Actualidad Política

3 de octubre de 2026

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El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado una solución “urgente y adecuada” para el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y ha destacado el frente común de cinco comunidades autónomas para reclamar al Gobierno de España una infraestructura ferroviaria con capacidad para responder a las necesidades económicas, industriales, logísticas y sociales de las próximas décadas.

Pérez Llorca ha participado en la cumbre ‘La Hora del Corredor de mar a mar. El corredor que une el Mediterráneo con el Cantábrico’ y en la posterior ratificación de la Declaración de Teruel, junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón; el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y representantes de los gobiernos de Cantabria y La Rioja.

El jefe del Consell ha defendido que el corredor cuente con doble vía, ancho internacional y capacidad suficiente y lo ha calificado como una infraestructura estratégica para el transporte de mercancías y viajeros.

A su juicio, este eje “va a generar oportunidades y proyectos de vida para muchas regiones” y permitirá reforzar la conexión de la Comunitat Valenciana con las redes ferroviarias del Atlántico y del Cantábrico.

El president ha recordado que el proyecto se remonta a 2011 y ha señalado que distintas decisiones e inversiones desarrolladas durante estos años en la Comunitat Valenciana se han planteado teniendo en cuenta el futuro desarrollo del corredor.

Entre ellas ha destacado Parc Sagunt y su estación intermodal, una infraestructura a la que, según los datos aportados por la Generalitat, se han destinado alrededor de 100 millones de euros para reforzar el crecimiento industrial y logístico de este enclave.

“Cualquier paso atrás en el desarrollo de los corredores puede comprometer el rendimiento de grandes infraestructuras que han sido financiadas por los contribuyentes”, ha advertido Pérez Llorca.

El president ha resaltado igualmente la importancia del corredor para los puertos valencianos y ha señalado que una mejor conexión ferroviaria permitiría reducir los tiempos de traslado y aumentar la agilidad en el movimiento de mercancías.

Alegaciones al proyecto

Pérez Llorca ha defendido las alegaciones presentadas al proyecto del Ministerio y ha señalado que responden a criterios técnicos planteados tanto por administraciones públicas como por empresas privadas.

El jefe del Consell ha reclamado al Gobierno “una reflexión, visión global y altura de miras” para alcanzar acuerdos sobre unas propuestas que, según ha explicado, buscan mejorar el corredor.

Respecto al tramo Teruel-Sagunto, ha criticado que “se cambien las reglas del juego a mitad del partido con decisiones que estrangulan esta infraestructura”.

También ha mencionado actuaciones pendientes como la Estación Central y el túnel pasante de València, que afectan al desarrollo del Corredor Mediterráneo. “De nada sirve que se hagan inversiones millonarias si luego no se completa el proyecto”, ha advertido.

Declaración de Teruel

La cumbre ha concluido con la ratificación de la Declaración de Teruel por parte de la Comunitat Valenciana, Aragón, Castilla y León, Cantabria y La Rioja.

El documento pretende trasladar al Ejecutivo central una posición conjunta para impulsar un sistema ferroviario con visión de largo plazo y reforzar la vertebración territorial.

Pérez Llorca ha defendido que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo no debe plantearse como una suma de actuaciones aisladas, sino como una red estratégica de dimensión nacional y europea capaz de conectar territorios, puertos, mercancías y personas.

El presidente del Partido Popular de Cuenca y diputado regional, José Martín-Buro, ha reclamado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que aclare la posición de su Ejecutivo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y ha situado las necesidades específicas de la provincia de Cuenca en el centro del debate.

Martín-Buro ha cuestionado las declaraciones realizadas desde el Ejecutivo regional sobre el comportamiento que deberían mantener los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha cuando la financiación llegue al Congreso.

El dirigente popular sostiene que existen contradicciones entre las posiciones expresadas por el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, y pide a Page que concrete cuál será la postura política que defenderá.

Cuenca y el coste de los servicios públicos

Martín-Buro ha advertido de que el debate sobre financiación tiene consecuencias especialmente importantes para provincias caracterizadas por la dispersión geográfica y la despoblación.

“Nuestra provincia necesita una financiación justa que tenga en cuenta la realidad de territorios como el nuestro”, ha señalado.

El propio Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido oficialmente que el nuevo sistema tenga en cuenta variables como superficie, dispersión y características demográficas para calcular el coste real de prestar servicios públicos.

