Antonio Fernández exige activar las medidas de Jerez como Ciudad Antibullying aprobadas en 2023.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Jerez, Antonio Fernández, llevará al próximo Pleno municipal una iniciativa para reclamar que se pongan en marcha de forma efectiva las medidas asociadas a la declaración de Jerez como Ciudad Antibullying, aprobada por el Pleno en noviembre de 2023 a propuesta de su formación.
Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, Fernández pide al Gobierno municipal del PP que detalle qué actuaciones se han desarrollado durante estos tres años y cuáles se pondrán en marcha durante el presente curso.
«No sirve de nada tener un título si no protegemos a nuestros niños», sostiene el portavoz, que reclama pasar de las declaraciones institucionales a medidas concretas de prevención, detección y acompañamiento frente al acoso escolar.
Jerez aprobó en 2023 convertirse en Ciudad Antibullying
La iniciativa tiene su origen en el Pleno del 24 de noviembre de 2023. VOX presentó entonces por la vía de urgencia una propuesta para declarar Jerez Ciudad Antibullying, después de que no fuera posible sacar adelante previamente una declaración institucional.
La propuesta fue aprobada por mayoría y contó también con la colaboración del Partido Popular. La Confluencia votó en contra.
El acuerdo contemplaba actuaciones como la creación de un equipo de trabajo con participación de servicios sociales, educación y seguridad municipal, formación para familias y profesionales, campañas permanentes de concienciación, atención a las familias afectadas y protocolos para responder ante situaciones de acoso.
«En 2023 aprobamos que Jerez fuera oficialmente Ciudad Antibullying. Se habló de formación para padres y profesores, campañas de prevención, un grupo de trabajo y protocolos de actuación para los colegios de Jerez. Tres años después, queremos saber qué se ha hecho y, sobre todo, qué se va a hacer este curso», afirma Fernández.
VOX pide prevención, formación y seguimiento de los casos
La nueva iniciativa plantea reforzar las campañas municipales de prevención y sensibilización, crear un grupo de trabajo para realizar un seguimiento de las actuaciones, impulsar formación dirigida a las familias y a profesionales de la comunidad educativa y mejorar la coordinación ante casos de acoso y ciberacoso.
Fernández defiende que las familias deben disponer de canales claros a los que acudir cuando detecten que un menor puede estar sufriendo una situación de este tipo.
«Un niño tiene que ir al colegio a aprender, a hacer amigos y a crecer. No a tener miedo. Y cuando un padre o una madre detecta que algo no va bien, tiene que saber a quién acudir y tener la seguridad de que alguien va a actuar», señala.
Para VOX, la respuesta no debe llegar únicamente cuando un caso adquiere repercusión pública, sino que debe existir un sistema estable de prevención, detección temprana y acompañamiento.
El 14,1% del alumnado afirma conocer situaciones de acoso o ciberacoso
La reclamación coincide con la publicación del VIII Informe «La opinión de los/as estudiantes», elaborado por Fundación ANAR y Fundación Mutua Madrileña.
El estudio, realizado a partir de una muestra de 9.127 alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO, señala que el 14,1% del alumnado afirma que él mismo o alguno de sus compañeros está sufriendo acoso escolar, ciberbullying o ambas formas de violencia. El porcentaje era del 12,3% el curso anterior.
Además, el 27,6% de las situaciones de acoso presencial conocidas por los alumnos se prolonga durante más de un año. En el ciberacoso, ese porcentaje alcanza el 22,8%.
El informe también detecta un incremento del uso de la inteligencia artificial en el ciberbullying: el 23,5% de las agresiones digitales analizadas utilizó IA para manipular imágenes de la víctima.
«Antes el acoso podía terminar cuando el niño salía del colegio. Hoy puede seguir en el móvil durante todo el día. Y ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial abre nuevas formas de humillación y violencia», advierte Fernández.
Un Plan Nacional contra el acoso escolar pendiente de desarrollo
VOX reclama asimismo implicación del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía.
