Actualidad Política

15 de noviembre de 2026

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El diputado de VOX por Valladolid, Pablo Sáez, ha explicado el rechazo de su formación a la declaración relativa a la Cuenta General del Estado y ha cuestionado la valoración realizada por el Tribunal de Cuentas.

“VOX rechaza la declaración porque no siempre el Tribunal de Cuentas tiene el mismo concepto de imagen fiel”, ha afirmado Sáez durante su intervención.

VOX pone el foco en 24 salvedades

El diputado ha señalado que la Cuenta General incluye 24 salvedades recogidas en 19 puntos, que, según ha enumerado, afectan a distintos aspectos de la contabilidad pública.

Sáez ha hablado de “miles de millones incorrectamente imputados”, activos que no pueden comprobarse, inventarios incompletos, derechos de cobro mal valorados, saldos sin soporte suficiente, criterios contables no homogéneos y obligaciones desplazadas entre ejercicios.

También ha denunciado que determinados errores se repiten “año tras año”.

Sáez cuestiona el concepto de “imagen fiel”

Pese a estas salvedades, el diputado ha criticado que el Tribunal de Cuentas concluya que, con las excepciones señaladas, la Cuenta General presenta una imagen fiel del sector público estatal.

VOX considera que el volumen y la naturaleza de esas observaciones son suficientes para rechazar la declaración y exigir un mayor rigor en la información contable del Estado.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Pilar Alía, ha defendido en el Pleno del Congreso el rechazo al informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024.

“Por su contenido, por sus omisiones y, sobre todo, por sus graves irregularidades, la Cuenta General del Estado debe ser rechazada”, ha afirmado la diputada popular.

El Pleno ha respaldado el dictamen contrario al informe por 177 votos frente a 168, ratificando así la posición que ya había prosperado previamente en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

El PP denuncia la ausencia de nuevos Presupuestos

Pilar Alía ha situado como primera crítica la decisión del Gobierno de afrontar 2024 con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados.

La parlamentaria sostiene que el Ejecutivo incumplió el mandato constitucional de presentar unas nuevas cuentas públicas y ha acusado al Gobierno de convertir la prórroga presupuestaria en una práctica habitual.

Para el Partido Popular, disponer de unos Presupuestos actualizados cada ejercicio resulta esencial para someter las prioridades económicas del Ejecutivo al debate y control de las Cortes Generales.

Alía ha cuestionado además que se pueda afirmar que la Cuenta General ofrece una imagen adecuada de la ejecución presupuestaria cuando, según ha denunciado, no existieron nuevos PGE aprobados para ese ejercicio.

77.341 millones en modificaciones de crédito

Uno de los principales argumentos expuestos por la diputada popular se refiere al volumen de modificaciones presupuestarias realizadas durante la prórroga.

Según los datos citados por Alía, las modificaciones de crédito superaron en 77.341 millones de euros los créditos inicialmente prorrogados.

La portavoz popular ha criticado que estas modificaciones se realizaran mediante órdenes ministeriales y acuerdos del Consejo de Ministros y ha cuestionado especialmente la falta de publicidad que atribuye a alguno de esos acuerdos.

Para el PP, este mecanismo no puede sustituir de manera permanente la aprobación ordinaria de unos Presupuestos Generales del Estado.

El PP reclama más control parlamentario

Alía ha defendido que los Presupuestos constituyen uno de los principales instrumentos de control de las Cortes sobre la acción del Gobierno.

La formación considera que encadenar prórrogas y realizar modificaciones de crédito de gran volumen reduce la capacidad del Parlamento para debatir las prioridades de gasto, ingresos e inversión pública.

El Grupo Popular ya había conseguido en junio que la Comisión Mixta rechazara por primera vez la Declaración sobre una Cuenta General del Estado, precisamente la correspondiente a 2024. Aquella votación terminó con 20 votos a favor del rechazo y 15 en contra.

