Dolors Montserrat exige a Bruselas investigar el rescate de Plus Ultra tras la imputación de Zapatero.
La vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha registrado una pregunta parlamentaria ante la Comisión Europea para exigir explicaciones sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Montserrat ha reclamado a las instituciones europeas que investiguen si los mecanismos excepcionales aprobados durante la pandemia fueron utilizados de forma indebida para favorecer intereses políticos y redes de influencia vinculadas al entorno socialista.
“La Unión Europea no puede permitir que instrumentos creados para proteger empresas y empleos terminen beneficiando a particulares y alimentando redes construidas alrededor de la opacidad y del uso indebido de recursos públicos”, ha señalado.
La dirigente popular ha destacado que la investigación judicial dirigida por el magistrado José Luis Calama cuenta ya con cooperación judicial internacional procedente de Francia y Suiza, además de investigaciones paralelas desarrolladas por autoridades estadounidenses sobre presuntas tramas financieras vinculadas al chavismo.
Según ha explicado Montserrat, el rescate de Plus Ultra fue aprobado a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), autorizado por la Comisión Europea durante la pandemia bajo el marco excepcional de ayudas de Estado.
“El auto judicial apunta a que la presunta trama habría utilizado contactos políticos y acceso privilegiado a información para influir en la concesión de fondos públicos”, ha afirmado.
La vicepresidenta del PPE ha calificado de “gravísima” la imputación de un expresidente del Gobierno por presunta corrupción vinculada a fondos públicos y ha asegurado que este caso “confirma los años de corrupción que Pedro Sánchez intenta tapar permanentemente”.
Montserrat ha pedido además a Bruselas que aclare si se vulneraron principios esenciales del Derecho de la Unión Europea, como la transparencia, la igualdad de trato, la buena administración y el control adecuado de ayudas públicas.
Asimismo, ha mostrado su “enorme preocupación” por el relevo de la magistrada de enlace responsable de la cooperación judicial con Francia y Suiza, coincidiendo con el avance de las investigaciones internacionales relacionadas con Plus Ultra.
“El Gobierno de Sánchez tiene que explicar si intentó debilitar mecanismos de cooperación judicial precisamente cuando las investigaciones comenzaban a estrechar el cerco sobre el entorno político de Zapatero”, ha advertido.
Por último, Dolors Montserrat ha defendido que lo que está en juego no es únicamente un posible caso de corrupción en España, sino “la credibilidad de los mecanismos europeos de control y supervisión de ayudas públicas”.
Dolors Montserrat alerta sobre los acuerdos del Gobierno con China.
La secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha denunciado que los acuerdos firmados por el Gobierno de Pedro Sánchez con China podrían suponer un alejamiento del enfoque europeo de reducción de riesgos (de-risking), comprometen la autonomía estratégica de la Unión Europea y generan potenciales vulnerabilidades económicas, industriales y tecnológicas.
Durante su última visita oficial a China, el presidente del Gobierno ha suscrito cerca de una veintena de acuerdos que abarcan ámbitos económicos, industriales, científicos y tecnológicos. Lejos de limitarse a sectores no sensibles, varios de estos compromisos podrían facilitar una mayor presencia china en áreas estratégicas, en un contexto que resulta difícil de conciliar con las directrices de la Comisión Europea en el programa Horizonte, que prevé una serie de restricciones específicas para entidades establecidas en China. Estas pueden encontrarse en la sección B (Elegibilidad) de los Anexos Generales del Programa de Trabajo Horizonte Europa 2026-2027.
“La Unión Europea ha definido con claridad su posición: no se trata de romper relaciones con China, sino de reducir dependencias críticas, proteger sectores estratégicos y evitar transferencias tecnológicas que puedan comprometer la seguridad económica europea”, explica Montserrat. Sin embargo, ha dicho, “el Ejecutivo español ha optado por profundizar vínculos en ámbitos donde Bruselas ha advertido explícitamente de riesgos”.
