Dolors Montserrat destaca la entrada en la UE como clave del progreso de España.
La eurodiputada del Partido Popular y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha subrayado la vinculación histórica, política y democrática entre España y Europa, afirmando que “la historia de Europa no se entendería sin España, pero la historia de España tampoco sería la misma sin Europa”.
Montserrat ha recordado que, tras la Transición democrática, la entrada de España en la Unión Europea supuso “el inicio de un futuro compartido”, consolidando la democracia, el progreso económico y la plena integración de nuestro país en el proyecto europeo. “Si la Transición fue la conquista de la democracia, la adhesión a la UE marcó el camino de estabilidad, libertad y oportunidades para millones de españoles”, ha señalado.
La dirigente popular ha destacado que el proyecto europeo no es un logro garantizado ni irreversible, sino una conquista que exige compromiso diario. “Europa no se hereda: se defiende cada día”, ha afirmado, apelando a la responsabilidad de las instituciones y de los ciudadanos para proteger los valores fundacionales de la Unión: la democracia, el Estado de derecho, la libertad y la igualdad entre europeos.
El Partido Popular defiende una España protagonista en Europa, comprometida con el fortalecimiento del proyecto común, la defensa de las libertades, la cohesión entre Estados miembros y la construcción de un futuro compartido basado en el respeto, la cooperación y la solidaridad.
Dolors Montserrat: «No podemos permitir que un brote en fauna silvestre ponga en riesgo miles de empleos».
La secretaria general del PPE y vicepresidenta del grupo PPE en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y la vicecoordinadora de Agricultura del PPE, Carmen Crespo, han registrado una batería de preguntas escritas dirigidas a la Comisión Europea para reclamar una actuación inmediata y coordinada que proteja al sector porcino ante el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña.
El foco, confirmado por ahora en 2 jabalíes en la zona de Collserola, ha provocado la activación de cierres preventivos en más de sesenta municipios, el bloqueo temporal de unos 120 certificados de exportación y una creciente inquietud en un sector clave para la economía española. España es actualmente el primer productor de carne de cerdo de la Unión Europea y exporta anualmente en torno a 8.784 millones de euros.
Por esta razón, las eurodiputadas han alertado al Ejecutivo comunitario del “riesgo económico inmediato” al que se enfrentan ganaderos, industria y exportadores si las restricciones comerciales se prolongan a la vez que han reclamado tanto al Gobierno de España como a Bruselas para activar instrumentos de apoyo financiero extraordinario que ayude a los ganaderos afectados.
En sus preguntas, piden a la Comisión que aclare si prevé movilizar fondos europeos, incluidos FEAGA, FEADER o la Reserva Agrícola de Crisis, para cofinanciar indemnizaciones por sacrificios, compensaciones por la paralización comercial u obligaciones reforzadas de bioseguridad. Asimismo, instan al Ejecutivo comunitario a valorar la introducción de flexibilizaciones temporales en las normas de ayudas de Estado, de manera que se puedan compensar “con rapidez y suficiencia” los perjuicios económicos derivados del brote.
Las eurodiputadas también preguntan a la Comisión si el Gobierno de España ha activado de forma inmediata los mecanismos de coordinación con Bruselas y con la Generalitat de Cataluña para reforzar los sistemas de control, gestión de fauna silvestre y bioseguridad. En este sentido, solicitan saber si el Ejecutivo español ha pedido el envío de equipos europeos de evaluación veterinaria para verificar la contención del virus y asesorar en la aplicación de medidas complementarias.
Impacto comercial y diplomático
Montserrat y Crespo exigen a la Comisión que explique qué acciones diplomáticas está llevando a cabo, junto al Gobierno de España, para evitar bloqueos comerciales desproporcionados y para actualizar directrices europeas en materia de regionalización sanitaria, un instrumento clave para evitar vetos totales a exportaciones procedentes de zonas no afectadas.
Finalmente, reclaman saber si Bruselas contempla activar ayudas excepcionales de mercado, en virtud del artículo 219 del Reglamento de la Organización Común de Mercados, a fin de mitigar el impacto económico que podría sufrir un sector “estratégico e indispensable para la economía española”.
“Cataluña es una potencia agroalimentaria y no podemos permitir que un brote circunscrito a la fauna silvestre ponga en riesgo miles de empleos y a un sector estratégico para toda España y para Europa, por lo que la Comisión debe actuar con la máxima urgencia y movilizar todos los recursos disponibles. Es imprescindible una coordinación real entre el Gobierno de España, la Generalitat y la Comisión Europea. No podemos repetir los errores de gestión que hemos visto en otras crisis sanitarias y ambientales”, advirtió Montserrat.
