Samuel Vázquez alerta sobre la violencia sexual en Ceuta: «Todavía no sabemos cuál es su tamaño»
El portavoz nacional de Seguridad de VOX, Samuel Vázquez, ha alertado sobre la situación de la violencia sexual en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes registrada este verano y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer apartar del debate público las consecuencias que, según sostiene, está sufriendo la ciudad autónoma.
«Ceuta es el espejo de lo que provoca una invasión migratoria y de lo que pueden ser muchas ciudades de España en un corto periodo de tiempo», ha afirmado Vázquez, que ha empleado la expresión «terror sexual sistémico» para describir la situación que, a su juicio, padecen especialmente mujeres y menores.
La referencia a una «invasión» y la expresión «terror sexual sistémico» corresponden a la caracterización política de Vázquez. Sí existe, no obstante, un número significativo de procedimientos judiciales abiertos por agresiones sexuales desde la crisis de finales de julio: los órganos judiciales de Ceuta incoaron 37 procedimientos entre el 30 de julio y el 14 de septiembre, correspondientes a 39 víctimas, de las cuales 38 eran mujeres y 14 menores.
Samuel Vázquez ejerce actualmente como portavoz nacional de Seguridad de VOX.
«Todavía no sabemos cuál es su tamaño»
Vázquez ha advertido de que considera que todavía no se conoce el alcance completo de las agresiones sexuales ocurridas en Ceuta.
«Tenemos terror sexual sistémico, del que todavía no sabemos cuál es su tamaño. Probablemente dentro de un tiempo nos asustemos de lo que ha pasado allí», ha señalado.
El portavoz de VOX sostiene que pueden existir víctimas que no hayan denunciado y ha puesto especialmente el foco en mujeres y menores.
Los datos oficiales conocidos hasta ahora muestran un aumento relevante de las actuaciones judiciales. A finales de agosto, la Fiscalía contabilizaba 23 agresiones sexuales desde el comienzo de la crisis, nueve de ellas contra menores. Posteriormente, el informe del Consejo General del Poder Judicial elevó a 37 los procedimientos abiertos hasta el 14 de septiembre.
De los 37 presuntos agresores recogidos en ese último informe, 18 no habían sido identificados. Los 19 identificados eran mayores de edad.
Vázquez se refiere a la menor presuntamente agredida en El Trampolín
Durante su intervención, Vázquez se ha referido también al caso de una menor encontrada este fin de semana en la playa del Trampolín.
«Me acaban de informar, no sé todavía si la información es real, de que la chica que hace dos días unos compañeros míos reanimaron en una playa parece que no quiere denunciar», ha explicado el portavoz, dejando expresamente abierta la veracidad de esa información.
La Policía Nacional detuvo el sábado a dos hombres marroquíes, de 42 y 21 años, por su presunta relación con una agresión sexual a una menor de 17 años en la playa del Trampolín. La joven tuvo que ser reanimada, fue trasladada al Hospital Universitario y se activó el protocolo para víctimas de delitos sexuales.
Las fuentes policiales consultadas por EFE y RTVE señalaron además que la menor ya había prestado declaración y estaba citada posteriormente en sede judicial. Por tanto, la afirmación sobre una posible negativa a denunciar no está confirmada por la información pública disponible.
Vázquez habla de «miedo» entre las familias de Ceuta
El responsable de Seguridad de VOX sostiene que la situación está generando temor entre familias de la ciudad y afirma que algunos padres han modificado las rutinas de sus hijos.
«Miedo metido en el cuerpo de familias enteras. Niñas que no pueden ir al cole, niños que no pueden ir al cole, niñas que no pueden pasear solas para ir a sus actividades extraescolares, tienen que ir siempre acompañadas de adultos. No hay derecho», ha afirmado.
Estas afirmaciones forman parte del relato trasladado por Vázquez y no van acompañadas en su intervención de datos sobre absentismo escolar o cambios generalizados en las rutinas de los menores.
Acusa a Sánchez de querer que Ceuta desaparezca del debate
Vázquez ha dirigido después sus críticas directamente contra Pedro Sánchez.
El portavoz considera que el Gobierno tratará de desplazar el foco político hacia otros asuntos para evitar que las consecuencias de la crisis de Ceuta continúen ocupando el debate público.
«Pedro Sánchez nos va a montar una serie de performances de aquí hasta las elecciones para que no hablemos de esto, para que no hablemos de Ceuta. Ese es su objetivo», ha afirmado.
