Actualidad Política

15 de agosto de 2026

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El secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ángel Ibáñez, ha acusado al Gobierno de improvisar en materia de Función Pública y ha reclamado una reforma integral que garantice unos servicios públicos de calidad.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Ibáñez ha señalado que el nuevo Real Decreto-ley sobre jubilación parcial constituye “una respuesta urgente a una avería normativa provocada por el propio Gobierno” y evidencia la falta de previsión en la reforma del contrato de relevo y su adaptación al acceso al empleo público.

Una Administración regulada sin planificación

El diputado popular ha criticado que la Función Pública se esté regulando mediante una sucesión de decretos-leyes, disposiciones adicionales, regímenes transitorios y medidas sectoriales aprobadas “cuando los problemas ya les sobrepasan”.

Ibáñez ha advertido de que esta ausencia de estrategia afecta tanto a los empleados públicos como al funcionamiento de servicios esenciales para los ciudadanos.

Más de 9.000 plazas continúan sin cubrir

El dirigente popular ha señalado que más de 3.200 oficinas de atención ciudadana sufren saturación, demoras, falta de citas y déficits de personal en ámbitos como la Seguridad Social, el SEPE, la Administración penitenciaria y las oficinas de extranjería.

Asimismo, ha recordado que, pese al anuncio de ofertas de empleo público con más de 25.000 plazas, más de 9.000 correspondientes a las convocatorias de 2023, 2024 y 2025 continúan sin cubrir, según denuncian las organizaciones sindicales.

Compromisos pendientes con los empleados públicos

Ángel Ibáñez ha advertido también de la persistencia de la temporalidad, que mantiene en una situación de incertidumbre a miles de trabajadores públicos tras las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo.

El diputado ha enumerado entre las tareas pendientes la carrera profesional, una evaluación del desempeño con garantías, la reducción efectiva de la temporalidad, la dirección pública profesional y la modernización de los procesos selectivos.

Ibáñez ha defendido que la Función Pública debe ser “una institución del Estado, neutral y sometida a la ley”, y no una herramienta al servicio del partido que ocupa el Gobierno.

La reforma que impulsará el Partido Popular

Ante esta situación, el secretario general adjunto del GPP ha anunciado que un futuro Gobierno del Partido Popular impulsará:

  • Una reforma integral y negociada de la Función Pública.
  • Una planificación plurianual de los recursos humanos.
  • La ejecución de las ofertas de empleo pendientes.
  • Una solución constitucional frente al abuso de la temporalidad.
  • La recuperación de la dirección pública profesional.
  • La captación de talento tecnológico, sanitario y científico.
  • La modernización de los procesos selectivos.

El Partido Popular defiende una Administración profesional, neutral, moderna y dotada de los recursos necesarios para prestar unos servicios públicos eficaces y de calidad.

El secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Ángel Ibáñez, ha cargado contra la política económica del Gobierno durante el debate del Real Decreto-Ley sobre los recursos de los sistemas de financiación territorial, reclamando al Ejecutivo que deje de “esquilmar los bolsillos de los ciudadanos”, dé explicaciones sobre los casos que afectan a su entorno y permita que los españoles se pronuncien en las urnas.

Durante su intervención, Ibáñez defendió que un futuro Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo impulsará una revisión integral del sistema de financiación autonómica y local para garantizar la igualdad, la transparencia y la corresponsabilidad fiscal entre territorios.

Críticas a la gestión económica del Gobierno

El dirigente popular cuestionó el destino de los recursos adicionales gestionados por el Ejecutivo durante los últimos años y sostuvo que el incremento de la recaudación no se ha traducido en una mejora de la situación de los ciudadanos.

Según afirmó, el aumento de los ingresos públicos ha coincidido con una pérdida de poder adquisitivo de las familias y con un importante crecimiento de la deuda pública.

Ibáñez también denunció el incremento de la presión fiscal, asegurando que la recaudación tributaria ha alcanzado cifras récord desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

Sanidad, vivienda y transporte

Durante su intervención, el portavoz popular criticó igualmente la situación de diversos servicios públicos y sectores estratégicos.