Por su parte, Crespo reclama al Gobierno de España “la activación urgente de ayudas de la PAC, un mayor refuerzo de los servicios de sanidad animal y personal veterinario, máxima bioseguridad, así como una rectificación inmediata de la falta de políticas de control cinegético, puesto que es evidente que la mala gestión en este sentido, especialmente del jabalí, ha contribuido a que esta enfermedad reaparezca en España”.
Estos momentos, exigimos “la máxima responsabilidad, transparencia y una coordinación real del Gobierno de España con las comunidades autónomas y con Europa”. Sin duda, urge “negociar y firmar acuerdos de regionalización con los principales países importadores, de manera que sólo se inmovilicen las zonas afectadas y el resto del territorio pueda seguir exportando con todas las garantías sanitarias. Esa defensa activa de nuestro sector es urgente y no puede esperar”.
Montserrat logra que la Comisión Europea analice el contrato de Interior con Huawei.
La Comisión Europea llevará a cabo una “revisión general” de los contratos nacionales con Huawei en “sectores críticos” por ser un “proveedor de alto riesgo”. La decisión se produce tras una pregunta escrita de la vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, quien alertó este verano sobre el contrato adjudicado por el Ministerio del Interior a Huawei para suministrar infraestructura de almacenamiento del sistema SITEL, que gestiona interceptaciones telefónicas judiciales y cooperaciones policiales internacionales. Montserrat señaló que este contrato ponía en riesgo “la seguridad judicial y la integridad de la cooperación internacional en materia de inteligencia, al depender de un proveedor calificado por la UE como de alto riesgo”.
En su respuesta, la vicepresidenta ejecutiva Virkkunen recordó que en la Comunicación de junio de 2023 titulada «Aplicación del conjunto de instrumentos de la UE para la ciberseguridad de las redes 5G», la Comisión determinó que Huawei y ZTE presentan riesgos significativamente superiores a otros proveedores y que las restricciones adoptadas por los Estados miembros para limitar su uso son justificadas y conformes con el marco europeo de seguridad de redes.
Virkkunen indicó además que, en línea con la estrategia ProtectEU de abril de 2025, la próxima revisión del Reglamento sobre Ciberseguridad examinará de manera más general la seguridad de las cadenas de suministro de TIC y sus infraestructuras, con el objetivo de evitar dependencias críticas de proveedores de alto riesgo y reducir los riesgos asociados en sectores estratégicos, como los sistemas judiciales y de inteligencia.
Dolors Montserrat considera necesario “garantizar que ningún contrato con proveedores de alto riesgo comprometa la fiabilidad de España como socio en la cooperación europea e internacional”, por lo que la revisión anunciada por la CE es “una medida imprescindible para proteger la soberanía tecnológica y la seguridad de los ciudadanos europeos”.
La eurodiputada recordó que este tipo de contratos “no solo afectan a la seguridad nacional, sino también a la confianza de los socios europeos en la integridad de nuestras comunicaciones e infraestructuras críticas” y urgió a que se establezcan criterios vinculantes para la extensión de los principios de seguridad de 5G a otros sectores críticos de TIC.
El Gobierno de España mantiene una política errática sobre su relación con Huawei a pesar de las advertencias de la Comisión sobre el riesgo que supone utilizar esta compañía, pues además del contrato del Ministerio del Interior para servidores que almacenan escuchas judiciales, también firmó otro para suministrar e instalar equipos en la red académica RedIRIS, que fue posteriormente cancelado, y un tercero para proveer cabinas de almacenamiento utilizadas por la Seguridad Social, que ha defendido aduciendo que se enfoca en el almacenamiento de información de “tercer nivel” y no datos personales o críticos.
Dolors Montserrat advierte a la UE: «El Gobierno socialista pone en riesgo la libertad de información en España».
La eurodiputada y vicepresidenta del Grupo del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha enviado una carta a los comisarios europeos Michael McGrath y Henna Virkkunen para alertarles sobre el constante hostigamiento y ataques públicos contra periodistas en España, así como sobre la falta de transparencia en la publicidad institucional y las reformas legislativas previstas que pueden afectar directamente a la libertad de prensa.
En su misiva, Montserrat advierte que miembros del Gobierno español, incluido el ministro de Transportes, Óscar Puente, han señalado y descalificado públicamente a periodistas por informar sobre casos judiciales o políticos sensibles. Entre los ejemplos citados se encuentran David Alandete (ABC), criticado por preguntar al presidente estadounidense sobre la contribución de España a la OTAN; Ketty Garat (The Objective), descalificada personalmente y a su medio; y Elisa Beni, hostigada de manera continuada en redes sociales.
“Estos casos muestran un patrón preocupante: periodistas señalados, insultados y hostigados públicamente por miembros del Gobierno o de formaciones políticas, lo que genera un entorno de intimidación que amenaza la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a la información”, planteó Montserrat.
