El Partido Popular ha denunciado en el Parlamento Europeo el peligro que supone la regularización masiva de inmigrantes irregulares impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, alertando de sus graves consecuencias para el conjunto de la Unión Europea.
La vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha advertido de que se trata de una regularización que el Ejecutivo pretende imponer “a ciegas, sin verificar antecedentes penales ni policiales y sin debate en el Parlamento nacional”. A su juicio, la medida constituye un “atentado contra la política migratoria europea” porque “sabotea el Pacto de Migración y Asilo, abre una brecha de seguridad en Schengen, alimenta a las mafias y dispara el efecto llamada”.
Montserrat ha subrayado que la decisión es unilateral y con impacto directo en los 27 Estados miembros. “Dar papeles sin garantizar integración real ni futuro laboral no mejora la vida de nadie; aumenta la economía sumergida, tensiona los servicios públicos y genera frustración social”, ha señalado. Asimismo, ha preguntado al comisario europeo Magnus Brunner si es consciente de que, en 48 horas, los regularizados podrían circular libremente por el espacio Schengen.
Por su parte, el eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, ha advertido de la confusión que la propuesta española está generando entre los socios europeos. “No vamos a participar en el disparate ni en la polarización. La política migratoria debe ser firme, responsable y conforme a la ley”, ha afirmado, defendiendo que cualquier regularización debe hacerse caso por caso, con arraigo efectivo, vinculación al empleo y garantías jurídicas.
En la misma línea, el eurodiputado Juan Ignacio Zoido ha calificado la iniciativa como “la enésima cortina de humo de un Gobierno en crisis”, criticando que se pretenda aprobar sin debate en el Congreso de los Diputados y con requisitos que, a su juicio, no garantizan seguridad ni integración.
El Partido Popular ha defendido ante la Eurocámara un modelo migratorio “legal, ordenado y coordinado con nuestros socios europeos”, basado en el respeto al Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y la cooperación en el marco comunitario.
“España no puede actuar de forma unilateral con consecuencias masivas para el resto de la Unión. La inmigración requiere responsabilidad, legalidad y coordinación europea”, han concluido los representantes populares.