También ha acusado al Ejecutivo de «dejar abandonados a los ceutíes» y ha comparado su actuación con la respuesta política tras la dana en Paiporta, una analogía política realizada por Vázquez.
Mientras tanto, el Gobierno ha reforzado durante septiembre los dispositivos fronterizos y de acogida en Ceuta. Interior ha anunciado, entre otras actuaciones, una inversión de nueve millones de euros para reforzar la frontera marítima del Tarajal.
«Que Ceuta sea el epílogo»
Vázquez ha concluido reclamando que la situación de la ciudad autónoma permanezca en la agenda política.
«Pedro Sánchez quiere que Ceuta sea un capítulo más, que nos olvidemos pronto», ha afirmado.
El portavoz nacional de Seguridad ha asegurado que VOX continuará poniendo el foco sobre lo ocurrido y ha cerrado su intervención con una de sus críticas más duras al presidente del Gobierno: «En VOX luchamos todos los días para que Ceuta sea el epílogo de la historia criminal de Pedro Sánchez».
La expresión constituye una acusación política de Vázquez y no una calificación judicial sobre el presidente del Gobierno.
Fernández Calle, a fondo: Ceuta, reparto de menores, ONG y qué cambió con VOX en el Gobierno de Extremadura.
Entrevistamos a Óscar Fernández Calle, vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, para abordar dos frentes que marcan el inicio del curso político: la crisis de Ceuta y el papel que deben asumir las comunidades autónomas ante el reparto de menores extranjeros no acompañados. El dirigente de VOX cuestiona la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, señala también las responsabilidades del PP y defiende que Extremadura utilice todos los instrumentos legales a su alcance para evitar asumir las consecuencias de una política migratoria decidida desde Moncloa.
Entra de lleno en el balance de VOX dentro del Gobierno extremeño. Fernández Calle explica qué ha cambiado desde la entrada de su partido en el Ejecutivo, qué medidas considera reconocibles como propias de VOX y hasta dónde pretende llegar con la reducción de burocracia. Inmigración, financiación de ONG, reunificación familiar, impuestos, servicios sociales y esa “carretilla de papeles” que soportan ciudadanos y empresas centran una conversación sobre qué significa pasar de la oposición a gobernar.
¿Es Ceuta la fotografía perfecta del fracaso del bipartidismo? El PP lleva décadas gobernando la ciudad y ha sostenido su gobernabilidad con acuerdos con el PSOE, mientras Pedro Sánchez gobierna España. Ahora se culpan entre ellos. ¿No son las dos caras de un problema que llevan años sin resolver?
Ceuta demuestra que durante demasiado tiempo no se han afrontado con la firmeza necesaria problemas que conocemos desde hace años, como la defensa de nuestras fronteras y de nuestra soberanía. Ahora bien, también hay que reconocer que cuando el PP se sienta a negociar con VOX y está dispuesto a incorporar el sentido común a las políticas de gobierno, las cosas pueden hacerse de otra manera y se pueden conseguir avances que de otro modo no se producirían. Eso es precisamente lo que estamos haciendo en Extremadura: asumimos nuestra responsabilidad, negociamos y conseguimos que nuestras prioridades formen parte de la acción de gobierno. En Ceuta, como en el resto de España, lo importante es dejar de lado el intercambio de reproches y poner por delante la seguridad, la defensa de nuestras fronteras y el bienestar de los ciudadanos. Ceuta es España y defender Ceuta es defender la integridad territorial de España.
Después de lo ocurrido en Ceuta, ¿cómo sería la relación de España con Marruecos si VOX estuviera dentro de un Gobierno nacional? ¿Seguiría Rabat siendo considerado un “socio fiable” o habría un cambio radical en política exterior, fronteras y exigencias al régimen marroquí?
La relación tendría que cambiar radicalmente. España puede y debe tener relaciones diplomáticas y comerciales con Marruecos, pero una cosa es mantener relaciones con un país vecino y otra aceptar cualquier actuación que perjudique los intereses de España. Si un país utiliza la presión migratoria para poner en jaque nuestras fronteras o cuestiona nuestra soberanía territorial, España tiene que responder con firmeza. No puede existir una relación de amistad basada en que España ceda permanentemente. Defenderíamos nuestras fronteras, exigiríamos el cumplimiento de los acuerdos y revisaríamos aquellos instrumentos de cooperación que no estén funcionando en beneficio de España. La política exterior tiene que volver a tener como prioridad la defensa del interés nacional.
