La muerte de Maricarmen ha convertido la crisis de la vivienda en algo mucho más difícil de esconder detrás de cifras, decretos y discursos de campaña. Su caso ha vuelto a colocar los desahucios y la vulnerabilidad residencial en el centro del debate justo cuando Pedro Sánchez intenta hacer de la vivienda su gran bandera para el 29-N. Y ahí aparece la contradicción que Moncloa tendrá que explicar: Sánchez ha encontrado por fin su gran argumento electoral, pero llega ocho años tarde.
Después de gobernar desde 2018, de acumular anuncios, planes y promesas y de ver cómo el acceso a una casa se convertía en una de las mayores angustias para jóvenes y familias, el presidente quiere ahora que las elecciones se decidan precisamente sobre ese terreno. La jugada es clara: convertir una de las principales debilidades de su gestión en el argumento central para pedir otros cuatro años. El Gobierno pretende presentar la caída de sus decretos como una prueba de que PP, Vox y Junts bloquearon medidas necesarias para los inquilinos, pero la crisis no nació en la última votación del Congreso y tampoco puede explicarse únicamente por quienes votaron en contra la semana pasada.
Sánchez puede señalar a la oposición por tumbar sus propuestas, pero también tendrá que explicar por qué el problema creció durante sus años de Gobierno, por qué la oferta sigue siendo insuficiente y por qué miles de jóvenes siguen viendo la emancipación como una meta cada vez más lejana. El caso de Maricarmen vuelve todavía más incómoda esa pregunta porque obliga a sacar el debate del terreno abstracto. Cuando una crisis termina simbolizada por historias personales de este calibre, el Gobierno no puede presentarse únicamente como quien llega con la solución: también tiene que responder por el tiempo perdido.
Ahí estará una de las grandes batallas del 29-N. El PSOE quiere hablar de protección al inquilino, alquileres, desahucios y fondos de inversión. Feijóo intentará llevar el debate hacia la construcción, la oferta y la capacidad de gestión. Abascal buscará ampliarlo hacia la presión fiscal, la seguridad jurídica, el acceso a la vivienda y el impacto de las políticas acumuladas durante estos años. Los tres hablarán del mismo problema, pero con una intención distinta: Sánchez necesita que el votante llegue a las urnas pensando en quién le promete protección; PP y Vox quieren que llegue pensando en quién tuvo años para resolverlo y no lo consiguió.
La calle añade todavía más presión. Las movilizaciones por vivienda y el debate sobre una posible huelga general pueden ayudar al PSOE si consigue conectar ese malestar con su discurso social, pero también pueden volverse contra el Ejecutivo. Quien lleva años gobernando no puede presentarse indefinidamente como espectador de una crisis que se agravó durante su mandato. La protesta social no pertenece a ningún partido y puede castigar tanto a quien bloquea medidas como a quien prometió soluciones que nunca terminaron de llegar.
Feijóo y Abascal tampoco tienen una campaña sencilla. Ambos necesitan que el bloque de derecha sume, pero compiten por decidir quién interpreta mejor el desgaste de Sánchez y qué rumbo debe tener un eventual cambio de Gobierno. El PP quiere presentarse como alternativa de gestión y estabilidad; Vox busca ensanchar el debate y dejar claro que no basta con cambiar de presidente si no cambia también el enfoque de fondo. El crecimiento de Abascal fortalece la posibilidad de una mayoría alternativa, pero también aumenta la presión sobre Feijóo.
Y Puigdemont vuelve a aparecer justo cuando Sánchez intenta que toda la campaña gire alrededor de la vivienda. Su posible regreso reactiva el recuerdo de una legislatura marcada por la dependencia de Junts y por una amnistía que el PSOE negó antes de las anteriores elecciones y acabó aprobando después. Para Sánchez, ese regreso puede convertirse en un problema porque obliga a hablar de pactos, credibilidad y gobernabilidad cuando Moncloa preferiría centrar la discusión en alquileres y protección social.
La clave de las próximas semanas será quién consigue imponer el marco. Sánchez quiere que el 29-N se vote pensando en vivienda y derechos sociales. Feijóo quiere que sea un juicio sobre ocho años de Gobierno. Abascal intentará convertirlo en una enmienda más profunda al rumbo político del país. Puigdemont, aunque no sea candidato nacional, volverá a estar presente como símbolo de una legislatura que Sánchez quiere cerrar cuanto antes.
La vivienda puede ser la gran baza del presidente, pero también su gran contradicción. Porque una cosa es prometer una solución en campaña y otra muy distinta explicar por qué, después de tantos años gobernando, el problema sigue siendo una de las principales preocupaciones de millones de españoles.
Sánchez intenta presentarse ahora como la solución. Lo que no puede hacer es actuar como si acabara de descubrir el problema.
