La diputada del Partido Popular en el Congreso, Ana Vázquez Blanco, ha denunciado la “opacidad” del Gobierno de Pedro Sánchez tras conocerse la respuesta oficial del Ejecutivo a una solicitud parlamentaria de documentación sobre el proceso de regularización masiva de inmigrantes.
“Acojonante”, ha expresado Vázquez Blanco en sus redes sociales, donde ha criticado duramente que el Gobierno haya decidido declarar “secreta o reservada” toda la documentación e informes relacionados con esta regularización extraordinaria.
Según la respuesta remitida por el Ejecutivo al Congreso de los Diputados, el Ministerio del Interior asegura que los documentos solicitados están afectados por la legislación sobre materias clasificadas y que, conforme a dicha normativa, determinados informes y acuerdos tienen la consideración de “SECRETO o RESERVADO”.
Además, el Gobierno reconoce que al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones “no le consta la existencia” de los informes solicitados por los diputados del Partido Popular.
Para Ana Vázquez, esta situación evidencia una “gravísima falta de transparencia” por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
“El Gobierno acaba de declarar secreto o reservado todos los informes y documentación sobre la regularización masiva de inmigrantes”, ha denunciado.
La diputada popular también ha criticado que el Ministerio del Interior “no envió ningún informe al Ministerio de Inclusión” durante el proceso de elaboración de la reforma normativa vinculada a la regularización extraordinaria.
“Nos ocultan el número, los antecedentes penales y policiales hasta dentro de 35 años”, ha advertido Vázquez Blanco, quien ha acusado al Ejecutivo de actuar “con total oscurantismo”.
Desde el Partido Popular han reclamado al Gobierno explicaciones inmediatas sobre los criterios utilizados para clasificar esta documentación y han exigido transparencia sobre un asunto “de enorme relevancia para la seguridad, la política migratoria y el control de fronteras”.
Asimismo, el PP ha insistido en que los ciudadanos tienen derecho a conocer el alcance real de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en materia migratoria y ha advertido de que seguirá utilizando todos los mecanismos parlamentarios para fiscalizar la actuación del Gobierno.