Alía cuestiona que las cuentas reflejen fielmente la situación presupuestaria

La diputada popular ha rechazado que el informe pueda presentar sin objeciones la imagen económica, financiera y patrimonial del Estado y la ejecución presupuestaria de 2024.

A juicio del PP, las modificaciones introducidas durante la prórroga y la ausencia de unas nuevas cuentas aprobadas por las Cortes obligaban a realizar una valoración mucho más crítica.

Por ello, Alía ha defendido que el rechazo al informe responde no solo a cuestiones formales, sino a la necesidad de garantizar transparencia y control sobre la utilización de los recursos públicos.

El PP exige Presupuestos para 2027

La portavoz popular ha concluido reclamando al Ejecutivo que abandone la actual situación de prórroga presupuestaria y convoque elecciones.

“No son aptos para gobernar España. No están cualificados. Convoquen elecciones y déjenos al Partido Popular presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2027”, ha afirmado.

El Partido Popular defiende unas cuentas públicas anuales, transparentes y sometidas al debate parlamentario, con prioridades claras de gasto e inversión y un control efectivo de las modificaciones presupuestarias.

El secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ángel Ibáñez, ha acusado este jueves al PSOE de exigir transparencia mientras el Gobierno mantiene sin atender numerosas solicitudes de información formuladas por la Cámara Baja.

“Tienen el cuajo de pedir transparencia”, ha reprochado Ibáñez durante su intervención en el Pleno del Congreso.

El diputado popular ha denunciado que existen documentos relacionados con los antecedentes del Proyecto de Ley de Integridad Pública que no han sido facilitados al Congreso, lo que, según ha explicado, ha obligado al PP a presentar una solicitud expresa para obtenerlos.

El PP denuncia documentación pendiente en el Congreso

Ibáñez ha asegurado que el Grupo Popular ha tenido que protestar formalmente ante la Mesa del Congreso por el volumen de peticiones de información que continúan sin respuesta.

Según los datos aportados por el dirigente popular durante su intervención, existen 156 solicitudes de información y documentación, de las cuales más de 100 permanecen sin atender.

Para el PP, estas cifras evidencian una contradicción entre el discurso del PSOE sobre transparencia y la práctica del Ejecutivo a la hora de rendir cuentas ante el Parlamento.

El Partido Popular defiende que el control parlamentario requiere que los diputados puedan acceder en tiempo y forma a la documentación necesaria para ejercer sus funciones.

Ibáñez critica la tramitación del proyecto de anticorrupción

El secretario general adjunto ha cuestionado también la forma en la que el Gobierno ha presentado su Proyecto de Ley de Anticorrupción.

“Han colgado el texto a pelo, sin memoria explicativa”, ha denunciado.

Ibáñez sostiene que el Grupo Popular ha tenido que solicitar expresamente esa documentación adicional para conocer con detalle los antecedentes, justificación y alcance de la iniciativa.

A juicio del PP, una norma destinada precisamente a reforzar la integridad pública debe tramitarse con los máximos niveles de transparencia y documentación.

“¿Cómo entiende realmente el PSOE la transparencia?”

Ibáñez ha cuestionado el concepto de transparencia defendido por los socialistas y ha citado distintos asuntos sobre los que el PP viene reclamando explicaciones.

Entre ellos, ha mencionado cuestiones relacionadas con el hermano del presidente del Gobierno, el teléfono del fiscal general del Estado o la declaración de bienes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Se trata de asuntos utilizados por el dirigente popular para cuestionar políticamente al Ejecutivo y reclamar que se facilite toda la información que corresponda a las instituciones competentes.

El PP acusa al PSOE de intentar desviar la atención

Ángel Ibáñez ha sostenido que la iniciativa socialista responde a un intento de desplazar el debate público de los problemas que, a juicio del Partido Popular, afectan actualmente al Gobierno.

El diputado ha hablado de una “lluvia de casos de corrupción y condenas” y ha considerado que la propuesta busca “transformar una insinuación en una norma ad hominem”.

