Actualidad Política

8 de agosto de 2026

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La portavoz del Partido Popular de Cataluña, Lorena Roldán, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que proteja las fronteras y defienda a los ciudadanos de Ceuta y Melilla ante una situación que, según ha señalado, no puede reducirse únicamente a una cuestión migratoria.

“Ceuta y Melilla son España”, ha subrayado Roldán, quien ha advertido de que los acontecimientos afectan también a la soberanía nacional, la seguridad y la capacidad del Estado para proteger su territorio.

“Un Estado que no defiende sus fronteras proyecta debilidad”

La portavoz popular ha reclamado al Ejecutivo que utilice todos los instrumentos jurídicos disponibles para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar cualquier forma de presión sobre España.

“Un Estado que no defiende sus fronteras proyecta debilidad. España debe dejar claro que no aceptará ninguna forma de presión o coacción sobre su integridad territorial”, ha afirmado.

Roldán ha trasladado el apoyo del Partido Popular a los vecinos de Ceuta y Melilla y ha pedido al Gobierno que responda con firmeza ante Marruecos.

La dirigente del PPC también ha reclamado la suspensión inmediata de las regularizaciones, al considerar que las políticas migratorias del Ejecutivo están generando un “efecto llamada”.

El PP denuncia el abandono de Ceuta y Melilla

Lorena Roldán ha recordado que el Partido Popular lleva tiempo alertando sobre las consecuencias de la política migratoria del Gobierno.

“Mientras otros países europeos refuerzan sus fronteras, el Gobierno de Sánchez ha abandonado a los ceutíes y al resto de los españoles”, ha denunciado.

El Partido Popular defiende una política migratoria legal, ordenada y coordinada con Europa, que garantice el control fronterizo y combata las redes dedicadas al tráfico de personas.

Roldán cuestiona el balance de Salvador Illa

Por otra parte, la portavoz del PPC ha criticado el balance realizado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al considerar que presentó una visión triunfalista que no coincide con la realidad que viven los catalanes.

Roldán ha acusado a Illa de “vivir en el país de las maravillas” y ha calificado su comparecencia de “fraude político”.

“La Cataluña que describe solo existe en sus discursos”, ha afirmado.

La diputada popular ha señalado como ejemplo la polémica relacionada con las pruebas educativas y ha defendido que Illa debería haber comparecido en el pleno del Parlamento catalán para ofrecer explicaciones.

El PPC exige explicaciones y soluciones

Roldán también ha reclamado explicaciones sobre las informaciones que relacionan al PSC con una presunta financiación irregular investigada por la Justicia.

Asimismo, ha pedido aclaraciones sobre las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas en la gestión de las delegaciones de la Generalitat en el exterior, calificadas por el PPC como “falsas embajadas”.

La portavoz popular ha contrapuesto el balance del Govern con problemas como las dificultades de acceso a la vivienda, el aumento de la inseguridad y las listas de espera.

El Partido Popular de Cataluña exige una gestión centrada en los servicios públicos, la seguridad, la vivienda y las necesidades reales de las familias.

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado la concesión de una subvención directa de 10.000 euros del Institut de Cultura de Barcelona a la Associació Memorial 1714.

Según ha señalado la formación, la ayuda fue publicada en la Gaseta Municipal el pasado 21 de julio y permitirá financiar cerca del 43 % de un proyecto presupuestado en 23.300 euros.

VOX sostiene que la entidad beneficiaria promueve planteamientos favorables a la independencia de Cataluña y critica que sus actividades se financien con los impuestos de todos los barceloneses.

VOX cuestiona el contenido financiado por el ICUB

La formación ha puesto el foco en actividades con títulos como «La Guerra de Successió i la pèrdua de l’Estat» y «L’intent d’anorrear un poble 1714-1725».

También señala que entre los fines estatutarios de la asociación figura el apoyo a iniciativas destinadas a que Cataluña recupere su denominada «independencia nacional».

El presidente del Grupo Municipal VOX, Liberto Senderos, ha denunciado que el Ayuntamiento utilice fondos públicos para respaldar contenidos que considera de carácter político e identitario.

