López Pretel denuncia que 28 camas del Hospital Santa Lucía siguen fuera de servicio tras el incendio.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel, ha denunciado que las consecuencias del incendio sufrido por el Hospital General Universitario Santa Lucía siguen afectando a la capacidad asistencial del centro diez meses después del siniestro y ha reclamado al Gobierno regional que acelere las actuaciones pendientes.
López Pretel ha centrado sus críticas en las habitaciones afectadas por el fuego del 26 de noviembre de 2025 y cifra en 28 las camas que continúan sin estar disponibles.
«En una comarca castigada por el colapso y la saturación de los centros de salud, tener plazas hospitalarias bloqueadas provoca que el problema se convierta en una auténtica condena para todo aquel que necesite atención sanitaria», ha afirmado.
La cifra de 28 camas inhabilitadas no ha sido utilizada únicamente por VOX. Una moción registrada en marzo en el Ayuntamiento por el PSOE reclamaba expresamente «rehabilitar de forma urgente e inmediata las 28 camas» afectadas por el incendio. En mayo, colectivos vecinales continuaban denunciando que esas plazas hospitalarias permanecían inutilizadas.
Las habitaciones afectadas continúan en el centro del debate
El incendio de noviembre obligó a movilizar a 113 pacientes de varias plantas del Santa Lucía. La rápida intervención del personal y de los Bomberos de Cartagena permitió que no se registraran heridos.
Tras el siniestro, el Servicio Murciano de Salud constituyó una comisión técnica para estudiar la fachada y anunció actuaciones de reparación. Un informe técnico elaborado posteriormente concluyó que existía riesgo de repetición de incendios si se mantenía la configuración de determinados elementos de la fachada y planteó intervenciones para adaptarla a las exigencias de protección contra incendios.
El Gobierno regional informó en febrero de que las obras comenzarían en marzo y el SMS comunicó después el inicio de la rehabilitación de la fachada, las habitaciones dañadas y sus elementos colindantes.
Pese a ello, en septiembre continuaban las críticas por la falta de reapertura de todas las habitaciones. El Grupo Socialista en Cartagena denunció el día 16 que los espacios afectados seguían cerrados y vinculó esta situación con una pérdida de capacidad de hospitalización.
López Pretel reclama una solución definitiva para la fachada
El portavoz municipal de VOX considera insuficiente prolongar durante meses una situación provisional y reclama una actuación que permita recuperar las habitaciones y resolver de forma definitiva los problemas de la envolvente exterior del hospital.
El Santa Lucía ya había sufrido otro incendio en su fachada en 2015. Tras el episodio de noviembre de 2025, distintos grupos municipales y colectivos han reclamado sustituir los materiales considerados problemáticos en lugar de limitar las actuaciones a las zonas directamente dañadas.
«Lo más grave es que las 28 camas inhabilitadas a causa del fuego siguen sin estar disponibles para los cartageneros», ha insistido López Pretel.
Las listas de espera, otro de los problemas señalados
El dirigente municipal relaciona la pérdida temporal de capacidad hospitalaria con las demoras sanitarias existentes en el Área II de Salud.
A finales de 2025 se contabilizaban 37.846 pacientes en las listas de espera de intervenciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas del Área II, según datos del SMS recogidos en una iniciativa municipal presentada a comienzos de este año.
VOX sostiene que mantener habitaciones inutilizadas añade presión a un área sanitaria que ya tiene que responder a una elevada demanda asistencial.
El PP ha defendido, sin embargo, las inversiones realizadas en Cartagena y ha destacado en distintos momentos el incremento de personal sanitario y las actuaciones ejecutadas en infraestructuras. En julio, Ayuntamiento y Consejería señalaron que durante la legislatura se habían movilizado cerca de nueve millones de euros para mejorar infraestructuras sanitarias en el municipio.
«Cartagena no puede tener una sanidad de segunda»
López Pretel considera que los problemas del Santa Lucía se suman a otras carencias que denuncia en centros de salud, plantillas e infraestructuras de la comarca.
El portavoz de VOX reclama al Ejecutivo regional un calendario claro para recuperar toda la capacidad del hospital y considera que Cartagena debe recibir una inversión sanitaria acorde con la población atendida por el Área II.
