Actualidad Política

18 de noviembre de 2026

Archivo de la etiqueta: Viviendas

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Nieves Martínez, ha condenado los altercados registrados al finalizar una manifestación por el derecho a la vivienda en València, que, según la nota facilitada, dejaron nueve agentes de la Policía Nacional heridos.

Martínez ha rechazado cualquier vinculación entre las reivindicaciones sobre vivienda y los episodios violentos. “La violencia no es una reivindicación y los agentes no pueden convertirse en el blanco de quienes quieren imponer sus ideas en la calle”, ha afirmado.

La dirigente popular ha responsabilizado políticamente a sectores de la izquierda radical por lo sucedido y ha criticado también a PSPV y Compromís por su actuación en materia de vivienda. Se trata de valoraciones políticas formuladas por Martínez en la declaración facilitada.

La portavoz adjunta ha reclamado además a ambas formaciones que expresen de forma clara su rechazo a los altercados. “Hoy hay nueve agentes heridos y lo mínimo que se espera de quienes defendemos los servicios públicos es que estemos del lado de quienes protegen a toda la ciudadanía”, ha concluido.

Pedro Sánchez afronta este lunes una decisión que puede marcar el final de la legislatura. No hay todavía elecciones convocadas, pero el adelanto ya forma parte del escenario político después de la derrota de los dos decretos de vivienda y de varios días de consultas en Moncloa. La pregunta ya no es si Sánchez puede seguir gobernando, porque constitucionalmente puede hacerlo, sino si considera que tiene más opciones de conservar La Moncloa convocando ahora que esperando varios meses y sometiéndose a nuevas derrotas parlamentarias, negociaciones permanentes con Junts y un desgaste creciente.

La vivienda puede convertirse en el gran eje de esa decisión. El Gobierno ha sufrido una derrota importante, pero el PSOE intenta transformar ese revés en argumento político: presentar al Ejecutivo como quien quiso impulsar medidas para los inquilinos y a PP, Vox y Junts como quienes las frenaron en el Congreso. La oposición responde que los decretos eran intervencionistas, podían reducir todavía más la oferta y no solucionaban el problema estructural de la vivienda. Mientras tanto, las movilizaciones del fin de semana han demostrado que existe un malestar social real y con capacidad de movilización. Para Sánchez, ahí aparece una oportunidad evidente: intentar convertir la vivienda en una bandera electoral capaz de movilizar jóvenes, abstencionistas de izquierda y votantes desencantados. El riesgo es igual de claro: que una parte de esos ciudadanos termine responsabilizando al propio Gobierno por no haber resuelto el problema durante estos años.

Las encuestas hacen que una convocatoria inmediata sea una apuesta enorme. El último sondeo de 40dB sitúa al PP en el 31,6%, a Vox en el 18,4% y al PSOE en el 27,4%. La suma de PP y Vox alcanza el 50% de intención de voto, mientras PSOE, Sumar y Podemos quedan bastante por debajo en conjunto. Una encuesta no decide unas elecciones, pero explica perfectamente el dilema de Sánchez. Si convoca, no lo hará desde una posición cómoda, sino intentando cambiar el clima político durante la propia campaña. Para que esa estrategia funcione necesitaría aumentar participación, reducir abstención en la izquierda, recuperar voto joven, concentrar voto útil y conseguir que la vivienda pese más que el desgaste acumulado del Gobierno.

Junts y Sumar también observan el calendario con atención. Junts, después de contribuir a tumbar los decretos, ha vuelto a abrir la puerta a negociar. Tiene lógica: mientras continúe la legislatura, sus siete diputados mantienen una enorme capacidad de influencia; si Sánchez convoca elecciones, las cartas vuelven a repartirse. Sumar tampoco llega en una posición cómoda a una cita inmediata porque todavía debe ordenar liderazgo, candidatura y estrategia. Un adelanto rápido podría beneficiar al PSOE si consigue concentrar voto útil de la izquierda, pero también podría fragmentar todavía más el bloque progresista y hacer perder escaños decisivos.

En el otro lado, Feijóo ya actúa como si la campaña estuviera cerca. El PP exige elecciones y quiere disputar al PSOE precisamente el terreno de la vivienda, pero con un enfoque completamente distinto: más construcción, más oferta y más seguridad jurídica. El choque sería claro. El Gobierno intentaría centrar la campaña en la protección del inquilino y la limitación de la especulación, mientras el PP trataría de llevar el debate hacia la falta de vivienda disponible. Vox, además, llega creciendo, lo que fortalece al bloque de derecha pero también aumenta la presión sobre Feijóo y condiciona cualquier escenario posterior a las elecciones.

