Miquel Jerez: «Formentera necesita una voz propia y efectiva»
El senador del Grupo Parlamentario Popular por Illes Balears, Miquel Jerez, ha defendido en el Senado la reforma del artículo 69.3 de la Constitución que permitirá a Formentera contar con un senador propio, subrayando que se trata de una iniciativa “construida desde el consenso” y coherente con la evolución institucional de la isla.
Jerez ha explicado que esta reforma supone culminar un proceso político iniciado con la creación del Consell Insular de Formentera, dando encaje constitucional a una realidad institucional ya consolidada.
El dirigente popular ha insistido en que este nuevo senador debe representar una voz “real, autónoma y con criterio propio”, capaz de defender los intereses de la isla sin subordinación política. “No hablamos de una presencia simbólica, sino de una representación efectiva”, ha afirmado.
En su intervención, ha señalado que esta figura será clave para abordar los principales retos de Formentera, entre ellos la política migratoria. En este sentido, ha defendido la necesidad de una gestión ordenada, con vías legales y seguras, retornos efectivos y una distribución equilibrada de responsabilidades, poniendo el foco en evitar tragedias humanas.
Asimismo, Jerez ha destacado la importancia de adaptar la normativa sobre costas a la singularidad de la isla, defendiendo un equilibrio entre la protección del litoral y la realidad social, económica y patrimonial de Formentera.
El senador popular también ha alertado sobre la necesidad de garantizar el acceso real a los servicios públicos en territorios insulares, subrayando que los derechos deben ir acompañados de condiciones efectivas de acceso en igualdad.
Baleares registra casi 12 llegadas diarias: Manuela Cañadas alerta del efecto llamada.
Baleares ha recibido 1.318 inmigrantes ilegales en los primeros tres meses y medio de 2026, casi 12 al día, con 65 pateras interceptadas. Son cifras del propio Gobierno y representan un 19% más que el mismo periodo del año anterior, antes del verano. La portavoz parlamentaria de VOX Baleares, Manuela Cañadas, ha denunciado hoy en rueda de prensa que esta escalada es directa consecuencia de la política de puertas abiertas de Pedro Sánchez.
«El decreto de regularización de Sánchez es el mejor folleto publicitario que han tenido las mafias en años. Los ilegales llegan informados: saben exactamente qué decir y qué pedir cuando tocan tierra. Las mafias estudian la legislación española mejor que algunos ministros», ha señalado Cañadas.
Los efectos de esta política se materializan de dos formas concretas sobre los ciudadanos de las islas. La primera es la inseguridad: los incidentes en las calles se multiplican y los ciudadanos saben perfectamente quiénes son los protagonistas. La segunda es el colapso administrativo: esta semana se han producido colas en las oficinas municipales de Baleares que no se veían desde hace años, provocadas por la avalancha de solicitudes del informe de vulnerabilidad que exige el decreto de Sánchez.
VOX también señala al PP como corresponsable de este fracaso. Manuela Cañadas ha asegurado que “fue el Partido Popular quien en el año 2000 inventó el arraigo y la reagrupación familiar, los dos mecanismos que llevan 25 años generando efecto llamada. Sánchez los ha estirado hasta el límite, pero la arquitectura la construyó el PP”.
VOX es el único partido que plantea una solución real: reformar en profundidad el arraigo y la reagrupación familiar, parar el efecto llamada y deportar a los países de origen a quienes han entrado ilegalmente.
Fulgencio Coll: «El caos en Palma lo provoca Pedro Sánchez»
El grupo municipal VOX Palma acusa directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del colapso producido este jueves 16 de abril (día anunciando por el Gobierno para la regularización de inmigrantes), en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) del Ayuntamiento de Palma.
Fulgencio Coll, portavoz del GM VOX Palma: “El presidente Sánchez es el principal responsable del caos vivido en nuestro Ayuntamiento, por su improvisación a la hora de tomar decisiones, y que como manifiesta nuestro alcalde, luego pagan los Ayuntamientos y los trabajadores municipales, quienes este jueves se han visto desbordados ante una oleada de personas demandando trámites, tales como la regularización documental, informes de vulnerabilidad social y el alta en el padrón municipal de habitantes. Pedro Sánchez está propiciando una oleada migratoria con sus medidas criminales, y al final quien va a pagar muy caro esta locura es el ciudadano español”.
El grupo municipal VOX Palma está rotundamente en contra de la regularización masiva de este medio millón de inmigrantes ilegales que van a saturar el sistema público español, todo por culpa de un presidente del Gobierno que legisla sin pensar en los españoles, al precio que sea, únicamente, buscando sus fines electoralistas.
Jorge Campos alerta de la «destrucción de fronteras» por acuerdos políticos.
