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El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia,, Óscar Fernández Calle, ha defendido la continuidad de la central nuclear de Almaraz, situada en la provincia de Cáceres, y ha reclamado que su actividad se prolongue durante las próximas décadas.

Fernández ha señalado que el objetivo de su formación no debe limitarse a mantener la instalación abierta hasta 2030, sino que debe contemplar su funcionamiento hasta 2040 y más allá, siempre que las condiciones lo permitan.

El dirigente ha situado el futuro de la central entre las principales prioridades industriales y económicas de VOX en Extremadura.

Óscar Fernández Calle reclama que Almaraz siga funcionando hasta 2040 y más allá

El líder de VOX ha insistido en que la continuidad de la central nuclear debe abordarse con una perspectiva de largo plazo.

Según ha explicado, la propuesta de su formación pasa por garantizar que Almaraz pueda seguir operando durante las próximas décadas, en lugar de limitar las decisiones sobre su futuro a una prórroga hasta 2030.

«Nuestro objetivo es que Almaraz llegue hasta 2040 y mucho más», ha defendido Fernández.

El dirigente considera que mantener la actividad de la instalación resulta necesario para preservar su aportación a la economía regional.

VOX sostiene que la central representa una infraestructura estratégica para Extremadura y que las decisiones sobre su continuidad deben tener en cuenta sus consecuencias industriales y laborales.

La formación defiende, por tanto, una prolongación de la actividad nuclear que vaya más allá de los plazos actualmente debatidos.

VOX advierte de las consecuencias económicas y laborales del cierre de Almaraz

Óscar Fernández ha destacado la importancia de la central nuclear para el empleo y la actividad empresarial de Extremadura.

El dirigente ha señalado que Almaraz constituye una fuente de riqueza para la región y que su continuidad afecta directamente a los trabajadores y a las empresas vinculadas a la instalación.

«Extremadura no se puede permitir que la primera industria de Extremadura cierre en estos momentos, ni en estos momentos ni en las próximas décadas», ha afirmado.

Fernández ha utilizado esta expresión para subrayar la relevancia económica que atribuye a la central.

VOX considera que su cierre supondría perder actividad industrial y oportunidades de desarrollo en una comunidad que, según defiende la formación, necesita mantener y ampliar su tejido productivo.

El partido también ha señalado que la continuidad de Almaraz es una cuestión que afecta a las familias que dependen directa o indirectamente de su funcionamiento.

El Campo Arañuelo, entre las principales preocupaciones de VOX

La formación ha prestado especial atención a las consecuencias que tendría el cierre de la central para la comarca del Campo Arañuelo, donde se encuentra Almaraz.

Fernández ha defendido que la actividad nuclear desempeña un papel relevante en la economía de esta zona de la provincia de Cáceres.

Según su planteamiento, la continuidad de la central contribuye a sostener puestos de trabajo y actividad empresarial en los municipios de su entorno.

VOX considera que las decisiones sobre el futuro de Almaraz deben tener en cuenta la dependencia económica que mantiene parte del territorio respecto a esta instalación.

El dirigente ha insistido en que el cierre no afectaría únicamente a la producción eléctrica, sino también al conjunto de la actividad económica asociada a la central.

Por ello, ha defendido que mantener Almaraz en funcionamiento constituye una prioridad tanto para el Campo Arañuelo como para el conjunto de Extremadura.

Fernández recuerda que la defensa de Almaraz fue una condición del acuerdo de Gobierno

Óscar Fernández ha recordado que VOX ha mantenido su posición favorable a la energía nuclear desde su incorporación a la política autonómica extremeña.

El dirigente ha señalado que este compromiso se trasladó también a las negociaciones políticas y quedó recogido en el acuerdo de Gobierno.

Según ha explicado, el respaldo a la central nuclear de Almaraz fue una condición imprescindible para VOX.

Fernández ha presentado este antecedente como una muestra de la continuidad de la posición de su formación.

«Siempre lo que decimos lo hacemos», ha afirmado.

El líder extremeño ha defendido que la posición de VOX sobre Almaraz no responde únicamente al debate actual sobre el calendario de cierre, sino que forma parte de sus propuestas energéticas e industriales.

VOX defiende la energía nuclear para garantizar el suministro y la actividad industrial

Además de sus consecuencias económicas para Extremadura, Fernández ha destacado el papel que atribuye a la energía nuclear en el sistema eléctrico español.