«La falta de personal, la sobrecarga de los profesionales sanitarios y las deficiencias en las instalaciones» son, según López Pretel, problemas que requieren una respuesta prioritaria del Gobierno autonómico.
El concejal figura oficialmente como portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Cartagena.
Martínez Alpañez acusa al PP de convertir el SMS en una «máquina de generar deuda»
El portavoz de VOX en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado desde Cartagena la situación financiera del Servicio Murciano de Salud (SMS) y ha responsabilizado al Gobierno regional del Partido Popular de mantener un modelo que, según sostiene, acumula déficit mientras persisten problemas de listas de espera, presión asistencial e infraestructuras pendientes.
Martínez Alpañez cifra actualmente en 5.500 millones de euros el «agujero» acumulado del SMS y define la situación como una «quiebra técnica» derivada, a su juicio, de años de insuficiencia presupuestaria y mala gestión.
«El Partido Popular ha convertido la sanidad pública regional en una máquina de generar deuda e ineficiencia», ha afirmado el portavoz parlamentario.
La cifra de 5.500 millones corresponde a la estimación defendida públicamente por VOX durante 2026. El último ejercicio fiscalizado por el Tribunal de Cuentas ofrece una referencia distinta y anterior: a 31 de diciembre de 2023, el déficit acumulado del SMS pendiente de financiación ascendía a 3.724 millones de euros. El órgano fiscalizador concluyó además que las dotaciones presupuestarias destinadas al Servicio Murciano de Salud eran «manifiestamente insuficientes» para atender sus necesidades reales.
El Tribunal de Cuentas pidió aumentar la financiación del SMS
La situación económica del organismo sanitario ha sido objeto de advertencias reiteradas por parte del Tribunal de Cuentas.
En su informe sobre las cuentas regionales de 2023, el organismo señaló que el Servicio Murciano de Salud registró unas pérdidas superiores a los 2.525 millones de euros durante aquel ejercicio y mantuvo su advertencia sobre la insuficiencia estructural de las aportaciones presupuestarias.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas asumió posteriormente esas conclusiones e instó a la Comunidad Autónoma a «aumentar las dotaciones presupuestarias al Servicio Murciano de Salud en aras del mantenimiento de la calidad asistencial».
Martínez Alpañez utiliza estos antecedentes para cuestionar la gestión económica del Gobierno de Fernando López Miras.
«El agujero de 5.500 millones de euros es producto de años de descontrol presupuestario, mientras las familias de Cartagena sufren demoras desesperantes para ser atendidas», sostiene.
VOX vincula las cuentas del SMS con los problemas asistenciales
El portavoz parlamentario considera que la situación financiera no puede analizarse al margen de las condiciones en las que se presta actualmente la asistencia sanitaria.
Martínez Alpañez apunta a las listas de espera, la saturación de determinados servicios y la necesidad de inversiones como consecuencias de un problema que, según defiende, no radica únicamente en disponer de más recursos.
«No es un problema de recursos, es un problema de gestión y de falta de voluntad política para priorizar lo que verdaderamente importa a los ciudadanos», ha afirmado.
Las listas de espera son también objeto de disputa entre el Gobierno y diferentes colectivos. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública denunció este mes que en junio había 57.170 pacientes pendientes de consulta sin una fecha asignada. El SMS sostiene, por su parte, que los tiempos de espera han mejorado y destaca una evolución favorable tanto en consultas como en cirugía.
Martínez Alpañez pone a Cartagena como ejemplo
El portavoz de VOX realizó sus declaraciones frente al Hospital General Universitario Santa Lucía junto al portavoz municipal de la formación en Cartagena, Gonzalo López Pretel.
Martínez Alpañez ha utilizado la situación del centro hospitalario como ejemplo del modelo sanitario que cuestiona. El incendio registrado en noviembre de 2025 obligó a trasladar a 113 pacientes, aunque no produjo heridos.
El SMS anunció en febrero que las obras de reparación comenzarían en marzo y posteriormente informó del inicio de los trabajos de rehabilitación de la fachada y de las habitaciones dañadas.