Martín-Buro reclama que estas singularidades se traduzcan en recursos suficientes para Cuenca y permitan sostener servicios e inversiones en el territorio.

El PP cuestiona las diferencias dentro del Ejecutivo regional

El presidente provincial del PP ha calificado de “teatro político” las diferencias públicas que atribuye a miembros del Gobierno autonómico y ha reclamado que Page fije una posición clara.

Martín-Buro sostiene que las críticas del presidente regional a determinadas decisiones del Gobierno central deben traducirse posteriormente en actuaciones políticas coherentes.

El dirigente popular también ha vinculado esta cuestión con otros desacuerdos que Page ha expresado públicamente con el Ejecutivo central, aunque sus valoraciones sobre una supuesta contradicción entre declaraciones y actuaciones forman parte de la crítica política del PP.

Más inversión y oportunidades para Cuenca

Martín-Buro ha defendido que el debate sobre financiación debe servir para abordar las necesidades estructurales de Cuenca.

El presidente provincial del PP reclama más inversión, oportunidades económicas y una estrategia que tenga en cuenta las dificultades derivadas de la despoblación y la extensión territorial.

Para Martín-Buro, la financiación autonómica debe garantizar que provincias como Cuenca dispongan de recursos suficientes para prestar servicios públicos y generar nuevas oportunidades con independencia de su densidad de población.

La diputada regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha María Gil ha reclamado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, que el rechazo expresado por su Gobierno al nuevo modelo de financiación autonómica se traduzca en el sentido del voto de los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso.

“No se puede decir una cosa en Castilla-La Mancha y hacer la contraria en el Congreso de los Diputados”, ha afirmado Gil, que ha pedido a Page que inste a los parlamentarios socialistas de la región a votar en contra del modelo cuando llegue a la Cámara Baja.

El Gobierno de Page también rechaza el modelo

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha manifestado públicamente su oposición a la propuesta de financiación autonómica del Gobierno central, al considerar que perjudica los intereses de la comunidad y no garantiza suficientemente la igualdad entre territorios.

La discrepancia planteada por Gil se centra en las consecuencias parlamentarias de esa posición.

La diputada popular sostiene que Page debe pasar de las declaraciones a los hechos y pregunta: “¿Quién manda en el PSOE de Castilla-La Mancha, Page o Sánchez?”.

Los ocho diputados, en el centro del debate

Gil ha puesto el foco en los ocho diputados socialistas elegidos en Castilla-La Mancha y reclama que se opongan al modelo en el Congreso.

Desde el PSOE castellanomanchego también se ha expresado rechazo a la propuesta: su secretario de Organización y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, aseguró este mes que su formación seguiría trabajando para que el modelo planteado “no salga adelante”.

El debate queda así centrado en cómo se traducirán esas posiciones cuando las Cortes Generales tengan que pronunciarse sobre las modificaciones legislativas correspondientes.

Gil defiende la alternativa fiscal del PP

Durante su intervención en Almansa, María Gil también ha contrapuesto al modelo de financiación las propuestas económicas del PP de Castilla-La Mancha encabezado por Paco Núñez.

Entre ellas ha citado la deflactación y reducción del IRPF, cambios en Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, rebajas fiscales relacionadas con vivienda y suelo industrial y medidas dirigidas a autónomos y pequeñas y medianas empresas.

Gil sostiene que estas medidas permitirían aliviar la carga fiscal de hogares y empresas y aumentar los recursos disponibles para consumo e inversión.

El Pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado una moción presentada por VOX para reafirmar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y reclamar el respeto a la integridad territorial de España. La iniciativa salió adelante con el apoyo del PP y de los concejales no adscritos, mientras PSOE y Unidas Podemos votaron en contra.

La portavoz municipal de VOX, Lorena González, ha criticado el rechazo de los grupos de izquierda y ha defendido que la propuesta plantea una posición institucional sobre la soberanía de ambas ciudades autónomas y las relaciones de España con Marruecos.

«Me parece increíble que la izquierda albaceteña haya votado en contra de una moción que defiende algo tan básico como que Ceuta es España y que la soberanía española no se negocia», afirmó González tras el debate. La portavoz rechazó además las acusaciones de que la iniciativa fomente el odio y sostuvo que su contenido se centra en «defender nuestras fronteras, nuestro territorio y nuestra soberanía».

La moción reclama reafirmar la soberanía española

La propuesta había sido presentada por VOX dos días antes del Pleno. Entre sus puntos figuraba que el Ayuntamiento reafirmara expresamente la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y el resto de territorios españoles situados en el norte de África, además de rechazar cualquier pretensión de soberanía sobre ellos.