ENERGÍA, MOVILIDAD Y CADENAS DE SUMINISTRO AVANZADAS
En particular, la líder del Partido Popular Europeo alerta de tres áreas especialmente preocupantes. En primer lugar, los acuerdos económicos e industriales firmados por el Gobierno podrían favorecer la entrada de inversión china en sectores clave como la energía, la movilidad o las cadenas de suministro avanzadas. Esta estrategia podría aumentar la exposición de España respecto a China y se sitúa en una línea que plantea interrogantes respecto a los esfuerzos europeos por diversificar proveedores y reforzar la resiliencia industrial.
En segundo lugar, es conflictivo incrementar la vinculación con China en el ámbito de las materias primas críticas, incluyendo el interés en proveedores de tierras raras. Esta línea podría entrar en tensión con iniciativas europeas como el Critical Raw Materials Act, cuyo objetivo es reducir la dependencia de terceros países en recursos esenciales para la transición digital y energética. “En un contexto en el que China ha restringido exportaciones de tierras raras y la UE trabaja activamente para reducir su dependencia —que supera el 90%—, la estrategia del Gobierno español de reforzar su vinculación con proveedores chinos resulta opuesta al empeño europeo de reducción de riesgos”, ha dicho Montserrat.
En tercer lugar, la intensificación de la cooperación científica y universitaria con entidades chinas plantea dudas sobre si existen garantías equivalentes en materia de protección del conocimiento. La Comisión Europea ha restringido la participación de organizaciones chinas en programas estratégicos precisamente por los riesgos asociados a la transferencia de tecnología y al uso dual civil-militar. En este contexto, el PP valora advertir al Ejecutivo comunitario de la apertura de nuevos espacios de colaboración podría generar riesgos que requieren evaluación.
A todo ello se suma la dimensión política de estos acuerdos. Una vez más, España, vuelve a debilitar la coherencia de la posición común europea y envía señales en un contexto geopolítico equivocado. “La estrategia europea se basa en la unidad y la coordinación entre Estados miembros, no en iniciativas bilaterales que puedan ser percibidas como divergentes y que lo único que hacen es debilitar la posición común”, planteó la líder del PP.
EVALUACIÓN RIGUROSA DE LAS IMPLICACIONES
A su juicio, esta política exterior plantea riesgos relevantes desde el punto de vista de la alineación con los intereses estratégicos de la Unión Europea y requiere una evaluación rigurosa de sus implicaciones. Por ello, considera que las instituciones europeas deberían hacer un análisis exhaustivo de los acuerdos suscritos, así como llevar a cabo un refuerzo de los mecanismos de control sobre inversiones extranjeras y cooperación tecnológica.
“España no puede convertirse en un punto de vulnerabilidad en la autonomía estratégica europea. La defensa de nuestros intereses económicos, industriales y tecnológicos exige coherencia, prudencia y alineamiento con nuestros socios europeos”, manifestó.
Montserrat recordó que los propios servicios técnicos de la Comisión Europea han alertado sobre los riesgos asociados a la presencia de inversores y tecnología china en infraestructuras energéticas críticas. Informes internos utilizados para orientar la financiación europea señalan que esta exposición podría generar vulnerabilidades en términos de ciberseguridad, seguridad económica y resiliencia de las redes eléctricas, incluyendo riesgos potenciales de interrupciones en el suministro. “Estas evaluaciones refuerzan la necesidad de extremar la prudencia en la apertura a operadores de terceros países en sectores estratégicos, en línea con el enfoque europeo de reducción de riesgos, y contrario a una política de acercamiento que podría aumentar la exposición de Europa y afectar a su resiliencia”, concluyó.
Dolors Montserrat señala a Teresa Ribera por falta de imparcialidad.
La vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, acusó a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, de proteger al Gobierno de Pedro Sánchez al evitar investigar posibles conflictos de intereses y distorsiones de competencia en la comercialización de balizas V16 obligatorias en España.
En una pregunta parlamentaria, Montserrat preguntaba expresamente a la Comisión si iba a evaluar “si la obligación de adquirir un modelo concreto podría favorecer intereses comerciales específicos y generar distorsiones de competencia contrarias al derecho comunitario”, así como si consideraba que España había adoptado “las medidas suficientes para garantizar transparencia, competencia leal y ausencia de conflictos de intereses”.