La Comisión de Educación del Congreso aprobó el pasado 20 de mayo una proposición no de ley que insta al Gobierno a impulsar, junto a las comunidades autónomas, un Plan Nacional contra el acoso escolar, con criterios comunes de prevención, detección temprana, intervención y seguimiento, además de financiación específica y medidas frente al ciberacoso y las nuevas amenazas vinculadas a la inteligencia artificial. La iniciativa original había sido presentada por el Grupo Parlamentario VOX y fue aprobada con modificaciones.
Por su parte, el Ministerio de Educación publicó en agosto una guía para diseñar protocolos contra el acoso escolar y el ciberacoso. El documento establece indicadores de alerta temprana, canales seguros de comunicación y una hoja de ruta para la intervención en los centros, y pretende servir de referencia común para las comunidades autónomas.
Fernández reclama que esas medidas se traduzcan en recursos suficientes y pide también a la Junta de Andalucía reforzar los programas de prevención temprana y la formación de la comunidad educativa.
«Que la víctima no sea quien tenga que cambiar su vida»
El portavoz municipal insiste en que el objetivo de la iniciativa es recuperar el contenido efectivo del compromiso adquirido por Jerez en 2023 y comprobar su grado real de desarrollo.
«Lo que queremos es muy sencillo: que ningún padre de Jerez tenga que preguntarse qué hacer si su hijo está sufriendo acoso. Que haya prevención, que se detecte a tiempo y que se proteja al que lo está sufriendo», afirma.
Fernández concluye reclamando que las actuaciones prioricen la protección del menor afectado: «No puede ser que la víctima sea quien tenga que marcharse o cambiar su vida para solucionar el problema».
Manuel Vela alerta de posibles incumplimientos técnicos en la nueva piscina cubierta de Chiclana.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Chiclana, Manuel Vela, ha cuestionado el proyecto de la nueva piscina cubierta de La Longuera al considerar que presenta deficiencias técnicas que podrían obligar a modificarlo antes de su ejecución. La formación señala aspectos relacionados con la ventilación y la aportación de energías renovables y reclama al Gobierno municipal que aclare estas cuestiones antes de adjudicar las obras.
Las críticas de VOX se producen coincidiendo con la presentación pública del proyecto por parte del alcalde, José María Román. El Ayuntamiento ha informado de que seis empresas se han presentado al procedimiento de licitación, cuyo presupuesto base asciende a 6.414.403,58 euros, y que las ofertas se encuentran actualmente en estudio.
«Queremos la piscina para Chiclana, pero no a cualquier precio», ha señalado Vela, que exige solucionar cualquier posible deficiencia sin que suponga un coste adicional para los vecinos.
Vela cuestiona la ventilación prevista para la piscina
Una de las principales objeciones planteadas por VOX se refiere al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
Según los cálculos expuestos por Vela, el proyecto contempla un caudal de ventilación exterior de 2.131 metros cúbicos por hora, mientras que la formación sostiene que, atendiendo a las características de la instalación, deberían alcanzarse 8.609 metros cúbicos por hora. Estas cifras concretas proceden del análisis realizado por VOX y no han podido ser contrastadas en la documentación pública localizada del proyecto.
El portavoz considera que la diferencia no podría solventarse mediante una corrección menor, ya que, según su planteamiento, aumentar ese caudal obligaría a revisar equipos de tratamiento de aire, conductos, difusión y cálculos energéticos.
«Multiplicar por cuatro el aire exterior obliga a rehacer la unidad de tratamiento, los conductos, la difusión y toda la justificación energética», afirma Vela.
El Código Técnico exige un 70% de contribución renovable
VOX señala también un posible incumplimiento del Documento Básico HE del Código Técnico de la Edificación en relación con la climatización de la piscina.
En este punto, la normativa sí establece que la contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables debe cubrir al menos el 70% de la demanda energética anual de climatización de una piscina cubierta.
Vela asegura que los cálculos incluidos en el proyecto sitúan la aportación de la bomba de calor seleccionada en el 69,42%, ligeramente por debajo de ese umbral. El porcentaje concreto citado corresponde a la revisión realizada por VOX y también ha sido recogido por la prensa local.