Entre otros asuntos, mencionó los problemas que afectan al sistema sanitario, la falta de vivienda asequible, el funcionamiento de la justicia y las dificultades registradas en las infraestructuras ferroviarias y de transporte.

A su juicio, estos problemas evidencian que el aumento de la recaudación no ha ido acompañado de una mejora efectiva de los servicios que reciben los ciudadanos.

Financiación autonómica y presupuestos

Ibáñez defendió la necesidad de reformar el actual modelo de financiación autonómica y consideró que las entregas a cuenta a comunidades y entidades locales se han visto afectadas por la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado.

En este sentido, criticó que el Ejecutivo no haya logrado aprobar unas nuevas cuentas públicas durante los últimos ejercicios y acusó al Gobierno de trasladar una imagen de normalidad institucional que, según dijo, no se corresponde con la realidad parlamentaria.

Rechazo a privilegios territoriales

El dirigente popular también cuestionó las propuestas de reforma de la financiación planteadas por el Ejecutivo, al considerar que no garantizan la igualdad entre comunidades autónomas.

Según sostuvo, cualquier modificación del sistema debe evitar tratamientos diferenciados que beneficien a determinadas formaciones o territorios en función de acuerdos políticos.

Para el Partido Popular, la futura reforma deberá basarse en criterios de equidad, suficiencia financiera y cohesión territorial.

Con estas críticas, el PP mantiene su ofensiva política contra la gestión económica del Gobierno y refuerza su propuesta de convocar elecciones y abrir una nueva etapa política centrada en la estabilidad institucional y la reforma de la financiación autonómica.

El secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Ángel Ibáñez, ha denunciado las dificultades que sufren miles de ciudadanos para acceder a los servicios de la Administración después de que el Gobierno haya convertido la cita previa obligatoria “en un obstáculo”.

“La cita previa puede ser una herramienta organizativa, pero no debe ser una barrera”, ha afirmado Ibáñez durante su intervención.

El dirigente popular ha explicado que la propuesta del Partido Popular “no va contra la cita previa como instrumento”, sino contra “su imposición obligatoria cuando impide a los ciudadanos ser atendidos como merecen”.

En este sentido, ha criticado que muchas personas se ven obligadas a esperar semanas para conseguir una cita, lo que limita el acceso a servicios esenciales de la Administración.

El PP denuncia un sistema saturado y falta de gestión del Gobierno

Ángel Ibáñez ha subrayado que esta situación “no es culpa de los empleados públicos”, quienes trabajan “con plantillas insuficientes, sistemas informáticos deficientes y una presión creciente”.

Según ha señalado, el verdadero problema es “un Gobierno que carga sobre ciudadanos y funcionarios las consecuencias de su falta de gestión”.

El dirigente popular ha calificado además de “inasumible” la existencia de un mercado negro de citas previas, donde algunos ciudadanos llegan a pagar hasta 100 euros para conseguir atención administrativa.

Por ello, el Partido Popular apuesta por una atención “real y garantizada”, tanto presencial como telefónica y digital, manteniendo la cita previa únicamente con carácter voluntario.

“Modernizar no es cerrar ventanillas. Modernizar es atender mejor”, ha defendido.

El PP acusa al Gobierno de incumplir sus promesas

Ángel Ibáñez ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular lleva este debate al Pleno porque el Gobierno “prometió resolver este problema y no lo ha hecho”.

Asimismo, ha señalado que hace más de dos años el entonces ministro José Luis Escrivá se comprometió a eliminar la obligatoriedad de la cita previa, aunque “parece que estaba más ocupado atendiendo sin cita previa a Zapatero para hacer desaparecer presuntamente las deudas de Plus Ultra”.

El secretario general adjunto del GPP ha criticado duramente al Ejecutivo, asegurando que “los españoles no merecen un Gobierno que está destrozando los servicios públicos”.

A su juicio, el Ejecutivo “agoniza” y está “más pendiente de los informes de la UDEF y la UCO sobre la corrupción del PSOE y las joyas de Zapatero que de resolver los problemas reales de los ciudadanos”.

Antes de concluir, Ángel Ibáñez ha pedido al Gobierno “que se eche a un lado y dé voz a los españoles” para decidir “si prefieren las joyas de Zapatero o un Gobierno que se ocupe de sus problemas”.

El secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ángel Ibáñez, ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de seguir sin dar explicaciones sobre el escándalo que rodea al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía y le ha instado a comparecer “aquí y ahora” en sede parlamentaria.

Ibáñez ha reprochado al titular de Interior que “no ha explicado si lo sabía y lo ocultó”, en referencia a las informaciones conocidas en las últimas semanas. “Nos estamos cansando de que cada vez que pasa un caso asqueroso de los que estamos conociendo en el PSOE nos hablen de actuación inminente y de protocolos cuando todo ya ha pasado”, ha afirmado.

El dirigente popular ha señalado que “a los españoles, y especialmente a las españolas, les iría mejor si el Gobierno hiciera las cosas bien antes, en lugar de limitarse a activar protocolos posteriores para atender a las víctimas”.

Asimismo, Ibáñez ha criticado “el caos, el desorden y la incompetencia” en la implantación de las balizas V-16 obligatorias para 28 millones de conductores, y ha pedido al ministro que aclare si este proceso ha servido para “enriquecer a algunos bajo el Gobierno sanchista, como ocurrió con las mascarillas”.

El diputado del PP ha apuntado a informaciones que relacionan el proceso con “dirigentes del PSOE beneficiados, empresas fantasma con ayudas millonarias, distribuidoras señaladas por presuntas estafas e incluso la implicación de responsables vinculados al entorno socialista en la comercialización de dispositivos”.

Ibáñez ha recordado que el Partido Popular lleva desde el inicio de la legislatura registrando preguntas e iniciativas sobre esta cuestión, incluyendo una Proposición no de Ley aprobada el pasado junio para mejorar la implementación de las balizas, así como hasta 15 solicitudes de comparecencia pendientes en la Comisión de Seguridad Vial, entre ellas la del propio ministro.

“Cuando uno tiene la responsabilidad de mejorar la seguridad vial y lo único que genera es caos e incertidumbre, se convierte en el máximo responsable de cualquier incidencia que pueda producirse”, ha advertido.

Por ello, el PP ha reiterado su disposición a colaborar y ha planteado medidas concretas: impulsar una evaluación integral del sistema V-16, reforzar el control de homologación y del mercado para evitar dispositivos no autorizados, y desarrollar campañas informativas claras para los conductores.

“El Gobierno debe asumir responsabilidades y garantizar que la seguridad vial esté por encima de cualquier interés partidista”, ha concluido Ibáñez.

El secretario general adjunto del GPP, Ángel Ibáñez, responsabiliza a la vicepresidenta Montero de “la vergüenza absoluta” que supone que el Gobierno de Sánchez sea “el que más veces está incumpliendo la Constitución a la hora de presentar los Presupuestos”

“Ayer mismo se conmemoraba en el Congreso, bajo la presidencia del Rey, que tenemos vigente la Constitución más longeva y que más prosperidad ha generado en nuestro país, y se indicaba que la mejor manera de conmemorarla es cumplirla pero hoy, aquí, con usted, recordamos que tenemos al Gobierno más inoperante a la hora de presentar los PGE”, recalca

Señala que la falta de actualización de entregas a cuenta ha provocado que Castilla y León se quede sin unos 160 millones de euros al mes y, por ello, el Ejecutivo autonómico tiene que afrontar los retos y gastos de 2026 con los recursos del modelo de financiación autonómica fijados en el 2023

Critica que “el modelo de cambio del PSOE para Castilla y León, como el de la vicepresidenta Montero, es aceptar ese modelo de financiación que ha pactado con ERC y que perjudica claramente a nuestra comunidad”

“Según Fedea, Castilla y León recibiría solamente cero euros más, nada, y es la comunidad más perjudicada junto a Cantabria, La Rioja y Extremadura. ¿Le parece que recibir cero euros más es algo razonable para una comunidad como la mía? Este es el modelo económico que abrazan los socialistas de Castilla y León y por el que pasaríamos, debido al principio de solidaridad, de estar financiados por encima de la media a estar financiados más de un 3% por debajo de la media del resto de las comunidades”, añade