El PP reclama que cualquier reforma sobre integridad pública tenga carácter general, sea jurídicamente sólida y no pueda interpretarse como una herramienta dirigida contra adversarios políticos concretos.

Vivienda, cesta de la compra e infraestructuras

Ibáñez ha situado el debate sobre transparencia dentro de una crítica más amplia a la gestión del Ejecutivo.

El dirigente popular ha señalado como principales preocupaciones de los ciudadanos el encarecimiento de la cesta de la compra, las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda, la falta de inversión en infraestructuras y el deterioro que denuncia el PP en determinados servicios públicos.

Para el Grupo Popular, estas cuestiones deberían ocupar una parte central de la agenda del Gobierno.

“La decencia no es de izquierdas o de derechas”

El secretario general adjunto ha defendido que la exigencia de ejemplaridad debe aplicarse a todas las formaciones políticas.

“La decencia no es de izquierdas o de derechas”, ha afirmado.

Ibáñez ha reclamado que las mismas exigencias de responsabilidad y transparencia se apliquen con independencia de quién se encuentre afectado y ha criticado cualquier doble rasero político.

El Partido Popular defiende una política institucional basada en la transparencia, el control parlamentario, la igualdad ante la ley y la rendición de cuentas.

El PP reclama “un Gobierno decente”

Ibáñez ha concluido asegurando que España necesita “más que nunca una política y un Gobierno decente” y ha defendido a Alberto Núñez Feijóo como alternativa al actual Ejecutivo.

El diputado popular ha pedido al PSOE que permita a los ciudadanos pronunciarse en las urnas y ha reclamado que el Gobierno concentre sus esfuerzos en los principales problemas económicos, sociales e institucionales del país.

Para el Partido Popular, la transparencia no puede limitarse a declaraciones o iniciativas legislativas, sino que debe comenzar por facilitar al Parlamento la información que solicita y garantizar un control efectivo de la acción del Gobierno.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha lanzado este jueves un mensaje inequívoco sobre la soberanía española de las ciudades autónomas: “Ceuta y Melilla son España. No se negocian, no se comparten. No habrá cosoberanía”.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Álvarez de Toledo ha defendido que España debe responder con firmeza ante cualquier amenaza contra sus fronteras y ha reclamado al Gobierno una actuación basada en tres principios: “decir la verdad, expulsar a los asaltantes y proteger las fronteras”.

“Las amenazas pueden ser híbridas, la soberanía no. Y ninguna agresión obtendrá recompensa política; al revés, tendrá respuesta”, ha afirmado.

Álvarez de Toledo pone el foco en los avisos del CNI

La dirigente popular ha asegurado que el CNI alertó el 29 de julio al Gobierno y a Marruecos de un posible asalto masivo y ha acusado al Ejecutivo de no haber reaccionado adecuadamente ante esa información.

Según ha expuesto Álvarez de Toledo, frente a esos avisos “Marruecos dejó abierta la frontera, el Gobierno dejó indefensa a Ceuta y Sánchez se fue de vacaciones”.

El Partido Popular reclama que se esclarezca toda la información de la que disponían los servicios del Estado antes de los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio y que se expliquen las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.

“Ceuta y Melilla son España”

Álvarez de Toledo ha dirigido también un mensaje explícito a Marruecos para rechazar cualquier cuestionamiento sobre la soberanía de ambas ciudades autónomas.

“Ceuta y Melilla son España”, ha afirmado, antes de añadir que “no se negocian, no se comparten” y que “no habrá cosoberanía”.

La portavoz adjunta sostiene que España debe establecer una relación de cooperación con Marruecos desde la firmeza y el respeto a la integridad territorial española.

“Marruecos entiende perfectamente el lenguaje de la firmeza”, ha señalado, al tiempo que ha acusado a Pedro Sánchez de mantener una política de excesiva subordinación frente a Rabat.

