Actualidad Política

15 de noviembre de 2026

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La diputada del Grupo Parlamentario Popular Edurne Uriarte ha defendido en el Pleno del Congreso la necesidad de regular la actividad de los grupos de interés, pero ha cuestionado la fórmula elegida por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 21/2026.

Uriarte ha sostenido que el problema no reside en establecer reglas de transparencia para los lobis, sino en haber utilizado una norma urgente mientras permanece abierta la tramitación de un proyecto de ley sobre la misma materia.

El Congreso confirma que ese proyecto fue presentado por el Gobierno el 30 de enero de 2025 y continúa actualmente en fase de informe en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Uriarte pide recuperar el proyecto de ley

La dirigente popular ha defendido que regular los grupos de interés contribuye a mejorar la transparencia y la calidad democrática.

“Votar no al real decreto no es votar contra la regulación de los lobis”, ha afirmado.

Uriarte propone reactivar el proyecto ya existente, corregir durante su tramitación los aspectos que el PP cuestiona y culminar el proceso mediante una ley debatida en el Parlamento.

El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno crea un registro estatal, público y obligatorio y establece obligaciones de transparencia, conducta y trazabilidad para la actividad de influencia ante la Administración General del Estado.

Choque con Óscar López por sus declaraciones sobre los jueces

Uriarte también ha cuestionado la credibilidad política del ministro Óscar López para presentar una norma centrada en integridad y Estado de derecho.

La diputada ha relacionado esta crítica con unas declaraciones previas del ministro sobre jueces a los que calificó de “lobos solitarios” y ha interpretado esa expresión como un ataque al Poder Judicial.

Esta valoración corresponde a Uriarte y forma parte del enfrentamiento político mantenido con López durante el debate.

Una modificación sobre descarbonización dentro del decreto

Uriarte ha criticado igualmente que el decreto sobre grupos de interés incorpore una modificación normativa relacionada con la descarbonización.

El texto publicado en el BOE confirma que su disposición final tercera modifica el Real Decreto 611/2026, sobre descarbonización del transporte y combustibles renovables, para anticipar al 31 de diciembre de 2026 los efectos de determinadas obligaciones.

La diputada ha utilizado esta disposición para cuestionar la técnica legislativa empleada por el Ejecutivo y defender que la regulación de los lobis continúe mediante el proyecto de ley ordinario.

Uriarte menciona también a Zapatero

Durante su intervención, Uriarte se refirió además a informaciones periodísticas sobre supuestas gestiones de personas vinculadas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con grupos parlamentarios para recabar apoyos al decreto.

Se trata de una acusación política formulada por la diputada a partir de informaciones publicadas y no de un hecho acreditado por el texto legal.

Uriarte ha concluido reclamando recuperar la vía parlamentaria ordinaria: “Reactivemos el proyecto, corrijamos los problemas del real decreto y culminemos una ley que demanda toda democracia avanzada”.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, ha cuestionado el Real Decreto-ley de apoyo económico y social a Ceuta durante su debate en el Pleno y ha acusado al Gobierno de utilizar las ayudas como instrumento de propaganda.

“Las medidas no persiguen ayudar a los ceutíes, sino que solo vienen a esparcir la propaganda típica de este Gobierno”, ha afirmado Marí Bosó durante su intervención.

El Real Decreto-ley 22/2026 moviliza 309 millones de euros en medidas sociales, económicas, de seguridad y atención humanitaria. Entre ellas figuran ayudas directas a empresas y autónomos afectados por la crisis.

“Falta la principal medida: volver a la normalidad”

Marí Bosó ha sostenido que el principal problema del decreto es que no garantiza lo que considera la prioridad de los ceutíes: recuperar la normalidad y evitar que vuelva a producirse una situación similar.

El diputado ha rechazado la caracterización de lo ocurrido únicamente como crisis migratoria y lo ha definido como una vulneración de la integridad territorial, una interpretación política que el PP viene defendiendo desde los acontecimientos de finales de julio.

También ha recordado la crisis fronteriza de mayo de 2021 y ha cuestionado que los cambios posteriores en la política española hacia Marruecos hayan evitado nuevos episodios de tensión.

El PP cuestiona el diseño de las ayudas

El portavoz adjunto ha acusado al Ejecutivo de intentar compensar con gasto público lo que considera fallos previos de gestión.

Marí Bosó ha citado como comparación las ayudas aprobadas en otras emergencias y ha reclamado a Carlos Cuerpo que aclare qué medidas son realmente nuevas y cuáles proceden de programas ya anunciados.

