Jesús Rodríguez: «Ladran en los medios y firman en las mesas»
VOX ha cargado contra la Xunta de Galicia por su postura ante el reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta y acusa al Ejecutivo de Alfonso Rueda de mantener una oposición “de cara a la galería” mientras acaba aceptando las derivaciones.
El presidente de VOX Pontevedra, Álvaro Díaz-Mella, ha calificado la posición de la Xunta como una “farsa” y sostiene que Galicia termina asumiendo estos traslados pese a las críticas públicas al Gobierno central.
VOX denuncia una “oposición puramente retórica”
Según los datos aportados por la formación, la Xunta calcula el coste de una plaza de acogida entre 250 y 252 euros diarios por menor, unos 7.500 euros mensuales, y ya habría denunciado anteriormente que la financiación estatal era insuficiente.
El presidente de VOX Lugo, Jesús Rodríguez, acusa al Gobierno gallego de recurrir al argumento de la “responsabilidad institucional” para evitar una confrontación política y judicial con Moncloa.
“Ladran en los medios y firman en las mesas”, ha afirmado Rodríguez.
VOX señala una brecha entre discurso y decisiones
El presidente de VOX La Coruña, Manuel Fuentes, considera que existe una “brecha enorme” entre lo que la Xunta declara públicamente y las decisiones que adopta posteriormente.
Por su parte, la presidenta de VOX Orense, María Jesús Morenza, ha señalado que “Ceuta es España” y ha defendido que el problema debe resolverse en origen y no mediante el reparto entre autonomías.
VOX exige a la Xunta rechazar el mecanismo impuesto por el Gobierno central y priorizar, conforme a la legislación aplicable y a cada caso individual, la reunificación familiar y el retorno cuando proceda.
Fernández Calle rechaza que Extremadura absorba las consecuencias de la crisis de Ceuta.
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga fin al reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta y priorice el estudio individualizado de cada caso, incluida la posibilidad de retorno y reunificación familiar cuando legalmente proceda.
Fernández Calle ha trasladado esta posición a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mediante una segunda carta en la que comunica que Extremadura no participará en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para el 27 de agosto.
Extremadura recurrirá los expedientes
VOX sostiene que la política de reparto traslada a las comunidades autónomas las consecuencias de una situación cuya gestión migratoria corresponde al Estado. Fernández Calle anuncia que Extremadura impugnará judicialmente los expedientes que reciba cuando, a juicio del Ejecutivo autonómico, no se haya resuelto previamente la situación individual del menor ni estudiado su posible reunificación familiar.
La formación exige además que conste expresamente en el acta de la Conferencia Sectorial el rechazo extremeño al mecanismo planteado por el Ejecutivo.
VOX pide actuar ante las denuncias de agresiones sexuales
Fernández Calle también reclama al Gobierno una respuesta inmediata ante las denuncias de agresiones sexuales y violaciones conocidas en Ceuta, exigiendo que los hechos sean esclarecidos, sus posibles responsables identificados y puestos a disposición judicial.
VOX pide una atención prioritaria para las menores que puedan haber sido víctimas y defiende estudiar su reunificación familiar y retorno cuando corresponda conforme a la legislación.
“Primero resolver cada caso, después hablar de traslados”
La posición de VOX pasa por evitar, según Fernández Calle, mecanismos automáticos de reparto y abordar cada expediente atendiendo a las circunstancias particulares del menor.
El vicepresidente extremeño reclama al Gobierno garantizar la seguridad en Ceuta, asumir sus competencias y priorizar la reunificación familiar antes de plantear nuevos traslados hacia Extremadura.
Fernández Calle: «Extremadura usa todas las vías legales para frenar nuevos traslados de MENAS»
El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha defendido que la Junta utilizará todas las vías políticas y legales disponibles para evitar nuevos traslados de menores extranjeros no acompañados a Extremadura.
Durante sus intervenciones en Espejo Público y La Mirada Crítica, Fernández ha advertido de que el sistema extremeño de protección de menores se encuentra «prácticamente colapsado» y ha recordado que el Ejecutivo autonómico ya ha presentado cinco procesos contencioso-administrativos.