«Los barceloneses no tienen por qué pagar con sus impuestos la propaganda separatista del Gobierno de Jaume Collboni», ha afirmado.

Senderos reclama pluralidad y rigor histórico

Senderos ha aclarado que VOX no cuestiona el derecho de una asociación privada a defender posiciones independentistas, sino que rechaza que estas sean financiadas por el conjunto de los contribuyentes.

«No cuestionamos que una asociación privada defienda el independentismo; lo que no vamos a tolerar es que se lo paguemos entre todos», ha declarado.

El portavoz ha asegurado que los títulos de las actividades subvencionadas responden a proclamas políticas y ha reclamado que la historia de Barcelona se divulgue desde la pluralidad y el rigor.

«Exigimos que la historia de nuestra ciudad se divulgue desde la pluralidad y el rigor, sin convertir en interlocutores privilegiados a entidades que buscan fracturar España», ha añadido.

VOX cuestiona el cambio en el procedimiento de concesión

La formación también ha denunciado el procedimiento administrativo empleado para otorgar la subvención.

Según VOX, la Associació Memorial 1714 se presentó en 2025 a una convocatoria general de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con el proyecto «Memòria de l’estat català».

La iniciativa obtuvo una puntuación de 4,93 y no alcanzó la nota mínima necesaria para recibir financiación. Un año después, la entidad habría recibido una subvención directa de 10.000 euros.

VOX considera necesario que el Gobierno municipal explique las razones de este cambio de criterio.

Exigen el expediente y los informes técnicos

Senderos ha reclamado acceso inmediato al expediente completo, a los informes técnicos y a la motivación utilizada para justificar la concesión directa.

«Resulta inaceptable que una entidad que en 2025 no logró la puntuación mínima para recibir un solo euro en concurrencia competitiva pase en 2026 a recibir una subvención directa de 10.000 euros», ha manifestado.

El dirigente de VOX ha exigido conocer qué circunstancias han cambiado durante el último año y ha pedido al Ejecutivo de Collboni que aclare los criterios empleados para conceder la ayuda.

«Queremos saber qué ha cambiado en un año y exigimos acceso inmediato al expediente completo, a los informes técnicos y a la motivación real de este trato de favor», ha concluido Senderos.

La portavoz del Partido Popular de Catalunya en el Parlament, Lorena Roldán, ha criticado que el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, no compareciera junto a la consellera de Educación, Ester Niubó, para explicar la exclusión de Catalunya del informe PISA.

Roldán ha recordado que Dalmau se encontraba al frente del Departamento cuando, el pasado mes de marzo, se detectó el error relacionado con las pruebas y le ha reprochado que haya permanecido en silencio desde entonces.

“Dalmau guardó silencio desde marzo y volvió a hacerlo ayer, dejando sola a su compañera de Gobierno”, ha afirmado la portavoz popular, que ha calificado de “cobarde” su ausencia en la comparecencia.

El PPC exige explicaciones en el Parlament

Roldán también ha denunciado la decisión de PSC, ERC y Comuns de impedir en la Junta de Portavoces la convocatoria de un pleno extraordinario para que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, explique lo sucedido.

La portavoz del PPC ha criticado que estas formaciones mostraran inicialmente su preocupación por la situación y que posteriormente rechazaran la comparecencia del president.

“Ayer se hacían los indignados y hoy actúan como lacayos del Govern”, ha señalado.

A juicio de Roldán, este comportamiento evidencia la existencia de un “tripartito encubierto” entre PSC, ERC y Comuns, dispuesto, según ha denunciado, a evitar que el Ejecutivo catalán asuma responsabilidades.

Balance de los dos años del Govern de Illa

Durante su intervención, la portavoz popular ha realizado también un balance de los dos años de Gobierno de Salvador Illa y ha asegurado que los datos muestran un deterioro de los principales servicios públicos de Catalunya.

“El PSC destroza todo lo que toca”, ha afirmado Roldán, quien ha señalado que la gestión del Govern está marcada por el colapso de los servicios públicos, el aumento de la inseguridad y la falta de respuestas ante los principales problemas de los catalanes.