El dirigente ha defendido esta fuente de generación como un recurso necesario para garantizar el suministro energético y sostener la actividad industrial.

VOX considera que la continuidad de Almaraz debe valorarse también desde la perspectiva de las necesidades energéticas del país.

La formación sostiene que prescindir de instalaciones nucleares en funcionamiento puede tener consecuencias sobre la capacidad de generación eléctrica y sobre las actividades económicas que necesitan un suministro estable.

En este contexto, Fernández ha reclamado que las decisiones sobre el futuro de la central tengan en cuenta tanto la política energética como el mantenimiento del empleo.

VOX sitúa el futuro industrial de Extremadura entre sus prioridades

Óscar Fernández ha reiterado que la defensa de Almaraz forma parte de la estrategia de VOX para preservar la actividad productiva de Extremadura.

El dirigente ha señalado que la región no debería renunciar a una instalación que considera esencial para su economía.

La formación insiste en que la continuidad de la central permitiría mantener oportunidades laborales y empresariales en el Campo Arañuelo y en el conjunto de la comunidad autónoma.

Fernández ha defendido que el objetivo debe ser asegurar la actividad de Almaraz hasta 2040 y durante más tiempo, siempre que resulte posible.

Con estas declaraciones, VOX Extremadura reafirma su oposición al cierre de la central nuclear y reclama una planificación energética e industrial que contemple su funcionamiento durante las próximas décadas.

El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández (VOX), ha advertido de la evolución del censo electoral de españoles residentes en el extranjero en las provincias de Cáceres y Badajoz, donde se ha registrado un incremento conjunto de 2.826 electores desde octubre de 2022, según los datos recogidos en el mapa interactivo difundido por su formación.

Fernández ha relacionado esta evolución con la aplicación de la conocida como Ley de Nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática, y ha reclamado que se compruebe el cumplimiento de los requisitos legales en las inscripciones realizadas a su amparo.

El dirigente ha señalado que el aumento del censo exterior podría tener relevancia en las elecciones generales del 29 de noviembre, dado que Cáceres y Badajoz constituyen circunscripciones independientes para la elección de diputados al Congreso.

Cáceres suma 1.783 electores en el extranjero y Badajoz otros 1.043

De acuerdo con las cifras recogidas por VOX, la provincia de Cáceres ha registrado un aumento de 1.783 electores residentes en el extranjero desde octubre de 2022, lo que representa un incremento del 10,7 %.

En Badajoz, el crecimiento asciende a 1.043 personas, equivalente al 8,7 % durante el mismo periodo.

En conjunto, las dos provincias extremeñas contabilizan actualmente 31.436 electores residentes en el extranjero, según los datos facilitados por la formación.

Periodo de comparación: desde octubre de 2022. Cifras atribuidas al mapa interactivo de VOX.

Óscar Fernández considera que estos incrementos justifican una revisión de las garantías de inscripción y de los mecanismos de comprobación del censo.

Óscar Fernández advierte de la posible incidencia electoral de la Ley de Nietos

El vicepresidente extremeño ha puesto el foco en las consecuencias que la evolución del censo exterior podría tener en los próximos comicios generales.

En las elecciones al Congreso de los Diputados, cada provincia constituye una circunscripción electoral. Por ello, Fernández considera necesario prestar atención a las variaciones registradas tanto en Cáceres como en Badajoz.

El dirigente de VOX reclama que las inscripciones efectuadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática cumplan estrictamente los requisitos previstos en la legislación.

El incremento del censo exterior, por sí solo, no acredita la existencia de inscripciones irregulares ni permite determinar su efecto sobre los resultados electorales. La reclamación de VOX se centra en comprobar la legalidad de los procedimientos y garantizar su transparencia.

VOX reclama controles y transparencia de cara a las elecciones del 29 de noviembre

La formación ha señalado que ha acudido a la Justicia en relación con la aplicación de la Ley de Nietos y sus posibles consecuencias electorales.

VOX defiende que cualquier ampliación del censo debe realizarse conforme a la legislación vigente y contar con mecanismos suficientes de verificación.

Óscar Fernández ha insistido en la importancia de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia y el control de las inscripciones antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La formación considera que estas comprobaciones son especialmente relevantes en las circunscripciones provinciales, donde se distribuyen los escaños del Congreso.

