOX, la disponibilidad de agua debe abordarse desde una planificación nacional que tenga en cuenta las necesidades de hogares, explotaciones agrarias, industria y territorios con déficit hídrico.
Rueda cuestiona también las prioridades de gasto
Durante su intervención, la diputada contrapuso los retrasos de las infraestructuras hidráulicas con el gasto destinado por Navarra a políticas de acogida de menores extranjeros.
Los datos conocidos del Gobierno foral sitúan actualmente en 207 los menores extranjeros no acompañados atendidos en Navarra, con un coste aproximado de 1,37 millones de euros mensuales. Ese coste depende del tipo de recurso y es el mismo para menores extranjeros y menores procedentes de familias residentes en Navarra que requieren la misma protección.
El presupuesto navarro para protección y atención a la infancia y adolescencia asciende en 2026 a 68,3 millones de euros y comprende el conjunto del sistema, no exclusivamente la atención a menores extranjeros.
Rueda ha utilizado este contraste para reclamar que las infraestructuras hídricas reciban mayor prioridad presupuestaria y administrativa y ha defendido que la segunda fase del Canal de Navarra deje de acumular nuevos retrasos.