El RITE remite igualmente a las exigencias de contribución renovable establecidas en la sección HE4 del Código Técnico para la climatización de piscinas cubiertas.
VOX añade otras objeciones relacionadas con el análisis de alternativas de alta eficiencia y la documentación necesaria para la certificación energética, cuestiones sobre las que reclama explicaciones técnicas al Ejecutivo municipal.
Un proyecto de 6,4 millones cofinanciado con fondos FEDER
La nueva piscina forma parte del Plan de Actuación Integrado de Chiclana y está cofinanciada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027, además de recursos propios municipales. El expediente de licitación fue aprobado en agosto y establece un plazo máximo de ejecución de 24 meses una vez adjudicadas las obras.
El Ayuntamiento proyecta una instalación con un vaso principal de 25 por 16,5 metros, otro destinado a enseñanza, vestuarios, graderío, dependencias auxiliares y marquesinas fotovoltaicas para autoconsumo. El Gobierno municipal sostiene además que el diseño se ha elaborado con participación de técnicos municipales y representantes del ámbito deportivo.
El Consistorio presenta la actuación como una de las principales inversiones deportivas previstas dentro del PAI y defiende que permitirá disponer de una segunda piscina municipal cubierta.
VOX advierte sobre una eventual devolución de fondos
Vela considera que, si las deficiencias que denuncia obligaran a modificar sustancialmente el proyecto o afectaran al cumplimiento de las condiciones de financiación, podrían existir consecuencias sobre los fondos europeos.
La posibilidad de una devolución es, por ahora, una advertencia formulada por VOX. No consta en las fuentes consultadas que la administración financiadora haya iniciado un procedimiento para reclamar fondos ni que exista una resolución administrativa que determine que el proyecto incumple las condiciones de la ayuda.
El portavoz de VOX también acusa al alcalde de utilizar la presentación del proyecto con fines electorales, una valoración política que el Gobierno municipal no comparte. Román, por su parte, ha defendido públicamente la actuación y ha anunciado que las obras serán adjudicadas una vez finalice el estudio de las seis ofertas presentadas.
«Ahora Román debe solucionar esta papeleta y sin que cueste un solo céntimo de euro a los chiclaneros», concluye Vela.
Carmen Infantes reclama mejoras en el polígono de Las Palmeras tras recoger las quejas de empresarios.
La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Infantes, ha reclamado al Gobierno municipal actuaciones de mantenimiento en el polígono industrial de Las Palmeras después de visitar la calle Algarrobo junto a empresarios y autónomos de la zona. Las demandas trasladadas se centran en la limpieza, la señalización, la iluminación, el asfaltado y la disponibilidad de contenedores.
Infantes recorrió esta parte del polígono para conocer las reclamaciones de quienes desarrollan allí su actividad. Según la información trasladada por VOX, algunos empresarios aseguran que tienen que ocuparse personalmente de la limpieza de los alrededores de sus naves ante lo que consideran una atención municipal insuficiente.
Problemas de circulación en la calle Algarrobo
Entre las principales reclamaciones figura la ordenación del tráfico. Los empresarios señalan que la calle Algarrobo dispone de circulación en ambos sentidos y permite al mismo tiempo el estacionamiento en sus dos márgenes.
Según explican, esta configuración reduce el espacio disponible y dificulta el paso de furgonetas, camiones y turismos, una circunstancia que puede provocar problemas cuando coinciden vehículos de mayores dimensiones.
Los afectados solicitan por ello una mejora de la señalización y una organización del tráfico que facilite tanto el acceso como la actividad cotidiana de las empresas instaladas en esta vía.
Reclaman iluminación y mejoras en el asfaltado
Las quejas recogidas por VOX incluyen también la escasez de farolas en esta parte del polígono y el estado del pavimento.
Infantes sostiene que la calle presenta «numerosos baches y agujeros» y advierte de que el deterioro puede aumentar con la llegada de las lluvias. La portavoz señala además que otras calles del polígono fueron asfaltadas meses atrás, mientras que Algarrobo quedó fuera de esas actuaciones.