El diputado nacional de VOX por Baleares, Jorge Campos Asensi, ha criticado duramente la política del Gobierno en materia de inmigración, denunciando lo que considera una cesión de competencias a los partidos separatistas a cambio de apoyos parlamentarios.
Durante su intervención, Campos ha calificado la situación política actual como un “mercado persa”, en el que, a su juicio, el Ejecutivo negocia decisiones clave del Estado con formaciones independentistas para garantizar su continuidad en el poder.
El diputado ha señalado que la reactivación de la proposición de ley para delegar competencias en materia de inmigración a la Generalitat responde a una estrategia que, según VOX, “vacía de contenido al Estado” y debilita el control de las fronteras.
En este sentido, ha advertido de que estas iniciativas suponen, en su opinión, una vía hacia la “destrucción de las fronteras” y una política que favorece la inmigración ilegal y descontrolada.
Campos también ha criticado el papel de Junts per Catalunya, cuestionando que promueva medidas sobre control migratorio mientras, según ha indicado, colabora con un Gobierno que impulsa políticas que, a su juicio, agravan la presión sobre los servicios públicos y la seguridad.
Asimismo, ha afirmado que las decisiones del Ejecutivo responden a intereses políticos “meramente transaccionales”, priorizando la estabilidad parlamentaria sobre lo que VOX considera el interés general.
Finalmente, el diputado ha advertido de las consecuencias de estas políticas en territorios como Cataluña, donde, según ha señalado, ya se perciben efectos en la saturación de servicios públicos y en la seguridad, reiterando la oposición de su formación a cualquier cesión de competencias en materia de inmigración.
Miquel Jerez cuestiona la gestión de Ana Redondo tras la agresión en Sant Antoni.
El senador del Grupo Parlamentario Popular por Baleares, Miquel Jerez, ha exigido explicaciones técnicas y políticas al Gobierno tras la brutal agresión sufrida el pasado 15 de febrero en Sant Antoni de Portmany (Ibiza) por una mujer que contaba con una orden judicial de protección en vigor.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Jerez ha preguntado directamente a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, si mantiene que el sistema telemático de protección funcionó correctamente el día de los hechos. El dirigente popular ha subrayado que la víctima confiaba en que el dispositivo no fallaría, pero “aquella mañana el tiempo jugó a favor del agresor y el sistema se convirtió en una trampa”.
El senador ha recordado que, tras la agresión, el Ministerio defendió que el sistema funcionó conforme al protocolo. Sin embargo, según ha señalado, tanto la familia de la víctima como el atestado policial y fuentes judiciales apuntan a posibles irregularidades. “No puede haber tres verdades distintas sobre un mismo hecho. O la pulsera funcionó o no funcionó. Esa es la cuestión que la ministra debe aclarar con absoluta transparencia”, ha afirmado.
Jerez ha explicado que hace meses ya se conocieron incidencias técnicas que dejaron a mujeres expuestas a la acción de sus agresores, ante lo cual el Ministerio aseguró que se trataba de fallos puntuales ya corregidos. “Después de lo ocurrido en Ibiza, esa afirmación ya no puede darse por buena”, ha advertido.
El senador balear ha planteado que solo caben dos posibilidades: que los problemas se corrigieran realmente o que el sistema siga presentando fallos estructurales que comprometen la seguridad de las víctimas. “Si se corrigieron, el sistema no podía fallar en el momento más decisivo. Y, al parecer, falló. Y si no se corrigieron, seguimos teniendo un fallo susceptible de mantener a mujeres desprotegidas”, ha manifestado.
Asimismo, Jerez ha recordado que la ministra ya fue reprobada en el Senado por la gestión de las pulseras antimaltrato y ha cuestionado su continuidad al frente del departamento. “La protección de las mujeres exige responsabilidad, transparencia y garantías técnicas. Lo que está en juego es la seguridad de las víctimas”, ha concluido.
Manuela Cañadas: «El derecho a la movilidad no puede depender de un cupo administrativo»
La portavoz del Grupo Parlamentario VOX en las Islas Baleares ha denunciado el «secuestro burocrático» al que están siendo sometidos los ciudadanos del archipiélago. Según la formación, las políticas de movilidad actuales, basadas en cuotas de entrada de vehículos y restricciones medioambientales, están vulnerando el derecho constitucional a la libre circulación, convirtiendo los desplazamientos entre islas en un proceso arbitrario y punitivo para los residentes.
El desarrollo de normativas que limitan el acceso de vehículos a islas como Formentera, y la intención de extender estos modelos al resto del archipiélago, ha generado situaciones de indefensión jurídica. VOX ha señalado casos críticos donde errores en plataformas web o la titularidad de los vehículos están derivando en sanciones desproporcionadas de hasta 1.000 euros. Además, se han reportado embargos de sueldos por multas notificadas con tres años de retraso, lo que el partido califica de «persecución administrativa».
