Fulgencio Coll: «El caos en Palma lo provoca Pedro Sánchez»
El grupo municipal VOX Palma acusa directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del colapso producido este jueves 16 de abril (día anunciando por el Gobierno para la regularización de inmigrantes), en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) del Ayuntamiento de Palma.
Fulgencio Coll, portavoz del GM VOX Palma: “El presidente Sánchez es el principal responsable del caos vivido en nuestro Ayuntamiento, por su improvisación a la hora de tomar decisiones, y que como manifiesta nuestro alcalde, luego pagan los Ayuntamientos y los trabajadores municipales, quienes este jueves se han visto desbordados ante una oleada de personas demandando trámites, tales como la regularización documental, informes de vulnerabilidad social y el alta en el padrón municipal de habitantes. Pedro Sánchez está propiciando una oleada migratoria con sus medidas criminales, y al final quien va a pagar muy caro esta locura es el ciudadano español”.
El grupo municipal VOX Palma está rotundamente en contra de la regularización masiva de este medio millón de inmigrantes ilegales que van a saturar el sistema público español, todo por culpa de un presidente del Gobierno que legisla sin pensar en los españoles, al precio que sea, únicamente, buscando sus fines electoralistas.
Jorge Campos alerta de la «destrucción de fronteras» por acuerdos políticos.
El diputado nacional de VOX por Baleares, Jorge Campos Asensi, ha criticado duramente la política del Gobierno en materia de inmigración, denunciando lo que considera una cesión de competencias a los partidos separatistas a cambio de apoyos parlamentarios.
Durante su intervención, Campos ha calificado la situación política actual como un “mercado persa”, en el que, a su juicio, el Ejecutivo negocia decisiones clave del Estado con formaciones independentistas para garantizar su continuidad en el poder.
El diputado ha señalado que la reactivación de la proposición de ley para delegar competencias en materia de inmigración a la Generalitat responde a una estrategia que, según VOX, “vacía de contenido al Estado” y debilita el control de las fronteras.
En este sentido, ha advertido de que estas iniciativas suponen, en su opinión, una vía hacia la “destrucción de las fronteras” y una política que favorece la inmigración ilegal y descontrolada.
Campos también ha criticado el papel de Junts per Catalunya, cuestionando que promueva medidas sobre control migratorio mientras, según ha indicado, colabora con un Gobierno que impulsa políticas que, a su juicio, agravan la presión sobre los servicios públicos y la seguridad.
Asimismo, ha afirmado que las decisiones del Ejecutivo responden a intereses políticos “meramente transaccionales”, priorizando la estabilidad parlamentaria sobre lo que VOX considera el interés general.
Finalmente, el diputado ha advertido de las consecuencias de estas políticas en territorios como Cataluña, donde, según ha señalado, ya se perciben efectos en la saturación de servicios públicos y en la seguridad, reiterando la oposición de su formación a cualquier cesión de competencias en materia de inmigración.
Miquel Jerez cuestiona la gestión de Ana Redondo tras la agresión en Sant Antoni.
El senador del Grupo Parlamentario Popular por Baleares, Miquel Jerez, ha exigido explicaciones técnicas y políticas al Gobierno tras la brutal agresión sufrida el pasado 15 de febrero en Sant Antoni de Portmany (Ibiza) por una mujer que contaba con una orden judicial de protección en vigor.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Jerez ha preguntado directamente a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, si mantiene que el sistema telemático de protección funcionó correctamente el día de los hechos. El dirigente popular ha subrayado que la víctima confiaba en que el dispositivo no fallaría, pero “aquella mañana el tiempo jugó a favor del agresor y el sistema se convirtió en una trampa”.
El senador ha recordado que, tras la agresión, el Ministerio defendió que el sistema funcionó conforme al protocolo. Sin embargo, según ha señalado, tanto la familia de la víctima como el atestado policial y fuentes judiciales apuntan a posibles irregularidades. “No puede haber tres verdades distintas sobre un mismo hecho. O la pulsera funcionó o no funcionó. Esa es la cuestión que la ministra debe aclarar con absoluta transparencia”, ha afirmado.
Jerez ha explicado que hace meses ya se conocieron incidencias técnicas que dejaron a mujeres expuestas a la acción de sus agresores, ante lo cual el Ministerio aseguró que se trataba de fallos puntuales ya corregidos. “Después de lo ocurrido en Ibiza, esa afirmación ya no puede darse por buena”, ha advertido.
El senador balear ha planteado que solo caben dos posibilidades: que los problemas se corrigieran realmente o que el sistema siga presentando fallos estructurales que comprometen la seguridad de las víctimas. “Si se corrigieron, el sistema no podía fallar en el momento más decisivo. Y, al parecer, falló. Y si no se corrigieron, seguimos teniendo un fallo susceptible de mantener a mujeres desprotegidas”, ha manifestado.