«Hace unos meses se asfaltaron otras calles del polígono, mientras que la calle Algarrobo quedó fuera de estas actuaciones, pese a tratarse de una de las principales vías del recinto y de concentrar un elevado número de naves y negocios», afirma.
La presencia de actividad empresarial en esta calle puede comprobarse también en directorios comerciales que sitúan negocios y naves industriales en la calle Algarrobo del polígono de Las Palmeras.
Más contenedores para los negocios
Otra de las demandas trasladadas durante la visita es la instalación de más contenedores destinados al cartón.
Los empresarios consideran necesario disponer de una mayor dotación para gestionar los residuos generados por su actividad y evitar problemas de acumulación en una zona eminentemente industrial.
Las reclamaciones sobre el mantenimiento de Las Palmeras no son completamente nuevas. Ya en 2024 vecinos de esta zona trasladaron públicamente quejas por problemas de limpieza, mientras que Infantes reclamaba entonces al Ayuntamiento el cumplimiento de actuaciones aprobadas en esta materia.
Infantes pide priorizar las zonas industriales
Tras la visita, la portavoz municipal de VOX ha relacionado el estado del polígono con las condiciones en las que empresarios y autónomos desarrollan su actividad.
«No se puede hablar de impulsar la actividad económica mientras se mantiene en estas condiciones una de las principales zonas industriales de la ciudad», ha señalado.
Infantes sostiene que los autónomos y empresarios «generan empleo y riqueza en Sanlúcar» y reclama al Ayuntamiento que las áreas industriales formen parte de sus prioridades de mantenimiento.
«Las Palmeras debe recibir una atención acorde con la importancia que tiene para la economía de nuestra ciudad», concluye la portavoz de VOX, quien pide actuaciones sobre limpieza, iluminación, pavimentación, circulación y gestión de residuos en la calle Algarrobo.
Blanca Armario lleva al Congreso las denuncias por falta de personal en Salvamento Marítimo del Estrecho.
La diputada nacional de VOX por Cádiz, Blanca Armario, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para exigir explicaciones al Gobierno por las denuncias sindicales sobre falta de personal en Salvamento Marítimo y su posible impacto sobre el funcionamiento de los centros de coordinación del Estrecho de Gibraltar.
Armario centra sus preguntas en el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Algeciras y reclama conocer si dispone de suficientes efectivos para asumir las funciones que se le están atribuyendo y mantener los niveles de seguridad exigibles en una de las zonas de mayor intensidad de tráfico marítimo de España.
“No estamos hablando de una cuestión menor ni meramente administrativa. Estamos hablando de personal, medios y capacidad de respuesta en uno de los puntos de mayor tráfico marítimo de Europa”, sostiene la diputada.
Los sindicatos denuncian transferencias de funciones por falta de personal
La iniciativa parlamentaria llega después de que CSIF, CCOO y el Sindicato de Salvamento Marítimo (SSM) reclamaran a comienzos de septiembre la intervención del ministro de Transportes, Óscar Puente, ante lo que califican como un deterioro de los centros de coordinación.
Las tres organizaciones aseguran que la falta de personal de guardia ha obligado a transferir funciones entre centros y afirman que Algeciras llegó a asumir funciones de control del tráfico marítimo correspondientes al Dispositivo de Separación de Tráfico del Estrecho sin un refuerzo equivalente de plantilla. Los sindicatos sostienen además que esta situación se habría producido en contra de recomendaciones de la Organización Marítima Internacional.
Estas afirmaciones proceden de las organizaciones sindicales y no equivalen, por sí solas, a una constatación oficial de que la seguridad del servicio se haya visto comprometida.
Tarifa tiene asignado oficialmente el control del tráfico del Estrecho
La documentación oficial de Salvamento Marítimo atribuye de forma ordinaria al Centro de Coordinación de Tarifa el Servicio de Tráfico Marítimo del Estrecho.
Más de 70.000 buques atraviesan anualmente estas aguas, según Salvamento Marítimo, que destaca la importancia del sistema de separación de tráfico para ordenar el paso de mercantes, ferris y otras embarcaciones.