Cinco procesos para frenar nuevos traslados
Fernández ha insistido en que la oposición a nuevas llegadas está recogida en el pacto de gobierno entre PP y VOX y ha asegurado que Extremadura ejercerá todas las acciones permitidas por el ordenamiento jurídico para defender la capacidad de su sistema de protección.
«Vamos a dar la batalla con todos los medios que tenemos para que no lleguen a Extremadura y puedan estar con sus padres», ha señalado.
VOX reclama pruebas de determinación de edad
El vicepresidente también ha pedido que, antes de cualquier traslado, se compruebe correctamente la identidad y edad de las personas afectadas.
Fernández defiende realizar pruebas de determinación de edad cuando existan dudas, al considerar que quienes sean mayores de edad no deben ocupar plazas destinadas al sistema de protección de menores.
Retorno con sus familias
El dirigente de VOX ha defendido que «los menores tienen que estar con sus familias» y ha reclamado una mayor colaboración con los países de origen para facilitar su retorno familiar cuando legalmente proceda.
También ha criticado la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y ha rechazado que las comunidades autónomas tengan que asumir, sin suficientes garantías, las consecuencias de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo central.
Fernández plantea extender a Extremadura la devolución a Marruecos
Tras conocerse la disposición de las autoridades marroquíes a recuperar a menores marroquíes presentes en Ceuta, Fernández ha planteado estudiar si esa posibilidad podría extenderse a quienes actualmente están acogidos en Extremadura.
«Si Marruecos está dispuesto a recuperar a sus menores de Ceuta, debemos estudiar también si es posible que los menores que actualmente están en Extremadura puedan regresar con sus familias», ha concluido.
Pérez Moñino reclama pruebas de edad, información sobre el coste de los adultos acogidos como menores y su expulsión de Madrid.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino ha reclamado explicaciones sobre los extranjeros acogidos como menores en la Comunidad de Madrid después de compartir una información que señala que el 70 % de los sometidos a pruebas de edad resultaron ser mayores de 18 años.
La publicación sostiene además que la cifra de adultos inicialmente identificados como menores se habría triplicado en un año en Madrid, frente al 39 % detectado en el conjunto de España.
VOX exige conocer el coste para los madrileños
Pérez Moñino ha preguntado cuántas personas adultas permanecen en centros y recursos destinados a menores y qué cantidad de dinero público se utiliza para financiar su estancia.
«¿Qué pasa con los miles de falsos menores que ya mantenéis en Madrid? ¿A cuántos impostores les financiáis la estancia?», ha planteado.
Pruebas para determinar la edad
La dirigente de VOX también ha cuestionado por qué no se realizan más pruebas para comprobar la edad de quienes llegan sin documentación fiable.
«¿Por qué impedís que se les hagan pruebas de edad como pide VOX?», ha preguntado.
Pérez Moñino considera que estas comprobaciones permitirían reservar los recursos de protección para quienes sean realmente menores.
Expulsión de los adultos en situación irregular
La representante de VOX ha exigido pasar de las declaraciones a la adopción de medidas concretas.
«Menos declaraciones y más impulsar la expulsión de los que ya están en Madrid», ha concluido, en referencia a los adultos que se encuentren irregularmente en España y hayan sido acogidos como menores.
Pérez Moñino: «Los centros de MENAs son refugios de criminales»
La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha acudido este miércoles al barrio de Batán después de la agresión sufrida por un joven de 18 años, presuntamente a manos de tres menores extranjeros residentes en el centro de primera acogida situado en esta zona del sur de Madrid.
Tras conocer el suceso, Pérez Moñino aseguró que este tipo de instalaciones se han convertido, a su juicio, en “refugios de criminales y focos permanentes de inseguridad”.
La dirigente de VOX responsabilizó al Gobierno de la Comunidad de Madrid de no actuar ante los problemas denunciados alrededor de algunos centros de acogida, cuya gestión corresponde al Ejecutivo autonómico.
VOX acusa al Gobierno regional de “mirar hacia otro lado”
Pérez Moñino expresó su indignación por la respuesta de la Comunidad de Madrid y aseguró que los propios trabajadores de estos centros llevan tiempo alertando de problemas de seguridad y convivencia.
Según la portavoz de VOX, el Gobierno regional del Partido Popular conoce esta situación, pero continúa “mirando hacia otro lado” y sin adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los vecinos.