La iniciativa también planteaba reclamar al Gobierno de España actuaciones diplomáticas ante Marruecos y revisar las relaciones bilaterales para que la cooperación económica, policial y migratoria se desarrollase, según el planteamiento de VOX, bajo criterios de reciprocidad y respeto a la soberanía española.

La moción se enmarca en el debate político abierto durante las últimas semanas a raíz de la crisis registrada en Ceuta. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el 3 de septiembre que «Ceuta es España en la frontera» y defendió la unidad institucional como respuesta a la situación vivida en la ciudad autónoma.

González responde a Unidas Podemos

Durante el debate municipal, González puso especialmente el foco en la intervención de Unidas Podemos. Según la versión difundida por VOX, la concejal de esta formación defendió que la situación de Ceuta no debía abordarse únicamente como un problema de la ciudad autónoma y planteó distribuir por otros puntos de España a personas que permanecen allí.

La portavoz de VOX contrapuso esa posición a la defendida por su grupo.

«Una cosa es defender los derechos de las personas y otra muy distinta es renunciar al control de nuestras fronteras. La defensa de la soberanía española no es odio, y exigir el cumplimiento de la ley no es odio», señaló González.

VOX destaca el respaldo mayoritario del Pleno

Con su aprobación, el Ayuntamiento de Albacete ha respaldado la parte dispositiva de una iniciativa que reivindica la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y pide que las relaciones de cooperación con Marruecos estén condicionadas al respeto de la integridad territorial española.

«Hoy ha quedado claro que VOX va a seguir defendiendo que Ceuta es España, que Melilla es España y que la soberanía española no está en venta ni puede estar sometida a intereses políticos o diplomáticos», afirmó González.

La portavoz añadió que las diferencias entre los grupos pueden mantenerse en materias como inmigración, cooperación o política exterior, pero defendió que la integridad territorial de España debe quedar al margen de esas discrepancias.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido la necesidad de abrir una nueva etapa política tanto en España como en la comunidad autónoma y ha situado el respeto al Estado de Derecho, la independencia judicial y las instituciones entre los ejes de su intervención.

Núñez ha realizado estas declaraciones este lunes antes de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial en Castilla-La Mancha, donde ha descrito el actual escenario político como un momento de “incertidumbre, tensión y confrontación social”.

Defensa de la independencia judicial

El dirigente popular ha reivindicado el respeto a la separación de poderes y ha defendido que las resoluciones judiciales deben acatarse independientemente de que se compartan o no.

Núñez sostiene que el respeto a la independencia del Poder Judicial constituye un elemento esencial de la democracia y ha formulado críticas a los gobiernos socialistas, a los que acusa de cuestionar a jueces y magistrados. Esta última afirmación constituye la valoración política expresada por el presidente regional del PP.

También ha defendido el trabajo de Policía Nacional y Guardia Civil y ha reclamado respeto y respaldo para quienes tienen encomendada la protección de la seguridad y la convivencia.

“Otra forma de liderar la política”

“Los que creemos en el Estado de Derecho, los que creemos en la democracia, los que creemos en el respeto a las normas y en la convivencia cívica y pacífica creemos que es fundamental que haya otra forma de liderar la política”, ha señalado Núñez.

El presidente del PP castellanomanchego ha vinculado esa posición con su propuesta política para los próximos ciclos electorales y ha defendido un relevo en los ejecutivos nacional y autonómico.

“Vamos a trabajar por un cambio de Gobierno en España, por un cambio de Gobierno en Castilla-La Mancha”, ha afirmado.

Núñez sostiene que ese relevo permitiría modificar el rumbo político en materias como la convivencia, el respeto institucional y el Estado de Derecho, una posición que viene defendiendo en sus últimas intervenciones públicas.

Sofía Rivas ha sido elegida nueva presidenta de Nuevas Generaciones de Albacete durante el XII Congreso Provincial de la organización, tomando el relevo de Juan Carlos González después de ocho años al frente de NNGG en la provincia.

Rivas obtuvo el respaldo unánime de los compromisarios que ejercieron su voto y estará acompañada en esta nueva etapa por Jaime Martínez Cano, concejal de Bienservida, como secretario general.

“Comienza una nueva etapa llena de retos y oportunidades”, afirmó Rivas, que se ha marcado como objetivo construir una organización “viva, fuerte y presente en cada rincón de nuestra provincia”.