Sin embargo, la respuesta de la Comisión evita analizar estos elementos clave. Pese a reconocer explícitamente que “las normas de competencia de la UE prohíben […] prácticas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior” (artículos 101 y 102 del TFUE) y que incluso las actuaciones de los Estados miembros pueden quedar sujetas a estas normas (artículo 106 del TFUE), el Ejecutivo comunitario se limita a afirmar que “no dispone de información concreta sobre posibles conductas o medidas contrarias a la competencia”.
Para Montserrat, esta respuesta demuestra que “existe un marco jurídico europeo claro para actuar ante posibles distorsiones de competencia, pero la Comisión decide no aplicarlo cuando el caso afecta a decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez”.
“Resulta especialmente preocupante que esta respuesta provenga de quien fue ministra en el Gobierno de Sánchez, lo que plantea serias dudas sobre su imparcialidad. No se puede invocar el derecho europeo y, al mismo tiempo, eludir su aplicación por razones políticas”, subrayó.
La eurodiputada lamentó que la Comisión “se escude en tecnicismos y en una supuesta falta de información” en lugar de ejercer su función de supervisión de oficio. “La Comisión debe actuar, investigar y garantizar que no se producen abusos ni favoritismos”, añadió.
Asimismo, recordó que la Comisión Europea tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas de competencia y garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior. “No es aceptable que ante posibles irregularidades que afectan a millones de ciudadanos europeos se opte por una respuesta meramente formalista”, insistió.
Por todo ello, el Partido Popular exige a la Comisión Europea que actúe con independencia, que investigue los hechos con rigor y que garantice que no se producen distorsiones de competencia ni situaciones de privilegio derivadas de decisiones regulatorias nacionales.
“Europa no puede permitirse instituciones que eludan su responsabilidad cuando están en juego la transparencia, la competencia leal y la confianza de los ciudadanos”, concluyó.
Dolors Montserrat: «La credibilidad fiscal depende de instituciones independientes»
La secretaria general del Grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha solicitado a la Comisión Europea que analice si la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para nombrar a Inés Olóndriz como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) respeta los requisitos de independencia establecidos por el derecho de la Unión Europea.
Montserrat ha presentado una pregunta parlamentaria por escrito en la que plantea dudas sobre la idoneidad del nombramiento, al considerar que el perfil propuesto podría comprometer la independencia institucional que exige la normativa europea para las autoridades fiscales.
La eurodiputada ha recordado que Olóndriz ocupa actualmente el cargo de secretaria general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda y forma parte del equipo más cercano a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A su juicio, esta vinculación directa con el Ejecutivo dificulta garantizar la independencia respecto al Gobierno al que posteriormente debería supervisar.
“Las instituciones europeas exigen autoridades fiscales independientes para garantizar la disciplina presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas de los Estados miembros”, ha señalado Montserrat, quien ha advertido de que esta cuestión trasciende el ámbito de la política interna española y afecta a los principios del sistema de gobernanza fiscal europeo.
En su iniciativa, la eurodiputada recuerda que la AIReF fue creada para cumplir con el marco europeo de gobernanza económica, especialmente con la Directiva 2011/85/UE, que obliga a los Estados miembros a contar con instituciones fiscales independientes encargadas de supervisar el cumplimiento de las reglas presupuestarias.
Montserrat ha preguntado a la Comisión Europea si el procedimiento de designación y el perfil profesional propuesto cumplen con los requisitos de independencia institucional exigidos por la legislación europea, así como qué mecanismos tiene Bruselas para actuar en caso de que la independencia de una institución fiscal nacional pueda verse comprometida.
Según la dirigente del PPE, el hecho de que la persona propuesta para presidir la AIReF haya participado en el diseño de políticas económicas desde el propio Ministerio de Hacienda podría generar un conflicto de intereses si posteriormente debe evaluar esas mismas políticas.
“La credibilidad fiscal depende de la independencia”, ha subrayado Montserrat, quien ha defendido que las autoridades fiscales independientes son un pilar esencial del sistema de gobernanza económica de la Unión Europea y deben estar libres de interferencias políticas para garantizar la confianza de los mercados, de las instituciones europeas y de los ciudadanos.