El Gobierno controla la frontera, pero cuando la situación se desborda son las comunidades las que reciben después a los menores y soportan buena parte de la presión asistencial. ¿Teme que la crisis de Ceuta termine siendo absorbida por Extremadura y el resto de autonomías?
Es precisamente lo que queremos evitar. El Estado no puede controlar la frontera y después trasladar las consecuencias de sus decisiones a las comunidades autónomas. Extremadura tiene recursos limitados y unas necesidades sociales propias que debemos atender. No se puede plantear como única solución repartir menores por las comunidades autónomas y dar por resuelto el problema. Hay que actuar en origen, controlar las fronteras y, cuando legalmente proceda y existan garantías, facilitar el retorno y la reunificación familiar. No queremos que Extremadura termine pagando las consecuencias de una política migratoria que decide Moncloa.
Usted ha llevado esa batalla a los tribunales. ¿Estamos ante el límite de la paciencia de Extremadura con la política migratoria de Moncloa? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para impedir que la región absorba nuevos repartos de menores extranjeros no acompañados?
Estamos dispuestos a utilizar todos los instrumentos legales a nuestro alcance. Extremadura no puede limitarse a aceptar decisiones del Gobierno central sin conocer sus condiciones, sus consecuencias y cómo van a financiarse. Hemos defendido y vamos a seguir defendiendo que cualquier decisión debe respetar las competencias autonómicas y garantizar los recursos necesarios. No se trata de mirar hacia otro lado ante un problema social, sino de exigir que el Estado asuma sus responsabilidades. Nuestra obligación es defender los intereses de Extremadura y que sus servicios públicos no se vean desbordados.
VOX prometió que Extremadura no financiaría las consecuencias de la inmigración irregular. Ahora que usted controla Servicios Sociales, ¿puede asegurar que las ONG que colaboren en esos traslados no recibirán dinero autonómico para financiarlos?
Lo que puedo asegurar es que el dinero público de Extremadura debe utilizarse con responsabilidad y con criterios claros. Las subvenciones tienen que estar justificadas, responder a una finalidad concreta y cumplir la legalidad. No vamos a utilizar recursos públicos de los extremeños para financiar actuaciones que correspondan al Estado o que tengan como finalidad consolidar una política de inmigración irregular. Queremos transparencia y que cada euro público tenga una finalidad útil para los ciudadanos.
Si Marruecos está dispuesto a recuperar a menores marroquíes presentes en Ceuta, usted ha planteado estudiar esa vía para Extremadura. ¿Por qué la primera solución tiene que ser repartirlos por España y no intentar que regresen con sus familias cuando legalmente sea posible?
Porque el objetivo debería ser siempre buscar la solución más adecuada para cada menor, y no simplemente repartir el problema territorialmente. Si un menor es marroquí, tiene familia en Marruecos y existe la posibilidad de una reunificación familiar segura, legal y con todas las garantías, esa opción debe estudiarse. No tiene sentido asumir que la única alternativa es trasladarlo a cientos de kilómetros de su entorno familiar.
Vamos a su Gobierno. VOX llegó a un acuerdo con María Guardiola y entró en el Ejecutivo. Si hoy un extremeño le pregunta “¿qué ha cambiado porque VOX está dentro y no fuera?”, ¿qué tres medidas le enseñaría?
Le enseñaría, en primer lugar, una política fiscal orientada a que los extremeños tengan más dinero disponible y a reducir la presión fiscal. En segundo lugar, el refuerzo de las políticas sociales, con más recursos para sanidad, dependencia, familia y servicios sociales. Y, en tercer lugar, todo el trabajo de simplificación administrativa y eliminación de burocracia. Estar en el Gobierno significa poder convertir las propuestas en decisiones concretas y asumir también la responsabilidad de que esas decisiones funcionen.
El acuerdo incluía impuestos, vivienda, sanidad, campo, inmigración y reducción del gasto. ¿Cuál es la medida que lleva más claramente el ADN de VOX y que probablemente no existiría con un Gobierno del PP en solitario?
La prioridad nacional y la defensa de los intereses de los extremeños. Pero también destacaría la reducción de la burocracia y la revisión del gasto público innecesario. Nosotros creemos que la Administración no puede convertirse en una carrera de obstáculos para quien quiere abrir un negocio, contratar, invertir o simplemente realizar un trámite. La filosofía es muy clara: menos trabas, menos gasto improductivo y más recursos allí donde realmente hacen falta.
