La diputada del Grupo Parlamentario Popular y miembro de la Mesa del Congreso, Marta González, ha reclamado durante su intervención en el Pleno una ley de violencia vicaria que establezca decisiones judiciales claras sobre la patria potestad y el régimen de visitas e incorpore medidas de prevención y formación para los operadores jurídicos.
González ha defendido que esta formación debe abarcar tanto el ámbito de la violencia como el de familia y ha pedido acompañar las medidas legislativas de una dotación presupuestaria suficiente.
En este sentido, ha reclamado más recursos para mejorar los medios disponibles en los juzgados, el turno de oficio, los equipos psicosociales y los puntos de encuentro. También ha defendido una respuesta “global e integrada” dirigida a las víctimas y, especialmente, a los niños y niñas.
Durante su intervención, la diputada ha marcado diferencias entre la posición del PP y la de Vox respecto a la violencia contra las mujeres. “Negar que existe una violencia específica contra las mujeres es negar la realidad”, ha afirmado.
González también ha rechazado asociar la violencia de género exclusivamente con agresores extranjeros y ha pedido rigor en el análisis de las estadísticas.
En concreto, ha cuestionado el dato que atribuye a mujeres el 52% de los filicidios al considerar que la muestra utilizada —50 condenas firmes registradas entre 2007 y 2022— resulta demasiado limitada para extraer conclusiones estadísticas generales.
La diputada ha recordado casos como los de Anna y Olivia, asesinadas en Tenerife en 2021, y ha señalado que determinados casos en los que el progenitor se suicida o desaparece no terminan con una condena y, por tanto, pueden quedar fuera de algunas estadísticas basadas en sentencias firmes.
“Cada uno de esos casos es una tragedia y el Código Penal los castiga todos. Pero mezclar fenómenos distintos para negar uno de ellos no es rigor, es confusión”, ha afirmado.
González ha reivindicado igualmente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, impulsado en 2017 durante el Gobierno de Mariano Rajoy con una dotación de mil millones de euros, y ha recordado su renovación durante la actual legislatura.
Finalmente, la diputada ha cuestionado la actuación del Ministerio de Igualdad y ha denunciado problemas relacionados con la gestión de las pulseras de control de maltratadores y con la respuesta ofrecida ante las advertencias sobre una posible manipulación de estos dispositivos.
La intervención de González ha situado así el foco en una legislación específica sobre violencia vicaria, el refuerzo de los recursos judiciales y asistenciales y una mayor formación y prevención para quienes intervienen en estos procedimientos.