Sin embargo, meses después continúan las críticas políticas por el tiempo empleado en recuperar completamente los espacios afectados. En septiembre, el PSOE de Cartagena aseguraba que las habitaciones dañadas permanecían cerradas.
Martínez Alpañez exige al Ejecutivo autonómico que asuma responsabilidades tanto por la situación económica del SMS como por las consecuencias que, según VOX, está teniendo sobre la calidad del sistema sanitario regional.
Virginia Martínez pone rostro a la noche de Ceuta: campamentos, inseguridad y críticas al Gobierno.
La diputada autonómica murciana Virginia Martínez García, actualmente integrada en el Grupo Parlamentario Mixto de la Asamblea Regional de Murcia, ha difundido un vídeo grabado alrededor de la una de la madrugada de este viernes 25 de septiembre desde las playas de Ceuta, donde denunció la presencia de miles de migrantes, la ausencia de efectivos policiales que pudiera observar en ese momento y una sensación de inseguridad entre quienes se encontraban en la zona.
Martínez realizó la grabación acompañada por Juan, un vecino de Ceuta al que presentó como una de las personas que desde hace semanas documenta mediante vídeos lo que ocurre en las zonas de El Trampolín y playa Benítez.
“Los únicos españoles que estamos aquí somos nosotros”, afirmó al comienzo de la intervención. La diputada sostuvo que las demás personas presentes eran migrantes que habían entrado irregularmente durante los acontecimientos del 30 y 31 de julio y estimó en alrededor de 5.000 el número de personas que permanecerían actualmente en la zona. Esa cifra corresponde a la estimación expresada por Martínez durante la grabación.
Martínez denuncia ausencia policial durante su recorrido
La parlamentaria puso especialmente el foco en la seguridad y cuestionó que, durante el momento de la grabación, no observara presencia policial ni militar en el lugar.
Martínez destacó además el papel del vecino que la acompañaba, señalando que había acudido repetidamente a las playas para documentar la situación.
Juan aseguró durante la conversación que en anteriores visitas había recibido insultos y lanzamientos de piedras y afirmó que suele grabar peleas y otros incidentes que presencia mientras recorre la zona.
La diputada utilizó ese testimonio para cuestionar que, según su percepción, sean ciudadanos particulares quienes estén mostrando lo que sucede en Ceuta durante la noche.
“Que tengas que ser tú, un ciudadano de Ceuta, el que tenga que venir a mostrar la realidad”, lamentó.
“Nos sentimos bastante desprotegidos”
Durante el vídeo, Martínez afirmó que varias personas que pasaban junto a ellos los insultaban y los llamaban “racistas”.
A partir de esa situación, sostuvo que existe una sensación de desprotección y reclamó una mayor presencia de las autoridades.
“Esto es lo que tenemos que aguantar dentro de nuestro país y además nos sentimos bastante desprotegidos”, afirmó.
Uno de los momentos más duros de su intervención llegó cuando relató una conversación que, según aseguró, había mantenido esa misma tarde con uno de los migrantes.
Martínez dijo haberle preguntado por agresiones sexuales contra mujeres y afirmó que el hombre habría justificado una violación cuando una mujer se acerca sola a un hombre sin estar acompañada por alguien de su familia.
Se trata del relato realizado por Martínez sobre una conversación que asegura haber mantenido, y el material proporcionado no permite comprobar de manera independiente ni la conversación ni las afirmaciones atribuidas a esa persona.
A partir de ese episodio, la diputada sostuvo que determinadas concepciones culturales son incompatibles con los derechos y principios vigentes en España.
Martínez acusa al Gobierno de haber dejado sola a Ceuta
La diputada cerró el vídeo denunciando la situación que asegura haber encontrado en las playas durante la madrugada.
“Ahora mismo aquí no hay Policía”, afirmó antes de asegurar que se encontraban rodeados por miles de personas y sin capacidad para reaccionar ante un eventual incidente.
Martínez terminó lanzando una acusación directa contra el Ejecutivo central:
“Estamos completamente abandonados por nuestro propio Gobierno”.
También empleó términos como “invasión” para describir las entradas migratorias y afirmó que España estaría enfrentándose tanto a la actuación de su propio Gobierno como a la de “un Gobierno extranjero que nos invade”.