La parlamentaria ha citado la situación de la sanidad, la dependencia, la educación, la seguridad y la vivienda, así como la gestión de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, la crisis de la peste porcina en Collserola y los conflictos con docentes y personal sanitario.

“Nada funciona: no funciona la sanidad, no funciona la dependencia, no funciona la educación ni la seguridad”, ha denunciado.

Listas de espera, dependencia e inseguridad

Roldán ha asegurado que la gestión del Govern se caracteriza por una “sucesión de fracasos” que, según ha señalado, se refleja en el incremento de las listas de espera sanitarias y en las más de 50.000 personas que permanecen fuera de plazo en el sistema de dependencia.

También ha mostrado su preocupación por los episodios de violencia registrados en las calles catalanas, entre ellos el apuñalamiento ocurrido en L’Hospitalet y los tiroteos producidos durante las últimas semanas.

El Partido Popular de Catalunya reclama un Govern centrado en garantizar unos servicios públicos de calidad, mejorar la seguridad y resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos.

Educación como símbolo de la gestión del Govern

La portavoz del PPC ha situado a la Conselleria de Educación como uno de los principales ejemplos de la gestión del Ejecutivo catalán.

Roldán ha recordado los problemas registrados en la adjudicación de más de 57.000 plazas docentes, la falta de plaza de Formación Profesional para alrededor de 20.000 jóvenes y la exclusión de Catalunya del informe PISA.

A estas situaciones ha añadido la convocatoria de una huelga docente, que ha atribuido a la incapacidad del Govern para gestionar y dialogar con los profesionales de la educación.

“Si hay una conselleria que simboliza este fracaso es Educación”, ha concluido.

El portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, Joan Garriga, ha exigido la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para que explique las irregularidades detectadas en la muestra catalana de las pruebas PISA 2025.

Garriga ha calificado de «insólito, vergonzoso y de una gravedad absoluta» que los resultados de Cataluña no puedan compararse con los de otras ediciones y territorios después de que el porcentaje de alumnos exentos alcanzara el 23,2 %, frente al límite del 5 % recomendado por la OCDE.

La incidencia afecta a la representatividad estadística de la muestra catalana. Aunque VOX habla de una exclusión del informe PISA 2025, la información publicada señala que los resultados no podrán utilizarse para realizar comparaciones territoriales o temporales fiables, aunque los datos sí podrán incorporarse al resultado conjunto de España.

VOX cuestiona la exclusión de casi una cuarta parte del alumnado

De los aproximadamente 2.500 estudiantes seleccionados inicialmente, 591 quedaron exentos de realizar la evaluación. La mayoría de las exclusiones correspondieron a alumnos con dificultades cognitivas, emocionales o conductuales, mientras que 92 estudiantes fueron apartados por un dominio insuficiente de la lengua utilizada en la prueba.

Garriga considera que estas cifras no pueden atribuirse únicamente a un error casual o a una incidencia técnica y reclama que se aclare quién autorizó las exenciones y qué controles se aplicaron durante el proceso.

«Ante la perspectiva inminente de otro varapalo demoledor que volviera a dejar al descubierto las vergüenzas del modelo educativo catalán, han preferido el apagón informativo, la trampita y el ridículo internacional antes que someterse al espejo de la realidad», ha denunciado el portavoz de VOX.

El Govern atribuye lo ocurrido a una «incidencia técnica» relacionada con una posible confusión entre los criterios de exención aplicables a las pruebas autonómicas y los establecidos para PISA. La consejera Esther Niubó ha anunciado una investigación interna y la adopción de nuevos mecanismos de coordinación para evitar que el problema vuelva a repetirse.

Garriga reclama la dimisión de Esther Niubó

VOX ha solicitado la comparecencia de Salvador Illa y ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para conocer quién tomó las decisiones que afectaron a la composición de la muestra.

La formación quiere saber cuándo tuvo conocimiento el Govern de las irregularidades, qué responsabilidades políticas piensa asumir y qué medidas se adoptarán para garantizar la validez de futuras evaluaciones.

Garriga también ha reclamado la dimisión de la consejera de Educación, Esther Niubó, al considerar que el episodio evidencia una falta de control y transparencia.