A esta preocupante situación se suma la reciente agresión sufrida por el periodista de El Español, José Ismael Martínez, atacado violentamente por un grupo de radicales abertzales mientras ejercía su labor informativa en la Universidad de Navarra. “Resulta especialmente alarmante que, pese a la gravedad de los hechos y al profundo impacto que este suceso ha generado entre los profesionales de la información, el Gobierno no haya condenado públicamente esta agresión ni expresado su apoyo al periodista atacado. Este silencio institucional no solo ampara implícitamente la violencia contra los medios, sino que además envía un mensaje desalentador a quienes informan desde el terreno sobre cuestiones de interés público”, indica Montserrat.
Asimismo, Montserrat alerta sobre el anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información, que permitiría a jueces identificar fuentes de información mediante medidas de vigilancia intrusiva, generando preocupación entre periodistas de investigación y tribunales de medios como El Confidencial, El Mundo, La Vanguardia, El Diario.es, El Periódico, The Objective y El Español. Los profesionales advierten que la ley podría amordazar el periodismo de investigación y restringir la publicación de informaciones de interés público.
La eurodiputada también denuncia que el Plan de Acción por la Democracia, aprobado por el Gobierno en 2024 para combatir la desinformación y mejorar la calidad democrática, ha servido en realidad para centralizar la asignación de publicidad institucional bajo criterios discrecionales. Según Montserrat, esto permite que la administración beneficie a medios afines y perjudique a los críticos, mientras se ocultan los montos adjudicados y no se responde a solicitudes de información, pese a existir leyes de transparencia.
La carta solicita a la Comisión Europea que realice un seguimiento estrecho de la situación de la libertad de prensa en España, que se asegure de que los poderes públicos respeten la independencia de los medios y que examine la compatibilidad del anteproyecto de ley con los estándares europeos de protección de fuentes y libertad de información.
Montserrat concluye recordando que la defensa de la libertad de prensa es un pilar fundamental del Estado de Derecho y de la democracia, y que garantizar el ejercicio seguro del periodismo es esencial para la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Dolors Montserrat: «Limitar la acusación popular es el sueño de todo corrupto».
La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha presentado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para que evalúe si la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, se ajusta al Derecho de la Unión Europea y a los valores del Estado de derecho consagrados en los artículos 2 y 19 del Tratado de la UE.
El texto de la pregunta alerta de que la reforma, que atribuye la instrucción penal al Ministerio Fiscal —cuyo fiscal general es nombrado por el Ejecutivo— y limita el ejercicio de la acusación popular, puede comprometer la independencia judicial, la separación de poderes y la tutela judicial efectiva.
Dolors Montserrat subraya que, pese a que la Comisión Europea había recomendado reforzar la independencia judicial y acelerar las reformas contra la corrupción, el Gobierno vuelve a jugar con la Ley a su antojo y ha aprobado una norma que acentúa la dependencia del Ministerio Fiscal respecto del Ejecutivo y restringe los mecanismos de control ciudadano, debilitando la lucha contra la corrupción y el fraude.
En la misma línea, asociaciones judiciales y fiscales han advertido que la transferencia de la instrucción a la Fiscalía, sin garantizar su autonomía real, “supone un riesgo de politización y pérdida de imparcialidad”.
La eurodiputada del PP solicita a la Comisión que determine si la nueva ley es compatible con el acervo comunitario y que interpele cuanto antes al Gobierno de España antes de su entrada en vigor para garantizar el respeto pleno al Estado de derecho, en el marco de la interacción prevista en el último informe llevado a cabo anualmente por el Ejecutivo comunitario.
El Artículo 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE) obliga a los Estados miembros a mantener un poder judicial independiente e imparcial, capaz de garantizar la aplicación del Derecho de la Unión y la tutela judicial efectiva. El TJUE lo ha interpretado extensamente en su jurisprudencia para afirmar que la independencia judicial es parte esencial del Estado de derecho y requisito de pertenencia a la UE.
“La independencia judicial no es un asunto que debe decidir el gobierno, es una exigencia en toda democracia europea. Tenemos que garantizar que ninguna reforma procesal ponga en duda la imparcialidad de los fiscales ni la tutela judicial efectiva que protege a todos los ciudadanos europeos”, manifestó Montserrat.
En este sentido, Dolors Montserrat criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende reformar la justicia para controlarla. “Convertir a los fiscales en investigadores bajo una jerarquía política es dar un paso atrás en independencia judicial y en transparencia democrática. Pero, además, limitar la acusación popular es un grave error porque este sistema, muy usado en España, ha sido clave para destapar grandes casos de corrupción”, añadió.