Estas expresiones corresponden a la valoración política de Virginia Martínez y no constituyen por sí mismas una determinación jurídica sobre la naturaleza de los acontecimientos ni sobre una eventual responsabilidad de otro Estado.
María José Ruiz reclama priorizar a las familias españolas en el acceso a los servicios públicos.
La portavoz adjunta de VOX en la Asamblea Regional de Murcia, María José Ruiz, ha reclamado priorizar a las familias españolas en el acceso y la financiación de los servicios públicos y ha vinculado la presión sobre la sanidad y la educación con las políticas migratorias desarrolladas en España.
«Desde VOX vamos a exigir que cada euro que se destine a los servicios públicos vaya directamente a las familias españolas», ha afirmado Ruiz, que también sostiene que numerosos ciudadanos terminan recurriendo a servicios privados después de haber financiado los públicos mediante sus impuestos.
Ruiz figura oficialmente como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX y forma parte, entre otros órganos, de las comisiones de Sanidad y Política Social y de Educación y Cultura de la Asamblea Regional.
La iniciativa ya fue debatida en febrero en la Asamblea
La propuesta a la que hace referencia VOX coincide con la moción 11L/MOCP-0902, denominada «Medidas para garantizar el Estado del Bienestar y asegurar el acceso de los españoles a unos servicios públicos de calidad».
La documentación oficial de la Asamblea Regional muestra que esta iniciativa fue registrada con el número 272/2026 y admitida a trámite a comienzos de febrero, por lo que no se trata de una moción registrada por primera vez en septiembre.
La propuesta fue llevada al Pleno del 18 de febrero de 2026, donde fue presentada por la diputada de VOX Virginia Martínez García. PSOE, PP y Grupo Mixto formularon enmiendas de totalidad.
La iniciativa acabó siendo rechazada. El propio VOX informó entonces de que no había logrado el respaldo del Partido Popular ni de los grupos de izquierda.
Ruiz vincula la presión de los servicios públicos con la inmigración
VOX sostiene que el crecimiento de la población derivado de la inmigración está incrementando la presión sobre servicios como la sanidad y la educación y defiende introducir criterios de prioridad para los españoles.
«Los españoles están pagando dos veces por servicios esenciales: la primera con sus impuestos y la segunda acudiendo a la privada porque la pública ya no tiene sitio para ellos», ha señalado Ruiz.
La atribución de un supuesto «colapso» sanitario o educativo a la inmigración constituye la interpretación política de VOX. Los datos oficiales disponibles no permiten establecer por sí solos esa relación causal.
De hecho, los últimos datos publicados por el Servicio Murciano de Salud muestran una evolución a la baja de los tiempos medios de espera durante el primer semestre de 2026. En junio, la demora media para una consulta hospitalaria se situaba en 69,82 días, 19,51 días menos que seis meses antes, mientras la espera quirúrgica descendió hasta los 94,58 días.
Más de 46.000 alumnos extranjeros en los últimos datos regionales
En educación sí existe un peso significativo del alumnado extranjero dentro del sistema regional. Los últimos datos consolidados disponibles del Centro Regional de Estadística contabilizan 46.498 alumnos extranjeros en enseñanzas de régimen general durante el curso 2023-2024, de los que 39.773 estaban escolarizados en centros públicos.
Estos datos describen la composición del alumnado, pero tampoco permiten concluir por sí mismos que exista un deterioro de la educación atribuible a la inmigración. Para establecer esa relación serían necesarios indicadores adicionales sobre recursos, ratios, resultados académicos, necesidades lingüísticas y distribución territorial.
VOX ha planteado previamente en la Asamblea que se analicen precisamente factores como la edad de incorporación, las dificultades lingüísticas y el nivel educativo previo de los alumnos extranjeros.
VOX insiste en la «prioridad nacional»
La formación mantiene esta posición dentro de una línea política más amplia que reclama establecer lo que denomina «prioridad nacional» en determinadas políticas públicas.
La moción debatida en febrero defendía precisamente medidas destinadas a garantizar el acceso de los españoles a los servicios públicos y fue presentada por VOX como una respuesta a lo que considera un deterioro del Estado del Bienestar.
