Actualidad Política

26 de agosto de 2026

Archivo de la etiqueta: Elisa Vigil

La secretaria de Comunicación del Partido Popular de Madrid y diputada autonómica, Elisa Vigil, ha reclamado explicaciones sobre el papel que pudieron desempeñar Pedro Sánchez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la dirigente venezolana Delcy Rodríguez en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.

Durante su intervención en el programa En boca de todos, Vigil ha sostenido que la operación no puede analizarse únicamente desde el ámbito empresarial, puesto que la concesión de los 53 millones de euros necesitó la intervención y aprobación del Gobierno de España.

“Para que todo esto ocurriera, Zapatero necesitaba tener como socio al actual presidente de España, Pedro Sánchez, y necesitaba tener de socia a Delcy Rodríguez”, ha afirmado.

La dirigente popular ha pedido que la investigación determine con precisión qué relaciones existieron, quién intervino en la operación y qué responsables políticos conocían las circunstancias que rodeaban a la compañía.

Elisa Vigil ejerce como diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y fue nombrada secretaria de Comunicación del PP de Madrid el 6 de julio de 2026.

Un rescate de 53 millones aprobado con dinero público

Vigil ha recordado que Plus Ultra recibió un apoyo financiero de 53 millones de euros procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

“¿Cómo se va a rescatar una empresa con 53 millones de euros públicos de todos los españoles sin un acuerdo del Consejo de Ministros? Es absolutamente imposible”, ha señalado.

La diputada popular considera que este elemento obliga al Ejecutivo de Pedro Sánchez a ofrecer explicaciones políticas sobre los informes utilizados, las personas que participaron en el procedimiento y los motivos que justificaron la consideración estratégica de la compañía.

La concesión de los 53 millones y las comprobaciones realizadas antes y después de la operación han sido objeto de distintas iniciativas parlamentarias promovidas por el Grupo Popular.

Vigil señala las conexiones políticas que deben aclararse

La dirigente del PP ha asegurado que la información conocida durante la investigación conduce a analizar los posibles vínculos existentes entre el entorno de Plus Ultra, Venezuela y responsables relacionados con el Partido Socialista.

Vigil ha cuestionado la composición accionarial de la aerolínea y ha reclamado que se esclarezca cualquier posible conexión con personas vinculadas al régimen venezolano.

La secretaria de Comunicación del PP de Madrid sostiene que Zapatero no habría podido ejercer una eventual influencia en la operación sin contar con interlocución política dentro del Gobierno de Pedro Sánchez.

“Sin Sánchez como socio político y sin Delcy Rodríguez, Zapatero no habría podido llevar a cabo el rescate de Plus Ultra”, ha manifestado como valoración política de los hechos investigados.

El Partido Popular exige que se determine qué reuniones, comunicaciones o gestiones pudieron producirse antes de la aprobación del rescate y si existió alguna intervención ajena a los procedimientos ordinarios.

La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación

La Audiencia Nacional acordó en mayo citar como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias y otros delitos conexos dentro de la causa relacionada con Plus Ultra. Posteriormente, el instructor acordó ampliar determinadas diligencias a sus hijas y a su secretaria. Todos los afectados mantienen íntegramente su derecho a la presunción de inocencia.

Vigil ha señalado que los informes, documentos y actuaciones judiciales deben analizarse hasta el final, sin que las explicaciones públicas puedan sustituirse por maniobras destinadas a desviar la atención.

“Intentarán escurrir el bulto y ofrecer sus explicaciones, pero lo importante es lo que dicen la información, los informes y las actuaciones de la Justicia”, ha afirmado.

El Partido Popular defiende que corresponde a los tribunales determinar las posibles responsabilidades penales, mientras que el Gobierno y el PSOE deben asumir la obligación de proporcionar explicaciones políticas y actuar con absoluta transparencia.

Aclarar los pagos investigados

Elisa Vigil también ha pedido esclarecer la relación económica entre sociedades vinculadas al entorno investigado y empresas pertenecientes a familiares de Zapatero.

La dirigente popular ha reclamado que se compruebe si las facturas y pagos investigados correspondieron a servicios reales, quién ordenó esas contrataciones y cuál fue el origen de los recursos utilizados.

Para Vigil, el debate no debe centrarse únicamente en el concepto reflejado en cada factura, sino en determinar si existió alguna relación entre esos pagos y las personas que pudieron intervenir o influir en el rescate.

El Partido Popular reclama acceso a toda la documentación necesaria para conocer el destino de los fondos, los beneficiarios de las distintas operaciones y las decisiones adoptadas por los responsables públicos.