“Las mismas medidas empaquetadas una y otra vez con diferentes lacitos”, ha ironizado.

El decreto contempla, entre otras actuaciones, ayudas a autónomos y empresas, medidas laborales y fondos destinados a seguridad y servicios esenciales.

Mensaje a los ceutíes

Marí Bosó ha cerrado su intervención trasladando un mensaje de apoyo a los ciudadanos de Ceuta y pidiéndoles que “no tengan miedo, no se resignen y no caigan en la desesperanza”.

El diputado ha reclamado que cualquier paquete económico vaya acompañado de garantías de seguridad, recuperación de la actividad y una estrategia destinada a evitar nuevas crisis.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Sergio Sayas, ha acusado al Gobierno de haber llevado la política de vivienda a un “absoluto colapso” y ha reclamado soluciones que permitan aumentar la oferta y facilitar especialmente la emancipación de los jóvenes.

Durante la sesión de control, Sayas ha cuestionado la política desarrollada por el Ministerio de Vivienda y ha contrapuesto los recursos movilizados por el Ejecutivo con el número de viviendas que actualmente están disponibles a través de sus nuevos instrumentos públicos.

El diputado popular ha calificado como un “drama” la situación que afrontan muchos jóvenes para acceder a una vivienda.

Sayas cuestiona CASA47 y el nuevo portal estatal

El portavoz adjunto del GPP ha puesto el foco en CASA47 y en el portal público de vivienda presentado recientemente por el Gobierno.

Sayas ha criticado que el portal comenzara ofreciendo 800 viviendas y ha utilizado esa cifra para cuestionar la eficiencia del gasto público destinado a las nuevas políticas estatales de vivienda.

El Gobierno presentó el portal el pasado 7 de septiembre con 800 viviendas inicialmente disponibles y anunció la próxima incorporación de otras 1.500.

También ha cuestionado los 13.000 millones de euros de inversión previstos para CASA47, cifra que el Ejecutivo plantea desplegar a lo largo de diez años para aumentar el parque estatal de vivienda asequible.

Sayas considera que esos recursos deberían traducirse de manera más rápida en nuevas viviendas disponibles y acusa al Ejecutivo de crear estructuras administrativas que, a su juicio, no resuelven el problema inmediato.

El PP reclama aumentar la oferta

El diputado ha insistido en una de las principales críticas que viene formulando en materia de vivienda: considera que el problema no puede resolverse sin incrementar de forma sustancial la oferta.

En anteriores intervenciones parlamentarias, Sayas ha defendido agilizar licencias, liberar suelo y acelerar la construcción como principales vías para facilitar el acceso a la vivienda.

Por su parte, el Gobierno sostiene que CASA47 permitirá construir, adquirir y gestionar vivienda pública de alquiler asequible de manera permanente. En junio, el Ejecutivo informó de 68 proyectos activos, con 3.266 viviendas en actuaciones de edificación y suelo con capacidad potencial para otras 22.000.

Los jóvenes, en el centro de la crítica

Sayas ha señalado especialmente las dificultades de emancipación y el peso que alquileres y compra de vivienda tienen sobre las economías familiares.

El parlamentario sostiene que el Ejecutivo responde al aumento de los precios con más intervención y estructuras públicas en lugar de abordar la falta de oferta que, según el PP, está detrás de buena parte del problema.

La vivienda se convierte así nuevamente en materia de control parlamentario, con dos planteamientos enfrentados: el PP reclama aumentar oferta, suelo y seguridad jurídica, mientras el Gobierno defiende la expansión permanente del parque público de alquiler asequible.

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Guillermo Mariscal ha reclamado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que abandone el calendario de cierre nuclear y explique el cambio de criterio que, a juicio del PP, supone la ampliación de la vida útil de la central de Almaraz.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Mariscal ha sostenido que la decisión adoptada en agosto supone “el acta de defunción” de la política energética mantenida hasta ahora por el Ejecutivo.

“Olvídense del cierre nuclear y dejen de tener a los españoles como rehenes de su sectarismo”, ha reclamado.

Almaraz, en el centro del choque energético

El Gobierno autorizó en agosto la continuidad de los dos grupos de Almaraz hasta junio de 2030. El Ministerio justificó la decisión por la situación de incertidumbre energética internacional y señaló que la extensión puede ayudar a moderar la exposición de los consumidores a episodios de elevados precios energéticos.