Ruiz ha insistido ahora en esa posición y ha vuelto a cargar contra la política migratoria del Ejecutivo central.
«No hay bienestar social posible con las políticas de fronteras abiertas», ha afirmado la portavoz adjunta, que reclama que el gasto público se oriente prioritariamente hacia las familias españolas.
El debate vuelve así a la Asamblea murciana con dos cuestiones diferenciadas: por un lado, la presión y financiación de los servicios sanitarios y educativos; por otro, la propuesta política de VOX de vincular su acceso y asignación de recursos a criterios de prioridad para los españoles.
Bernabé: «Lo que están haciendo ahora es un mal parche»
El senador del Partido Popular Francisco Bernabé ha denunciado que el Ministerio de Transportes esté actuando sobre la actual vía ferroviaria que atraviesa Alumbres en lugar de ejecutar la variante destinada a sacar de la población los trenes de mercancías procedentes de Escombreras.
Bernabé sostiene que los trabajos de sustitución de traviesas suponen mantener en servicio un trazado cuya eliminación constituye una reivindicación histórica de los vecinos.
“En lugar de construir una circunvalación como se comprometió, el Ministerio de Transportes está cambiando las traviesas de las vías y permitiendo que las mercancías peligrosas procedentes de Escombreras sigan pasando por el centro de la población”, ha señalado.
El Gobierno contempló eliminar la vía por Alumbres
La reivindicación cuenta con antecedentes parlamentarios.
En una respuesta oficial al Senado de junio de 2024, el Gobierno explicó que el estudio del nuevo acceso ferroviario a la dársena de Escombreras perseguía tres objetivos: alejar el tráfico de mercancías de Cartagena, eliminar la vía a su paso por Alumbres y permitir una conexión ferroviaria directa con la terminal intermodal de la ZAL de Los Camachos.
Bernabé cuestiona ahora los avances registrados en ese proyecto y reclama conocer cuándo se ejecutará definitivamente la variante.
Nuevas preguntas en el Senado
El senador ha mantenido esta infraestructura dentro de su actividad parlamentaria.
En julio de 2026 registró preguntas al Gobierno sobre si tiene previsto ejecutar la variante ferroviaria de Alumbres y sobre los plazos y estudios existentes.
También preguntó específicamente por la intención del Ejecutivo de ejecutar el ramal ferroviario hasta la ZAL de Los Camachos.
Mercancías, ZAL y alta velocidad
Bernabé engloba la situación de Alumbres dentro de sus críticas a la planificación ferroviaria de Cartagena.
El senador reclama avances tanto en la variante para los tráficos de Escombreras como en la conexión de la ZAL de Los Camachos y en el desarrollo de la alta velocidad hasta Cartagena.
Para el PP, estas infraestructuras son determinantes para conciliar la actividad logística e industrial del entorno portuario con la seguridad y calidad de vida de los vecinos.
Bernabé reclama al Ministerio que concrete los plazos de las actuaciones y dé respuesta a las iniciativas registradas en el Senado sobre el futuro ferroviario de Cartagena.
Jesús Cano: «Han descubierto una nueva manera de recortar el Trasvase: abandonarlo hasta que se rompa»
El diputado regional del PP Jesús Cano ha reclamado al Gobierno de España mayores inversiones en el mantenimiento y modernización de las infraestructuras hidráulicas vinculadas al Trasvase Tajo-Segura, después de la avería registrada en el acueducto.
“El Gobierno de Sánchez ha descubierto una nueva manera de recortar el Trasvase: abandonarlo sin invertir hasta que se rompa”, ha afirmado Cano durante el debate celebrado en la Asamblea Regional.
El Pleno ha aprobado, con los votos en contra de PSOE y Podemos, una moción del PP que reclama inversiones hidráulicas y modernización de regadíos “para complementar el Trasvase Tajo-Segura, nunca para sustituirlo”.
Cano pone el foco en el mantenimiento
El diputado ha recordado la rotura registrada en septiembre en Liétor, Albacete, y ha advertido de sus consecuencias para los regantes del Levante.
Cano sostiene que el debate sobre los volúmenes de agua debe acompañarse de inversiones que garanticen la conservación y fiabilidad de la infraestructura.