El portavoz sostiene que la incidencia vuelve a poner de manifiesto «el fracaso de un modelo educativo agotado», que VOX relaciona con la inmersión lingüística obligatoria y con el abandono de la cultura del esfuerzo, el mérito y la exigencia académica.

VOX rechaza la reforma del Reglamento del Parlament

Durante su comparecencia, Joan Garriga también ha criticado la reforma del Reglamento del Parlament promovida por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP para regular y sancionar los denominados discursos de odio.

Las negociaciones buscan definir qué expresiones pueden vulnerar derechos fundamentales o incitar a la discriminación e incorporar al Reglamento parte del régimen sancionador actualmente recogido en el Código de Conducta. Entre las sanciones previstas figuran las amonestaciones, las multas y la suspensión temporal de los diputados en los casos más graves.

VOX considera que esta modificación pretende «perseguir y amordazar» a sus representantes y limitar la libertad de expresión de la oposición.

«Quieren convertir a la Mesa del Parlament en un tribunal del pensamiento», ha afirmado Garriga.

El portavoz ha anunciado que VOX combatirá la reforma tanto en el ámbito político como ante los tribunales si considera que vulnera los derechos de sus diputados.

Apoyo de VOX a Alicia Tomás tras denunciar una agresión

Garriga también ha trasladado el apoyo del Grupo Parlamentario de VOX a la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Terrassa, Alicia Tomás, después de que denunciara ante los Mossos d’Esquadra una agresión sufrida junto a su pareja.

Según el relato incluido en la denuncia, Tomás habría sido reconocida e insultada por su condición de concejal antes de que ella y su acompañante fueran agredidos. Los Mossos deberán investigar los hechos e identificar a los presuntos responsables.

Garriga ha reclamado que los autores sean identificados y juzgados y, en caso de tratarse de ciudadanos extranjeros y cumplirse los requisitos legales, sean expulsados de España.

El portavoz ha criticado la falta de una condena pública del alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, y ha reiterado el compromiso de VOX de «devolver la ley, el orden y la seguridad a los barrios y a las calles de Cataluña».

El diputado de VOX en el Parlamento de Cataluña Manuel Acosta ha exigido la dimisión inmediata de la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, por las presuntas irregularidades y anomalías detectadas en torno a las pruebas PISA 2025.

La formación también ha registrado una batería de preguntas, solicitudes de información y peticiones de comparecencia para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades políticas y administrativas.

Acosta ha calificado la situación como «un hecho extremadamente grave» y ha acusado al Departamento de Educación de actuar con «ineptitud política y profesional».

VOX acusa al Govern de ocultar información

Según ha denunciado el diputado, el Ejecutivo catalán conocía desde el pasado mes de marzo que la muestra seleccionada para las pruebas no cumplía los criterios establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.

VOX sostiene que, pese a disponer de esta información, el Govern continuó adelante con el proceso y no comunicó públicamente las anomalías durante varios meses.

«La negligencia del Govern impedirá saber si la educación en Cataluña ha mejorado o continúa hundiéndose», ha afirmado Acosta.

La formación considera que la situación puede impedir disponer de una evaluación fiable sobre el nivel educativo de los alumnos catalanes y dificultar la comparación de los resultados con los de otros territorios.

Acosta cuestiona que se trate de una incidencia técnica

El diputado de VOX ha puesto en duda la explicación ofrecida por la consellera, que habría atribuido lo ocurrido a una «incidencia técnica».

Acosta ha planteado la posibilidad de que las anomalías respondieran a una estrategia destinada a evitar la publicación de unos posibles resultados negativos, una hipótesis que la formación reclama investigar y esclarecer.

En este sentido, el parlamentario ha recordado los resultados obtenidos en los últimos años por los alumnos catalanes en las pruebas de Competencias Básicas y los ha relacionado con el deterioro que VOX atribuye al actual modelo educativo.

VOX rechaza la creación de una nueva comisión

Acosta también ha criticado el anuncio de la consellera sobre la creación de una comisión destinada a supervisar futuras evaluaciones educativas.

El diputado ha calificado esta propuesta como una «tomadura de pelo» y ha acusado al Govern de responder a sus errores mediante la creación de nuevos organismos o cambios administrativos, sin asumir responsabilidades políticas.