La portavoz de VOX ha sido tajante al declarar: «Los residentes de Baleares nos hemos convertido en extranjeros en nuestra propia tierra. Es inaudito que mientras nuestras fronteras nacionales son un coladero, un ciudadano de Baleares no pueda ir a Formentera a ver a su familia con su coche porque el cupo está lleno o porque su vehículo no es eléctrico».
Desde la formación se apunta a que estas medidas no responden a una gestión técnica del tráfico, sino a la implantación ideológica de la Agenda 2030. «Estamos ante un experimento del laboratorio globalista. Usan conceptos como ‘sostenibilidad’ para camuflar lo que en realidad es un control absoluto sobre el movimiento del ciudadano y la implantación de sus “Ciudades de 15 minutos.», ha afirmado Manuela Cañadas.
VOX se reafirma como la única formación que exige el fin inmediato de estas «fronteras artificiales» entre islas. El partido defiende que el derecho a la movilidad no puede estar sujeto a la capacidad económica para adquirir un vehículo eléctrico ni a la disponibilidad de un cupo administrativo, exigiendo que se recupere la soberanía de los ciudadanos sobre su propio territorio.
Fulgencio Coll: «Las políticas de la izquierda han agravado la crisis de vivienda en Palma»
El grupo municipal VOX Palma ha comparecido hoy para exponer dos de las proposiciones que se van a defender en el próximo pleno ordinario: Con relación a la vivienda, argumenta el portavoz del GM VOX, Fulgencio Coll, “por todos es conocida la tragedia que vivimos relativa al acceso y construcción de viviendas. Nuestros jóvenes cualificados y otros palmesanos, tienen que irse de Baleares por el elevado precio de los alquileres o de venta de las viviendas. También esto obstaculiza que vengan a trabajar funcionarios y trabajadores del mundo laboral”.
Ha afirmado Fulgencio Coll que las políticas del Gobierno de España y del anterior Gobierno balear y Ayuntamiento de Palma han sido un rotundo fracaso y que son ellos los mayores culpables de esta situación: “Este problema tiene difícil solución si no hay seguridad jurídica. Solo el movimiento okupa ilegal retrae del mercado cientos de miles de viviendas en España, aquí en Palma miles de viviendas además de los daños que crean a los propietarios”.
El líder de VOX en el Ayuntamiento de Palma ha asegurado con rotundidad que la izquierda ha sido la que ha provocado esta grave situación, y es la que está en contra de estas zonas urbanizables y de las áreas de transición, pero, “no solamente no han hecho viviendas, sino que regularizan a 500.000 inmigrantes ilegales, que lógicamente querrán también viviendas. Son una pura contradicción”.
Y en cuanto a esta cuestión, el concejal del grupo municipal VOX Palma, Luis Acosta, ha expuesto la otra propuesta para el pleno, que, entre otras cuestiones, instará al rechazo de la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales en España impulsada por el Consejo de ministros. También, a auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años, como a proceder a la repatriación de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra Nación, así como la repatriación de los menores extranjeros no acompañados con sus padres a sus países de origen.
Jorge Campos: «Formentera paga políticos mientras sufre inmigración, inseguridad y colapso»
El diputado de VOX, Jorge Campos, ha denunciado el incremento del gasto político en Formentera y ha cuestionado que la creación de nuevas figuras institucionales vaya a servir para resolver los problemas reales que sufren los vecinos de la isla.
Durante su intervención, Campos se ha preguntado si la incorporación de un senador más por Formentera va a solucionar cuestiones clave como la grave crisis de vivienda, la inmigración ilegal, la inseguridad, los problemas de transporte, o el deterioro de la sanidad y la administración pública en la isla. “La respuesta es clara: no”, ha afirmado.
El diputado ha advertido de que este aumento de la estructura política tiene un coste directo para los ciudadanos, señalando que cada nuevo senador supone entre 1.000 y 2.000 euros anuales por habitante, una cifra que ha vinculado al incremento del gasto público y a los costes derivados de lo que ha calificado como una presión migratoria descontrolada.
Campos ha recordado además que el Consell Insular de Formentera cuenta con 17 consejeros y un presupuesto para 2026 que supera los 49 millones de euros, de los cuales cerca del 45 % —unos 22 millones— se destinan a gasto de personal. A esta estructura se suma ya un diputado autonómico y un senador compartido, a los que ahora se pretende añadir otro senador más, incrementando aún más el coste político sin ofrecer soluciones concretas.
Desde VOX, Jorge Campos ha denunciado que esta dinámica responde a una expansión del aparato institucional que no mejora la vida de los ciudadanos y que desvía recursos que deberían destinarse a resolver los problemas reales de Formentera, como el acceso a la vivienda, la seguridad y unos servicios públicos eficaces. “Más políticos no significan mejores soluciones, sino más gasto y menos respuestas para los vecinos”, ha concluido.