“Llevamos años discutiendo cuánta agua debe pasar por el Trasvase y, mientras discutíamos, nadie en el Ministerio se ocupó de que el canal aguantara”, ha reprochado.
Infraestructuras y modernización del regadío
La iniciativa aprobada reclama actuaciones de almacenamiento y regulación en las cuencas deficitarias, mejoras en conducciones y bombeos e inversiones para modernizar y digitalizar los regadíos.
El PP murciano plantea que estas medidas sean complementarias al Trasvase y reclama un programa estable de modernización una vez finalicen las actuales líneas vinculadas a fondos europeos.
Cano también defiende estudiar las posibilidades de interconexión entre cuencas y reivindica la planificación hidráulica como herramienta para garantizar los recursos necesarios en las zonas deficitarias.
El peso productivo del regadío murciano
La reivindicación se produce en una comunidad con un importante peso del sector hortofrutícola y una marcada orientación exportadora.
Datos oficiales de la Región de Murcia sitúan alrededor del 20% de las frutas y hortalizas exportadas por España como procedentes de la comunidad.
Además, las exportaciones hortofrutícolas murcianas alcanzaron los 1.154 millones de euros durante el primer trimestre de 2026, un 14,2% más que un año antes y el mejor inicio de año de la serie disponible.
Cano ha utilizado este peso productivo para defender la necesidad de garantizar las infraestructuras que abastecen a los regadíos.
Reutilización y desalación
El diputado ha reivindicado asimismo el modelo murciano de reutilización de agua.
El Gobierno regional sitúa en torno al 98% la reutilización del agua depurada en Murcia, frente al 11% que atribuye al conjunto de España.
Respecto a la desalación, Cano reclama que, si debe asumir un papel mayor en el suministro agrícola, su coste para los regantes sea comparable al del agua procedente del Trasvase.
El diputado ha cerrado su intervención reclamando planificación, inversión y mantenimiento para dar estabilidad a los agricultores del Campo de Cartagena, Valle del Guadalentín y Vegas del Segura.
Pascual Salvador logra la unanimidad de la Asamblea para reforzar a la Guardia Civil frente al narcotráfico en las costas murcianas.
El diputado regional de VOX Pascual Salvador Hernández ha logrado el respaldo de la Asamblea Regional de Murcia a una iniciativa para reforzar la capacidad operativa de la Guardia Civil frente al narcotráfico y las organizaciones dedicadas al tráfico irregular de personas en el litoral murciano.
La propuesta salió adelante este miércoles tras incorporar enmiendas parciales del PP y del Grupo Mixto. Entre las medidas finalmente respaldadas se encuentran solicitar que la Región de Murcia sea considerada Zona de Especial Singularidad para la operatividad de la Guardia Civil y reclamar el reconocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo.
“La Guardia Civil necesita embarcaciones, tecnología, protección, personal especializado y seguridad jurídica para poder hacer frente al crimen organizado”, defendió Salvador.
VOX pide patrulleras capaces de responder a las lanchas rápidas
El parlamentario centró buena parte de su intervención en los medios disponibles para el Servicio Marítimo y reclamó contar con varias embarcaciones capaces de perseguir e interceptar las lanchas utilizadas por organizaciones criminales.
En concreto, Salvador pidió dos patrulleras rápidas para el litoral murciano, además de sistemas de comunicación, protección, armamento, personal especializado y una inversión estable destinada al mantenimiento y renovación de la flota.
“Una embarcación moderna sin tripulación suficiente no resuelve el problema. Una plantilla suficiente sin medios navales adecuados tampoco”, argumentó.
El diputado también criticó que haya sido necesario recurrir a embarcaciones procedentes de otros puntos de España para reforzar temporalmente la vigilancia de la Región y reclamó una capacidad permanente adaptada a la extensión del litoral.
Tres guardias civiles heridos en Cabo Cope
Uno de los episodios utilizados por Salvador para justificar la iniciativa ocurrió el pasado 2 de septiembre en Cabo Cope, Águilas.
La Guardia Civil confirmó que una embarcación de alta velocidad trató de huir después de ser localizada por el SIVE. Durante la persecución realizó una maniobra que terminó en una colisión con la patrullera oficial. Tres guardias civiles resultaron heridos leves y los dos ocupantes fueron detenidos. La embarcación transportaba todavía 28 garrafas de gasolina.
