Carlos Rojas acusa al Gobierno de alejarse de los intereses de España.
El diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Carlos Rojas, ha denunciado la “deriva preocupante” de la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez, a la que acusa de ser “parcial, opaca y alejada de los intereses nacionales”.
Durante su intervención, Rojas ha criticado que el Ejecutivo haya incrementado la presión fiscal en España mientras, en el ámbito internacional, mantiene una estrategia que, a su juicio, no responde al interés general del país.
El dirigente popular ha reprochado al ministro de Asuntos Exteriores sus declaraciones públicas sobre una figura internacional reconocida, calificándolas de inapropiadas y contrarias a la defensa de los valores democráticos. Asimismo, ha acusado al Gobierno de desarrollar una política exterior “sesgada ideológicamente”, especialmente en Hispanoamérica.
Rojas ha insistido en la necesidad de impulsar acuerdos internacionales que favorezcan la estabilidad y la paz, criticando que el Ejecutivo utilice los conflictos internacionales con fines políticos internos.
En relación con la agenda internacional del presidente del Gobierno, ha cuestionado determinados viajes oficiales y ha solicitado claridad sobre el posicionamiento de España en el marco europeo y su compromiso con alianzas internacionales como la OTAN.
El diputado popular ha reclamado mayor transparencia y coherencia en la acción exterior del Ejecutivo, subrayando la importancia de que la política internacional esté alineada con los intereses estratégicos de España.
Rafael Hernando: «Los delitos con armas blancas han crecido un 60%»
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando, ha advertido del fuerte incremento de los delitos cometidos con armas blancas en España, señalando que este tipo de agresiones ha crecido cerca de un 60% en los últimos años, situándose entre los fenómenos delictivos más preocupantes junto con la ciberdelincuencia.
Hernando ha destacado que este aumento es aún más acusado en determinadas comunidades autónomas como País Vasco, Cataluña, Madrid y, especialmente, Andalucía, donde el incremento alcanza el 70%.
El dirigente popular ha vinculado esta evolución a la falta de medios en seguridad, criticando la reorganización de efectivos y el cierre de cuarteles de la Guardia Civil, lo que, a su juicio, ha debilitado la protección en zonas rurales.
Asimismo, ha alertado del creciente número de menores implicados en delitos graves, como lesiones y homicidios con violencia extrema, reclamando la revisión de la Ley de Menores para adaptarla a la realidad actual y reforzar la respuesta ante la reincidencia.
El portavoz adjunto del GPP ha pedido la puesta en marcha de un plan integral que analice este fenómeno en su conjunto, teniendo en cuenta factores como la edad de los agresores y el aumento de los apuñalamientos en casos de violencia de género.
En este sentido, ha subrayado que una parte significativa de los asesinatos de mujeres registrados este año se ha producido con armas blancas, lo que evidencia la gravedad de la situación.
Hernando ha propuesto una batería de reformas legislativas, entre ellas la revisión del Reglamento de Armas para mejorar el control y la trazabilidad, la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana para endurecer las sanciones por el uso intimidatorio de armas blancas y la actualización del Código Penal para incrementar las penas e introducir el concepto de reincidencia.
Gerardo Camps: «Más impuestos, peor gestión y peores servicio»
El portavoz de Presupuestos del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Gerardo Camps, ha denunciado el “sometimiento y la asfixia fiscal” que, a su juicio, sufren los españoles por parte del Gobierno, pese a los récords históricos de recaudación tributaria.
Durante la sesión de control al Ejecutivo, Camps ha criticado que “se recauda más, se reparte mal, se planifica peor y se gasta donde no se debe”, advirtiendo además de un incremento de la deuda que, según ha señalado, “hipoteca el futuro de los jóvenes”.
El dirigente popular ha preguntado al ministro de Hacienda, Arcadi España, cómo justifica que los ciudadanos paguen más impuestos sin percibir mejoras en su bienestar ni en los servicios públicos. En este sentido, ha enumerado el aumento de la presión fiscal en los últimos años, con subidas de impuestos y cotizaciones y un incremento significativo de la recaudación.
Camps ha subrayado la contradicción que, a su juicio, representa que, con niveles históricos de ingresos, no se traduzcan en mejores servicios. Ha citado ejemplos como deficiencias en el transporte, dificultades en el acceso a servicios públicos o el deterioro de infraestructuras.
Asimismo, ha denunciado la falta de un nuevo modelo de financiación autonómica tras años de Gobierno, lo que, según ha indicado, mantiene tensionados servicios esenciales como la sanidad y la educación.
El senador popular también ha cuestionado la ausencia de Presupuestos Generales del Estado en los últimos años y ha criticado el nivel de gasto público en determinadas partidas, reclamando mayor eficiencia y responsabilidad en la gestión de los recursos.