La representante de VOX también criticó que los menores acogidos en unas instalaciones de Fuenlabrada puedan permanecer en ese centro y reprochó al Ejecutivo autonómico que, según afirmó, no realice pruebas para determinar la edad de algunas personas extranjeras acogidas.
Pérez Moñino critica el coste de las plazas de acogida
La portavoz parlamentaria sostuvo además que cada plaza destinada a menores extranjeros supone un coste mensual de aproximadamente 6.000 euros para las arcas públicas madrileñas.
En este sentido, acusó al Partido Popular de obligar a los contribuyentes a financiar un sistema que, según VOX, no garantiza adecuadamente la seguridad ni el control sobre quienes permanecen en estos centros.
“Ha sido el PP quien ha obligado a los padres de ese joven a mantener con sus impuestos a los agresores de su hijo”, afirmó Pérez Moñino.
VOX exige una reacción ante los episodios de inseguridad
Durante sus declaraciones, la dirigente de VOX lanzó varias preguntas al Gobierno regional sobre el número de agresiones que, a su juicio, deberían producirse antes de que las administraciones adopten medidas.
“¿Cuántos jóvenes tienen que ser asaltados, cuántas mujeres tienen que ser violadas y cuántos ancianos tienen que ser arrastrados para que haya una reacción?”, manifestó.
Pérez Moñino defendió que los barrios madrileños no deben asumir las consecuencias de las políticas migratorias desarrolladas por los grandes partidos.
“Las calles y barrios de Madrid no pueden seguir siendo el vertedero de las políticas migratorias de los partidos de siempre”, afirmó.
Pérez Moñino reclama la devolución a los países de origen
Por último, la portavoz de VOX exigió la expulsión y devolución a sus países de origen de los extranjeros que se encuentren en España de manera irregular.
También reclamó medidas contra los adultos que, según la formación, se hacen pasar por menores para acceder al sistema de protección y acogida.
VOX ha reiterado así su petición de endurecer la política migratoria, realizar pruebas de edad y cerrar los centros que, en opinión del partido, estén generando problemas de inseguridad en los barrios madrileños.
Miguel Maldonado cuestiona la legalidad del chalet usado como centro de MENAs.
El Grupo Municipal de VOX en Pinto denuncia que el pasado 24 de marzo el Gobierno de Sánchez instalo un centro de MENAs (Menores Extranjeros No Acompañados) a espaldas del Ayuntamiento y de los vecinos en un chalet unifamiliar, generando un justificado malestar y una gran preocupación e indignación en el municipio.
Han pasado varias semanas de su puesta en marcha y aún se desconocen aspectos esenciales como: el origen y motivo de su llegada, si son realmente menores, cuántos llegarán, cuánto tiempo permanecerán, el modelo de escolarización, las necesidades de servicios municipales (seguridad, sanitarios, sociales, etc.), quien asume estos costes y si el uso del chalet cumple con la normativa urbanística, de protección de menores y de licencias de actividad de Pinto y la Comunidad de Madrid.
Es por estos interrogantes por los que el Grupo Municipal de VOX en Pinto ha registrado una moción que será debatida en el próximo Pleno, exigiendo una reunión urgente con la entidad gestora del centro, toda la documentación, una inspección inmediata por parte de los servicios técnicos municipales y el cierre del chalet si se detectan incumplimientos normativos.
“Los vecinos de Pinto no pueden ser los últimos en enterarse de un proyecto que afecta directamente a su seguridad, convivencia y recursos municipales. Exigimos transparencia total, respeto a la legalidad y que el Ayuntamiento ejerza sus competencias sin complejos y sin demoras” Ha sentenciado el Portavoz de VOX en Pinto, Miguel Maldonado.
Rodrigo Alonso: «El gasto en menas supera al destinado a nuestros mayores»
El parlamentario andaluz de VOX por Almería, Rodrigo Alonso, ha denunciado que el gobierno de Moreno Bonilla tiene previsto destinar un importe de 2.478.169,60€, en un periodo de dos años, para menores inmigrantes no acompañados (menas) en Almería, y exige al PP que “se invierta ese dinero público en financiar dependencia y salud mental”.