VOX publica un mapa interactivo para consultar el censo exterior por provincias

Como parte de esta iniciativa, VOX ha difundido la página fraudeleydenietos.com, un mapa interactivo que permite consultar la evolución del censo de españoles residentes en el extranjero.

Según explica la formación, la herramienta ofrece información desglosada por provincias y municipios y permite comparar los registros con los existentes en octubre de 2022.

Los datos de Cáceres y Badajoz forman parte de esta recopilación, con la que VOX pretende dar visibilidad a los cambios en el censo exterior.

Fernández insiste en garantizar la legalidad del proceso electoral

Óscar Fernández ha reiterado su petición de que las autoridades competentes comprueben las inscripciones y garanticen el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

El dirigente considera que la evolución del censo exterior en Extremadura merece especial atención ante la proximidad de las elecciones generales.

VOX reclama que los procesos de adquisición de nacionalidad y de inscripción electoral se desarrollen con los controles legales correspondientes, con el objetivo declarado de garantizar que los comicios del 29 de noviembre se celebren con todas las garantías.

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha defendido en la Asamblea de Extremadura una política de protección a la infancia centrada en la atención individualizada de los menores, el fortalecimiento de las familias y la prevención de situaciones de vulnerabilidad.

Durante su intervención, el dirigente de VOX ha reivindicado el incremento de recursos destinados al sistema de protección autonómico y ha cuestionado que las comunidades autónomas deban asumir las consecuencias de las decisiones del Gobierno de España en materia de menores extranjeros no acompañados.

Fernández Calle ha asegurado que la política de infancia de la Junta «se construye alrededor de cada menor y no alrededor de consignas», y ha situado la atención a los niños y jóvenes vulnerables entre las prioridades de su departamento.

Extremadura cuenta con 484 menores en el sistema de protección

El vicepresidente ha señalado que 484 menores forman parte del sistema de protección de Extremadura y ha detallado las principales partidas presupuestarias destinadas a su atención.

Según los datos expuestos por Fernández Calle, el presupuesto de protección a la infancia ha aumentado en 14 millones de euros entre 2025 y 2026.

Además, ha indicado que el acogimiento familiar y la adopción cuentan con una dotación de 980.000 euros, mientras que la red residencial dispone de aproximadamente 28 millones de euros.

A estas cantidades se suman los 500.000 euros anuales destinados al Programa de Intervención Terapéutica.

El vicepresidente ha presentado estas cifras como parte del esfuerzo de la Junta para mejorar los recursos disponibles y ofrecer una atención adaptada a las necesidades de los menores.

Prevención, acogimiento familiar y reunificación

Fernández Calle ha defendido que la protección de la infancia debe comenzar con actuaciones preventivas que permitan intervenir antes de que las situaciones familiares se agraven.

En este sentido, ha destacado el programa «En tu Casa», orientado a prevenir la institucionalización y favorecer la reunificación familiar cuando esta opción resulte adecuada para el bienestar del menor.

También ha puesto en valor el refuerzo del acogimiento familiar y la existencia de recursos residenciales especializados para aquellos casos que requieren una atención específica.

El dirigente ha insistido en que la respuesta de la Administración debe adaptarse a cada situación y facilitar el acompañamiento de los menores durante las distintas etapas de su desarrollo.

Fernández Calle pide acompañar a los jóvenes tutelados después de los 18 años

Otro de los asuntos abordados durante su intervención ha sido la transición de los jóvenes tutelados hacia la vida independiente.

El vicepresidente ha defendido los programas de inserción laboral y el acompañamiento de quienes abandonan el sistema de protección al alcanzar la mayoría de edad.

«La protección no termina cuando un joven cumple 18 años; ahí empieza una etapa especialmente delicada», ha afirmado.

Fernández Calle considera necesario facilitar herramientas de formación, acceso al empleo y autonomía personal para evitar que estos jóvenes queden desprotegidos al finalizar su etapa de tutela.

Críticas al Gobierno central por la atención a menores extranjeros

Durante su réplica parlamentaria, el vicepresidente ha cuestionado las políticas del Gobierno de España relacionadas con los menores extranjeros no acompañados.

Fernández Calle sostiene que las decisiones estatales en esta materia generan presión sobre los recursos autonómicos y ha defendido que Extremadura pueda preservar la capacidad de su sistema de protección.

«Vamos a defender nuestro sistema de protección y que cada euro destinado a la infancia se utilice para proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes», ha declarado.