El Partido Popular defiende una política económica basada en la eficiencia del gasto, la reducción de la presión fiscal y la mejora de los servicios públicos, en línea con los principios de buena gestión recogidos en su proyecto político.
Sol Cruz Guzmán: «El problema no es la vivienda, es el Gobierno»
La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Sol Cruz Guzmán, ha denunciado que el Gobierno utiliza el problema de la vivienda “para enfrentar a los españoles”, contraponiendo propietarios con inquilinos, el alquiler con la compra y a unas comunidades autónomas con otras.
Cruz Guzmán ha criticado que el Ejecutivo ha convertido la vivienda en “arma propagandística”, basada en anuncios reiterados que no se materializan, y ha calificado de “ocurrencias” algunas de sus propuestas.
Frente a ello, el Partido Popular defiende que la solución pasa por aumentar la oferta: “La mejor receta es construir más vivienda”, ha subrayado, recordando el objetivo planteado por Alberto Núñez Feijóo de alcanzar un millón de nuevas viviendas, “un millón de proyectos de vida”.
Asimismo, ha lamentado que la Proposición de Ley del PP quede paralizada en el Congreso, señalando que más de 40 iniciativas se encuentran bloqueadas, entre ellas la ley contra la ocupación, y ha exigido responsabilidades a Francina Armengol.
La diputada popular ha defendido que las medidas del PP nacen del diálogo con administraciones, expertos y el sector, y que buscan agilizar la construcción, garantizar la seguridad jurídica y devolver la confianza al mercado del alquiler.
Además, ha advertido de que las políticas del Gobierno han reducido la oferta de vivienda disponible, denunciando que “han sacado del mercado cientos de miles de viviendas”, lo que agrava la crisis habitacional.
“El Partido Popular defiende que los ladrillos no tienen ideología”, ha afirmado, apelando a la necesidad de alcanzar acuerdos amplios que permitan resolver uno de los principales problemas de los ciudadanos.
El Partido Popular reitera su compromiso con políticas eficaces que impulsen la construcción, faciliten el acceso a la vivienda y garanticen seguridad jurídica, en línea con los principios recogidos en su proyecto político.
Ester Muñoz: «El PSOE protege a Armengol como a Ábalos»
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha advertido de que el PSOE “sigue el mismo modus operandi” ante los casos de corrupción, en referencia a la situación de Francina Armengol, comparándola con precedentes como José Luis Ábalos o Santos Cerdán.
Durante un acto en Leganés, Muñoz ha criticado que el PSOE “sale a defender” a sus dirigentes en estos casos y ha ironizado con que “no descarta que la ovacionen en el próximo pleno del Congreso”.
Críticas al caso Armengol
La portavoz popular ha acusado a Armengol de haber “mentido a todos los españoles” en distintas sedes institucionales, en relación con la investigación sobre la trama de mascarillas.
El Partido Popular subraya la necesidad de depurar responsabilidades políticas y ofrecer explicaciones claras ante los ciudadanos.
Denuncia de un patrón político
Muñoz ha sostenido que existe un patrón en la actuación del PSOE ante los escándalos, denunciando que se repite la defensa pública de los implicados y la negación de los hechos.
El Partido Popular advierte de que este comportamiento deteriora la confianza en las instituciones.
Defensa de la democracia y la Constitución
La dirigente popular ha reafirmado el compromiso del PP con la Constitución, señalando que “donde gobierne el Partido Popular jamás se atacará el orden constitucional”.
Asimismo, ha criticado los acuerdos del Gobierno con formaciones que, a su juicio, han cuestionado el marco institucional.
Política nacional y contexto internacional
Muñoz ha contrastado el apoyo del Partido Popular a líderes democráticos con la política exterior del Gobierno, destacando el respaldo a figuras que representan la lucha por la libertad.
El Partido Popular defiende una política basada en los valores democráticos y el respeto al Estado de derecho.
Economía, vivienda e inmigración
La portavoz ha abordado también cuestiones económicas, señalando que España enfrenta dificultades en materia de vivienda y poder adquisitivo.
El Partido Popular apuesta por políticas que fomenten la oferta de vivienda, reduzcan trabas administrativas y garanticen una inmigración ordenada y legal.
Pilar Alía: «135 euros más al mes para autónomos en Castilla-La Mancha»
La diputada nacional del PP de Castilla-La Mancha y portavoz en la Comisión del Tribunal de Cuentas por el Grupo Popular en el Congreso, Pilar Alía, ha alertado del grave impacto que tendrán las políticas del Gobierno socialista sobre los autónomos de la región, poniendo el foco en la subida de 135 euros mensuales que afectará a miles de trabajadores por cuenta propia.
Alía ha señalado que “el verdadero problema hoy en Castilla-La Mancha no es otro que la presión fiscal creciente que sufren los autónomos, especialmente los societarios y colaboradores, que representan el 30 por ciento del total en la región”. En concreto, cerca de 45.000 autónomos castellanomanchegos se verán directamente perjudicados por este incremento.