A los detenidos se les atribuyeron, entre otros, delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contrabando, atentado contra agentes de la autoridad, lesiones, daños, piratería y transporte ilícito de combustibles líquidos.
“Una narcolancha no es solo una embarcación”, sostuvo Salvador durante su intervención, al defender que los agentes necesitan medios adecuados para afrontar maniobras que pueden poner en riesgo sus vidas.
Los incidentes de Huelva y Almería
El diputado recordó además la muerte de dos guardias civiles el pasado 8 de mayo durante una persecución contra una narcolancha en aguas próximas a Huelva.
En este punto, la información oficial de Interior precisa que las dos embarcaciones de la propia Guardia Civil colisionaron entre sí durante la persecución, por causas que entonces seguían bajo investigación. El accidente provocó la muerte de dos agentes y heridas a otros dos.
Una semana después, una embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera resultó dañada durante otra persecución en aguas de Almería tras un choque con una lancha vinculada al tráfico ilícito de combustible. No hubo agentes heridos.
Salvador utilizó estos episodios para defender protocolos de actuación claros y una mayor protección jurídica para los efectivos que se enfrentan a situaciones de extrema peligrosidad.
62 migrantes desembarcaron ante bañistas en Cartagena
El debate también alcanzó los desembarcos de embarcaciones rápidas registrados durante el verano en la Región.
El 19 de agosto, una lancha llegó a Cala del Barco, en Cartagena, y desembarcó a 62 migrantes, entre ellos 15 menores, ante personas que se encontraban en la playa. La Guardia Civil localizó posteriormente a todos los ocupantes, que fueron atendidos por Cruz Roja y puestos a disposición de Policía Nacional.
Las imágenes de aquella llegada provocaron una controversia política sobre los medios destinados a la vigilancia marítima.
Salvador citó el episodio para reclamar una mayor capacidad de detección e interceptación antes de que las embarcaciones alcancen la costa.
Seguridad jurídica y profesión de riesgo
La iniciativa aprobada va más allá de las embarcaciones.
VOX reclamó también protocolos claros para las actuaciones contra organizaciones criminales y mayor seguridad jurídica para los agentes cuando deban tomar decisiones durante persecuciones de alto riesgo.
“Necesitan esa seguridad jurídica para que ningún agente tenga que preguntarse en mitad de una persecución si luego el Gobierno estará de su lado si tienen que utilizar las armas”, señaló Salvador.
El PSOE respaldó la iniciativa finalmente aprobada, aunque durante el debate rechazó el diagnóstico de abandono defendido por VOX y destacó el crecimiento de las plazas ofertadas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante los últimos años. PP y Grupo Mixto defendieron también incrementar la protección y los recursos destinados a los agentes.
La Asamblea dejó así una posición común sobre el objetivo central de la iniciativa: reforzar los medios de las fuerzas de seguridad que actúan contra el narcotráfico y las redes de tráfico irregular de personas en las costas de la Región de Murcia.
José Manuel Pancorbo anuncia dos ordenanzas para reforzar los controles sobre padrón e inmigración.
El presidente de VOX en la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, ha anunciado una estrategia municipal basada en dos ordenanzas con las que su formación pretende reforzar los controles sobre el Padrón Municipal y sobre determinados informes relacionados con procedimientos de extranjería.
Pancorbo, que preside el Comité Ejecutivo Provincial de VOX Murcia desde marzo de 2026, plantea desplegar las medidas en los municipios donde la formación gobierna o tiene capacidad para condicionar las políticas municipales.
La primera propuesta consiste en una ordenanza reguladora de la gestión del Padrón Municipal y del procedimiento sancionador por incumplimientos. La segunda pretende ordenar municipalmente la emisión de informes de integración social y de adecuación de vivienda vinculados a determinados procedimientos de extranjería.
“El objetivo es nítido”, sostiene Pancorbo, que asegura que VOX utilizará “hasta el límite de las competencias municipales” los instrumentos legales disponibles para comprobar residencia efectiva, condiciones de vivienda y cumplimiento de requisitos administrativos.
