Entrevistamos a Óscar Fernández Calle, vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, para abordar dos frentes que marcan el inicio del curso político: la crisis de Ceuta y el papel que deben asumir las comunidades autónomas ante el reparto de menores extranjeros no acompañados. El dirigente de VOX cuestiona la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, señala también las responsabilidades del PP y defiende que Extremadura utilice todos los instrumentos legales a su alcance para evitar asumir las consecuencias de una política migratoria decidida desde Moncloa.
Entra de lleno en el balance de VOX dentro del Gobierno extremeño. Fernández Calle explica qué ha cambiado desde la entrada de su partido en el Ejecutivo, qué medidas considera reconocibles como propias de VOX y hasta dónde pretende llegar con la reducción de burocracia. Inmigración, financiación de ONG, reunificación familiar, impuestos, servicios sociales y esa “carretilla de papeles” que soportan ciudadanos y empresas centran una conversación sobre qué significa pasar de la oposición a gobernar.
¿Es Ceuta la fotografía perfecta del fracaso del bipartidismo? El PP lleva décadas gobernando la ciudad y ha sostenido su gobernabilidad con acuerdos con el PSOE, mientras Pedro Sánchez gobierna España. Ahora se culpan entre ellos. ¿No son las dos caras de un problema que llevan años sin resolver?
Ceuta es el ejemplo de que el bipartidismo ha sido incapaz de afrontar un problema que conocemos desde hace años: la defensa de nuestras fronteras y de nuestra soberanía. El PP gobierna Ceuta y el PSOE gobierna España, y cuando ocurre una situación como esta ambos se señalan mutuamente. Mientras tanto, son los ceutíes los que sufren las consecuencias. Desde VOX lo tenemos claro: Ceuta es España, y defender Ceuta es defender la integridad territorial de España. No podemos aceptar que cuestiones tan importantes como la seguridad, la inmigración ilegal o la protección de nuestras fronteras se conviertan en un intercambio de responsabilidades entre partidos.
Después de lo ocurrido en Ceuta, ¿cómo sería la relación de España con Marruecos si VOX estuviera dentro de un Gobierno nacional? ¿Seguiría Rabat siendo considerado un “socio fiable” o habría un cambio radical en política exterior, fronteras y exigencias al régimen marroquí?
La relación tendría que cambiar radicalmente. España puede y debe tener relaciones diplomáticas y comerciales con Marruecos, pero una cosa es mantener relaciones con un país vecino y otra aceptar cualquier actuación que perjudique los intereses de España. Si un país utiliza la presión migratoria para poner en jaque nuestras fronteras o cuestiona nuestra soberanía territorial, España tiene que responder con firmeza. No puede existir una relación de amistad basada en que España ceda permanentemente. Defenderíamos nuestras fronteras, exigiríamos el cumplimiento de los acuerdos y revisaríamos aquellos instrumentos de cooperación que no estén funcionando en beneficio de España. La política exterior tiene que volver a tener como prioridad la defensa del interés nacional.
El Gobierno controla la frontera, pero cuando la situación se desborda son las comunidades las que reciben después a los menores y soportan buena parte de la presión asistencial. ¿Teme que la crisis de Ceuta termine siendo absorbida por Extremadura y el resto de autonomías?
Es precisamente lo que queremos evitar. El Estado no puede controlar la frontera y después trasladar las consecuencias de sus decisiones a las comunidades autónomas. Extremadura tiene recursos limitados y unas necesidades sociales propias que debemos atender. No se puede plantear como única solución repartir menores por las comunidades autónomas y dar por resuelto el problema. Hay que actuar en origen, controlar las fronteras y, cuando legalmente proceda y existan garantías, facilitar el retorno y la reunificación familiar. No queremos que Extremadura termine pagando las consecuencias de una política migratoria que decide Moncloa.
Usted ha llevado esa batalla a los tribunales. ¿Estamos ante el límite de la paciencia de Extremadura con la política migratoria de Moncloa? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para impedir que la región absorba nuevos repartos de menores extranjeros no acompañados?
Estamos dispuestos a utilizar todos los instrumentos legales a nuestro alcance. Extremadura no puede limitarse a aceptar decisiones del Gobierno central sin conocer sus condiciones, sus consecuencias y cómo van a financiarse. Hemos defendido y vamos a seguir defendiendo que cualquier decisión debe respetar las competencias autonómicas y garantizar los recursos necesarios. No se trata de mirar hacia otro lado ante un problema social, sino de exigir que el Estado asuma sus responsabilidades. Nuestra obligación es defender los intereses de Extremadura y que sus servicios públicos no se vean desbordados.