El Plan Nacional de Salvamento también identifica a Tarifa como el centro que tiene asignada la supervisión del dispositivo del Estrecho. Por ello, la transferencia puntual de funciones a Algeciras denunciada por los sindicatos constituye precisamente uno de los asuntos sobre los que Armario pide explicaciones al Gobierno.
Armario pregunta si la plantilla es suficiente
VOX quiere conocer si el Ministerio ha evaluado la actual dotación de personal del centro de Algeciras y si considera que la organización existente garantiza adecuadamente la prestación del servicio.
“El Gobierno tiene que explicar si Salvamento Marítimo dispone actualmente de los medios humanos necesarios para garantizar un servicio que resulta esencial para la seguridad en una zona tan estratégica como el Estrecho de Gibraltar”, afirma Armario.
Salvamento Marítimo dispone de 20 centros de coordinación, cuyos profesionales permanecen en alerta las 24 horas de los 365 días del año para responder a emergencias marítimas. En conjunto, estos centros realizan el seguimiento de más de 300.000 buques anuales.
En Andalucía funcionan centros en Huelva, Cádiz, Tarifa, Algeciras y Almería. Durante 2025 coordinaron conjuntamente 1.396 actuaciones en las que estuvieron involucradas 5.281 personas.
El IX Convenio Colectivo, otro frente abierto
La batería de preguntas de Armario aborda también el conflicto laboral existente en SASEMAR.
CSIF, CCOO y SSM aseguran que llevan desde antes del verano reclamando un nuevo interlocutor para desbloquear la negociación del IX Convenio Colectivo del personal de tierra y han llegado a advertir de posibles movilizaciones.
El convenio actualmente publicado para este colectivo es el VIII Convenio del personal de tierra de SASEMAR, registrado en el BOE en 2019.
Armario pregunta al Gobierno qué actuaciones está realizando para desbloquear las negociaciones y qué medidas contempla para responder a las deficiencias denunciadas por los representantes de los trabajadores.
Seguridad marítima y actividad económica en el Estrecho
La cuestión tiene además una dimensión económica y logística.
El Estrecho constituye una ruta internacional por la que pasan decenas de miles de buques cada año y donde coinciden tráfico mercante, rutas de pasajeros y carga rodada entre ambas orillas.
Por ese motivo, VOX reclama saber si cualquier déficit de plantilla puede influir tanto en la respuesta ante emergencias como en las tareas de seguimiento y ordenación del tráfico.
“El Gobierno debe aclarar qué está ocurriendo en Salvamento Marítimo, qué recursos tiene el centro de Algeciras y si son suficientes para asumir las funciones que se le han asignado”, concluye Blanca Armario.
Las preguntas registradas trasladan ahora al Ejecutivo la responsabilidad de precisar la plantilla disponible, el reparto de funciones entre Tarifa y Algeciras y las medidas previstas ante las denuncias sindicales.
Manuel Vela: «Es una cuestión de voluntad política»
El Grupo Municipal VOX ha visitado la calle Estambul dentro del ciclo ‘El AltaVOX de tu Barrio’, tras recibir las quejas de varios vecinos. El portavoz municipal, Manuel Vela, y el concejal Francisco Palmero comprobaron que la vía continúa sin asfaltar y sin alumbrado público, a diferencia de otras calles del entorno.
VOX recuerda que los vecinos llegaron a abonar en su momento un plan especial para incorporar estos servicios, aunque la anulación del anterior PGOU mantuvo la calle catalogada como suelo rústico y las cantidades fueron posteriormente devueltas. Ahora, según explica la formación, el futuro POU contempla regularizar urbanísticamente la zona, pero considera que las familias no deben esperar a la aprobación definitiva para obtener unas condiciones mínimas de accesibilidad y seguridad.
Vela: “No hablamos de dotar a esta vía de servicios desde cero”
VOX señala que la calle ya cuenta con alcantarillado y saneamiento y que los residentes pagan el IBI. Además, sostiene que la legislación de régimen local establece la pavimentación y el alumbrado entre los servicios mínimos municipales.
