La diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid Elisa Vigil ha advertido en esRadio de la “gravedad” de que la aplicación de la conocida como Ley de Nietos se esté gestionando mediante una instrucción administrativa, en lugar de hacerse con una regulación clara, garantista y con pleno control jurídico.
Vigil ha subrayado que el Partido Popular no cuestiona el derecho a la nacionalidad, sino la forma en la que el Gobierno de España está administrando este proceso.
“Con esta Ley de Nietos no se está poniendo el derecho a la nacionalidad en discusión. Lo que se pone en discusión es que lo administre una instrucción firmada por la hermana de Óscar Puente. Eso es lo grave”, ha señalado.
La diputada popular ha criticado además que esta medida pueda tener consecuencias sobre el Estado del bienestar sin contar con una memoria económica que evalúe su impacto real.
“Lo está pagando el Estado del bienestar sin memoria económica”, ha advertido, al tiempo que ha reclamado transparencia sobre los efectos que puede provocar en los servicios públicos.
Vigil ha mostrado su preocupación por el posible incremento de presión sobre servicios esenciales y ha pedido al Gobierno que explique con claridad cómo piensa afrontar las consecuencias administrativas, sociales y presupuestarias de esta medida.
Asimismo, ha cuestionado que el Ejecutivo esté reforzando la capacidad para emitir pasaportes “a mayor velocidad”, preguntándose “hacia dónde está dirigiendo esto” el Gobierno.
La diputada del PP en la Asamblea de Madrid ha puesto el foco también en las implicaciones electorales de este proceso y ha advertido de que el Gobierno debe garantizar que no se utilice la concesión de nacionalidad con fines partidistas.
“El problema es dónde van a poner a esta gente a votar”, ha afirmado Vigil, que ha alertado de que el Ejecutivo podría intentar orientar ese nuevo voto hacia los lugares donde más le interese electoralmente.
En este sentido, ha advertido de que el PSOE podría tratar de utilizar este proceso para “rascar un escaño más” o alterar equilibrios electorales en comunidades como Madrid.
Vigil ha insistido en que el Gobierno debe actuar con máxima transparencia, seguridad jurídica y garantías democráticas, evitando cualquier sospecha de utilización partidista de un asunto tan sensible como la nacionalidad española.
El Partido Popular defiende que cualquier regulación sobre nacionalidad debe hacerse con rigor, claridad, memoria económica, controles efectivos y respeto absoluto al Estado de derecho.