La Comisión Europea deberá responder a esta pregunta parlamentaria en las próximas semanas.
Dolors Montserrat aplaude el nuevo paquete energético de la UE con la nuclear como pilar.
La secretaria general del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha celebrado que el nuevo paquete energético de la Comisión incluya la energía nuclear como “uno de los pilares esenciales” de la política energética europea, poniendo fin así al sectarismo ideológico de la vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, quien decidió ausentarse del debate por “cobardía”.
“Hoy la presidenta de la Comisión nos ha dado una gran noticia con el lanzamiento del paquete energético que se aleja de los errores del pasado y que cuenta con la energía nuclear como uno de los pilares esenciales”, ha afirmado durante su intervención.
Montserrat ha subrayado que el nuevo paquete energético liderado por el PPE, junto con nuevas interconexiones, reactores nucleares y medidas para los consumidores, permitirá avanzar hacia una mayor autonomía energética de la Unión Europea.
“Nuevas interconexiones, reactores nucleares y energía para los ciudadanos, que van a lograr algo que muchos creían imposible”, ha señalado, antes de enumerar que permitirá “no depender de Rusia y tener una economía competitiva”, “avanzar hacia un verdadero mercado único con energía barata, segura y limpia” y “aliviar el bolsillo de los ciudadanos”.
AUSENCIA DE TERESA RIBERA EN LA PRESENTACIÓN
En este sentido, la eurodiputada ha defendido la línea política del Partido Popular Europeo. “Así hace política el EPP: anteponiendo los intereses a la ideología”, ha afirmado, al tiempo que ha criticado la ausencia en el debate de Ribera. “Es significativo que el Parlamento debata la nueva estrategia energética y la vicepresidente primera Teresa Ribera, la máxima responsable de Clima, no esté aquí para defenderla. Una falta lealtad al parlamento”, ha afirmado.
A continuación, ha preguntado a los eurodiputados por los motivos de esta ausencia: “¿Saben por qué está escondida? Por cobardía”. Ribera “es cobarde porque es incapaz de explicar porque cuando era ministra, compraba nuclear a Francia mientras cerraba centrales nucleares en España”, pero también por su “irrelevancia”. “La ausencia de Teresa ribera hoy demuestra que no tiene peso, ni voz, ni influencia en Europa”, ha señalado.
La eurodiputada también ha vinculado la ausencia de la vicepresidenta comunitaria con los casos de corrupción que, según ha dicho, afectan a su etapa al frente del Ministerio para la Transición Ecológica. “Tiene miedo a la corrupción que apunta a altos cargos de su gabinete cuando era ministra”, ha afirmado.
En este contexto, ha citado el denominado “caso Forestalia”. “Recuerden este nombre: caso Forestalia. Fondos europeos para proyectos ambientales convertidos en mordidas de hasta 5 millones repartidas entre cargos del Partido Socialista”, ha dicho. “Teresa Ribera fue una mala ministra en España y estamos viendo que no es una buena Comisaria. Hoy Europa avanza sin ella. Se acabó el sectarismo climático de ribera”, ha zanjado.
Dolors Montserrat: «Bruselas confirma que España incumplió el procedimiento de notificación exigido por la UE»
La Comisión Europea ha confirmado, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, que el Gobierno de España no notificó a Bruselas, tal y como exige la legislación europea, la normativa que establece la obligatoriedad de la baliza V16 conectada, y ha advertido además de que esta imposición puede afectar al mercado interior, al señalar que la introducción de requisitos técnicos nacionales específicos “puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio”. Esta falta de notificación puede tener consecuencias jurídicas relevantes y llegar incluso a cuestionar la aplicación de la obligación en vigor.
En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Montserrat, el vicepresidente ejecutivo Stéphane Séjourné en nombre de la Comisión Europea, afirma expresamente que los Reales Decretos españoles “no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535”, al tiempo que reconoce que corresponde a los Estados miembros evaluar si sus proyectos de medidas están sujetos a la obligación de notificación.