“Asfaltar y colocar varias farolas para hacer de la calle Estambul un lugar más accesible y seguro es una pura cuestión de voluntad política”, ha afirmado Vela, quien responsabiliza al equipo de Gobierno de decidir si ejecuta estas mejoras.
El portavoz subraya que “no hablamos de dotar a esta vía de servicios desde cero”, sino de completar unas actuaciones que considera razonables para las nueve familias residentes.
VOX alerta también sobre un solar próximo al IES La Pedrera
La formación ha reclamado igualmente al Gobierno municipal que exija a la propiedad de un solar próximo al IES La Pedrera su correcto mantenimiento y que actúe de oficio si fuera necesario.
Los vecinos han trasladado a VOX su preocupación por la proliferación de roedores en esta zona cercana al centro educativo.
Manuel Vela denuncia falta de competencia en la licitación de los autobuses urbanos.
El Grupo Municipal VOX ha vuelto a cuestionar la licitación del nuevo contrato de autobuses urbanos después de conocerse que únicamente Belizón y Rodríguez, actual prestataria del servicio, se ha presentado al procedimiento.
El portavoz municipal de VOX, Manuel Vela, sostiene que este hecho refuerza las dudas que su formación ya había planteado sobre un contrato cercano a los 30 millones de euros y con una duración prevista de diez años.
VOX cuestiona las condiciones del pliego
Vela denuncia que el pliego exige a la adjudicataria disponer de un surtidor de gas natural homologado en Chiclana y afirma que el único existente en la ciudad pertenece precisamente a Belizón y Rodríguez en sus instalaciones de Pelagatos.
“Román y los suyos prepararon todo para que todo siguiese igual, pero con otro nombre”, sostiene el portavoz, que considera que esta condición limitaba las posibilidades de otras empresas de competir por el servicio.
VOX recuerda además que Belizón y Rodríguez lleva años prestando el transporte urbano de manera provisional tras la finalización del anterior contrato.
Un jefe de servicio de casi 82.000 euros
La formación vuelve a poner el foco en la existencia de un puesto de jefe de servicio con una retribución próxima a los 82.000 euros anuales.
Según VOX, esta figura no aparece entre el personal que el propio pliego técnico considera imprescindible para prestar el servicio, por lo que reclama explicaciones sobre su necesidad y su coste para las arcas municipales.
Vela reclama un cambio en el transporte urbano
VOX critica también el estado de la flota, el diseño de las líneas y la calidad general del transporte público de Chiclana, que considera alejado de las necesidades actuales de una ciudad turística.
“Chiclana merece más”, ha concluido Vela, que reclama un modelo de transporte urbano renovado y una contratación con mayor competencia y transparencia.
Celia Fuentes: «Palmones necesita máxima protección en plena temporada turística»
El Grupo Municipal VOX en Los Barrios ha registrado una iniciativa para reclamar medidas urgentes que reduzcan el riesgo de nuevos vertidos en la playa de Palmones y en el entorno de sus marismas.
La portavoz municipal, Celia Fuentes, propone restringir severamente las operaciones de bunkering —el suministro de combustible entre embarcaciones— en los puntos más próximos a la costa durante los meses de verano.
«No basta con actuar cuando el daño ya está hecho. Es urgente blindar nuestro entorno y defender a los comerciantes frente a fallos operativos ajenos», ha afirmado Fuentes.
Un vertido durante una operación de suministro
La iniciativa llega después del vertido de fuel registrado en julio durante una operación de suministro entre el buque Atlantic Merchant y la gabarra Vejer. Parte del combustible alcanzó la playa de Palmones y obligó a cerrar temporalmente al baño el tramo afectado.
La Capitanía Marítima de Algeciras inmovilizó el buque y exigió una garantía de 200.000 euros, de los que 50.000 estaban relacionados con los gastos de limpieza. La playa pudo reabrirse el 10 de julio después de los trabajos realizados y de los informes favorables sobre el estado de la zona.