Los ayuntamientos sí pueden comprobar si una persona vive realmente donde declara
La normativa estatal atribuye a los ayuntamientos la gestión y actualización del Padrón y les permite comprobar la veracidad de los datos aportados por los vecinos.
Cuando existan dudas sobre la residencia declarada, el consistorio puede solicitar documentación y realizar comprobaciones mediante inspecciones municipales o Policía Local. Si posteriormente se acredita que una inscripción ya no responde a la residencia real, puede iniciarse un procedimiento de baja de oficio.
Además, el Reglamento de Población prevé expresamente sanciones ante omisiones o falsedades en las solicitudes de inscripción padronal, sin perjuicio de otras responsabilidades que puedan existir.
Es en ese margen donde VOX pretende desarrollar su primera ordenanza.
El padrón no determina si un extranjero está legalmente en España
La legislación establece, no obstante, un límite relevante para cualquier regulación municipal.
Toda persona que viva habitualmente en España debe inscribirse en el padrón del municipio donde reside, con independencia de su nacionalidad. La inscripción de un extranjero tampoco acredita que se encuentre legalmente en España ni le concede derechos migratorios que no le correspondan por otras normas.
Por tanto, un ayuntamiento puede comprobar si el domicilio declarado es real y actuar frente a datos falsos, pero el padrón no puede utilizarse por sí mismo para decidir la regularidad o irregularidad administrativa de una persona extranjera.
La normativa estatal establece incluso que las infraviviendas y, bajo determinadas condiciones, las personas sin domicilio estable pueden ser empadronadas cuando realmente residan en el municipio.
La aplicación concreta de la ordenanza anunciada por VOX tendrá que respetar esos límites.
Informes de integración y vivienda
La segunda medida anunciada por Pancorbo afecta a los informes utilizados en determinados procedimientos de extranjería.
El Reglamento de Extranjería permite que el informe de integración social sea emitido por la comunidad autónoma o, cuando ésta lo haya establecido, por la corporación local correspondiente. En la Región de Murcia, las instrucciones vigentes atribuyen a los ayuntamientos del domicilio del solicitante la emisión de esos informes en los supuestos previstos para determinadas autorizaciones por arraigo.
Estos informes pueden valorar cuestiones como el tiempo de permanencia, los medios económicos y la participación en programas de inserción sociolaboral y cultural.
En materia de reagrupación familiar, la normativa exige también acreditar que se dispone de vivienda adecuada y establece que el informe puede ser emitido por los servicios competentes de la comunidad autónoma o por la corporación local cuando aquella le haya atribuido esa función.
VOX pretende establecer criterios municipales para esos procedimientos dentro del margen competencial disponible.
Pancorbo habla de un “muro de legalidad”
El dirigente de VOX vincula las medidas con su política de inmigración y con la lucha contra lo que denomina empadronamientos fraudulentos y redes que se aprovechan de personas en situación irregular.
“Quien falsea su residencia, quien ocupa viviendas insalubres o quien utiliza el padrón como puerta de entrada a prestaciones y reagrupaciones irregulares encontrará, allí donde VOX tenga capacidad de gobierno, un muro de legalidad”, afirma.
Las referencias a un “efecto llamada” o a “mafias de la inmigración ilegal” forman parte de la valoración política de VOX y no implican que cualquier inscripción irregular responda a la actuación de una organización criminal.
La legislación ya diferencia, además, entre empadronamiento y residencia legal: estar inscrito acredita que una persona vive habitualmente en un municipio, pero no regulariza su situación migratoria.
VOX quiere coordinar municipios y Asamblea Regional
Pancorbo ha anunciado que la estrategia tendrá carácter intermunicipal y se coordinará con el Grupo Parlamentario de VOX en la Asamblea Regional.
La formación quiere trasladar modelos similares a los diferentes ayuntamientos donde dispone de capacidad de gobierno o influencia política y convertir el padrón, los informes sociales y la comprobación efectiva de residencia en uno de los ejes de su acción municipal durante el nuevo curso.
El alcance final de las ordenanzas dependerá ahora de su redacción concreta y de su adaptación a la legislación estatal sobre padrón, extranjería, protección de datos y competencias locales.