¿Ha conseguido VOX algo que muchas veces parecía imposible en política: que el votante vea que lo prometido en campaña se cumple cuando el partido entra en el Gobierno? ¿Es ese su mayor éxito en las autonomías donde gobierna?
Creo que una de las principales diferencias es precisamente esa: hemos pasado de hacer propuestas desde la oposición a tener que ejecutarlas desde el Gobierno. Eso obliga a negociar, a priorizar y, sobre todo, a asumir responsabilidades. El ciudadano puede comprobar ahora si aquello que defendíamos se traduce en medidas concretas. Evidentemente, una legislatura no se puede medir únicamente por anuncios, sino por resultados, y ese es el reto que tenemos: que al final del mandato los extremeños puedan comprobar que determinadas políticas han cambiado realmente su vida.
Usted dirige Desregulación y ha hablado de esa “carretilla de papeles” que soportan ciudadanos, autónomos y empresas. Ahora que está dentro de la Administración, ¿cuánta burocracia ha conseguido eliminar realmente y qué quiere desmontar todavía antes de acabar la legislatura?
Hemos empezado por algo fundamental: revisar procedimientos que durante años se han mantenido simplemente porque siempre se habían hecho así. Hay trámites, documentos y requisitos que pueden simplificarse o directamente desaparecer cuando la Administración ya dispone de esa información. Y hemos avanzado también en eliminar la obligación de pedir cita previa en muchos servicios, manteniéndola únicamente cuando existen razones organizativas, técnicas o por la propia naturaleza de la atención.
Pero esto no termina aquí. Queremos seguir revisando toda la normativa para detectar duplicidades, autorizaciones innecesarias y cargas que afectan especialmente a autónomos y empresas. El objetivo final es que un ciudadano no tenga que enfrentarse a una Administración que le exige una carretilla de papeles para poder hacer algo que debería ser sencillo. La Administración está para facilitar la vida al ciudadano, no para complicársela.
Jorge Buxadé: «No se puede convertir la ilegalidad en un negocio»
El jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha cargado contra la política migratoria del Gobierno y contra el sistema de financiación de organizaciones que participan en la atención a inmigrantes.
“Estamos pagando el negocio de las ONG”, ha afirmado Buxadé, que ha citado expresamente a organizaciones como Cruz Roja y Cáritas y ha denunciado que, a su juicio, el Ejecutivo ha dejado a los españoles “en segundo, tercero o cuarto lugar”.
“No se puede convertir la ilegalidad en un negocio”
Buxadé ha centrado su crítica en los incentivos que, según sostiene, genera el actual modelo. “No se puede convertir la ilegalidad en un negocio”, ha señalado.
El dirigente de VOX considera que este sistema puede terminar incentivando las entradas irregulares, el fraude o la presentación de solicitudes de asilo y situaciones de vulnerabilidad que, según denuncia, no siempre responderían a la realidad.
Las afirmaciones de Buxadé constituyen su valoración política sobre el funcionamiento y financiación de estas organizaciones y no acreditan por sí mismas actuaciones ilícitas por parte de las entidades mencionadas.
Martínez Alpañez, sin filtros: mafias, pateras, ONG, expulsiones y la doble inacción de Sánchez y López Miras.
Entrevistamos a Rubén Martínez Alpañez, portavoz de VOX en la Asamblea Regional de Murcia, para abordar la llegada de inmigrantes ilegales a las costas murcianas, el papel de las mafias, los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y qué ocurre con quienes consiguen desembarcar y entrar en territorio español.
Durante la conversación, Martínez Alpañez también pone el foco en la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y en las responsabilidades que, a su juicio, puede asumir el Ejecutivo regional de Fernando López Miras. Además, explica qué medidas impulsaría VOX si llega al Gobierno de la Región de Murcia tras las elecciones de 2027.
En apenas unos días Murcia ha encadenado varios desembarcos de lanchas rápidas con decenas de inmigrantes. ¿Estamos ante hechos aislados o las mafias han consolidado ya una nueva ruta estable hacia la costa murciana?
Efectivamente, la mafia han consolidado una ruta, la ruta de la esclavitud, la ruta de la inmigración ilegal. La ruta de las mafias está establecida con la Región de Murcia.
Temporalmente utilizaron Baleares para ello, pero vuelven a la Región de Murcia ante la inacción del Gobierno nacional y ante la incapacidad de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado.
¿Esa ruta de la esclavitud está más consolidada que nunca?
Si estas lanchas son detectadas cuando se aproximan a la costa, ¿por qué no se consigue interceptarlas antes de que desembarquen? ¿Estamos ante falta de medios, órdenes políticas o un sistema que simplemente está desbordado?