El PP defiende los retornos conforme a la ley

Álvarez de Toledo ha reclamado que las personas que entraron irregularmente sean sometidas a los correspondientes procedimientos individualizados de retorno.

La diputada ha insistido expresamente en que cada expediente debe tramitarse “conforme a la ley” y ha reclamado al Gobierno que solicite toda la colaboración europea necesaria para agilizar los procedimientos.

Para el Partido Popular, la respuesta debe combinar el respeto al Estado de Derecho con una política fronteriza firme que evite que una entrada irregular masiva termine consolidándose como un hecho irreversible.

“No faltan medios, falta voluntad”, ha sostenido Álvarez de Toledo.

Más protección para quienes defienden la frontera

La portavoz adjunta ha reclamado asimismo reforzar la cobertura jurídica de los efectivos desplegados en Ceuta.

Como una de las primeras medidas, ha pedido otorgar a los efectivos que participan en determinadas labores de seguridad el carácter jurídico necesario para actuar con todas las garantías.

“Quien protege al Estado debe estar protegido por el Estado”, ha defendido.

Álvarez de Toledo ha reivindicado que España, como Estado de Derecho, dispone de instrumentos legítimos para hacer cumplir la ley y proteger sus fronteras dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.

El PP acusa a Sánchez de resignarse ante la situación de Ceuta

La diputada popular ha criticado las palabras con las que Pedro Sánchez habría planteado que Ceuta debe adaptarse a una nueva “realidad estructural”.

Para Álvarez de Toledo, la respuesta no puede pasar por normalizar una situación de inseguridad o resignarse ante futuras presiones fronterizas.

La dirigente popular ha acusado al presidente de haber renunciado a ejercer plenamente sus responsabilidades y ha reclamado una política basada en la prevención, la presencia del Estado y la defensa de la soberanía.

Respaldo a Vivas y a las instituciones del Estado

Álvarez de Toledo ha denunciado además lo que considera intentos del Gobierno de desacreditar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y ha defendido a las instituciones y servidores públicos que han intervenido durante la crisis.

La portavoz adjunta ha incluido en esa defensa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Justicia y el CNI, reclamando que no sean utilizados como responsables políticos de decisiones que corresponden al Ejecutivo.

El Partido Popular viene defendiendo en los últimos días la actuación de estas instituciones y reclamando que el Gobierno explique las contradicciones existentes sobre los avisos y la información disponible antes de la crisis.

“Las fronteras no decoran mapas, aseguran la paz civil”

Álvarez de Toledo ha concluido su intervención vinculando la defensa de Ceuta con la protección de España y también de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

“Ceuta está defendiendo también a Europa”, ha subrayado.

La dirigente popular ha reivindicado la relación entre libertad, seguridad y cumplimiento de la ley: “No hay libertad sin orden, no hay convivencia sin ley”.

“Las fronteras no decoran mapas, aseguran la paz civil”, ha concluido, antes de defender que Ceuta “no pide ayuda, pide Estado”.

El Partido Popular defiende una respuesta basada en la soberanía nacional, la protección efectiva de las fronteras, el respaldo a quienes garantizan la seguridad y una relación con Marruecos construida desde la cooperación, la reciprocidad y la firmeza.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Pedro Muñoz Abrines, ha exigido este jueves al Gobierno explicaciones sobre el cambio de posición de España respecto al Sáhara Occidental y ha reprochado a Pedro Sánchez que adoptara esa decisión, según sostiene, de manera “personal, unilateral y sin informar a las Cortes”.

“Seguimos sin conocer a cambio de qué Pedro Sánchez, de manera personal, unilateral y sin informar a las Cortes, cedió el Sáhara a Marruecos”, ha afirmado Abrines durante su intervención en el Pleno del Congreso.

El dirigente popular ha utilizado así la expresión “cedió el Sáhara” para caracterizar políticamente el giro de la posición española anunciado en 2022 y ha reclamado al Ejecutivo que explique cuáles fueron las razones que motivaron aquella decisión.