VOX sostiene que el Ejecutivo catalán debe aclarar qué información conocía, desde cuándo la conocía, quién autorizó la continuidad de las pruebas y qué consecuencias tendrá la invalidez o falta de representatividad de la muestra.

Preguntas y solicitudes de comparecencia

La formación ha registrado distintas iniciativas parlamentarias para obtener toda la documentación relacionada con la selección de la muestra y las comunicaciones mantenidas entre el Departamento de Educación y los responsables de las pruebas PISA.

Asimismo, VOX reclama la comparecencia de los responsables políticos y técnicos implicados en el proceso.

Acosta insiste en que las explicaciones ofrecidas hasta el momento son insuficientes y exige que se depuren responsabilidades.

Por todo ello, VOX ha reclamado la dimisión inmediata de Esther Niubó y ha anunciado que continuará impulsando iniciativas parlamentarias hasta esclarecer completamente las anomalías registradas en las pruebas PISA 2025.

El secretario general del Partido Popular de Cataluña, Juan Fernández, ha acusado al Govern de Salvador Illa de ocultar la realidad del sistema educativo catalán después de conocerse que los resultados de las pruebas PISA no podrán compararse adecuadamente con los de anteriores ediciones.

“Illa ha diseñado una estafa para ocultar la realidad de la educación en Cataluña”, ha afirmado Fernández, quien considera que lo sucedido no puede reducirse a un error administrativo o a una incidencia técnica.

Según el dirigente popular, el episodio demuestra el fracaso de la política educativa del Ejecutivo catalán y evidencia que el Govern habría optado por impedir una evaluación rigurosa del sistema en lugar de afrontar su deterioro.

El PPC cuestiona que la información se conociera desde marzo

Fernández ha señalado que la situación relacionada con PISA se conocía desde el mes de marzo, pero que no se hizo pública hasta coincidir con un viaje de Salvador Illa a Vietnam.

“Resulta curioso que el fiasco de PISA se conozca desde el mes de marzo, pero se haya mantenido oculto hasta el día exacto en que Illa coge un avión a Vietnam”, ha manifestado.

El secretario general del PPC sostiene que, tras los malos resultados obtenidos en anteriores informes, el Govern debería haber trabajado para corregir los problemas educativos y garantizar que los datos pudieran compararse de manera adecuada.

En su opinión, el Ejecutivo catalán habría seguido una estrategia destinada a evitar que los ciudadanos puedan evaluar su gestión.

“Si no hay comparación, no hay evaluación; si no hay evaluación, no hay responsabilidad; y, si no hay responsabilidad, solo queda la propaganda”, ha advertido.

Fernández denuncia una cadena de errores y negligencias

El dirigente popular ha asegurado que las informaciones conocidas no apuntan a un episodio aislado, sino a una sucesión de errores, negligencias y decisiones que afectan al Departamento de Educación y al conjunto del Govern.

Fernández considera especialmente grave que el Ejecutivo conociera la situación desde hacía meses y no informara previamente a la ciudadanía.

“Prefirió proteger su imagen antes que garantizar la transparencia, proteger al Govern antes que defender a los alumnos y esconder el problema antes que solucionarlo”, ha denunciado.

El secretario general del PPC ha subrayado que la educación constituye uno de los principales instrumentos de igualdad de oportunidades y ha advertido de que cualquier manipulación u ocultación de los datos educativos afecta al futuro de Cataluña.

El PP exige conocer quién tomó las decisiones

Juan Fernández ha reclamado al Govern que explique quién tomó las decisiones relacionadas con las pruebas, cuándo se conoció que los datos no serían comparables y quién decidió no informar públicamente de la situación.

También ha exigido que se determinen las responsabilidades políticas correspondientes.

Estas cuestiones, según ha avanzado, serán trasladadas a la consellera de Educación durante su comparecencia, solicitada por el Partido Popular.

El PPC pretende que el Ejecutivo detalle el proceso seguido dentro del Departamento de Educación y aclare por qué la información no fue comunicada anteriormente.