La realidad es que es un mix entre todas esas causas. El SIVE, por ejemplo, no funciona. Existe una clara falta de medios para la fuerza y cuerpos de seguridad. Tanto el Ejército, por un lado, pero especialmente Guardia Civil y Policía Nacional, no cuentan con medios suficientes como para poder frenar la llegada de patera.
Y, efectivamente, podemos definirlo como órdenes políticas, en tanto en cuanto que sí se pueden hacer acciones legislativas para endurecer toda la tramitación, toda vez que desembarca en las costas de España, para endurecer y facilitar también que los fuerzas y cuerpos de seguridad puedan ser más contundentes, intentando prever que esta mafia lleguen y desembarquen en la costa murciana.
Y lo que tenemos es un Gobierno incapaz, un Gobierno que, desbordado por su incapacidad, ha vendido España por mantenerse en La Moncloa.
Las lanchas llegan, desembarcan y muchos desaparecen rápidamente del lugar. ¿Quién los está esperando en tierra? ¿Acaban en recursos de acogida, se quedan en Murcia o continúan hacia otras comunidades y Europa? ¿Existe una segunda parte del negocio de las mafias que no termina en la playa, sino que incluye transporte, alojamiento y contactos para seguir moviéndolos por España?
La realidad es que los ilegales campan a sus anchas por todo el territorio nacional.
Tenemos varios perfiles. Hay, podemos comprobar cómo los parques de la ciudad de Cartagena están llenos de inmigrantes ilegales que han establecido allí su residencia, por decirlo de alguna forma.
Esa segunda parte a la que se hace referencia del negocio de las mafias tiene nombre y apellido, que son las ONGs que facilitan la inmigración ilegal y que apoyan la inmigración ilegal.
¿Existe un negocio en torno a la inmigración ilegal que está haciendo que se enriquezca?
Muchísimas ONGs que están vendiendo nuestro país. Algunos querrán, como principalmente la ruta que viene de Argelia a las costas murcianas, querrán seguir su viaje hasta Francia.
Otros son esclavizados en redes de trabajo, de explotación de trabajo o en redes de prostitución, etcétera.
Lo que está claro es que lo que no podemos hacer es perderle la pista por completo a los ilegales toda vez que llegan a España.
¿Sabemos realmente cuántas personas están entrando por la costa murciana? Porque una cosa es contar a quienes localiza la Guardia Civil y otra a quienes desembarcan, se dispersan y nadie llega a identificar. ¿Puede haber inmigrantes entrando en Murcia sin quedar registrados por ninguna autoridad? ¿Y quién responde si después desaparecen del radar?
Lo que podemos confirmar es que estamos ante una ruta de las mafias que, este año, este año 2026, ya han entrado a la Región de Murcia más de 3.000 ilegales por nuestras costas.
Este último mes han entrado unos 300 y la única diferencia es que lo han hecho a plena luz del día, en verano y con todas nuestras playas, pues, llenas de familias, de gente que iba a disfrutar sus vacaciones. Y por eso ahora algunos se rasgan las vestiduras.
Pero, al menos, al menos 3.000 han entrado por nuestras costas en este año 2026.
De todas formas, no podemos saber si, efectivamente, hay algunos que han entrado de manera incontrolada y no han sido capaces de localizarlo a través de los mecanismos que tenemos porque, como ya he dicho anteriormente, el SIVE no funciona.
Y, si me pregunta quién responde después, si desaparecen del radar, pues no responde absolutamente nadie. Pero sí podemos confirmar quién lo sufre, y lo sufren nuestras hijas, nuestros hijos, cuando son violados, cuando son atacados, cuando son robados en el parque, paseando por la calle o cuando van simplemente a algún lugar de ocio.
Estamos hartos ya de ver titulares en los que un inmigrante ilegal ataca a nuestras hijas, ataca a nuestras ancianas, tiran por el suelo a nuestros mayores para robarle todo lo que llevan. No sabemos quién responde, pero sí quién lo sufre.
Una vez que sí son localizados por las autoridades, ¿qué ocurre exactamente? ¿Quién los identifica, dónde son trasladados y cuánto tiempo permanecen bajo control policial antes de quedar en libertad o iniciarse un procedimiento de devolución
Lo que tenemos es, claramente, una falta de medio por parte de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado para hacer lo que tienen que hacer y, lógicamente, una legislación que actúa en contra de los intereses de todos los españoles.