Alonso ha explicado que el pasado 2 de diciembre de 2025, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó el expediente de contratación de 440 plazas de acogimiento residencial para menores inmigrantes no acompañados (menas) por un gasto de casi 37 millones de euros. Concretamente en Almería “se destinan 32 plazas de recepción y primera acogida por un importe de 2.478.169,60€ para un periodo de dos años”, según datos de la consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. El gasto por mena al mes es de 3.549,46€, en niños de entre 16 y 18 años procedentes de Marruecos y Argelia, fundamentalmente, y mientras “se destina el dinero a menas, no se destina a las necesidades urgentes de los almerienses”, critica Alonso.
Ha advertido que los recursos que el Gobierno del Partido Popular está dedicando a estos menas son “muy necesarios” en otros sectores de la sociedad almeriense, por ejemplo, para atender a las personas con necesidades especiales o en situación de dependencia. Ha recordado que solo en esta provincia hay “35.746 almerienses esperando recibir el servicio de Dependencia” con un tiempo medio de espera de 477 días. En Andalucía han muerto, entre enero y febrero, 539 andaluces esperando una resolución de dependencia.
“Nos parece un despropósito que Moreno Bonilla continúe promoviendo políticas migratorias que alienten el efecto llamada”, invirtiendo más dinero en menas que en una plaza en una residencia para un mayor “que ha cotizado toda su vida”, señala Alonso. Asimismo, ha lamentado que con esa inversión “no se mejore la asistencia para la salud mental en Almería o se financien plazas para la atención de adultos con TEA en residencias o en centros de día”.
Moreno Bonilla prioriza a los menas antes que reforzar la asistencia en salud mental y para personas con TEA en edad adulta, ya que rechazó las enmiendas que VOX Almería presentó a los presupuestos de 2026 en las que se pedía aumentar el número de instalaciones y espacios sanitarios especializados en salud mental en los hospitales La Inmaculada, Torrecárdenas y Poniente; más apoyo a la Asociación El Timón; el aumento de las plazas residenciales para personas con TEA en edad adulta y el refuerzo del personal de psiquiatría en centros de atención primaria, por un importe de más de 2,5 millones de euros.
MÁS DE 13 MILLONES DE EUROS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL
El parlamentario andaluz de VOX por Almería, además, ha criticado que el gobierno del PP en la Junta gaste 13.210.816,00 de euros en subvenciones a las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) que realicen intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Mientras Moreno Bonilla destina más de 13 millones de euros a atender a países extranjeros, en Andalucía mueren todos los días nueve personas esperando una resolución de dependencia. Es una auténtica vergüenza que merece que Moreno Bonilla deje de ser presidente de la Junta de Andalucía.
Gonzalo de Oro critica a Collboni por trasladar un centro de MENAS a La Sagrera.
El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha alzado la voz contra la decisión del Gobierno de Jaume Collboni de trasladar el centro de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) desde la Sierra de Collserola al barrio de La Sagrera.
Gonzalo de Oro, presidente del grupo municipal en el consistorio barcelonés, ha sido tajante al valorar el impacto que esta medida tendrá en la convivencia y seguridad de la zona. De Oro ha advertido que es un hecho contrastado que la instalación de estos centros conlleva un incremento de la delincuencia en las zonas receptoras. En el caso de La Sagrera, la situación es crítica por la proximidad a la futura estación de tren, un enclave que, según el líder municipal, se convertirá en una «mina» para aquellos que decidan delinquir con total impunidad.
«Es una irresponsabilidad absoluta instalar este centro junto a una residencia de ancianos, colegios y parques infantiles«, ha declarado Gonzalo de Oro. «Desde VOX exigimos al alcalde Collboni que se centre de una vez en resolver los problemas graves de los vecinos que cumplen con sus obligaciones, y que deje de gastar 3,5 millones de euros en traslados que nadie ha pedido mientras hay familias en Trinitat Vella que llevan ocho años esperando soluciones para sus casas«.
La formación subraya que este gasto es inaceptable cuando existen obras de vivienda social que ni siquiera han comenzado. Respecto a la gestión de la inmigración, De Oro ha reiterado la postura de su formación: «Los menas, si realmente son menores, donde deben estar es con sus familias y en sus países de origen, no degradando la seguridad de nuestros barrios«.
Con esta denuncia, VOX reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la prioridad nacional en el gasto público, instando al gobierno municipal a dar marcha atrás en una decisión que pone en riesgo el bienestar de los vecinos de La Sagrera.