Pilar Alía: «135 euros más al mes para autónomos en Castilla-La Mancha»
La diputada nacional del PP de Castilla-La Mancha y portavoz en la Comisión del Tribunal de Cuentas por el Grupo Popular en el Congreso, Pilar Alía, ha alertado del grave impacto que tendrán las políticas del Gobierno socialista sobre los autónomos de la región, poniendo el foco en la subida de 135 euros mensuales que afectará a miles de trabajadores por cuenta propia.
Alía ha señalado que “el verdadero problema hoy en Castilla-La Mancha no es otro que la presión fiscal creciente que sufren los autónomos, especialmente los societarios y colaboradores, que representan el 30 por ciento del total en la región”. En concreto, cerca de 45.000 autónomos castellanomanchegos se verán directamente perjudicados por este incremento.
“Estamos hablando de emprendedores, de personas que han decidido levantar una pyme o sacar adelante un negocio familiar junto a sus seres queridos. Gente que genera empleo y riqueza y a la que el PSOE responde con más impuestos y más cargas”, ha indicado.
En este sentido, la dirigente ‘popular’ ha anunciado que el Partido Popular llevará iniciativas al Congreso de los Diputados para frenar esta subida, instando a los parlamentarios socialistas de la región a posicionarse “del lado de los autónomos o del lado de Pedro Sánchez”.
Igualmente, Alía ha denunciado que esta subida se produce en un contexto en el que la recaudación no deja de aumentar, sin que ello se traduzca en mejoras para los ciudadanos. “En 2024 se recaudaron 234 millones de euros más de lo previsto por IRPF, y la tendencia sigue al alza en 2025 y 2026 y, sin embargo, los servicios públicos no mejoran al mismo ritmo”, ha afirmado.
Por ello, ha defendido que la solución pasa por aliviar la carga fiscal, destacando que el presidente regional del PP, Paco Núñez, impulsará como primera medida de gobierno la deflactación del IRPF.
“Deflactar el IRPF significa evitar que la inflación se traduzca en más impuestos para las familias y los autónomos y es una medida de justicia fiscal que ya se aplica en otras comunidades y que aquí el Gobierno de Emiliano García-Page se niega a adoptar”, ha indicado.
Además, ha recordado que los mínimos personales y familiares no se actualizan desde 2015, lo que supone “un castigo añadido para las rentas medias y bajas”.
“Vamos a trabajar para que en Castilla-La Mancha emprender no sea una carrera de obstáculos, por lo que queremos menos impuestos, más oportunidades y que el esfuerzo de los autónomos se vea recompensado, no penalizado”, ha concluido la diputada.
Pilar Alía: «El Consejo de Ministros decidirá precios máximos sin criterios claros»
La portavoz adjunta de Economía del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Pilar Alía, ha acusado al Gobierno de ampliar “de forma alarmante” el alcance de la limitación de precios al incluir en el nuevo Real Decreto la posibilidad de actuar ante “otras circunstancias sobrevenidas” que serán determinadas de manera discrecional por el Consejo de Ministros.
Alía ha criticado que el Ejecutivo vuelva a legislar por la vía de urgencia y sin consenso parlamentario, “esta vez para limitar precios en situaciones de emergencia”, y ha advertido de que la medida, lejos de resolver los problemas logísticos derivados del accidente de Adamuz, supone “un grave ataque a la libertad de empresa” y genera una notable inseguridad jurídica.
La dirigente popular ha recordado que la legislación vigente ya contemplaba mecanismos suficientes para actuar ante situaciones de urgencia, tanto a través de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios como mediante la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.
En su opinión, el nuevo decreto permite al Gobierno decidir “cuándo, dónde, en qué sectores y durante cuánto tiempo se fijan precios máximos”, sin criterios técnicos claros, sin memoria económica y sin informes independientes que avalen la medida.
Alía ha alertado de que la fijación de precios puede provocar consecuencias graves, como reducción de la oferta, escasez de productos y servicios, desincentivo a la inversión, deterioro de la calidad y aparición de mercados paralelos. Además, ha advertido de que pone en riesgo al tejido productivo formado por autónomos, pymes, agricultores y ganaderos, que podrían verse obligados a operar a pérdidas.
Asimismo, ha señalado que la norma podría vulnerar el artículo 38 de la Constitución, que protege la libertad de empresa dentro de la economía de mercado, y entrar en conflicto con la normativa europea si no se justifica adecuadamente su proporcionalidad ni su impacto económico.
A juicio de la portavoz adjunta de Economía, el “intervencionismo” del Ejecutivo no solucionará los problemas estructurales ni las dificultades de movilidad derivadas de la emergencia, sino que pone en peligro el tráfico económico y aumenta la inseguridad jurídica en un momento especialmente delicado para familias y empresas.
“Cuanto más tarde se corrijan estas políticas improvisadas del Gobierno, mayor será el coste económico para España”, ha concluido.