La fuerza y cuerpos de seguridad del Estado identifican, lógicamente, a todo el que llega y aquí ya es donde entra el propio negocio de la mafia.
Ellos ya saben lo que tienen que decir. Los inmigrantes ilegales, la mayoría, solicitan asilo. Ya tienen a la ONG esperando para recibirlo y llevarlo. Si no son acogidos en uno de estos centros que está montando a lo largo y ancho de España el Gobierno de Pedro Sánchez, pues lo llevan a piso de propiedad de la ONG o bien, incluso, los montan —han llegado a montarlo— en un autobús y a trasladarlo a otras comunidades autónomas, a otras regiones, para que no se mucho que están entrando de manera desbordada en nuestra región.
Es, sin duda alguna, un disparate, porque no puede hacerse lo que necesitamos en España, que es, efectivamente, iniciar el proceso de devolución y devolverlo, efectivamente, a sus países.
Si muchos no tienen intención de quedarse en Murcia, ¿se ha convertido la Región simplemente en una puerta de entrada hacia Madrid, Cataluña, Francia u otros países europeos? ¿Sabe la Administración cuál es su destino final?
La intención verdadera de si es quedarse en Murcia o trasladarse es, en principio, irrelevante, porque lo que sí sabemos es que la verdadera intención es que vienen a aprovecharse de nuestro Estado del bienestar, vienen a enriquecerse, a mantenerse sin trabajar, todo lo contrario de lo que han hecho nuestros padres, de lo que han hecho nuestros familiares, nuestros antepasados, que están toda la vida trabajando, pagando impuestos para mantener el Estado del bienestar que tenemos, y vienen a aprovecharse de él.
Lo que está claro es que, con la autopista de la inmigración ilegal que está promoviendo Pedro Sánchez en nuestro país, nuestras calles, nuestros barrios, todas nuestras ciudades, sin excepción, son cada vez más inseguras.
En algunas embarcaciones también llegan menores. ¿Qué ocurre con ellos desde ese momento? ¿Termina la Región de Murcia asumiendo tutela, plazas y costes de una situación provocada por una frontera cuya competencia corresponde al Estado?
Aquí hay que matizar que la gran mayoría de los que dicen que son menores resulta que no lo son.
Vienen hasta incluso con un manual de instrucciones en el que tienen que alegar que son menores para que no los expulsen y para que lo acojan definitivamente aquí, en la Región de Murcia.
El Gobierno regional acoge a esos supuestos menores, los aloja en cualquier centro de estos, de que tienen un chalet, si tienen algunos centros especializados para acoger a este tipo de personas, y le dedican aproximadamente unos 4.800 euros al mes para su mantenimiento.
En vez de iniciar el procedimiento de búsqueda de sus familiares y devolución a su país, acoge a cada uno de los que dicen que son menores.
López Miras culpa constantemente al Gobierno de España, pero ¿puede hacer más desde la Región de Murcia de lo que está haciendo? ¿Qué competencias, recursos o mecanismos autonómicos tiene a su alcance y no está utilizando?
El Gobierno de la Región de Murcia, el Gobierno del Partido Popular, no está haciendo nada, nada de lo que es su competencia para reducir, para eliminar la inmigración ilegal.
Todas las actuaciones que realiza el Gobierno regional favorecen el efecto llamada de la inmigración ilegal.
Podemos ver cómo allí donde está gobernando VOX, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y también en Andalucía, se están empezando a implementar medidas que no favorecen la inmigración ilegal.
Medidas para eliminar ese efecto llamada, como la eliminación de subvenciones a ONG, como el inicio de la tramitación de expedientes de devolución, sí, expedientes de devolución a sus países, que tenemos la competencia, a través de la formalización de convenios, de realizarlo desde las comunidades autónomas.
Otras comunidades autónomas lo han hecho y la Región de Murcia no está haciendo absolutamente nada.
Están reaccionando ahora, como he dicho anteriormente, simple y llanamente porque han llegado las pateras a plena luz del día, con las playas llenas. Pero pueden hacer muchas cosas.
VOX reclama expulsiones inmediatas para quienes hayan entrado ilegalmente. Pero una cosa es abrir un expediente y otra ejecutar la devolución. ¿Qué tendría que cambiar para que una entrada irregular no termine convirtiéndose en una permanencia indefinida en España?
Lo más importante a cambiar en nuestro país es al presidente más indecente y corrupto y traidor que hemos tenido en España, Pedro Sánchez.