El Ejecutivo sostiene, no obstante, que la decisión es limitada y coyuntural y que no modifica el calendario previsto para el cierre del conjunto del parque nuclear en 2035.

Mariscal interpreta la prórroga de forma distinta y considera que demuestra que la energía nuclear continúa siendo necesaria para garantizar estabilidad y seguridad de suministro.

Mariscal vincula el debate nuclear con el apagón

El diputado popular ha acusado al Gobierno de mantener una política energética “sectaria, fallida e irresponsable” y la ha relacionado con el gran apagón del 28 de abril de 2025.

Esta atribución corresponde a la valoración política de Mariscal. La investigación de la CNMC concluyó que aquel incidente tuvo un origen multifactorial, fruto de una sucesión de acontecimientos que fueron desequilibrando progresivamente el sistema hasta producir el cero eléctrico.

La CNMC también ha reclamado cambios técnicos, operativos y regulatorios para reforzar la estabilidad y resiliencia del sistema eléctrico.

Cofrentes, Ascó, Vandellós y Trillo

Mariscal ha sostenido que, después de la decisión sobre Almaraz, el Ejecutivo acabará revisando también el calendario previsto para Cofrentes, Ascó, Vandellós y Trillo.

El parlamentario ha reclamado que el Gobierno abandone definitivamente el programa de cierre nuclear y mantenga las centrales cuando puedan continuar funcionando de acuerdo con las correspondientes condiciones de seguridad.

Para el PP, la cuestión afecta no solo al suministro eléctrico, sino también al coste de la energía, la competitividad de las empresas y la capacidad industrial del país.

Mariscal ya había defendido en anteriores intervenciones parlamentarias que el sistema necesita tecnologías firmes y había acusado al Ejecutivo de aumentar los costes del sistema tras el apagón.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cuestionado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por la política del Gobierno hacia Marruecos, Ceuta y la ampliación de la Unión Europea.

Durante la sesión de control, Álvarez de Toledo ha acusado al Ejecutivo de subordinar decisiones de política exterior a sus necesidades políticas internas.

“Venden Ucrania para sostener a Sánchez, rinden Ceuta para complacer a Rabat”, ha afirmado la diputada popular.

Ceuta y Marruecos vuelven al control del Congreso

Álvarez de Toledo ha cuestionado la valoración que realiza Albares sobre los retornos desde Ceuta y ha sostenido que las cifras citadas por el ministro demostrarían, a su juicio, la capacidad de Marruecos para controlar los flujos fronterizos.

La portavoz adjunta también ha reclamado al Gobierno que solicite en Bruselas la activación de los instrumentos europeos que considera aplicables a situaciones de instrumentalización migratoria.

“No confunda la diplomacia con su claudicación”, ha reprochado a Albares.

La posición de Álvarez de Toledo sobre Ceuta continúa la línea defendida por el GPP en el Congreso durante los últimos días, donde ha reclamado una respuesta estatal y europea ante la crisis.

Ucrania y la oficialidad del catalán

La diputada también ha preguntado a Albares si España estaría dispuesta a condicionar la ampliación de la Unión Europea a avances en la oficialidad del catalán.

“¿Lleva cuatro años diciendo que Ucrania es el corazón de Europa y ahora le pone precio?”, ha cuestionado.

El Gobierno español mantiene públicamente su respaldo a la adhesión de Ucrania y considera la ampliación una herramienta estratégica para reforzar la seguridad y estabilidad europeas.

Albares ha defendido además en los últimos días la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea y ha atribuido las resistencias de algunos Estados a razones políticas.

Álvarez de Toledo cuestiona la política exterior del Gobierno

La parlamentaria popular ha utilizado ambos asuntos para plantear una crítica general a la estrategia internacional del Ejecutivo.

Álvarez de Toledo sostiene que el Gobierno adopta una posición excesivamente condicionada por Marruecos en el caso de Ceuta y por sus necesidades parlamentarias internas cuando aborda cuestiones europeas.

La dirigente del PP ha terminado su intervención ironizando sobre el papel que puedan desempeñar José Luis Rodríguez Zapatero y Albares en la estrategia política del PSOE.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha reclamado al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, explicaciones sobre la respuesta del Gobierno a la situación de Ceuta y sobre los procedimientos para retornar a las personas que entraron irregularmente.