Críticas a la gestión general de la Generalitat

Fernández ha relacionado la polémica educativa con otros problemas que, según el PPC, reflejan el deterioro de la gestión de la Generalitat.

El dirigente popular ha citado el funcionamiento de Rodalies, las listas de espera sanitarias, la inseguridad, la presión fiscal y la burocracia que soportan ciudadanos y empresas.

A su juicio, la imposibilidad de garantizar una evaluación rigurosa del sistema educativo es otra muestra de una Administración que ha dejado de gestionar para centrarse en “maquillar la realidad”.

“Cataluña necesita un Govern que resuelva los problemas y no que se dedique a fabricar excusas”, ha señalado.

“Los datos se pueden ocultar, pero la realidad no”

El secretario general del PPC ha concluido que Cataluña está perdiendo posiciones en educación, competitividad y oportunidades.

Fernández ha reprochado también a Salvador Illa que no responda personalmente cuando se producen crisis que afectan a la gestión de su Gobierno.

“Los datos se pueden ocultar durante un tiempo, pero la realidad no”, ha afirmado antes de insistir en que el Govern debe ofrecer explicaciones y asumir responsabilidades por lo sucedido con las pruebas PISA.

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha expresado su rechazo al proyecto normativo promovido por el Gobierno de Jaume Collboni para constituir el denominado Consejo de la Lengua Catalana.

La formación considera que la creación de este organismo supone añadir una nueva estructura burocrática destinada a impulsar el uso del catalán sin ofrecer, a su juicio, garantías suficientes para la protección de la cooficialidad del español en la Administración municipal.

VOX sostiene que el proyecto, debatido en el Pleno del Ayuntamiento, responde a una estrategia de «imposición ideológica» y puede contribuir a excluir progresivamente el castellano de la vida institucional barcelonesa.

VOX denuncia una nueva duplicidad administrativa

El grupo municipal recuerda que Barcelona ya dispone de diferentes organismos y estructuras dedicados a la política lingüística.

Entre ellos cita la Comisionada de Uso Social del Catalán, el Centro de Normalización Lingüística de Barcelona y las mesas lingüísticas de distrito, además de los organismos autonómicos y las entidades privadas subvencionadas que trabajan en este ámbito.

Para VOX, la creación del Consejo de la Lengua Catalana supone una duplicidad que incrementará el gasto público sin responder a las necesidades reales de los vecinos.

El concejal de VOX Liberto Senderos ha acusado al Ejecutivo municipal de ampliar la estructura administrativa vinculada a las políticas lingüísticas.

«El Ayuntamiento de Barcelona sigue obsesionado con imponer el catalán y borrar el español del espacio público. Ahora crea otro organismo más —y ya van demasiados—: el Consejo de la Lengua Catalana», ha señalado.

Senderos sostiene que el nuevo órgano implicará «más burocracia, más gasto público y más puestos para entidades separatistas y activistas de la imposición lingüística».

Críticas a la participación de entidades independentistas

VOX también cuestiona la participación en la elaboración del reglamento de entidades como Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua, a las que vincula con el ámbito independentista.

Según la formación, el texto reduce la presencia del castellano a una cuestión estadística y no incorpora mecanismos suficientes para garantizar una atención municipal equilibrada en las dos lenguas oficiales.

El grupo municipal considera que la propuesta no representa la pluralidad lingüística y social de Barcelona.

«En este proyecto no hay ni pluralidad, ni bilingüismo, ni respeto a la mitad de los barceloneses que hablan español. Solo hay propaganda, presión y exclusión», ha afirmado Senderos.

Alegaciones para defender la libertad lingüística

Ante la tramitación del reglamento, VOX ha presentado alegaciones destinadas a proteger la cooficialidad del catalán y del castellano en todas las dependencias municipales.

La formación reclama que cualquier ciudadano pueda dirigirse al Ayuntamiento y ser atendido en cualquiera de las dos lenguas oficiales, sin obstáculos ni discriminaciones.

«VOX ha presentado alegaciones para defender la cooficialidad, la libertad lingüística y el derecho de todos a dirigirse al Ayuntamiento en la lengua que elijan», ha explicado el concejal.

Senderos ha advertido de que su grupo continuará denunciando cualquier medida que considere contraria al uso del español en la Administración local.