Desde VOX, nuestro presidente, Santiago Abascal, ha solicitado que el Congreso de los Diputados ponga en marcha el artículo 102 de la Constitución española y se juzgue a Pedro Sánchez y a todo su Gobierno por traición.
No están haciendo absolutamente nada.
Necesitamos militarizar la frontera. Necesitamos dotar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los medios necesarios para disuadir la entrada de narcolancha, de ilegales, de taxi patera a las costas de la Región de Murcia y de toda España.
La mafia, los robos, las violaciones, la inmigración ilegal campa a sus anchas por nuestro país por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez.
Por lo tanto, hay que quitar a Pedro Sánchez, ponerlo a disposición judicial a la mayor brevedad posible y, a partir de ahí, iniciar todos los trámites legislativos para bloquear y garantizar nuestra frontera, para iniciar la devolución, la expulsión de todos y cada uno de los que entran ilegalmente y, a partir de ahí, consolidar el país que todos queremos.
VOX ha estado dentro del Gobierno regional. Si vuelve a entrar en 2027 con capacidad real de decisión, ¿qué cambiaría desde el primer día respecto a lo que estamos viendo ahora en las costas murcianas?
Pues, efectivamente, tal y como podemos comprobar allí donde está gobernando VOX en otras regiones de España, VOX no colabora con la inmigración ilegal e implementa todas las medidas necesarias para que no se favorezca la inmigración ilegal.
Ante todo, prioridad nacional, los españoles primero. No podemos estar toda la vida trabajando, toda la vida intentando formar una familia, toda la vida pagando impuestos y que luego el dinero se lo lleven las ONG que financian la inmigración ilegal.
Hay que cortar el grifo de la financiación de la inmigración ilegal.
Ya nos salimos en 2024 de los Gobiernos, precisamente por la actitud del Partido Popular de favorecer la inmigración ilegal y de colaborar estrechamente con el corrupto Pedro Sánchez en la financiación de la inmigración ilegal.
Y lo que tenemos que hacer desde las regiones, desde las comunidades autónomas, es implementar todas las medidas que existen. Mucho margen. Todas las medidas necesarias para minimizar, para reducir, para eliminar completamente ese efecto llamada, la financiación de la inmigración ilegal.
Está rompiendo nuestro país y, por supuesto, ni que decir tiene que todo aquel, independientemente de que haya entrado de forma legal o ilegal en nuestro país y cometa un delito aquí, dentro de España, tiene que ser deportado.
Todo aquel que entra ilegalmente, inmediatamente, independientemente de su edad, tiene que ser repatriado a su país.
Y, por supuesto, aquel que venga no con la intención de colaborar, no con la intención de favorecer el crecimiento no solo personal, sino, digo también, el social de España; aquel que no quiera adaptarse a nuestra cultura y a nuestra forma de vida y que venga a imponer otras culturas, tiene que ser, desde luego, remigrado a su país de origen.
Pollán Fernández vincula el aumento de ingresos en Zambrana con la inseguridad en las calles.
El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán Fernández, ha advertido de que el aumento de ingresos registrado en el centro Zambrana durante los últimos años es, a su juicio, un reflejo de los problemas de seguridad que se están produciendo en las calles. Pollán ocupa ambos cargos desde junio de 2026.
“La realidad que vemos en el Zambrana con el aumento de ingresos durante estos años es un reflejo de la realidad que estamos viviendo en la calle”, ha señalado Pollán.
Pollán pone el foco en las bandas latinas
El dirigente de VOX sostiene que la delincuencia está aumentando y ha relacionado parte de esa evolución con fenómenos que califica de “delincuencia importada”, citando expresamente las bandas latinas y determinados tipos de agresiones.
Según Pollán, estos fenómenos también se estarían reflejando en el perfil de parte de los internos que llegan al centro Zambrana. Se trata de una valoración política expresada por el vicepresidente durante su intervención.
“Calles seguras, barrios seguros y pueblos seguros”
Pollán ha situado la seguridad como una de las prioridades de su Consejería y ha defendido una política de “tolerancia cero” frente a cualquier forma de delincuencia, con independencia de su origen.
“Queremos calles seguras, barrios seguros, pueblos seguros y tolerancia cero con la delincuencia”, ha afirmado.
El vicepresidente primero ha avanzado además que su departamento trabajará “codo con codo” con el centro Zambrana para mejorar su situación y contribuir, dentro de sus competencias, a reforzar la seguridad en Castilla y León.