Censura “el servilismo que tienen algunos de sus varones, que van directos a la derrota y a las órdenes del sanchismo”. “Es una pena que eso esté pasando en mi tierra y que los socialistas de Castilla y León estén más del lado del sanchismo que de los castellanos y leoneses”, apostilla

Denuncia también que “el Gobierno de Sánchez tampoco se ha conformado con dejar sin luz a todos los españoles con el apagón, sino que están apagando su futuro, anhelos y esperanzas” al frenar también la conectividad digital a nuestros municipios

“Nosotros tenemos el 20% del territorio aproximadamente de toda España y el 5% de la población, y nuestros 2.248 municipios merecen y necesitan estar conectados. Se les llena la boca de hablar de reto demográfico pero centenares de localidades rurales siguen pendientes de esta obligación”, indica

Contrapone la incompetencia de Sánchez para aprobar una financiación justa, “vendiéndose al independentismo”, y su desprecio por las CC.AA., con la gestión de Mañueco en Castilla y León, “una de las autonomías con menos impuestos y que más porcentaje destina a gasto social, pues el 80% del gasto no financiero va a financiar la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales”

“El verdadero jefe de los socialistas de Castilla y León es Óscar Puente y, gracias a él, seguimos sin avance en una quincena de autovías, sin los ferrocarriles, sin las infraestructuras energéticas, sin la conectividad digital”, hace hincapié, por lo que llama a “revertir” esta situación rechazando el modelo de Sánchez y de Puente para Castilla y León

El secretario general adjunto del GPP, Ángel Ibáñez, asegura que el Gobierno aprueba por vía del Real Decreto-Ley los incrementos salariales para los empleados públicos los próximos dos años por “su incapacidad para presentar unos Presupuestos Generales del Estado”, al tiempo que les culpa de no dialogar con las comunidades autónomas “condicionando la política retributiva de sucesivos gobiernos al considerarse los incrementos plurianuales” 

Critica que “esta norma deja sin capacidad de reacción a las comunidades autónomas ya que muchas habían elaborado sus presupuestos en estas fechas, desconociendo este incremento retributivo que ahora van a tener que asumir”. Otra vez tarde, mal y sin diálogo con el resto de administraciones territoriales”, subraya 

Asegura que “los empleados públicos le importante poco o nada a Sánchez”, y esto se refleja en varias cuestiones como que “ya son cinco ministros los que han llevado esta cartera en siete años”. “Todos lo hicieron bajo la figura conocida como expectativa de destino; una se fue de presidenta del Congreso, otra al Banco de España,” dice al tiempo que augura a Óscar López un peor destino, “la oposición en la Comunidad de Madrid” 

Sostiene que este “es el ministerio que promueve que haya direcciones generales no ocupadas por funcionarios, sino por políticos” y recuerda que hay hasta 35 direcciones generales en la AGE ocupadas por políticos y no funcionarios 

Reprocha que tampoco se haya ocupado de resolver la situación límite de muchos empleados públicos interinos puesto que “no han tomado ni una sola medida para generar certeza ni para reducir la temporalidad, y eso que tienen 600 millones de euros congelados por Europa por su incompetencia” 

Denuncia también la labor del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que “pretende usar a los funcionarios de administración local habilitados nacionales como meros productos de un mercado persa” al persistir en traspasar sus competencias a petición de los grupos independentistas 

Denuncia que el ministro presuma de presentar la mayor oferta pública de empleo de la historia, cuando “tiene casi 10.000 plazas no ejecutadas y que se han perdido por falta de planificación” 

“¿Qué podemos esperar de un gobierno que ha utilizado la función pública para colocar amiguitas o sobrinas de ministros o de un partido que ha utilizado la función pública para inventarse plazas ficticias para el hermano del presidente? 

Reafirma el compromiso del Partido Popular” con la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos, con la estabilidad en el empleo, con procesos electivos ágiles y con una función pública que sea moderna, eficaz, formada y reconocida” 

Asegura a los millones de empleados públicos que “pueden confiar en que el futuro Gobierno del Partido Popular va a dedicarse todo su tiempo y esfuerzo a la ingente cantidad de tarea que todavía queda pendiente en la función pública” 

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