«No van a callarnos. No vamos a retroceder y no pararemos hasta devolver la libertad a Barcelona», ha asegurado.

Fiscalización del gasto del nuevo consejo

VOX ha anunciado que fiscalizará las partidas presupuestarias que se destinen al Consejo de la Lengua Catalana y comprobará su funcionamiento, composición y costes.

La formación también asegura que recurrirá a las vías administrativas disponibles para combatir cualquier decisión que, según su criterio, margine el castellano en la vida pública de Barcelona.

El grupo municipal insiste en que las políticas lingüísticas deben respetar la cooficialidad, garantizar la igualdad de trato y proteger la libertad de los ciudadanos para utilizar la lengua oficial que prefieran.

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha lamentado el rechazo del PSC y de las formaciones separatistas a una proposición destinada a respaldar de forma expresa, material y moral la labor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la capital catalana.

La iniciativa planteaba reclamar al Gobierno de España una mejora urgente de los recursos humanos y materiales destinados a ambos cuerpos, reconocer a sus agentes como profesionales de riesgo, avanzar en la equiparación salarial y concederles la Medalla de Oro al Mérito Cívico de Barcelona.

El presidente del Grupo Municipal de VOX, Gonzalo de Oro, defendió durante el Pleno la necesidad de impulsar estas medidas y reprochó al Ayuntamiento la falta de apoyo institucional a los agentes.

«Hoy traemos al Pleno una proposición que no solo exige mejoras laborales y materiales para los agentes, sino también una profunda reparación moral e institucional», afirmó.

De Oro sostuvo que el Ayuntamiento debe «cambiar el rumbo» y asumir su responsabilidad por haber permitido, según denunció, «durante demasiados años el señalamiento a la Policía Nacional y a la Guardia Civil».

VOX reclama equiparación salarial y más medios

Durante su intervención, el representante de VOX denunció las diferencias retributivas que afectan a los agentes destinados en Cataluña en comparación con otros territorios.

«Mientras en Madrid el complemento territorial es de 200 euros y en el País Vasco de 800, aquí, en la ciudad más cara de España, no llega a 60 euros», aseguró De Oro.

Por este motivo, la proposición solicitaba que el Pleno instara al Gobierno de España a dotar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de los medios humanos y materiales que VOX considera necesarios para desarrollar sus funciones.

La formación también reclamaba la declaración de profesión de riesgo para los agentes y la aprobación de una equiparación salarial efectiva.

«Pedimos que se les conceda de una vez por todas la equiparación salarial que tanto merecen», remarcó el presidente del grupo municipal.

Reconocimiento a los agentes destinados en Cataluña

Gonzalo de Oro pidió igualmente que el Ayuntamiento ponga fin a las actitudes que VOX considera hostiles hacia las fuerzas de seguridad del Estado y reconozca su trabajo durante momentos de elevada tensión social y en la lucha contra la delincuencia.

El edil recordó la actuación de los agentes destinados en Cataluña durante los acontecimientos del 1 de octubre de 2017 y denunció el acoso que, según señaló, sufrieron algunos efectivos y sus familias.

«Hay que hacer memoria de lo que pasó aquí y reconocer el trabajo realizado por aquellos agentes destinados en Cataluña en los duros tiempos del 1 de octubre, cuyas familias e hijos fueron acosados», declaró.

De Oro defendió la profesionalidad de los agentes y afirmó que su actuación permitió desbaratar lo que calificó como «un intento de golpe de Estado» sin que se produjera ninguna víctima mortal.

Placas de homenaje en Barcelona

La proposición presentada por VOX también contemplaba la colocación de placas conmemorativas en Vía Laietana y Travessera de les Corts.

Estas placas estarían destinadas a recordar a los miembros de las fuerzas de seguridad asesinados por el terrorismo y a homenajear al agente de la Guardia Civil David Pérez Carracedo, asesinado en Barbate en 2024.

Tras el rechazo de la iniciativa, el Grupo Municipal de VOX ha reafirmado su compromiso de continuar defendiendo la presencia, los derechos y el reconocimiento institucional de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Barcelona.

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