A todo esto se suma el factor Puigdemont. El Tribunal Constitucional tiene previsto abordar esta semana resoluciones relacionadas con la aplicación de la amnistía a la malversación del procés, una decisión que puede acercar todavía más el regreso del líder de Junts. La paradoja política es evidente: Sánchez puede estar decidiendo si convoca elecciones justo cuando Puigdemont vuelve al centro del tablero y después de que Junts haya sido determinante para provocar la última gran derrota parlamentaria del Gobierno.

Por eso la cuestión ya no es simplemente si la legislatura puede continuar. Puede hacerlo. El verdadero cálculo es si a Sánchez le conviene más resistir o arriesgar. Esperar significa asumir meses de negociaciones inciertas, desgaste y dependencia parlamentaria. Convocar significa enfrentarse inmediatamente a unas encuestas que hoy favorecen con claridad a PP y Vox, pero también intentar aprovechar una movilización social alrededor de la vivienda que podría alterar el escenario. España todavía no está formalmente en campaña, pero todos los partidos empiezan a comportarse como si lo estuvieran. Y este lunes, más que nunca, Sánchez tiene la llave de decidir si mantiene cerrada la puerta de las urnas o abre una nueva etapa política.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha reclamado en Murcia la convocatoria de elecciones generales tras la votación de los decretos de vivienda en el Congreso y ha recurrido al lenguaje inmobiliario para cuestionar la continuidad del Ejecutivo.

Tellado ha afirmado que el problema de la vivienda no se resuelve “con pancartas”, sino aumentando la oferta y “echando a los incompetentes que han asfixiado” el mercado. “Desahuciando a este Gobierno de La Moncloa”, ha resumido.

El secretario general del PP sostiene que España “merece votar, quiere votar y necesita votar” y considera que la votación parlamentaria de los decretos debería marcar el final de la legislatura.

Tellado ha calificado a Pedro Sánchez como “en la práctica un expresidente” y ha cuestionado su situación parlamentaria al señalar que gobierna “sin mayoría, sin Presupuestos, sin leyes, sin rumbo y sin futuro”.

En materia de vivienda, ha acusado al Ejecutivo de utilizar la votación como un “salvoconducto” político y de abordar el problema con “cálculos personales”. También ha sostenido que el precio del metro cuadrado ha aumentado un 70% desde junio de 2018, cifra incluida en la intervención facilitada.

Frente a las medidas del Gobierno, Tellado ha defendido la propuesta del PP de construir un millón de viviendas, reducir el IVA y el ITP, liberar suelo, agilizar los procedimientos administrativos y reforzar la seguridad jurídica.

Comisión de investigación sobre Ceuta

Durante su intervención, Tellado también ha anunciado que el PP promoverá una comisión de investigación para esclarecer la actuación del Gobierno ante la situación vivida en Ceuta.

El dirigente ha formulado graves acusaciones contra el Ejecutivo relacionadas con corrupción, instituciones y gestión migratoria. Estas afirmaciones forman parte de su discurso político y el material facilitado no aporta elementos independientes para acreditarlas.

Tellado ha concluido situando las próximas convocatorias electorales en el centro de la estrategia de su formación y señalando que en España se celebrarán elecciones municipales, autonómicas y generales, “quizá en orden inverso”.

El empresario Iván Rodríguez López, CEO de R2R Consulting y fundador de Luyen Group, ha entrado de lleno en el debate sobre los nuevos decretos de vivienda del Gobierno con una crítica directa al enfoque regulatorio elegido por el Ejecutivo.

Rodríguez López cuestiona el denominado “decreto Maricarmen” y considera que medidas como las prórrogas obligatorias de determinados contratos, las limitaciones sobre las rentas y las nuevas obligaciones para los propietarios pueden terminar reduciendo todavía más la oferta disponible.

“No faltan normas. Falta obra”, resume.

El empresario sostiene que España lleva años intentando responder al problema de acceso a la vivienda principalmente mediante regulación, mientras la construcción de nueva oferta no ha acompañado el crecimiento de la demanda.

“Si persigues al que ofrece, habrá menos oferta”

Rodríguez López compara las nuevas medidas con la lógica de la antigua renta regulada y advierte de que trasladar al propietario privado el coste de determinadas políticas sociales puede tener consecuencias sobre su disposición a mantener las viviendas en alquiler.