El PP exige conocer las razones del giro sobre el Sáhara

Abrines ha recordado que en marzo de 2022 Pedro Sánchez trasladó al rey de Marruecos una nueva posición respecto al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental.

El portavoz adjunto ha reprochado al presidente que el cambio se produjera sin informar previamente, según ha señalado, a las Cortes Generales ni a sus propios socios de Gobierno.

“Sin explicar las verdaderas causas de tal claudicación ante Marruecos”, ha criticado.

Para el Partido Popular, una modificación de esta relevancia en política exterior debería haber contado con transparencia, explicación parlamentaria y el máximo consenso posible.

Abrines defiende la posición histórica del PP

El diputado popular ha asegurado que el PP mantiene “exactamente” la misma posición respecto al Sáhara y Marruecos que ha defendido durante las últimas décadas.

Abrines ha reivindicado una línea basada en la “congruencia política, histórica y jurídica” y ha sostenido que esa posición daba continuidad a un consenso parlamentario amplio anterior al cambio impulsado por Sánchez.

El portavoz adjunto ha defendido además la posibilidad de que los saharauis puedan acceder a la nacionalidad española por residencia tras dos años, equiparando su situación a la prevista para nacionales de países iberoamericanos o Guinea Ecuatorial, frente a la utilización de la carta de naturaleza.

“Sánchez ha convertido una política de Estado en un instrumento de confrontación”

Abrines ha acusado al presidente del Gobierno de romper el consenso tradicional en materia de política exterior.

“Sánchez ha convertido una política de Estado en un instrumento de confrontación”, ha afirmado.

A juicio del diputado popular, el Ejecutivo habría sustituido la defensa del interés nacional por decisiones condicionadas por las necesidades políticas del presidente.

El PP defiende que la política exterior debe construirse desde la continuidad institucional, la previsibilidad y la defensa de los intereses estratégicos de España.

El PP cuestiona la relación del Gobierno con Marruecos

El dirigente popular ha situado también en el centro del debate la actual relación entre España y Marruecos.

Abrines sostiene que la política exterior del Ejecutivo ha generado “falta de transparencia, desconfianza, sospechas de intereses ocultos, recelo de los principales socios y aliados” y pérdida de prestigio internacional.

Asimismo, ha acusado al Gobierno de subordinar determinadas decisiones a intereses particulares relacionados con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de una acusación política formulada por el portavoz adjunto, que ha reclamado al PSOE que ofrezca explicaciones para despejar cualquier sospecha.

Abrines vincula el Sáhara con la crisis de Ceuta

Pedro Muñoz Abrines ha relacionado además la política del Gobierno hacia Marruecos con la gestión de la reciente crisis de Ceuta.

“¿Por qué esa indolencia e incompetencia para defender las fronteras de Ceuta, pero tan diligentes para agrandarlas de Marruecos?”, ha preguntado.

El PP viene reclamando explicaciones al Ejecutivo sobre su relación con Rabat y sobre las circunstancias que rodearon los acontecimientos de Ceuta. En los últimos días, dirigentes populares también han cuestionado públicamente por qué el Gobierno modificó su posición respecto al Sáhara y qué consecuencias ha tenido ese cambio para la relación bilateral.

El PP reclama transparencia y una política exterior de Estado

El Partido Popular exige al Gobierno que explique ante las Cortes las razones que motivaron el cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental y que despeje cualquier duda acerca de los compromisos asumidos con Marruecos.

Abrines defiende recuperar una política exterior basada en el consenso, la transparencia, la defensa de las fronteras y el interés nacional.

Para el PP, las relaciones con Marruecos deben ser estables y de cooperación, pero construidas desde la reciprocidad y sin que las decisiones estratégicas de España dependan de intereses particulares o de las necesidades políticas del Gobierno

El diputado de VOX por Badajoz, Ignacio Hoces, ha intervenido en el Pleno del Congreso durante el debate de la proposición de ley sobre la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española, donde ha reclamado mayores garantías y controles para acceder a la nacionalidad.