VOX reconoce la actuación de los servicios municipales, Salvamento Marítimo y la Autoridad Portuaria, pero sostiene que la respuesta no puede limitarse a retirar los residuos una vez producido el daño.
Tres medidas para proteger la costa
La primera propuesta consiste en solicitar a la Capitanía Marítima y a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras que revisen las zonas de fondeo y restrinjan las operaciones de suministro de combustible próximas al litoral barreño entre junio y septiembre.
La segunda medida plantea reforzar las inspecciones de buques y gabarras, además de endurecer los protocolos de seguridad aplicados durante el trasvase de combustible.
Por último, VOX reclama que el Ayuntamiento participe en los espacios de coordinación técnica cuando se analicen decisiones que puedan afectar a las aguas, playas y espacios naturales del municipio.
Competencias de Capitanía y la Autoridad Portuaria
El Ayuntamiento no puede prohibir unilateralmente las operaciones marítimas. La legislación atribuye al capitán marítimo la determinación de las zonas de fondeo por razones de seguridad, mientras que la Autoridad Portuaria autoriza los fondeos y asigna posiciones dentro de la zona de servicio portuaria.
Capitanía y Autoridad Portuaria también deben coordinarse en materia de seguridad marítima, navegación y prevención de la contaminación marina. Por ello, la propuesta de VOX pretende que el Gobierno local inste formalmente a ambos organismos a revisar las condiciones de estas operaciones.
Palmones, una zona especialmente vulnerable
El propio Plan de Actuación Local de Los Barrios ante la contaminación del litoral identifica el tráfico de buques y los posibles vertidos de combustible como riesgos para la playa de Palmones, especialmente durante el verano por la elevada presencia de bañistas.
El documento municipal también advierte de la vulnerabilidad ambiental de las Marismas del Río Palmones y de la necesidad de proteger rápidamente las desembocaduras mediante barreras de contención para evitar que la contaminación avance hacia el interior.
VOX considera que estos riesgos justifican una política preventiva más exigente, especialmente durante la temporada turística.
Protección para comerciantes y familias
Celia Fuentes ha advertido de que un vertido en plena temporada alta puede afectar directamente a los establecimientos hosteleros, al turismo, a las actividades recreativas y a las familias que dependen económicamente de Palmones.
La portavoz sostiene que Los Barrios soporta los riesgos ambientales de grandes operaciones portuarias internacionales sin contar con suficiente capacidad para influir en las decisiones que afectan a su costa.
«La protección del litoral y de la actividad económica de Palmones debe convertirse en una prioridad para todas las administraciones», ha concluido Fuentes.
Gomila exige explicaciones por el viaje de Beardo a Estados Unidos.
El Grupo Municipal VOX en El Puerto de Santa María ha exigido al alcalde, Germán Beardo, que explique públicamente quién pagó su viaje a Estados Unidos para asistir a la final del Mundial, qué gastos generó el desplazamiento y cuáles fueron las condiciones de la invitación recibida.
Beardo acudió al encuentro junto al vicepresidente del Cádiz CF, Rafael Contreras. Según la información publicada sobre el desplazamiento, la presencia del alcalde respondió a una invitación de la Real Federación Española de Fútbol. Sin embargo, no se ha aclarado públicamente quién asumió los gastos de transporte, alojamiento y manutención.
«Las invitaciones a un responsable público no son gratuitas. Beardo debe explicar con absoluta transparencia qué espera obtener la otra parte y qué compromisos puede estar adquiriendo en nombre de El Puerto», ha manifestado el portavoz municipal de VOX, José Antonio Gomila.
VOX reclama conocer todos los gastos y reuniones
La formación pide al Gobierno municipal que detalle si el viaje tuvo carácter institucional o privado, si se utilizaron recursos municipales y qué reuniones o actividades se desarrollaron durante la estancia.
VOX también solicita conocer quién cursó formalmente la invitación, qué personas acompañaron al alcalde y si existía alguna contraprestación vinculada a su presencia en la final.
Gomila considera necesaria esta información debido a las relaciones institucionales y urbanísticas existentes entre el Ayuntamiento de El Puerto y sociedades vinculadas al Cádiz CF.