“Lo estamos pagando todos los españoles”

La diputada autonómica ha subrayado que el aspecto más grave del caso es que afecta a recursos procedentes de los impuestos de todos los ciudadanos.

“El problema no es únicamente el concepto por el que se haya facturado. El problema es que lo estamos pagando todos los españoles. Es dinero de todos”, ha advertido.

Vigil considera que ningún Gobierno puede tratar como una cuestión privada una operación financiada con fondos públicos y aprobada al máximo nivel del Ejecutivo.

El Partido Popular exige transparencia, rendición de cuentas y colaboración plena con la Justicia para conocer qué ocurrió antes, durante y después del rescate de Plus Ultra.

“La ciudadanía tiene derecho a saber quién impulsó la operación, qué intereses existían y por qué se destinaron 53 millones de euros públicos a esta compañía”, ha concluido

La secretaria de Comunicación del Partido Popular de Madrid y diputada autonómica, Elisa Vigil, ha advertido de la gravedad de los ataques dirigidos contra jueces, magistrados y miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por investigar asuntos relacionados con el entorno del presidente del Gobierno. Vigil fue nombrada secretaria de Comunicación del PP madrileño el pasado 6 de julio.

En declaraciones al programa En boca de todos, Vigil ha defendido que España necesita una Justicia con recursos suficientes y unas instituciones respetadas, con independencia de que las resoluciones judiciales gusten más o menos a los distintos partidos.

“La Justicia necesita medios y lo que necesitamos en este país es respetar las decisiones judiciales”, ha afirmado.

Podemos denunció la plaza en 2017

Vigil ha recordado que fue Podemos quien, en julio de 2017, denunció públicamente la creación del puesto de coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz que posteriormente fue adjudicado a David Sánchez.

La formación reclamó entonces información sobre las razones para crear la plaza y sobre el procedimiento seguido para cubrirla.

“La memoria en este asunto parece muy cortoplacista. En 2017 fue Podemos quien denunció que se hubiera otorgado la plaza al hermano de Pedro Sánchez”, ha señalado Vigil.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado ahora a David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa. La resolución no es firme y puede ser recurrida.

Defensa de la independencia judicial

La dirigente popular ha calificado de “muy grave” que se trate de desacreditar a los jueces encargados de investigar procedimientos relacionados con personas próximas al Ejecutivo.

Vigil ha rechazado que se clasifique a los magistrados en función de supuestas afinidades políticas y ha recordado que deben ser valorados por sus actuaciones profesionales y por el cumplimiento de la ley.

“Cada juez puede tener la ideología que quiera, pero lo grave es que se está atentando contra el Estado de derecho”, ha subrayado.

También ha denunciado los intentos de elaborar o buscar información destinada a desprestigiar personalmente a jueces y agentes de la UCO que participan en investigaciones judiciales.

“Se está señalando personalmente a los jueces”

Vigil ha asegurado que el debate político ha superado los límites razonables cuando se señala públicamente a los responsables de instruir causas judiciales.

“A mí me parece dantesco que se ataque a una jueza por estar instruyendo el caso del hermano de Sánchez”, ha afirmado.

La secretaria de Comunicación del PP de Madrid ha señalado que no conoce personalmente a ninguno de los jueces que intervienen en estos procedimientos y ha rechazado que las discrepancias con sus decisiones justifiquen acusaciones de amiguismo o parcialidad.

Más medios y respeto institucional

Elisa Vigil ha defendido que cualquier resolución judicial puede ser recurrida mediante los mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico, pero no debe responderse mediante ataques personales o campañas de descrédito.

El Partido Popular defiende reforzar los medios materiales y humanos de la Administración de Justicia, garantizar la independencia de jueces y fiscales y proteger el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Vigil ha reclamado al Gobierno que abandone la confrontación con las instituciones y respete la separación de poderes como garantía fundamental de cualquier democracia.

La diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Elisa Vigil, ha exigido explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante las informaciones, investigaciones y documentos conocidos sobre distintos casos que afectan al PSOE y a su entorno político.

“Cada prueba que va saliendo, cada declaración, cada informe de la UCO y cada audio conduce hacia la misma dirección. Todo lleva a Sánchez, y eso es lo más preocupante”, ha afirmado Vigil.

La dirigente popular ha asegurado que los ciudadanos están cansados de conocer nuevos episodios que, a su juicio, muestran una forma de ejercer el poder alejada de la transparencia, la ejemplaridad y el servicio público.