Hoces ha comenzado reconociendo al pueblo saharaui “todo nuestro reconocimiento y toda la ayuda que sea posible”, pero ha marcado diferencias entre prestar apoyo y conceder la nacionalidad española. “Una cosa es honrar, recordar, ayudar y otra cosa muy diferente es entregar el vínculo más preciado que tiene un español”, ha afirmado.

VOX cuestiona los requisitos para obtener la nacionalidad

El diputado ha advertido de que la proposición permitiría acceder a la nacionalidad sin haber residido legalmente en España y facilitaría posteriormente el acceso a los hijos de los beneficiarios.

También ha cuestionado que no se exija en todos los supuestos un certificado de antecedentes penales y ha expresado dudas sobre las garantías de determinados documentos expedidos hace décadas.

Hoces ha señalado además que el texto contempla a personas nacidas en el Sáhara hasta septiembre de 1977 y sostiene que esta fecha podría permitir solicitudes de descendientes de ciudadanos marroquíes llegados después de la ocupación del territorio.

El dirigente de VOX ha defendido igualmente que quienes hayan adquirido posteriormente la nacionalidad española puedan perderla si cometen determinados delitos, una propuesta que la formación vincula al incumplimiento de las condiciones y confianza asociadas a su concesión.

Hoces vuelve a cargar contra la Ley de Nietos

Durante su intervención, Hoces ha relacionado el debate con la denominada Ley de Nietos y ha acusado al Gobierno de haber pretendido modificar el censo electoral mediante su aplicación.

“Menuda trampa, menuda estafa y menudo engaño”, ha espetado. Según el diputado, fue la actuación judicial impulsada por VOX la que permitió suspender los efectos electorales cuestionados por la formación.

Hoces también ha criticado una instrucción administrativa atribuida a Sofía Puente, que considera contraria a derecho, y ha denunciado que continúe la tramitación de nacionalidades pese al conflicto judicial existente.

Más controles para el voto por correo desde el extranjero

Por último, el diputado ha reclamado equiparar las garantías de identificación del voto por correo emitido desde España y desde el extranjero.

Hoces ha defendido que el elector tenga que identificarse tanto al recibir la documentación como al depositar su voto y ha asegurado que VOX seguirá insistiendo en reforzar esos controles.

El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, César Sánchez, ha acusado este miércoles al Gobierno de una gestión deficiente de las políticas climáticas, energéticas y de prevención de catástrofes y ha reclamado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, medidas concretas para proteger a España.

“Estamos ante un Gobierno inepto, corrupto, indolente e irresponsable”, ha afirmado Sánchez durante la comparecencia de Aagesen ante el Pleno del Congreso.

El diputado popular ha recalcado que el Partido Popular reconoce el cambio climático como “una realidad demostrada científicamente” y ha situado el debate en la eficacia de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para combatir sus consecuencias.

El PP reclama menos planes y más protección efectiva

César Sánchez ha criticado que, después de ocho años de gobiernos socialistas, España siga afrontando, a juicio del PP, importantes vulnerabilidades frente a incendios, inundaciones y problemas energéticos.

“Usted tiene muchos planes, estrategias, estudios e informes, pero España no está más protegida para la lucha contra el cambio climático y eso es grave”, ha señalado.

El dirigente popular ha acusado al Ejecutivo de sustituir la gestión por “pura propaganda” y ha reclamado diálogo con las comunidades autónomas y acuerdos institucionales para afrontar los riesgos climáticos.

Más medios contra los incendios

Entre las prioridades planteadas por el PP, Sánchez ha reclamado facilitar a las comunidades autónomas la limpieza y gestión de los montes, incrementar los medios aéreos contra incendios y respaldar actividades como la agricultura, la ganadería y la caza por su papel en la conservación del territorio.

El diputado ha pedido también explicaciones sobre la retirada de un plan que, según ha expuesto, permitía modernizar hasta diez aeronaves destinadas a la lucha contra incendios.