“Estamos hablando de emprendedores, de personas que han decidido levantar una pyme o sacar adelante un negocio familiar junto a sus seres queridos. Gente que genera empleo y riqueza y a la que el PSOE responde con más impuestos y más cargas”, ha indicado.
En este sentido, la dirigente ‘popular’ ha anunciado que el Partido Popular llevará iniciativas al Congreso de los Diputados para frenar esta subida, instando a los parlamentarios socialistas de la región a posicionarse “del lado de los autónomos o del lado de Pedro Sánchez”.
Igualmente, Alía ha denunciado que esta subida se produce en un contexto en el que la recaudación no deja de aumentar, sin que ello se traduzca en mejoras para los ciudadanos. “En 2024 se recaudaron 234 millones de euros más de lo previsto por IRPF, y la tendencia sigue al alza en 2025 y 2026 y, sin embargo, los servicios públicos no mejoran al mismo ritmo”, ha afirmado.
Por ello, ha defendido que la solución pasa por aliviar la carga fiscal, destacando que el presidente regional del PP, Paco Núñez, impulsará como primera medida de gobierno la deflactación del IRPF.
“Deflactar el IRPF significa evitar que la inflación se traduzca en más impuestos para las familias y los autónomos y es una medida de justicia fiscal que ya se aplica en otras comunidades y que aquí el Gobierno de Emiliano García-Page se niega a adoptar”, ha indicado.
Además, ha recordado que los mínimos personales y familiares no se actualizan desde 2015, lo que supone “un castigo añadido para las rentas medias y bajas”.
“Vamos a trabajar para que en Castilla-La Mancha emprender no sea una carrera de obstáculos, por lo que queremos menos impuestos, más oportunidades y que el esfuerzo de los autónomos se vea recompensado, no penalizado”, ha concluido la diputada.
Sofía Acedo: «La regularización masiva responde a intereses políticos»
La portavoz adjunta del GPP en el Congreso, Sofía Acedo, ha criticado la política migratoria del Gobierno y ha advertido de los riesgos de la regularización masiva aprobada por el Ejecutivo.
Acedo ha acusado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de actuar “por conveniencia y no por convicción”, señalando que esta medida responde a intereses políticos y no a una estrategia planificada.
En este sentido, ha reprochado al Gobierno que impulse la regularización pese al rechazo expresado en el Congreso, subrayando la importancia de respetar las decisiones adoptadas por la Cámara.
Asimismo, ha advertido de que distintos informes vienen alertando del riesgo de fomentar una inmigración irregular masiva y descontrolada, y ha criticado que la respuesta del Ejecutivo sea suspender medidas de control sin ofrecer alternativas eficaces.
Acedo ha señalado que la regularización carece de planificación suficiente, sin una evaluación clara de su impacto en los servicios públicos, ni memoria económica, ni mecanismos de control adecuados.
Además, ha cuestionado la falta de concreción del Gobierno sobre el número de personas que se verían beneficiadas por esta medida, lo que, a su juicio, incrementa la incertidumbre sobre sus efectos reales.
La portavoz adjunta ha defendido la necesidad de una política migratoria basada en la legalidad, el control y la sostenibilidad, que garantice la convivencia y la adecuada prestación de los servicios públicos.
Blanca Armario: «Junts dijo NO a todo lo que propuso VOX»
La diputada de VOX por Cádiz en el Congreso, Blanca Armario, ha criticado la posición del grupo parlamentario Junts en relación con distintas iniciativas debatidas en el Parlamento de Cataluña vinculadas a la seguridad y al islamismo.
Durante su intervención, Armario ha recordado que el 14 de octubre de 2025 se debatió una moción presentada por VOX para reconocer el islamismo como una amenaza y suprimir cualquier vía de financiación, una iniciativa que fue rechazada con el voto en contra de Junts.
Asimismo, ha señalado que en marzo de 2026 se volvió a debatir otra moción con enmiendas de VOX para prohibir el uso del burka, el niqab y otras prendas que oculten totalmente el rostro en espacios públicos y edificios oficiales, una propuesta que también fue rechazada por la formación independentista.
La diputada ha añadido que el 19 de marzo de 2026 se trató otra iniciativa impulsada por VOX para instar a los ayuntamientos a evitar la cesión de espacios públicos para la celebración de ritos islámicos, recibiendo igualmente el voto en contra de Junts.
Armario ha criticado lo que considera una falta de coherencia en la postura de este grupo político, subrayando que “qué mala memoria tienen ustedes”, en referencia a las decisiones adoptadas en estas votaciones.
Desde VOX insisten en la necesidad de reforzar las políticas de seguridad y de controlar el uso de espacios públicos, defendiendo medidas que, según la formación, contribuyan a garantizar la convivencia y el cumplimiento de la legalidad.