“Si limitas la oferta, el precio sube. Si hay más oferta que demanda, el precio baja. Y si persigues al que ofrece, habrá menos oferta”, afirma.

Su conclusión es tajante: considera que el nuevo decreto no conseguirá mejorar el mercado del alquiler y que podría terminar agravando la escasez existente.

El Ejecutivo defiende, por el contrario, que sus decretos buscan proteger a los hogares vulnerables, ampliar la vivienda asequible y reforzar la estabilidad de los contratos. La discusión sobre sus efectos en la oferta es uno de los principales puntos de enfrentamiento político y económico alrededor de las medidas.

Portugal: incentivos fiscales para sacar vivienda al mercado

Rodríguez López pone como contraste el caso portugués.

Portugal ha aprobado en 2026 importantes incentivos fiscales dirigidos al alquiler a precios moderados. La normativa reduce al 10% la tributación de determinadas rentas residenciales que cumplen los límites establecidos y contempla exenciones fiscales para modalidades de alquiler asequible. El Gobierno portugués presenta estas medidas precisamente como una fórmula para aumentar la oferta disponible.

Portugal también aprobó este verano una reforma orientada a simplificar y acelerar los procedimientos de desahucio y resolución de conflictos por incumplimiento contractual, acompañándola de un fondo público para atender situaciones de vulnerabilidad.

Para Rodríguez López, el planteamiento representa una filosofía distinta: incentivar a quien pone una vivienda en alquiler en lugar de aumentar sus riesgos.

Bizigune: el propietario cobra y la Administración asume la gestión

El empresario también cita como ejemplo el programa Bizigune, desarrollado en Euskadi.

A través de este sistema, Alokabide capta viviendas privadas vacías para destinarlas al alquiler social y garantiza al propietario el cobro mensual de la renta, la gestión integral del arrendamiento y la devolución de la vivienda en las condiciones previstas contractualmente. Si resulta necesario acudir a actuaciones judiciales para recuperarla, la sociedad pública asume las gestiones y costes correspondientes.

Para Rodríguez López, ese modelo muestra que una política pública de vivienda también puede buscar incrementar la oferta mediante garantías al propietario.

“Proteger al propietario. Eso es fomentar. Y funciona”, sostiene.

“No faltan normas. Falta obra”

La crítica final del empresario va dirigida al volumen de regulación acumulada.

Rodríguez López reclama una estrategia basada en más construcción, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, frente a lo que define como una sucesión de “decretazos sin consenso ni estrategia”.

El diputado Javier Ortega Smith ha cargado contra los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno y ha advertido de que, a su juicio, su aprobación podría generar el efecto contrario al anunciado por el Ejecutivo: menos viviendas disponibles para alquilar y precios más elevados.

Durante sus declaraciones, Ortega Smith ha defendido una posición “clara y firme” ante cualquier medida que considere que pueda afectar al derecho de propiedad y ha acusado al Gobierno de utilizar el debate sobre vivienda para aumentar la presión política sobre los grupos que no respaldan los decretos.

“Cuando está en juego el derecho de propiedad y la libertad hay que ser muy firmes y muy tajantes”, afirmó.

El dirigente también vinculó los cambios de posición de algunas formaciones a cálculos electorales y al riesgo de perder votos, aunque no concretó a qué partidos se refería.

Advierte de una retirada de viviendas del alquiler

El principal argumento de Ortega Smith se centró en las consecuencias que, según él, tendrían las nuevas medidas sobre la oferta.

“Si saliera adelante este decreto del Gobierno, el efecto inmediato sería una reducción importante en la oferta de vivienda”, aseguró.

Según su planteamiento, propietarios que considerasen perjudicados sus derechos podrían retirar sus inmuebles del mercado del alquiler, reduciendo la oferta disponible.

“Cuando se reduce la oferta, aumenta el precio”, resumió.

Ortega Smith sostuvo que el resultado final podría ser un encarecimiento adicional del alquiler y señaló que los mayores perjudicados serían precisamente quienes actualmente tienen dificultades para acceder a una vivienda.

El diputado del PP, Jaime de Olano ha cuestionado las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez apoyándose en un gráfico que sitúa en 894.889 viviendas el déficit acumulado en España desde 2009.

El gráfico compartido por De Olano compara la evolución de las viviendas terminadas con la creación de nuevos hogares entre 2009 y 2025. Según la información incluida en la propia imagen, el excedente registrado entre 2009 y 2010 se absorbió en 2011 y, desde 2012, comenzó a acumularse el déficit.