Durante la sesión de control al Gobierno, Muñoz ha sostenido que existen instrumentos legales, diplomáticos y administrativos que permitirían acelerar esos procedimientos y ha preguntado por qué el Ejecutivo no los está utilizando con mayor intensidad.

“Para todas las fechorías han usado y abusado del Estado hasta el límite y para Ceuta no han movido ni un dedo”, ha afirmado la portavoz popular.

Muñoz pregunta por los retornos

La dirigente del PP ha recordado que, según la información manejada por su formación, Marruecos ha manifestado su disposición a aceptar retornos y ha reclamado al Ejecutivo que explique qué está impidiendo avanzar.

“¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué Sánchez no usa toda la fuerza del Estado para hacerlo?”, ha preguntado.

Muñoz también ha reprochado a Pedro Sánchez no aclarar sus conversaciones con las autoridades marroquíes, asunto que este mismo miércoles protagonizó el intercambio entre el presidente del Gobierno y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. La gestión de Ceuta volvió a ocupar buena parte de la sesión de control.

Mando único y refuerzo administrativo

Muñoz ha defendido medidas como activar un mando único, recurrir a los instrumentos previstos en la Ley de Seguridad Nacional y reforzar los turnos de funcionarios encargados de tramitar los expedientes.

También ha reclamado cambios relacionados con la actuación de los militares desplegados y ha rechazado que el conjunto de propuestas formuladas por el PP pueda calificarse genéricamente como ilegal.

Carlos Cuerpo respondió cuestionando las políticas migratorias defendidas por el PP, rechazó lo que describió como “deportaciones masivas” y pidió soluciones que, según el vicepresidente, sean legales y realistas.

Críticas a los recursos destinados a Ceuta

La portavoz parlamentaria ha cuestionado asimismo el plan económico anunciado por el Gobierno para Ceuta y ha sostenido que solo una parte de los recursos anunciados beneficiaría directamente a los residentes de la ciudad.

Muñoz ha pedido al Ejecutivo que aclare si piensa prolongar la actual situación y ha advertido de las consecuencias políticas que, a juicio del PP, tendría no resolverla.

La crisis de Ceuta ha vuelto a convertirse este miércoles en uno de los principales asuntos de confrontación política en el Congreso.

El portavoz de Transportes del Grupo Parlamentario Popular, Héctor Palencia, ha criticado la política ferroviaria del ministro Óscar Puente y le ha reprochado que centre sus prioridades en aumentar la velocidad de los trenes mientras, según denuncia, persisten los problemas de puntualidad y de infraestructura.

“Puente está obsesionado con correr más cuando su problema es que los trenes no llegan a la hora y las vías no están preparadas”, ha afirmado Palencia.

El diputado popular ha cuestionado así la prioridad otorgada al objetivo de alcanzar los 350 kilómetros por hora y ha reclamado que el Ministerio centre sus esfuerzos en mejorar el funcionamiento cotidiano de la red ferroviaria.

“Menos propaganda, 350, y más seguridad, más puntualidad y más calidad. Eso es lo que pedimos”, ha señalado.

Palencia alerta del impacto sobre las empresas

El portavoz de Transportes del GPP también ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, pueden tener las decisiones del Ministerio sobre el tejido empresarial.

Palencia ha acusado a Puente de incumplir la ley y ha sostenido que “su capricho va a dejar en el andén a nuestras empresas”.

El dirigente popular reclama que cualquier avance en materia de alta velocidad vaya acompañado de unas infraestructuras preparadas, mayor fiabilidad del servicio y garantías suficientes para usuarios y empresas.

El Gobierno mantiene actualmente el proyecto para elevar hasta los 350 kilómetros por hora la velocidad en la línea Madrid-Barcelona. Transportes ha defendido que las actuaciones previstas permitirán alcanzar la velocidad para la que fue originalmente diseñada la infraestructura.

“Más seguridad, más puntualidad y más calidad”

Palencia ha situado la seguridad y la puntualidad como prioridades que, a su juicio, deben anteceder a los anuncios sobre nuevos récords de velocidad.

El portavoz popular ya ha defendido anteriormente en el Congreso planes de choque, actuaciones sobre la infraestructura y medidas destinadas a recuperar la fiabilidad y puntualidad ferroviarias. El PP lo identifica oficialmente como portavoz de Transportes del GPP.

Palencia ha cerrado su intervención con nuevas críticas personales a la gestión de Puente, al que ha definido como “un twittero con coche oficial”, y ha asegurado que el responsable de Transportes debería concentrarse en gestionar la red ferroviaria.

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