Asimismo, Jerez ha recordado que la ministra ya fue reprobada en el Senado por la gestión de las pulseras antimaltrato y ha cuestionado su continuidad al frente del departamento. “La protección de las mujeres exige responsabilidad, transparencia y garantías técnicas. Lo que está en juego es la seguridad de las víctimas”, ha concluido.
Manuela Cañadas: «El derecho a la movilidad no puede depender de un cupo administrativo»
La portavoz del Grupo Parlamentario VOX en las Islas Baleares ha denunciado el «secuestro burocrático» al que están siendo sometidos los ciudadanos del archipiélago. Según la formación, las políticas de movilidad actuales, basadas en cuotas de entrada de vehículos y restricciones medioambientales, están vulnerando el derecho constitucional a la libre circulación, convirtiendo los desplazamientos entre islas en un proceso arbitrario y punitivo para los residentes.
El desarrollo de normativas que limitan el acceso de vehículos a islas como Formentera, y la intención de extender estos modelos al resto del archipiélago, ha generado situaciones de indefensión jurídica. VOX ha señalado casos críticos donde errores en plataformas web o la titularidad de los vehículos están derivando en sanciones desproporcionadas de hasta 1.000 euros. Además, se han reportado embargos de sueldos por multas notificadas con tres años de retraso, lo que el partido califica de «persecución administrativa».
La portavoz de VOX ha sido tajante al declarar: «Los residentes de Baleares nos hemos convertido en extranjeros en nuestra propia tierra. Es inaudito que mientras nuestras fronteras nacionales son un coladero, un ciudadano de Baleares no pueda ir a Formentera a ver a su familia con su coche porque el cupo está lleno o porque su vehículo no es eléctrico».
Desde la formación se apunta a que estas medidas no responden a una gestión técnica del tráfico, sino a la implantación ideológica de la Agenda 2030. «Estamos ante un experimento del laboratorio globalista. Usan conceptos como ‘sostenibilidad’ para camuflar lo que en realidad es un control absoluto sobre el movimiento del ciudadano y la implantación de sus “Ciudades de 15 minutos.», ha afirmado Manuela Cañadas.
VOX se reafirma como la única formación que exige el fin inmediato de estas «fronteras artificiales» entre islas. El partido defiende que el derecho a la movilidad no puede estar sujeto a la capacidad económica para adquirir un vehículo eléctrico ni a la disponibilidad de un cupo administrativo, exigiendo que se recupere la soberanía de los ciudadanos sobre su propio territorio.
Fulgencio Coll: «Las políticas de la izquierda han agravado la crisis de vivienda en Palma»
El grupo municipal VOX Palma ha comparecido hoy para exponer dos de las proposiciones que se van a defender en el próximo pleno ordinario: Con relación a la vivienda, argumenta el portavoz del GM VOX, Fulgencio Coll, “por todos es conocida la tragedia que vivimos relativa al acceso y construcción de viviendas. Nuestros jóvenes cualificados y otros palmesanos, tienen que irse de Baleares por el elevado precio de los alquileres o de venta de las viviendas. También esto obstaculiza que vengan a trabajar funcionarios y trabajadores del mundo laboral”.
Ha afirmado Fulgencio Coll que las políticas del Gobierno de España y del anterior Gobierno balear y Ayuntamiento de Palma han sido un rotundo fracaso y que son ellos los mayores culpables de esta situación: “Este problema tiene difícil solución si no hay seguridad jurídica. Solo el movimiento okupa ilegal retrae del mercado cientos de miles de viviendas en España, aquí en Palma miles de viviendas además de los daños que crean a los propietarios”.
El líder de VOX en el Ayuntamiento de Palma ha asegurado con rotundidad que la izquierda ha sido la que ha provocado esta grave situación, y es la que está en contra de estas zonas urbanizables y de las áreas de transición, pero, “no solamente no han hecho viviendas, sino que regularizan a 500.000 inmigrantes ilegales, que lógicamente querrán también viviendas. Son una pura contradicción”.
Y en cuanto a esta cuestión, el concejal del grupo municipal VOX Palma, Luis Acosta, ha expuesto la otra propuesta para el pleno, que, entre otras cuestiones, instará al rechazo de la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales en España impulsada por el Consejo de ministros. También, a auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años, como a proceder a la repatriación de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra Nación, así como la repatriación de los menores extranjeros no acompañados con sus padres a sus países de origen.
Jorge Campos: «Formentera paga políticos mientras sufre inmigración, inseguridad y colapso»
El diputado de VOX, Jorge Campos, ha denunciado el incremento del gasto político en Formentera y ha cuestionado que la creación de nuevas figuras institucionales vaya a servir para resolver los problemas reales que sufren los vecinos de la isla.
Durante su intervención, Campos se ha preguntado si la incorporación de un senador más por Formentera va a solucionar cuestiones clave como la grave crisis de vivienda, la inmigración ilegal, la inseguridad, los problemas de transporte, o el deterioro de la sanidad y la administración pública en la isla. “La respuesta es clara: no”, ha afirmado.