Vigil reclama responsabilidades políticas

Elisa Vigil ha señalado que la gravedad de los casos conocidos exige que el presidente del Gobierno ofrezca explicaciones y asuma las responsabilidades políticas correspondientes.

La representante del PP de Madrid ha insistido en que las investigaciones deben continuar con todas las garantías y ha defendido el trabajo independiente de jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para Vigil, la acumulación de informes, grabaciones y testimonios hace insostenible que el Gobierno actúe como si los hechos investigados no guardaran relación con su actuación política.

“Los ciudadanos no aguantan más. Necesitan transparencia, explicaciones y un Gobierno dedicado a resolver sus problemas”, ha señalado.

Críticas a la gestión de Correos

Durante su intervención, Elisa Vigil ha criticado también el deterioro que, a su juicio, ha sufrido Correos durante los últimos años y ha cuestionado los nombramientos políticos realizados al frente de empresas públicas.

La dirigente popular ha lamentado que una compañía estratégica para España no haya aprovechado plenamente el crecimiento experimentado por el comercio electrónico y el sector de la paquetería.

Vigil ha denunciado que las empresas públicas no pueden utilizarse para colocar a personas vinculadas al poder ni para atender intereses partidistas.

“Lo preocupante es para qué se están utilizando estas empresas públicas y por qué no se eligen los mejores perfiles para gestionarlas”, ha afirmado.

La representante popular ha defendido que la dirección de las compañías estatales debe basarse en criterios de mérito, capacidad, experiencia profesional y defensa del interés general.

Condolencias por el incendio de Almería

Elisa Vigil ha trasladado también sus condolencias a las familias de las víctimas del devastador incendio registrado en la provincia de Almería.

La dirigente del PP ha expresado su pesar por las consecuencias de la tragedia y ha reconocido el esfuerzo de los servicios de emergencias, sanitarios, bomberos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplegados.

Vigil ha defendido que las administraciones deben dedicar todos los recursos necesarios a la prevención de incendios, la protección civil y el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales.

Más recaudación debe significar mejores servicios

La secretaria de Comunicación del PP de Madrid ha denunciado que el incremento de la recaudación pública no se está traduciendo, a su juicio, en una mejora suficiente de los servicios que reciben los españoles.

“Hay una recaudación histórica en Hacienda y los ciudadanos no la ven reflejada en sus servicios públicos”, ha asegurado.

Vigil ha reclamado una gestión rigurosa del dinero público, centrada en la sanidad, la educación, las infraestructuras, la seguridad y los medios destinados a prevenir y afrontar emergencias.

El Partido Popular defiende que cada euro aportado por los contribuyentes debe administrarse con transparencia, eficacia y responsabilidad, priorizando las necesidades reales de las familias y el buen funcionamiento de los servicios públicos.

La diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid Elisa Vigil ha advertido en esRadio de la “gravedad” de que la aplicación de la conocida como Ley de Nietos se esté gestionando mediante una instrucción administrativa, en lugar de hacerse con una regulación clara, garantista y con pleno control jurídico.

Vigil ha subrayado que el Partido Popular no cuestiona el derecho a la nacionalidad, sino la forma en la que el Gobierno de España está administrando este proceso.

“Con esta Ley de Nietos no se está poniendo el derecho a la nacionalidad en discusión. Lo que se pone en discusión es que lo administre una instrucción firmada por la hermana de Óscar Puente. Eso es lo grave”, ha señalado.

La diputada popular ha criticado además que esta medida pueda tener consecuencias sobre el Estado del bienestar sin contar con una memoria económica que evalúe su impacto real.

“Lo está pagando el Estado del bienestar sin memoria económica”, ha advertido, al tiempo que ha reclamado transparencia sobre los efectos que puede provocar en los servicios públicos.

Vigil ha mostrado su preocupación por el posible incremento de presión sobre servicios esenciales y ha pedido al Gobierno que explique con claridad cómo piensa afrontar las consecuencias administrativas, sociales y presupuestarias de esta medida.

Asimismo, ha cuestionado que el Ejecutivo esté reforzando la capacidad para emitir pasaportes “a mayor velocidad”, preguntándose “hacia dónde está dirigiendo esto” el Gobierno.

La diputada del PP en la Asamblea de Madrid ha puesto el foco también en las implicaciones electorales de este proceso y ha advertido de que el Gobierno debe garantizar que no se utilice la concesión de nacionalidad con fines partidistas.

“El problema es dónde van a poner a esta gente a votar”, ha afirmado Vigil, que ha alertado de que el Ejecutivo podría intentar orientar ese nuevo voto hacia los lugares donde más le interese electoralmente.