También ha criticado a los grupos que respaldan las políticas del Ejecutivo central y ha descartado alcanzar acuerdos sobre planteamientos que su formación considera equivocados.

«Nosotros no hemos venido a consensuar con ustedes políticas que consideramos equivocadas; hemos venido a enfrentarlas», ha señalado.

«Los extremeños primero y prioridad nacional»

En la parte final de su intervención, Fernández Calle ha defendido que Extremadura debe proteger sus recursos públicos, sus servicios sociales y la atención destinada a las familias.

El vicepresidente ha resumido la posición de VOX mediante el principio de «los extremeños primero y prioridad nacional», que ha vinculado a su planteamiento sobre la distribución de recursos públicos.

«Mientras otros siguen con sus discursos, nosotros gestionamos los recursos», ha concluido, reivindicando las medidas de su departamento en materia de prevención, acogimiento y atención especializada.

El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico recurrirá ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, que establece en 364 menores extranjeros no acompañados la capacidad ordinaria asignada al sistema de protección y tutela de Extremadura.

El Real Decreto fija efectivamente en 364 la capacidad ordinaria correspondiente a Extremadura.

Fernández Calle ha explicado que la Junta solicitará además la suspensión cautelar de la norma con el objetivo de que no produzca efectos mientras los tribunales determinan si se ajusta a Derecho.

Fernández Calle contrapone las 364 plazas con las 14 disponibles

El vicepresidente extremeño ha puesto el foco en la diferencia entre la capacidad establecida por el Gobierno de España y la disponibilidad que, según sostiene la Junta, tiene realmente el sistema autonómico.

Cuando se fijó la cifra, Fernández Calle señala que la red extremeña de protección disponía únicamente de 14 plazas libres, destinadas a atender las necesidades de protección de menores que puedan producirse dentro de la propia comunidad.

La Junta ya había advertido públicamente de esas 14 plazas disponibles frente a las 364 de capacidad teórica atribuida a Extremadura.

Para Fernández Calle, el sistema extremeño no dispone de «una capacidad ilimitada» y la cifra establecida por el Ejecutivo central no tendría suficientemente en cuenta los recursos disponibles.

La Junta recurrirá al Tribunal Supremo

La respuesta anunciada por el Ejecutivo autonómico será acudir al Tribunal Supremo y solicitar la suspensión cautelar del Real Decreto.

Fernández Calle rechaza que el Gobierno central establezca una cifra sin atender, según su argumentación, a la capacidad efectiva del sistema extremeño de protección.

El vicepresidente ha recordado asimismo el acuerdo suscrito entre España y Marruecos en 2007 sobre menores extranjeros no acompañados y ha defendido que el Estado recurra a los mecanismos de prevención, identificación, reunificación familiar y retorno contemplados en ese marco antes de trasladar menores a los sistemas autonómicos.

«Nuestros menores, nuestros recursos y nuestras competencias»

Fernández Calle ha situado también el conflicto en el terreno de las competencias autonómicas y de los recursos disponibles para la protección de menores.

El vicepresidente ha asegurado que Extremadura acudirá al Supremo para defender «nuestros menores, nuestros recursos, nuestras competencias y los intereses de los extremeños».

Con el recurso y la petición de suspensión cautelar, el Ejecutivo autonómico buscará que sea el Tribunal Supremo el que determine la conformidad a Derecho del Real Decreto.

El vicepresidente de la Junta de Extremadura, presidente del Grupo Parlamentario VOX y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha reivindicado durante la Feria Internacional Ganadera de Zafra una política para el campo extremeño centrada en garantizar el acceso al agua, apoyar directamente a agricultores y ganaderos y reducir las trabas administrativas.

Fernández Calle ha defendido además la necesidad de proteger al sector primario frente a lo que VOX considera una competencia desleal derivada de determinadas políticas de la Unión Europea y del Gobierno de España, así como de las importaciones procedentes de terceros países.

Tierra de Barros, entre las prioridades

El vicepresidente ha situado el regadío de Tierra de Barros entre los principales compromisos del actual Gobierno de la Junta y ha asegurado que el proyecto ha acumulado durante años promesas sin resultados.

«Nosotros hemos decidido pasar de las promesas a los hechos. Hay 20 millones de euros comprometidos y la garantía de financiación completa del regadío de Tierra de Barros», ha afirmado.