Empleo, emprendimiento y vivienda

La nueva presidenta ha situado entre sus prioridades las oportunidades laborales de los jóvenes, el emprendimiento, el acceso a la vivienda y las posibilidades de desarrollar un proyecto de vida sin tener que abandonar los municipios de la provincia.

Rivas quiere que NNGG funcione como una herramienta para canalizar esas preocupaciones y trasladarlas al ámbito político.

Durante su intervención también reivindicó principios como la libertad, la responsabilidad individual, el esfuerzo y la igualdad de oportunidades, además de la defensa de las tradiciones y la cultura.

Respaldo provincial, regional y nacional

El congreso contó con la presencia del presidente del PP de Albacete y alcalde de la capital, Manuel Serrano; el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el presidente de NNGG-CLM, José Luis Montalvo, y el secretario general de NNGG España, Alonso Nieto.

Serrano destacó la implantación territorial de Nuevas Generaciones y animó a Rivas a escuchar, compartir propuestas y trabajar en las futuras candidaturas municipales.

Paco Núñez centró buena parte de su intervención en el empleo, la formación y las oportunidades de futuro para los jóvenes. También formuló críticas al PSOE regional y nacional y calificó a los jóvenes como “el antídoto contra el socialismo”, una caracterización política recogida igualmente por Europa Press.

El XII Congreso Provincial abre así una nueva etapa para Nuevas Generaciones de Albacete, con Sofía Rivas al frente y con la implantación territorial y las políticas relacionadas con empleo, vivienda y oportunidades juveniles como ejes anunciados de su mandato.

Los diputados provinciales de VOX Víctor Morejón y José Luis Arcángel han participado en la IV Feria Ganadera de la Comarca de Molina de Aragón, celebrada este fin de semana con actividades dedicadas a la ganadería extensiva, los productos locales y las tradiciones de la zona.

Durante la visita, ambos han defendido el consumo de proximidad y el respaldo a agricultores y ganaderos como elementos necesarios para mantener la actividad económica en los municipios rurales.

Morejón ha resumido ese planteamiento señalando que detrás del producto local hay “ganaderos, familias y pequeños negocios que generan riqueza y empleo”.

Un distintivo para el cordero y el cabrito de la comarca

Uno de los protagonistas de esta edición ha sido el nuevo distintivo Carne extensiva de la Comarca de Molina de Aragón, impulsado para identificar el cordero y cabrito locales y reforzar su vinculación con el territorio.

La presentación de esta nueva marca formó parte del programa profesional y divulgativo de la feria, que también incluyó talleres, degustaciones, demostraciones de oficios tradicionales y actividades relacionadas con el futuro de la ganadería extensiva.

VOX defiende que conocer el origen del producto y favorecer su consumo contribuye a mantener actividad económica y empleo en los pueblos.

“Cuando elegimos carne criada aquí, con un origen conocido y trazable, no solo estamos eligiendo calidad: estamos ayudando a que esa actividad económica permanezca en nuestros pueblos y tenga futuro”, ha señalado Morejón.

Soberanía alimentaria y futuro rural

Los diputados han vinculado la defensa del producto de proximidad con el concepto de soberanía alimentaria, entendido por VOX como una mayor capacidad para producir alimentos en el propio territorio y reducir la pérdida de explotaciones agrarias y ganaderas.

La formación ha agradecido especialmente el trabajo de la Asociación de Ganaderos Extensivos de la Comarca de Molina de Aragón y de su presidente, Valentín García, por impulsar el nuevo distintivo.

La propia Feria Ganadera se plantea como un escaparate de la ganadería extensiva y de su importancia económica, cultural y ambiental para una comarca marcada por la dispersión territorial y la despoblación.

Arcángel pone el foco en el cuidado del territorio

José Luis Arcángel ha destacado que la actividad ganadera no se limita a producir alimentos y ha subrayado su papel en el mantenimiento de pastos, montes y paisaje.

“Mientras algunos hablan del mundo rural desde un despacho, ellos están sobre el terreno los 365 días del año”, ha afirmado.

La relación entre pastoreo y prevención de incendios también ha tenido presencia destacada en esta edición. La Junta de Castilla-La Mancha ha abierto una línea de 360.000 euros destinada a fomentar el pastoreo controlado en zonas estratégicas para reducir vegetación susceptible de actuar como combustible forestal.