VOX prometió que Extremadura no financiaría las consecuencias de la inmigración irregular. Ahora que usted controla Servicios Sociales, ¿puede asegurar que las ONG que colaboren en esos traslados no recibirán dinero autonómico para financiarlos?
Lo que puedo asegurar es que el dinero público de Extremadura debe utilizarse con responsabilidad y con criterios claros. Las subvenciones tienen que estar justificadas, responder a una finalidad concreta y cumplir la legalidad. No vamos a utilizar recursos públicos de los extremeños para financiar actuaciones que correspondan al Estado o que tengan como finalidad consolidar una política de inmigración irregular. Queremos transparencia y que cada euro público tenga una finalidad útil para los ciudadanos.
Si Marruecos está dispuesto a recuperar a menores marroquíes presentes en Ceuta, usted ha planteado estudiar esa vía para Extremadura. ¿Por qué la primera solución tiene que ser repartirlos por España y no intentar que regresen con sus familias cuando legalmente sea posible?
Porque el objetivo debería ser siempre buscar la solución más adecuada para cada menor, y no simplemente repartir el problema territorialmente. Si un menor es marroquí, tiene familia en Marruecos y existe la posibilidad de una reunificación familiar segura, legal y con todas las garantías, esa opción debe estudiarse. No tiene sentido asumir que la única alternativa es trasladarlo a cientos de kilómetros de su entorno familiar.
Vamos a su Gobierno. VOX llegó a un acuerdo con María Guardiola y entró en el Ejecutivo. Si hoy un extremeño le pregunta “¿qué ha cambiado porque VOX está dentro y no fuera?”, ¿qué tres medidas le enseñaría?
Le enseñaría, en primer lugar, una política fiscal orientada a que los extremeños tengan más dinero disponible y a reducir la presión fiscal. En segundo lugar, el refuerzo de las políticas sociales, con más recursos para sanidad, dependencia, familia y servicios sociales. Y, en tercer lugar, todo el trabajo de simplificación administrativa y eliminación de burocracia. Estar en el Gobierno significa poder convertir las propuestas en decisiones concretas y asumir también la responsabilidad de que esas decisiones funcionen.
El acuerdo incluía impuestos, vivienda, sanidad, campo, inmigración y reducción del gasto. ¿Cuál es la medida que lleva más claramente el ADN de VOX y que probablemente no existiría con un Gobierno del PP en solitario?
La prioridad nacional y la defensa de los intereses de los extremeños. Pero también destacaría la reducción de la burocracia y la revisión del gasto público innecesario. Nosotros creemos que la Administración no puede convertirse en una carrera de obstáculos para quien quiere abrir un negocio, contratar, invertir o simplemente realizar un trámite. La filosofía es muy clara: menos trabas, menos gasto improductivo y más recursos allí donde realmente hacen falta.
¿Ha conseguido VOX algo que muchas veces parecía imposible en política: que el votante vea que lo prometido en campaña se cumple cuando el partido entra en el Gobierno? ¿Es ese su mayor éxito en las autonomías donde gobierna?
Creo que una de las principales diferencias es precisamente esa: hemos pasado de hacer propuestas desde la oposición a tener que ejecutarlas desde el Gobierno. Eso obliga a negociar, a priorizar y, sobre todo, a asumir responsabilidades. El ciudadano puede comprobar ahora si aquello que defendíamos se traduce en medidas concretas. Evidentemente, una legislatura no se puede medir únicamente por anuncios, sino por resultados, y ese es el reto que tenemos: que al final del mandato los extremeños puedan comprobar que determinadas políticas han cambiado realmente su vida.
Usted dirige Desregulación y ha hablado de esa “carretilla de papeles” que soportan ciudadanos, autónomos y empresas. Ahora que está dentro de la Administración, ¿cuánta burocracia ha conseguido eliminar realmente y qué quiere desmontar todavía antes de acabar la legislatura?
Hemos empezado por algo fundamental: revisar procedimientos que durante años se han mantenido simplemente porque siempre se habían hecho así. Hay trámites, documentos y requisitos que pueden simplificarse o directamente desaparecer cuando la Administración ya dispone de esa información. Y hemos avanzado también en eliminar la obligación de pedir cita previa en muchos servicios, manteniéndola únicamente cuando existen razones organizativas, técnicas o por la propia naturaleza de la atención.
Pero esto no termina aquí. Queremos seguir revisando toda la normativa para detectar duplicidades, autorizaciones innecesarias y cargas que afectan especialmente a autónomos y empresas. El objetivo final es que un ciudadano no tenga que enfrentarse a una Administración que le exige una carretilla de papeles para poder hacer algo que debería ser sencillo. La Administración está para facilitar la vida al ciudadano, no para complicársela.