La brecha se habría acelerado especialmente durante los últimos años. Para 2025, el gráfico recoge alrededor de 222.475 nuevos hogares frente a 91.650 viviendas terminadas, situando el déficit acumulado desde 2009 en 894.889 unidades.

Las fuentes indicadas en el gráfico son los datos de viviendas terminadas del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y los datos de hogares del INE. La propia imagen advierte de que se trata de una comparación aproximada que no descuenta demoliciones, segundas residencias ni viviendas vacías.

A partir de estos datos, De Olano critica la política de vivienda del Ejecutivo y enumera cuatro problemas que atribuye a su gestión: “falta de vivienda”, “inseguridad jurídica”, “subida de precios” y viviendas pendientes de entrega por falta de conexión eléctrica.

El dirigente popular cuestiona además que mantener las mismas políticas permita solucionar el problema de acceso a la vivienda y responsabiliza al Ejecutivo de haber contribuido a agravarlo.

El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez carece de respaldo suficiente tanto en el Congreso como en la sociedad y ha resumido su posición con una frase: “Se acabó la broma”.

Durante una entrevista en En boca de todos, de Cuatro, Sémper ha sostenido que “hace tiempo que el Congreso de los Diputados y la sociedad española censuraron a este Gobierno” y ha criticado su gestión tras ocho años de mandato.

El dirigente popular ha enumerado entre los principales problemas la inflación, los salarios, la vivienda, la situación de las fronteras y la corrupción. Según Sémper, pese a esta situación, Sánchez permanece “atornillado a La Moncloa”.

En materia de vivienda, Sémper ha situado el aumento de la oferta como una de las prioridades que plantea el PP. Ha defendido liberar suelo, agilizar los trámites y favorecer la construcción mediante la colaboración de promotores y administraciones públicas.

“Tenemos un problema extraordinario de oferta”, ha señalado antes de advertir de que, a su juicio, se está “imposibilitando a toda una generación el acceso a la vivienda”.

Sémper también se ha referido a la situación de Ceuta y ha defendido reforzar la protección de las fronteras. En este ámbito, ha afirmado que un eventual Gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo buscaría “recuperar la seguridad de nuestras fronteras”.

Otro de los ejes de su intervención ha sido la corrupción. El portavoz popular ha acusado al PSOE de haber “naturalizado” determinadas situaciones relacionadas con investigaciones judiciales y ha defendido cambios en el funcionamiento de las instituciones.

Sémper ha reclamado “abrir las ventanas, oxigenar y poner a verdaderos profesionales capaces y capacitados al frente de las instituciones”, además de reforzar el respeto a la separación de poderes.

También ha defendido que los miembros del Gobierno deben respetar a jueces, magistrados, periodistas y medios de comunicación. “Si hay un solo ministro del Gobierno de Feijóo que insulte a un juez, será puesto de patitas en la calle”, ha asegurado.

Finalmente, Sémper ha señalado que las reformas que plantea el PP deberían abordarse pensando en el conjunto de los ciudadanos: “Vamos a tener un presidente del Gobierno que trabaje para todos”.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha situado las dificultades de acceso a la vivienda en el centro del debate sobre la emancipación juvenil y ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tiene para quienes estudian, trabajan y ahorran pero continúan sin poder iniciar un proyecto de vida independiente.

“¿Sabes qué es lo más triste de hablar de vivienda? Que alguien haga todo lo que le han pedido y, aun así, no pueda tener un proyecto de vida”, ha señalado García.

La portavoz popular ha descrito situaciones como la de jóvenes que continúan viviendo en la habitación en la que estudiaban o que aplazan la decisión de formar una familia porque no pueden acceder a una vivienda adecuada.

“Estamos hablando de vidas en espera”, ha resumido.

García ha criticado la política de vivienda desarrollada por el Gobierno durante los últimos ocho años y ha reclamado pasar de los anuncios a la ejecución de medidas concretas. “La gente no puede aplazar su vida eternamente”, ha afirmado.

Entre las propuestas que ha defendido se encuentran poner suelo a disposición para aumentar la construcción de viviendas, reducir los plazos de los permisos y facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda mediante avales y una menor carga fiscal.

“Nosotros ya dijimos cómo se resolvía, ahora toca llevar esas medidas a la práctica”, ha señalado García.

La portavoz del GPP en el Senado ha cerrado su intervención vinculando las políticas de vivienda con la capacidad de los jóvenes para iniciar una vida independiente: “Poder irte de casa no debería ser un premio, debería ser el comienzo”.

16/124
Consentimiento de Cookies con Real Cookie Banner