Ese contexto respalda la idea de que la ganadería extensiva puede desempeñar una función complementaria en el mantenimiento preventivo del territorio, aunque no sustituye a otras medidas de gestión forestal y extinción.

VOX reclama menos obstáculos para quien produce

Morejón ha cerrado su intervención vinculando la continuidad de los pueblos con la capacidad de agricultores, ganaderos, autónomos y familias para desarrollar su actividad.

“Si queremos pueblos vivos, necesitamos ganaderos, agricultores, autónomos y familias que puedan prosperar en ellos”, ha afirmado.

VOX plantea como línea política facilitar la actividad del sector primario, reducir trabas administrativas y favorecer el consumo de productos de origen local.

La visita a Molina de Aragón sirve así a la formación para unir tres ejes de su discurso rural: producción local, actividad económica y mantenimiento del territorio.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Pilar Alía, ha defendido en el Pleno del Congreso el rechazo al informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024.

“Por su contenido, por sus omisiones y, sobre todo, por sus graves irregularidades, la Cuenta General del Estado debe ser rechazada”, ha afirmado la diputada popular.

El Pleno ha respaldado el dictamen contrario al informe por 177 votos frente a 168, ratificando así la posición que ya había prosperado previamente en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

El PP denuncia la ausencia de nuevos Presupuestos

Pilar Alía ha situado como primera crítica la decisión del Gobierno de afrontar 2024 con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados.

La parlamentaria sostiene que el Ejecutivo incumplió el mandato constitucional de presentar unas nuevas cuentas públicas y ha acusado al Gobierno de convertir la prórroga presupuestaria en una práctica habitual.

Para el Partido Popular, disponer de unos Presupuestos actualizados cada ejercicio resulta esencial para someter las prioridades económicas del Ejecutivo al debate y control de las Cortes Generales.

Alía ha cuestionado además que se pueda afirmar que la Cuenta General ofrece una imagen adecuada de la ejecución presupuestaria cuando, según ha denunciado, no existieron nuevos PGE aprobados para ese ejercicio.

77.341 millones en modificaciones de crédito

Uno de los principales argumentos expuestos por la diputada popular se refiere al volumen de modificaciones presupuestarias realizadas durante la prórroga.

Según los datos citados por Alía, las modificaciones de crédito superaron en 77.341 millones de euros los créditos inicialmente prorrogados.

La portavoz popular ha criticado que estas modificaciones se realizaran mediante órdenes ministeriales y acuerdos del Consejo de Ministros y ha cuestionado especialmente la falta de publicidad que atribuye a alguno de esos acuerdos.

Para el PP, este mecanismo no puede sustituir de manera permanente la aprobación ordinaria de unos Presupuestos Generales del Estado.

El PP reclama más control parlamentario

Alía ha defendido que los Presupuestos constituyen uno de los principales instrumentos de control de las Cortes sobre la acción del Gobierno.

La formación considera que encadenar prórrogas y realizar modificaciones de crédito de gran volumen reduce la capacidad del Parlamento para debatir las prioridades de gasto, ingresos e inversión pública.

El Grupo Popular ya había conseguido en junio que la Comisión Mixta rechazara por primera vez la Declaración sobre una Cuenta General del Estado, precisamente la correspondiente a 2024. Aquella votación terminó con 20 votos a favor del rechazo y 15 en contra.

Alía cuestiona que las cuentas reflejen fielmente la situación presupuestaria

La diputada popular ha rechazado que el informe pueda presentar sin objeciones la imagen económica, financiera y patrimonial del Estado y la ejecución presupuestaria de 2024.

A juicio del PP, las modificaciones introducidas durante la prórroga y la ausencia de unas nuevas cuentas aprobadas por las Cortes obligaban a realizar una valoración mucho más crítica.

Por ello, Alía ha defendido que el rechazo al informe responde no solo a cuestiones formales, sino a la necesidad de garantizar transparencia y control sobre la utilización de los recursos públicos.

El PP exige Presupuestos para 2027

La portavoz popular ha concluido reclamando al Ejecutivo que abandone la actual situación de prórroga presupuestaria y convoque elecciones.

“No son aptos para gobernar España. No están cualificados. Convoquen elecciones y déjenos al Partido Popular presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2027”, ha afirmado.

El Partido Popular defiende unas cuentas públicas anuales, transparentes y sometidas al debate parlamentario, con prioridades claras de gasto e inversión y un control efectivo de las modificaciones presupuestarias.

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