En este sentido, ha advertido de que el PSOE podría tratar de utilizar este proceso para “rascar un escaño más” o alterar equilibrios electorales en comunidades como Madrid.

Vigil ha insistido en que el Gobierno debe actuar con máxima transparencia, seguridad jurídica y garantías democráticas, evitando cualquier sospecha de utilización partidista de un asunto tan sensible como la nacionalidad española.

El Partido Popular defiende que cualquier regulación sobre nacionalidad debe hacerse con rigor, claridad, memoria económica, controles efectivos y respeto absoluto al Estado de derecho.

La diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Eli Vigil, ha reclamado una reducción de la carga fiscal sobre empresas, autónomos y pequeños negocios, asegurando que la elevada presión tributaria está afectando gravemente al tejido productivo español.

Durante su intervención, Vigil defendió que las pequeñas y medianas empresas necesitan menos impuestos para poder invertir, crecer y generar empleo, y criticó las sucesivas subidas fiscales impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

“Las empresas lo que necesitan es que les bajen los impuestos”, afirmó.

Más de 15.000 pymes cerradas en nueve meses

La parlamentaria popular alertó de que, según los datos citados durante su intervención, entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 cerraron en España 15.359 pymes y microempresas, una situación que, según señaló, provocó la pérdida de aproximadamente 60.000 puestos de trabajo.

Asimismo, aseguró que durante el primer semestre de 2025 desapareció el 4,8% de las pequeñas empresas españolas, lo que equivale a uno de cada veinte negocios.

Para Vigil, estas cifras reflejan las dificultades que atraviesan miles de emprendedores y pequeños empresarios en un contexto marcado por el incremento de costes y la presión fiscal.

Críticas a la política tributaria

La diputada popular destacó que más de la mitad de las pymes españolas pagan actualmente más impuestos que hace un año y recordó que la recaudación tributaria volvió a registrar máximos históricos durante 2025.

En este sentido, cuestionó que el incremento de ingresos públicos no se haya traducido, a su juicio, en medidas de alivio para autónomos, pequeñas empresas o familias.

Según explicó, el Gobierno debería priorizar la reducción de cargas fiscales, la rebaja de cotizaciones y el apoyo a la actividad económica para favorecer el crecimiento y la creación de empleo.

Defensa de los autónomos

Durante su intervención, Vigil también reivindicó el papel de los autónomos y empresarios como motores de la economía española.

La diputada subrayó que son ellos quienes sostienen miles de puestos de trabajo, generan riqueza y contribuyen al mantenimiento de los servicios públicos a través de su actividad económica.

Por ello, defendió la necesidad de impulsar políticas que favorezcan la competitividad empresarial y faciliten la continuidad de pequeños negocios y proyectos emprendedores.

Reivindicación del modelo fiscal madrileño

Vigil contrapuso la política fiscal del Gobierno central con el modelo aplicado por la Comunidad de Madrid, basado en la bajada de impuestos y el estímulo de la actividad económica.

A su juicio, la reducción de la presión fiscal contribuye a atraer inversión, impulsar el empleo y fortalecer el tejido empresarial, generando mayores oportunidades para ciudadanos y empresas.

La diputada concluyó reclamando medidas que permitan aliviar la carga económica que soportan autónomos, pymes y emprendedores, a quienes definió como una pieza esencial para el crecimiento y la prosperidad del país.

La diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Elisa Vigil, ha defendido las políticas fiscales impulsadas por la Comunidad de Madrid y ha denunciado la “asfixia fiscal” que sufren empresas y autónomos en España por las políticas económicas de la izquierda.

Durante su intervención parlamentaria, Vigil ha asegurado que España se ha convertido en “un infierno fiscal para emprender”, lo que está empujando a muchos jóvenes a desarrollar sus proyectos fuera del país.

“Los jóvenes se van a Portugal a emprender porque allí pagan 50 euros de autónomos, mientras aquí un autónomo societario supera ya los 400 euros”, ha afirmado.

Defensa de la empresa familiar madrileña

La dirigente popular ha reivindicado el papel de la empresa familiar madrileña como motor económico y generador de empleo.

“El patrimonio de una empresa familiar se ha construido sobre rentas que ya tributaron año tras año en el IRPF”, ha explicado.

Vigil ha criticado que, cuando llega el relevo generacional, el Estado vuelva a gravar ese mismo patrimonio.

“Lo que se hereda no es una cuenta bancaria; son compromisos, empleos y años de trabajo solidificados en piedra y acero”, ha señalado.

La diputada popular ha defendido que la legislación impulsada por la Comunidad de Madrid no protege únicamente a los herederos, sino al mantenimiento del empleo y de la actividad económica.