Sánchez ha vinculado además los episodios de incendios de los últimos años con los recortes en medios que atribuye al Ejecutivo y ha acusado al Gobierno de no escuchar suficientemente a las autonomías.

El PP pide invertir en presas y planes contra inundaciones

El portavoz popular ha reclamado igualmente una política preventiva frente a las inundaciones.

Sánchez ha exigido inversiones en presas, el desarrollo efectivo de los planes de emergencia correspondientes y el cumplimiento de los planes de gestión del riesgo de inundación.

Para el Partido Popular, la adaptación al cambio climático debe traducirse en infraestructuras y actuaciones concretas que reduzcan los riesgos para la población.

Sánchez exige explicaciones sobre los fondos climáticos

El diputado ha reclamado a Aagesen explicaciones sobre el destino de los recursos destinados a las políticas de adaptación climática.

En concreto, ha preguntado por los 1.500 millones de euros del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático citados durante su intervención y ha cuestionado también la gestión de fondos europeos Next Generation.

El PP sostiene que la política climática debe estar acompañada de transparencia y rendición de cuentas sobre el destino de los recursos públicos.

Riesgo de apagón y acceso a la red eléctrica

César Sánchez ha señalado además dos cuestiones energéticas que considera urgentes: garantizar la seguridad del suministro eléctrico y resolver los problemas de acceso a la red.

El parlamentario ha incluido entre sus críticas al Ejecutivo el apagón registrado en España y ha reclamado explicaciones y medidas para evitar que una situación similar pueda repetirse.

También ha advertido de que las limitaciones de acceso a la red pueden perjudicar nuevas inversiones industriales y tecnológicas.

Almaraz y Cofrentes, en el debate energético

Sánchez ha cuestionado asimismo la política nuclear del Gobierno y ha señalado las modificaciones de posición que atribuye al Ejecutivo respecto a la central de Almaraz.

El portavoz popular ha preguntado a Aagesen si esa reconsideración tendrá también consecuencias sobre el futuro de Cofrentes, reclamando una política energética basada, según el PP, en la seguridad del suministro, la competitividad y criterios técnicos.

César Sánchez vuelve a poner Ceuta sobre la mesa

Durante su intervención, el diputado ha vinculado también la capacidad de anticipación del Gobierno con la respuesta ante otras crisis recientes.

Sánchez ha reclamado que, ante situaciones graves, el Ejecutivo actúe desde el primer momento y ha mencionado expresamente Ceuta, reprochando al Gobierno la tardanza que el PP atribuye a su respuesta y a la solicitud de apoyo de Frontex.

Para el Partido Popular, la prevención y capacidad de reacción deben aplicarse tanto a las emergencias climáticas como a cualquier crisis que afecte a la seguridad nacional.

El PP pide Presupuestos, diálogo y gestión

César Sánchez ha situado finalmente entre las principales urgencias la presentación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y ha reclamado recursos suficientes para ejecutar las políticas climáticas y energéticas.

El Partido Popular defiende una estrategia frente al cambio climático basada en ciencia, prevención, infraestructuras, colaboración con las comunidades autónomas, seguridad energética y gestión eficaz de los recursos públicos.

Frente a lo que considera una política basada en planes y anuncios, Sánchez ha exigido “diálogo, trabajo conjunto y acuerdos institucionales”.

La senadora del Grupo Parlamentario Popular por Ciudad Real, Rosa Romero, ha denunciado en el Pleno del Senado la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, y ha situado la situación sanitaria de Ceuta como uno de los principales ejemplos de lo que considera una política marcada por la falta de planificación, diálogo y respuesta ante los problemas del Sistema Nacional de Salud.

“Usted no solo no ha resuelto los problemas que encontró, sino que ha creado problemas donde antes no los había”, ha reprochado Romero a la ministra durante una interpelación en la sesión de control al Gobierno.

