Menos regulación y más incentivos: Rodríguez López enfrenta los decretos con los modelos de Portugal y Bizigune.
El empresario Iván Rodríguez López, CEO de R2R Consulting y fundador de Luyen Group, ha entrado de lleno en el debate sobre los nuevos decretos de vivienda del Gobierno con una crítica directa al enfoque regulatorio elegido por el Ejecutivo.
Rodríguez López cuestiona el denominado “decreto Maricarmen” y considera que medidas como las prórrogas obligatorias de determinados contratos, las limitaciones sobre las rentas y las nuevas obligaciones para los propietarios pueden terminar reduciendo todavía más la oferta disponible.
“No faltan normas. Falta obra”, resume.
El empresario sostiene que España lleva años intentando responder al problema de acceso a la vivienda principalmente mediante regulación, mientras la construcción de nueva oferta no ha acompañado el crecimiento de la demanda.
“Si persigues al que ofrece, habrá menos oferta”
Rodríguez López compara las nuevas medidas con la lógica de la antigua renta regulada y advierte de que trasladar al propietario privado el coste de determinadas políticas sociales puede tener consecuencias sobre su disposición a mantener las viviendas en alquiler.
“Si limitas la oferta, el precio sube. Si hay más oferta que demanda, el precio baja. Y si persigues al que ofrece, habrá menos oferta”, afirma.
Su conclusión es tajante: considera que el nuevo decreto no conseguirá mejorar el mercado del alquiler y que podría terminar agravando la escasez existente.
El Ejecutivo defiende, por el contrario, que sus decretos buscan proteger a los hogares vulnerables, ampliar la vivienda asequible y reforzar la estabilidad de los contratos. La discusión sobre sus efectos en la oferta es uno de los principales puntos de enfrentamiento político y económico alrededor de las medidas.
Portugal: incentivos fiscales para sacar vivienda al mercado
Rodríguez López pone como contraste el caso portugués.
Portugal ha aprobado en 2026 importantes incentivos fiscales dirigidos al alquiler a precios moderados. La normativa reduce al 10% la tributación de determinadas rentas residenciales que cumplen los límites establecidos y contempla exenciones fiscales para modalidades de alquiler asequible. El Gobierno portugués presenta estas medidas precisamente como una fórmula para aumentar la oferta disponible.
Portugal también aprobó este verano una reforma orientada a simplificar y acelerar los procedimientos de desahucio y resolución de conflictos por incumplimiento contractual, acompañándola de un fondo público para atender situaciones de vulnerabilidad.
Para Rodríguez López, el planteamiento representa una filosofía distinta: incentivar a quien pone una vivienda en alquiler en lugar de aumentar sus riesgos.
Bizigune: el propietario cobra y la Administración asume la gestión
El empresario también cita como ejemplo el programa Bizigune, desarrollado en Euskadi.
A través de este sistema, Alokabide capta viviendas privadas vacías para destinarlas al alquiler social y garantiza al propietario el cobro mensual de la renta, la gestión integral del arrendamiento y la devolución de la vivienda en las condiciones previstas contractualmente. Si resulta necesario acudir a actuaciones judiciales para recuperarla, la sociedad pública asume las gestiones y costes correspondientes.
Para Rodríguez López, ese modelo muestra que una política pública de vivienda también puede buscar incrementar la oferta mediante garantías al propietario.
“Proteger al propietario. Eso es fomentar. Y funciona”, sostiene.
“No faltan normas. Falta obra”
La crítica final del empresario va dirigida al volumen de regulación acumulada.
Rodríguez López reclama una estrategia basada en más construcción, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, frente a lo que define como una sucesión de “decretazos sin consenso ni estrategia”.
Irene Garrido critica la respuesta económica del Gobierno.
La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Irene Garrido, ha criticado el decreto anticrisis aprobado por el Gobierno, asegurando que llega “tarde, dividido y se queda a medio camino”, sin ofrecer soluciones eficaces a las dificultades económicas de los españoles.
Durante el debate en el Pleno, Garrido ha señalado que el Ejecutivo vuelve a reaccionar con retraso ante una crisis cuyo impacto ya están soportando las familias, denunciando que las medidas adoptadas no incluyen iniciativas que alivien de forma directa el coste de vida.
En este sentido, ha subrayado que el decreto no contempla la adaptación del IRPF a la inflación, una medida que, según ha defendido, permitiría recuperar poder adquisitivo a las clases medias y trabajadoras.
La diputada popular ha criticado también la falta de cohesión dentro del Gobierno, señalando que la respuesta a la crisis ha estado marcada por la división interna y la ausencia de una estrategia clara.
Asimismo, ha reclamado la adopción de medidas urgentes para hacer frente al encarecimiento de la energía, apoyar a la industria y garantizar ayudas directas que lleguen de forma rápida a los ciudadanos.
Garrido ha advertido de que la actual situación genera inseguridad jurídica y ha insistido en la necesidad de actuar con rapidez, coherencia y eficacia para afrontar los desafíos económicos.
El Partido Popular defiende una política económica basada en la bajada de impuestos, el apoyo a las familias y la adopción de medidas eficaces que protejan el poder adquisitivo y el empleo.