“Una justicia fuerte e independiente es la mejor garantía contra el abuso de poder. Pero la reforma presentada sólo parece diseñada para debilitar nuestro sistema que está, ahora mismo, en pleno trabajo para desenmascarar varias tramas de corrupción relacionadas con el Gobierno de Pedro Sánchez”, planteó la eurodiputada.
Del pacto al puñal: el PP rompe con VOX tras colocar la bandera de España.
El alcalde de Montserrat del Partido Popular, Sergio Vilar, ha roto el pacto de gobierno en el municipio al expulsar al concejal de VOX Carlos Martínez, por colocar la bandera española en los edificios públicos por el día de la Hispanidad.
El concejal de VOX, colocó banderas de España en distintos edificios públicos municipales —entre ellos el antiguo ayuntamiento, la Casa de la Cultura y el retén de la Policía Local— con autorización previa del propio alcalde, para conmemorar el 12 de octubre. Sin embargo, a las pocas horas, la Policía Local, por orden directa del alcalde, procedía a retirar las enseñas nacionales, “provocando la indignación de vecinos y testigos que no daban crédito a semejante humillación”.
El PP ha justificado la retirada de la bandera diciendo que “igual que no se cuelga la bandera del orgullo gay, tampoco se debe colgar la bandera de España”, equiparando la bandera de un lobby, ideológica y no oficial, con la bandera constitucional que representa a todos los españoles, sin distinción de ideología, credo o condición.
Vox Montserrat asegura que “esta represalia política y personal es el reflejo de un comportamiento irracional, movido por el orgullo herido y la vergüenza de haber quedado retratados ante los vecinos como un partido que no defiende los valores que dice representar”.
El Partido Popular de Montserrat ha roto un pacto de gobierno que existía gracias a que el Grupo Municipal de VOX, con trabajo y responsabilidad, permitió al PP alcanzar la alcaldía tras una moción de censura. Y lo ha hecho por impulsos personales y complejos ideológicos, demostrando que sus dirigentes locales anteponen su imagen a los principios.
Asimismo, el PP de Montserrat, con su orden de retirar las banderas de España y la expulsión de quien las colocó, ha traicionado, no solo a su socio de gobierno, sino a todos los ciudadanos que creyeron que el PP defendía la unidad de España y el respeto a sus símbolos.
El Grupo Municipal VOX Monserrat se mantiene firme y cohesionado, y no va a aceptar ningún tipo de discriminación hacia ninguno de sus miembros. “Continuaremos trabajando desde la oposición en defensa de los intereses de nuestros vecinos y promoviendo los principios de nuestro programa y no defraudaremos la confianza depositada en nosotros por los votantes de VOX”, han manifestado.
Dolors Montserrat: «El rescate de Air Europa vulnera la libre competencia y la neutralidad».
La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha registrado ante la Comisión Europea dos preguntas parlamentarias relacionadas con la cuestionable actuación del Gobierno español en el rescate de Air Europa por 474 millones de euros, puesto que el presidente Pedro Sánchez votó a favor del rescate a una empresa que patrocinaba el negocio de su mujer.
En sus preguntas, Montserrat cuestiona la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), órgano dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, que ha resuelto que el presidente del Gobierno no tenía obligación de abstenerse en la aprobación del rescate, pese a que la justicia nacional había requerido una investigación exhaustiva sobre el hecho de que Sánchez respaldó una empresa que patrocinaba el negocio de su esposa.
“Este caso suscita dudas sobre la independencia e imparcialidad de un organismo que, estando jerárquicamente sujeto al propio Gobierno, debe resolver sobre la conducta del jefe del Ejecutivo. Es exactamente como poner al zorro a cuidar del gallinero”, indicó Montserrat.
Montserrat recuerda para ello que la jurisprudencia europea y los estándares de GRECO exigen que los órganos de prevención de conflictos de intereses gocen de independencia real. “La independencia del órgano y por tanto de la decisión no está garantizada en estas circunstancias”, alertó.
En su pregunta, Montserrat solicita a la Comisión Europea que aclare si considera que la OCI cumple con las exigencias de independencia e imparcialidad del Estado de Derecho y qué medidas adoptará para garantizar investigaciones autónomas y eficaces en los Estados miembros.
Asimismo, Montserrat plantea a la Comisión las posibles repercusiones del rescate de Air Europa en el mercado interior europeo, en las circunstancias que se produjo. Señala que la decisión fue adoptada en el Consejo de Ministros presidido por Sánchez, mientras su esposa dirigía un centro universitario que firmó acuerdos de patrocinio con Wakalua, hub de innovación del grupo Globalia, matriz de Air Europa.
La eurodiputada pregunta si estos vínculos familiares podrían vulnerar los principios de neutralidad y libre competencia y qué salvaguardias adicionales considera necesarias la Comisión para garantizar la transparencia en la concesión de ayudas de Estado.