En este sentido, la norma europea obliga a los Estados miembros a notificar a la Comisión Europea cualquier proyecto de reglamento técnico antes de su adopción, con el fin de prevenir obstáculos al mercado interior y garantizar su compatibilidad con el Derecho de la Unión. “Si los Estados miembros no cumplen su obligación de comunicar los proyectos de reglamentos técnicos con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/1535, la Comisión puede adoptar medidas de ejecución con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, advierte la respuesta parlamentaria. Ello significa que podría dar lugar a un procedimiento formal de infracción contra España.
La Comisión recuerda además las implicaciones jurídicas de esta situación, señalando que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados a la Comisión de conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535”.
Bruselas recuerda que el uso de dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a nivel de la UE y, en su lugar, se aplican las normas nacionales de tráfico de los Estados miembros. “No obstante”, recalca, “la imposición de requisitos técnicos específicos al dispositivo a nivel nacional puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior con arreglo al artículo 34 del TFUE, que las autoridades españolas tendrían que justificar con arreglo al artículo 36 del TFUE o sobre la base de uno de los requisitos obligatorios desarrollados en la jurisprudencia del TJUE”. Este principio forma parte de la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
REQUISITOS QUE PUEDEN ALTERAR EL MERCADO INTERIOR
En relación con el impacto sobre el mercado interior, la Comisión Europea subraya igualmente que “la imposición de requisitos técnicos específicos al dispositivo a nivel nacional puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior con arreglo al artículo 34 del TFUE”, que las autoridades españolas tendrían que justificar conforme al Derecho de la Unión.
Tras conocer la respuesta, Montserrat ha destacado la importancia de esta respuesta: “el propio Ejecutivo europeo recuerda que los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados, lo que confirma la enorme inseguridad jurídica que esta decisión ha generado para millones de conductores y para el conjunto del sector”.
La eurodiputada ha añadido que “cuando un Gobierno impone un dispositivo obligatorio con requisitos técnicos específicos y no cumple los procedimientos europeos, pone en riesgo la seguridad jurídica, la libre competencia y la confianza en las instituciones”.
Asimismo, ha destacado que “la Comisión Europea también advierte de que este tipo de requisitos técnicos nacionales puede constituir una restricción al mercado interior”, uno de los principios fundamentales de la Unión Europea y ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez se empeñe en “ir por libre” en vez de consensuar con el resto de la UE sus decisiones.
Montserrat ha reclamado al Gobierno que “aclare de forma inmediata esta situación, garantice el pleno respeto al Derecho de la Unión Europea y actúe con transparencia y responsabilidad”.
Dolors Montserrat: «La regularización masiva rompe la política migratoria europea»
El Partido Popular ha denunciado en el Parlamento Europeo el peligro que supone la regularización masiva de inmigrantes irregulares impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, alertando de sus graves consecuencias para el conjunto de la Unión Europea.
La vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha advertido de que se trata de una regularización que el Ejecutivo pretende imponer “a ciegas, sin verificar antecedentes penales ni policiales y sin debate en el Parlamento nacional”. A su juicio, la medida constituye un “atentado contra la política migratoria europea” porque “sabotea el Pacto de Migración y Asilo, abre una brecha de seguridad en Schengen, alimenta a las mafias y dispara el efecto llamada”.
Montserrat ha subrayado que la decisión es unilateral y con impacto directo en los 27 Estados miembros. “Dar papeles sin garantizar integración real ni futuro laboral no mejora la vida de nadie; aumenta la economía sumergida, tensiona los servicios públicos y genera frustración social”, ha señalado. Asimismo, ha preguntado al comisario europeo Magnus Brunner si es consciente de que, en 48 horas, los regularizados podrían circular libremente por el espacio Schengen.
Por su parte, el eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, ha advertido de la confusión que la propuesta española está generando entre los socios europeos. “No vamos a participar en el disparate ni en la polarización. La política migratoria debe ser firme, responsable y conforme a la ley”, ha afirmado, defendiendo que cualquier regularización debe hacerse caso por caso, con arraigo efectivo, vinculación al empleo y garantías jurídicas.