El diputado ha advertido de que este aumento de la estructura política tiene un coste directo para los ciudadanos, señalando que cada nuevo senador supone entre 1.000 y 2.000 euros anuales por habitante, una cifra que ha vinculado al incremento del gasto público y a los costes derivados de lo que ha calificado como una presión migratoria descontrolada.
Campos ha recordado además que el Consell Insular de Formentera cuenta con 17 consejeros y un presupuesto para 2026 que supera los 49 millones de euros, de los cuales cerca del 45 % —unos 22 millones— se destinan a gasto de personal. A esta estructura se suma ya un diputado autonómico y un senador compartido, a los que ahora se pretende añadir otro senador más, incrementando aún más el coste político sin ofrecer soluciones concretas.
Desde VOX, Jorge Campos ha denunciado que esta dinámica responde a una expansión del aparato institucional que no mejora la vida de los ciudadanos y que desvía recursos que deberían destinarse a resolver los problemas reales de Formentera, como el acceso a la vivienda, la seguridad y unos servicios públicos eficaces. “Más políticos no significan mejores soluciones, sino más gasto y menos respuestas para los vecinos”, ha concluido.
Gabriel Le Senne: «El Parlamento vuelve a hablar la lengua de la calle y no la del despacho ideológico»
El Parlamento de las Islas Baleares ha publicado este viernes el Boletín Oficial (BOPIB) nº 124 en edición bilingüe, recuperando el uso de la lengua castellana en sus publicaciones oficiales. Este hito marca el fin de una anomalía que se prolongaba desde 1992 y responde al cumplimiento de los acuerdos de la Mesa impulsados por VOX el pasado febrero de 2024. Con esta medida, el presidente del Parlamento, Gabriel Le Senne, devuelve la normalidad constitucional a la cámara y garantiza el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública en ambas lenguas cooficiales.
«Hoy es un día histórico para la libertad en nuestras islas. Hemos acabado con 34 años de un rodillo catalanista que pretendía expulsar nuestra lengua común de las instituciones», ha afirmado Le Senne.
El BOPIB es la herramienta fundamental de transparencia de la cámara, donde se recogen leyes, decretos y tramitaciones esenciales. Desde 1992, y tras una serie de acuerdos de la Mesa bajo la presidencia de Cristòfol Soler (PP-UM), se impuso el catalán como lengua única de publicación. VOX ha logrado revertir esta situación de «invisibilidad» del castellano, que se mantenía a pesar de que el Reglamento del Parlamento establece el carácter bilingüe de la comunidad.
«No es solo una victoria de VOX, es una victoria de la democracia y del sentido común: el Parlamento vuelve a hablar como hablan los ciudadanos en la calle» ha asegurado Gabriel Le Senne.
A partir de hoy, toda la información oficial estará disponible de forma íntegra en ambas lenguas oficiales, eliminando las barreras lingüísticas que los sucesivos gobiernos del bipartidismo (PP-PSOE) habían consolidado desde la década de los 90.
«Dijimos que el bilingüismo institucional regresaría a Baleares y hoy el BOPIB es la prueba de que VOX cumple su palabra frente a quienes querían imponer una realidad única», ha sentenciado Le Senne.
Jorge Campos: «El Delegado del Gobierno en Baleares debe dimitir por desproteger nuestras fronteras»
El diputado nacional de VOX por Baleares, Jorge Campos, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados tras conocerse que el Ministerio del Interior ignoró las advertencias internas de la Guardia Civil sobre el auge de la ruta migratoria argelina. Según los datos recabados, en 2025 las entradas ilegales en la Península y Baleares aumentaron un 4,3%, alcanzando la cifra de 15.108 inmigrantes, consolidando al archipiélago como una alternativa real a la ruta del Mediterráneo Central.
Campos denuncia que, a pesar de que a principios de 2024 una orden de servicio de la Guardia Civil ya advertía de un incremento del 32,2% en las entradas, el Gobierno de Pedro Sánchez no implementó medidas preventivas suficientes. La ruta balear, con un 80% de salidas desde Argelia, ha visto cómo la inacción gubernamental ha disparado las cifras hasta los 63.970 llegados a nivel nacional en 2024.
El diputado ha sido tajante al valorar la responsabilidad política de esta situación, señalando directamente al Delegado del Gobierno en las islas: «Esta información, en cualquier país serio, provocaría dimisiones y ceses en el Gobierno, empezando por el Delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez».
Para Campos, la gestión actual es una «negligencia consciente». El diputado de VOX ha subrayado: “No se puede permitir que, con los avisos de la Guardia Civil sobre la mesa, se haya dejado a Baleares a merced de las mafias. El Delegado del Gobierno debe irse hoy mismo por haber desprotegido nuestras fronteras”.
VOX solicita ahora por escrito que el Gobierno aclare qué medidas piensa adoptar para reducir la presión migratoria procedente de Argelia y por qué se han ignorado los informes técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante los últimos dos años.