El precedente del viaje a Nueva York
VOX recuerda que Beardo ya viajó a Nueva York en octubre de 2025 para acompañar a los responsables del Cádiz CF y de Nomadar durante la salida a bolsa de esta última en el Nasdaq.
Nomadar es una filial tecnológica vinculada al club y su operación bursátil fue presentada como una vía para financiar proyectos como Sportech City, una futura ciudad tecnológica y deportiva proyectada en El Puerto de Santa María.
El Ayuntamiento justificó entonces la presencia de Beardo por su responsabilidad en la Diputación Provincial y por el interés estratégico y económico del proyecto para la provincia.
«No podemos analizar este nuevo viaje de forma aislada», ha advertido Gomila.
Un proyecto sujeto a tramitación urbanística municipal
Sportech City necesita actuaciones de planeamiento y gestión urbanística por parte del Ayuntamiento para poder desarrollarse en los terrenos de la Vega de Los Pérez.
El Pleno municipal aprobó definitivamente un convenio urbanístico con Sport City Cádiz SL para establecer el marco de colaboración y avanzar en la transformación de esos terrenos. La información municipal cifra en más de 120 millones de euros la inversión prevista.
VOX considera que esta participación municipal hace especialmente importante conocer la naturaleza de las relaciones y los desplazamientos compartidos entre representantes públicos y responsables del club.
La aprobación del convenio y la participación del alcalde en actos del Cádiz CF no acreditan por sí mismas ninguna irregularidad. La formación reclama documentación para comprobar que todas las decisiones se adoptan con objetividad y sin compromisos ajenos al interés general.
El patrocinio provincial al Cádiz CF
Gomila también ha mencionado el contrato de patrocinio aprobado por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz para promocionar la provincia a través del Cádiz CF.
El acuerdo asciende a 4.356.000 euros, impuestos incluidos, y se distribuye entre los años 2025 y 2029. Su finalidad declarada es la promoción de Cádiz como destino turístico mediante la proyección deportiva y mediática del club.
VOX sostiene que la suma del patrocinio, la tramitación urbanística de Sportech City y los viajes compartidos exige un nivel reforzado de transparencia.
«Alrededor del Cádiz CF encontramos un patrocinio de la Diputación superior a cuatro millones de euros y facilidades municipales para desarrollar Sportech. Ahora volvemos a ver al alcalde viajando junto a uno de los principales responsables del club», ha señalado Gomila.
No existe acreditación pública de tráfico de influencias
El portavoz de VOX ha advertido de que la falta de explicaciones puede alimentar sospechas sobre un posible intercambio de favores o una eventual influencia sobre las decisiones institucionales.
Estas afirmaciones constituyen una valoración política. Con la información pública disponible no puede afirmarse que se haya producido un delito, una contraprestación irregular o un intercambio de favores.
Para acreditar una conducta de esa naturaleza sería necesario demostrar que existió una intervención indebida, una decisión condicionada o algún beneficio vinculado directamente a las invitaciones o desplazamientos.
VOX centra por ahora su petición en conocer la financiación de los viajes, las agendas desarrolladas y las posibles gestiones realizadas en representación del Ayuntamiento.
Gomila exige explicaciones públicas
El Grupo Municipal pedirá que Beardo facilite la documentación relativa al viaje y explique si comunicó la invitación a los órganos municipales o provinciales correspondientes.
También reclamará información sobre futuros desplazamientos vinculados al Cádiz CF, Nomadar o Sportech City y sobre las medidas adoptadas para evitar posibles conflictos de intereses.
«Cuando un alcalde viaja invitado junto a representantes de una entidad que tiene importantes intereses urbanísticos e institucionales en el municipio, la transparencia no es opcional», ha defendido Gomila.
VOX anuncia que continuará fiscalizando las relaciones entre el Ayuntamiento y el Cádiz CF y exigirá que cualquier decisión relacionada con Sportech City se tramite con publicidad, informes técnicos y plena protección del interés de los vecinos de El Puerto.