En la misma línea, el eurodiputado Juan Ignacio Zoido ha calificado la iniciativa como “la enésima cortina de humo de un Gobierno en crisis”, criticando que se pretenda aprobar sin debate en el Congreso de los Diputados y con requisitos que, a su juicio, no garantizan seguridad ni integración.
El Partido Popular ha defendido ante la Eurocámara un modelo migratorio “legal, ordenado y coordinado con nuestros socios europeos”, basado en el respeto al Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y la cooperación en el marco comunitario.
“España no puede actuar de forma unilateral con consecuencias masivas para el resto de la Unión. La inmigración requiere responsabilidad, legalidad y coordinación europea”, han concluido los representantes populares.
Millones europeos, vías abandonadas y víctimas: Dolors Montserrat exige respuestas.
El Partido Popular ha solicitado una evaluación detallada del uso de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) destinados al mantenimiento y modernización de las vías de ferrocarril en España, a la luz de los datos revelados tras los descarrilamientos de Adamuz y Gelida, donde han muerto 46 personas y más de un centenar de personas resultaron heridas.
La vicepresidenta del Grupo PPE Dolors Montserrat y el eurodiputado Borja Giménez Larraz han registrado dos preguntas escritas ante la Comisión Europea en las que solicita un análisis en profundidad de en qué se han destinado los millones de euros que la UE ha invertido en la red ferroviaria española, habida cuenta del colapso que está registrado el sistema.
En la primera pregunta, recuerdan que ADIF es el principal beneficiario del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en España, con más de 5.800 millones de euros recibidos desde 2021, convirtiéndose en el mayor perceptorde fondos Next Generation del país. Sin embargo, los datos conocidos indican que el 84 % del gasto en alta velocidad se ha destinado a nuevas infraestructuras, frente a solo un 16 % dedicado al mantenimiento y conservación de la red existente, pese a que varias de las principales líneas superan ya los veinte años de servicio y soportan hoy un tráfico muy superior al inicialmente previsto.
Este desequilibrio ha desembocado en un aumento significativo de incidencias técnicas, advertencias de profesionales del sector y, recientemente, con una serie de accidentes e incidentes que ya se han cobrado víctimas mortales. Por ello, preguntan a la Comisión cómo valora que la mayor parte de los fondos europeos se concentren en nuevas infraestructuras en lugar de en el mantenimiento, a la luz del envejecimiento de las líneas, los problemas registrados y los accidentes en la red. Asimismo, cuestionan si esta distribución del gasto es coherente con los objetivos del MRR en materia de seguridad, resiliencia y sostenibilidad a largo plazo de las infraestructuras ferroviarias.
CONSECUENCIAS DE LA LIBERIZACIÓN TRANSPORTE FERROVIARIO
En una segunda pregunta, Montserrat y Giménez Larraz abordan el impacto de la liberalización del transporte ferroviario de alta velocidad sobre la infraestructura. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la alta velocidad transportó cerca de 40 millones de pasajeros en 2024, un 22 % más que en 2023 y un 77 % más que en 2019, antes de la apertura del mercado. Este fuerte crecimiento ha incrementado las frecuencias y la circulación de trenes con mayor carga por eje, intensificando la presión sobre una red que, en varios corredores, supera los veinte años de antigüedad.
Ante este contexto, demandan si la Comisión Europea ha evaluado si los hitos y objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia de España garantizan que los fondos del MRR se destinen de forma suficiente al mantenimiento, adaptación y modernización de la red ferroviaria, en coherencia con el fuerte aumento del tráfico. Además, plantean si la Comisión prevé utilizar los mecanismos de condicionalidad del MRR para asegurar que los fondos europeos destinados al ferrocarril contribuyan efectivamente a reforzar la seguridad de la infraestructura y a su adecuación a la nueva realidad de explotación.
A juicio del PP, la seguridad ferroviaria y la sostenibilidad de las infraestructuras deben ser una prioridad en el uso de los fondos europeos, especialmente en un contexto de crecimiento del tráfico y de envejecimiento de la red.