Antelo: «El porcentaje de argelinos es mínimo; la mayoría procede de Marruecos»
El diputado autonómico por Murcia, José Ángel Antelo, ha asegurado que la mayoría de la inmigración ilegal que llega a la comunidad procede de Marruecos y ha rechazado que el peso principal corresponda a ciudadanos argelinos.
“La inmensa mayoría de la inmigración ilegal que llega a la Región de Murcia procede de Marruecos, el porcentaje de argelinos es mínimo”, afirmó Antelo a través de sus redes sociales.
El diputado regional también ha trasladado esta situación al ámbito penitenciario y sostiene que los datos son conocidos por los profesionales que trabajan directamente en materia de seguridad y prisiones.
“Lo mismo pasa en las cárceles. Esto son datos y lo denuncian las asociaciones policiales y funcionarios de prisiones, el resto es relato interesado”, señaló.
Con estas declaraciones, Antelo vuelve a situar en el centro del debate la inmigración irregular, la seguridad y la situación de las cárceles en la Región de Murcia, reclamando que el análisis de esta cuestión se realice atendiendo a los datos y a las denuncias de policías y funcionarios penitenciarios.
Ricardo Chamorro carga contra la respuesta política y mediática a la crisis de Ceuta.
El diputado nacional de VOX Ricardo Chamorro ha denunciado en una entrevista en Radio Libertad lo que considera un «silencio cómplice» de los grandes medios de comunicación ante la situación que atraviesa Ceuta después de las recientes entradas irregulares por la frontera.
Chamorro ha asegurado que los ceutíes están sufriendo un aumento de la inseguridad y ha citado presuntas agresiones sexuales, robos y otros episodios delictivos. El dirigente de VOX ha reprochado que estos sucesos, según sostiene, no estén recibiendo la misma atención mediática que otros casos de gran repercusión nacional.
Chamorro exige expulsiones
El diputado ha reclamado la expulsión inmediata de quienes hayan entrado ilegalmente en Ceuta y ha extendido esta petición a los extranjeros en situación irregular y a aquellos que cometan delitos en el resto de España.
«¡Basta de mirar hacia otro lado!», ha señalado Chamorro, que también ha criticado la actuación de determinadas ONG vinculadas a la asistencia de inmigrantes.
Críticas a Marruecos y al Gobierno
Durante su intervención, Chamorro también ha situado la crisis migratoria dentro de un problema más amplio para Europa y ha aludido a advertencias procedentes de Estados Unidos sobre las consecuencias de la inmigración.
Asimismo, ha acusado a Marruecos de mantener una política de presión sobre España y ha cuestionado la respuesta del Gobierno español ante lo ocurrido en Ceuta.
Para el diputado de VOX, la prioridad debe ser recuperar el control de la frontera, garantizar la seguridad de los residentes y ejecutar las expulsiones previstas legalmente.
Lorena González denuncia que Albacete gana extranjeros y pierde españoles.
La diputada provincial de VOX, Lorena González, ha mostrado su preocupación por los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística citados por la formación, que sitúan la población de Albacete en 394.702 habitantes a 1 de julio.
Según González, el aumento de 3.119 habitantes registrado durante el último año se explica por la llegada de 3.748 residentes extranjeros, mientras la población española habría descendido en 629 personas.
VOX habla de “sustitución poblacional”
La diputada ha calificado esta evolución de “crecimiento ficticio y desequilibrado” y ha utilizado el término “sustitución poblacional” para describir un modelo demográfico que, a su juicio, depende excesivamente de la inmigración.
“No aceptamos que se presente como un éxito demográfico que Albacete gane habitantes mientras pierde españoles”, ha afirmado.
Más natalidad, empleo y vivienda
González sostiene que la prioridad debe ser facilitar que los jóvenes permanezcan en la provincia, encuentren empleo, accedan a una vivienda y puedan formar una familia.
La representante de VOX ha criticado la falta de políticas suficientes contra el envejecimiento y la despoblación y ha reclamado más apoyo a la natalidad.
Preocupación por los servicios públicos
La diputada también ha advertido de la presión que, según considera, puede provocar un crecimiento migratorio elevado sobre unos servicios públicos con recursos limitados.
VOX defiende una política de “prioridad nacional” en el acceso a los recursos y reclama un cambio de rumbo en las políticas demográficas.
“Albacete no necesita una población más grande a cualquier precio; necesita una población arraigada, familias que puedan vivir aquí y jóvenes que puedan construir aquí su futuro”, ha concluido González.