Fernández Calle sostiene que el futuro del campo extremeño pasa por facilitar las condiciones necesarias para que agricultores y ganaderos puedan producir, invertir y desarrollar su actividad con mayor rentabilidad.

«Queremos una Extremadura que produzca, que invierta y que crezca. Y eso exige que nuestros agricultores y ganaderos tengan agua, infraestructuras y menos burocracia», ha señalado.

Fernández Calle reivindica menos burocracia para el campo

El dirigente de VOX ha defendido que la política de desregulación impulsada desde la Junta alcance directamente al sector primario.

El objetivo planteado por Fernández Calle es eliminar aquellas trabas administrativas que considera innecesarias y simplificar los trámites que afrontan agricultores y ganaderos.

También ha destacado el adelanto de 220 millones de euros de las ayudas de la PAC para que los productores puedan disponer antes de esos recursos.

«Para nosotros, el dinero destinado al campo tiene que estar en el bolsillo de quien trabaja la tierra y no en los cajones de la Administración», ha afirmado.

Ayudas frente a la lengua azul y los incendios

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha repasado las actuaciones desarrolladas en materia de sanidad animal y apoyo a las explotaciones.

Entre ellas ha destacado una dotación de 600.000 euros para garantizar la vacunación gratuita frente a la lengua azul de las explotaciones ovinas inscritas en BADIGEX.

García también ha señalado las ayudas extraordinarias activadas tras los incendios del verano, con compensaciones de hasta 3.000 euros por hectárea de cultivo permanente dañada, 700 euros por animal perdido y 100 euros por colmena afectada, además de medidas de pastoreo preventivo y bonificaciones fiscales.

Nuevas ayudas para cereal, arroz y apicultura

El consejero ha avanzado asimismo que se preparan nuevas ayudas destinadas a tres sectores: cereal, arroz y apicultura.

García ha defendido estas actuaciones ante las dificultades que atraviesa el sector y ha señalado el impacto que, según la posición de VOX, tienen determinadas políticas nacionales y europeas, las importaciones de terceros países y las políticas medioambientales y energéticas sobre los costes de producción.

Fernández Calle ha concluido reafirmando el compromiso del Ejecutivo autonómico con el medio rural.

«Vamos a seguir defendiendo a quienes producen, a quienes trabajan la tierra y a quienes mantienen vivos nuestros pueblos», ha asegurado.

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha defendido en el Congreso de los Diputados la desregulación como una de las claves para transformar la Administración autonómica y hacerla “más ágil, más útil y más cercana”.

Fernández Calle ha participado en la Jornada de Desregulación y Crecimiento Económico, organizada por VOX y la Fundación Disenso, junto al presidente nacional de VOX, Santiago Abascal; el economista estadounidense Arthur Laffer; José María Figaredo y el vicepresidente andaluz Manuel Gavira.

“Ese es nuestro trabajo”

El dirigente de VOX ha defendido que desregular no consiste únicamente en eliminar trámites, sino en cambiar la relación entre ciudadanos y Administración para evitar que sean los primeros quienes tengan que aportar repetidamente información que ya obra en poder de los organismos públicos.

Como ejemplo, Fernández Calle ha explicado el procedimiento aplicado para ayudar a agricultores, ganaderos y apicultores afectados por los incendios forestales, utilizando los datos ya disponibles en la Junta para identificar explotaciones perjudicadas y tramitar ayudas de oficio.

“¿Por qué tenemos que obligar a los afectados a hacer nuestro trabajo? No, ese es nuestro trabajo”, ha afirmado.

Menos trámites y una Administración que vaya al ciudadano

Fernández Calle ha destacado otras medidas impulsadas en Extremadura, como la eliminación de la cita previa salvo cuando sea imprescindible, el silencio administrativo positivo cuando la normativa lo permite, la historia social única y el Buzón de Desregulación para que ciudadanos, autónomos y empresas puedan comunicar directamente cargas burocráticas.

“No sólo hemos cambiado de dirección, sino también de sentido: ahora es la Junta de Extremadura la que va al ciudadano y no el ciudadano el que tiene que peregrinar a la Junta”, ha resumido.

El vicepresidente también ha vinculado la desregulación con la política fiscal y ha defendido que reducir impuestos puede combinarse con una mejora de los servicios públicos.

“Bajar los impuestos y, a la par, mejorar los servicios públicos también es desregular”, ha concluido.