“Esta ley protege que las empresas sigan abiertas y generando riqueza”, ha destacado.

“Madrid apuesta por quien crea empleo”

Elisa Vigil ha contrapuesto el modelo económico madrileño al de la izquierda, acusando a PSOE y Más Madrid de vivir alejados de la realidad de autónomos y pequeños negocios.

“En Madrid hemos aprendido a distinguir entre lo que suena bien en las cabezas comunistas y lo que funciona en un taller, una peluquería, una frutería o una joyería”, ha afirmado.

Asimismo, ha reivindicado la apuesta de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por la empresa familiar y el pequeño comercio madrileño.

“El Gobierno de la Comunidad de Madrid seguirá trabajando para garantizar un futuro mejor a las empresas madrileñas”, ha concluido.

La diputada del Partido Popular, Elisa Vigil, ha denunciado la creciente presión fiscal y normativa que sufren los autónomos en España, advirtiendo de que las políticas del Gobierno están provocando situaciones como el traslado de actividad económica a otros países.

Durante su intervención, Vigil ha señalado que incluso familiares del presidente del Gobierno han optado por cambiar su residencia fiscal a países como Portugal, donde —según ha explicado— las condiciones para los trabajadores por cuenta propia son más favorables, con cuotas significativamente inferiores a las existentes en España.

En este sentido, ha criticado que en España los autónomos deben afrontar costes superiores a los 300 euros mensuales, frente a cifras mucho más reducidas en otros países, lo que evidencia, a su juicio, una falta de competitividad del sistema español.

La diputada popular ha puesto el foco en el elevado peso fiscal sobre los carburantes, recordando que cerca del 43% del precio de la gasolina corresponde a impuestos. “Los autónomos dependen de su vehículo para trabajar y están pagando el litro a dos euros”, ha señalado, reclamando una reducción de la carga fiscal para aliviar su situación.

Asimismo, Elisa Vigil ha enumerado diversas medidas adoptadas por el Gobierno que, en su opinión, están dificultando la actividad de los autónomos, como la reforma laboral, la introducción de nuevas cuotas, la limitación de pagos en efectivo, el impuesto al plástico o la obligación de implantar sistemas de facturación electrónica.

En particular, ha criticado la incertidumbre generada en torno al sistema de facturación digital, que ha obligado a empresas y autónomos a realizar inversiones en software que posteriormente han quedado en el aire tras cambios en los plazos de aplicación.

“El esfuerzo de los autónomos no está siendo tenido en cuenta por el Gobierno”, ha subrayado Vigil, quien ha reclamado medidas concretas para reducir costes, simplificar trámites y apoyar a este colectivo esencial para la economía.

El Partido Popular defiende la necesidad de aliviar la presión fiscal, mejorar las condiciones de los autónomos y garantizar un entorno económico más favorable para el desarrollo de su actividad.

El Partido Popular ha denunciado la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de someterse al separatismo catalán a costa del futuro económico de España y de la igualdad entre ciudadanos.

Así lo ha manifestado Elisa Vigil, quien ha advertido de que el Ejecutivo socialista está dispuesto a comprometer miles de millones de euros en concesiones a los independentistas mientras elude dar explicaciones sobre el origen de esos recursos y quién acabará pagándolos.

Vigil ha criticado con dureza que el Gobierno esté negociando acuerdos bilaterales con dirigentes independentistas como Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, acuerdos que —ha señalado— “no responden al interés general, sino a la necesidad del PSOE de mantenerse en el poder”.

La dirigente popular ha subrayado que estas decisiones suponen “una carga injusta para los madrileños y para el conjunto de los españoles”, al tiempo que ha rechazado que se pretenda justificar este trato de favor con acusaciones infundadas como el supuesto “dumping fiscal”.

En este sentido, Vigil ha cuestionado la falta de rigor del Ministerio de Hacienda y ha instado a la ministra María Jesús Montero a “explicar con claridad de dónde van a salir los miles de millones comprometidos y quién asumirá finalmente ese coste”.

“El Gobierno y el Partido Socialista han renunciado a defender la igualdad entre españoles y han optado por ceder ante el separatismo”, ha afirmado, advirtiendo de que “esa decisión la vamos a pagar todos, en forma de deuda, menos servicios y menos oportunidades”.

Desde el Partido Popular se ha reiterado el rechazo frontal a cualquier financiación singular o acuerdo a la carta que rompa la solidaridad entre territorios y se ha reafirmado el compromiso con una España de ciudadanos libres e iguales, sin privilegios ni chantajes.

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