La senadora popular ha resumido el balance de su gestión en “listas de espera extraordinariamente preocupantes, un déficit de profesionales sanitarios y escándalos de gestión como los exámenes MIR”.

El PP exige diálogo con médicos y profesionales sanitarios

Romero ha defendido que los profesionales constituyen “la columna vertebral del Sistema Nacional de Salud” y ha acusado al Ministerio de afrontar reformas esenciales desde la imposición y la confrontación.

En particular, ha criticado la gestión del Estatuto Marco y ha reclamado a Mónica García que negocie directamente con médicos, representantes profesionales y comunidades autónomas.

El Partido Popular exige una reforma con seguridad jurídica, memoria técnica y reconocimiento de las particularidades de la profesión médica.

“La sanidad pública no se defiende con propaganda y sectarismo, se defiende con trabajo y gestión”, ha señalado Romero.

“Solo les importa la Sanidad para hacer negocios durante la pandemia”

La senadora ha extendido sus críticas al conjunto del Gobierno de Pedro Sánchez y ha acusado al Ejecutivo de no situar la Sanidad entre sus verdaderas prioridades.

“El problema no es solo suyo, es de un Gobierno que no gobierna nada, que no le ha interesado la Sanidad, solo para hacer negocios durante la pandemia”, ha afirmado.

Se trata de una acusación política formulada por Romero durante su intervención parlamentaria, en la que ha reclamado responsabilidades por la gestión sanitaria del Ejecutivo.

Ceuta, ejemplo de la gestión que denuncia el PP

Rosa Romero ha dedicado una parte destacada de su intervención a la situación de Ceuta.

“Si hay un lugar donde la irresponsabilidad de García resulta evidente es en la crisis de Ceuta y Melilla”, ha afirmado.

La senadora ha recordado que la asistencia sanitaria en ambas ciudades corresponde directamente al Estado a través del INGESA y ha reprochado a la ministra que tardara 17 días en desplazarse a Ceuta tras el inicio de la crisis.

Según Romero, la visita se produjo después de las denuncias realizadas por sindicatos y organizaciones profesionales y la ministra mantuvo una reunión de menos de 15 minutos.

Más de 5.800 asistencias en dos semanas

El PP ha acusado a la ministra de negar la existencia de un colapso sanitario mientras los profesionales afrontaban una presión asistencial extraordinaria.

Romero ha señalado que se produjeron más de 5.800 asistencias durante las dos primeras semanas y ha destacado el esfuerzo realizado por médicos, enfermeros y el resto del personal sanitario.

“Negar el colapso sanitario es una falta de respeto a los profesionales que se están dejando la piel, trabajando en primera línea, con una sobrecarga de trabajo física y mental excepcional”, ha denunciado.

El PP ya había reclamado previamente al Ministerio que reconociera lo que calificaba como una situación de “colapso absoluto” en Ceuta y adoptara medidas extraordinarias para reforzar la asistencia sanitaria.

El PP reclama refuerzos reales para Ceuta

El Partido Popular considera que la situación requiere más profesionales, planificación y recursos, además de un reconocimiento efectivo de las dificultades que soporta el sistema sanitario ceutí.

Romero ha advertido de que la presión continúa y ha acusado al Gobierno de no ofrecer certidumbres sobre cuánto tiempo puede prolongarse.

La formación reclama al Ministerio de Sanidad una respuesta extraordinaria acorde con las necesidades de Ceuta y un respaldo efectivo a los profesionales que trabajan en primera línea.

Romero cuestiona la continuidad de Mónica García

La senadora popular ha concluido con una dura valoración sobre la gestión de la titular de Sanidad.

“Por responsabilidad, no debería seguir ni un día más”, ha afirmado.

El Partido Popular defiende una Sanidad basada en la gestión, el diálogo con sus profesionales, la planificación y la dotación suficiente de recursos, y exige al Gobierno que responda ante la situación sanitaria de Ceuta con medidas concretas y no con lo que considera propaganda política.

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