Ester Muñoz: «España no puede ser un agujero de seguridad en Europa»
El Partido Popular ha advertido de los riesgos para la seguridad derivados de los procesos de regularización impulsados por el Gobierno, así como de la falta de transparencia en materia migratoria.
La portavoz del GPP en el Congreso, Ester Muñoz, ha alertado de que el comisario europeo de Interior ya ha advertido de que los inmigrantes regularizados en España no podrán asentarse en otros países de la Unión Europea, aunque sí podrán circular libremente.
“Considera que España no puede convertirse en un punto débil para la seguridad, ni para nuestro país ni para el conjunto de la Unión Europea”, ha señalado.
Advertencias sobre seguridad
Muñoz ha recordado que documentos oficiales, como la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, ya alertan de posibles conexiones entre redes yihadistas y el tráfico de personas.
“El Partido Popular denuncia la doble vara de medir del Gobierno: lo que reconocen en documentos oficiales lo niegan cuando lo señala la oposición”, ha afirmado.
Falta de transparencia del Gobierno
La portavoz popular ha criticado la falta de información sobre el número de personas que han obtenido la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática.
“El Partido Popular lleva meses solicitando datos sin obtener respuesta, lo que refleja una preocupante opacidad del Ejecutivo”, ha indicado.
En este sentido, ha anunciado la presentación de una solicitud de amparo en el Congreso para exigir al Gobierno que facilite esta información.
Críticas a la regularización masiva
Muñoz ha cuestionado la regularización impulsada por el Ejecutivo, advirtiendo de que se está llevando a cabo sin controles suficientes y sin alinearse con el Pacto de Asilo e Inmigración de la Unión Europea.
“El Partido Popular defiende una política migratoria ordenada, con garantías y dentro del marco europeo”, ha subrayado.
Otros asuntos de actualidad
La portavoz del GPP también ha abordado otras cuestiones:
- Ha criticado la falta de coherencia del Gobierno en materia de libertad religiosa
- Ha defendido la importancia de la OTAN para la seguridad de España
- Ha respaldado la comisión de investigación sobre RTVE para garantizar la transparencia
- Ha señalado avances en las negociaciones políticas en distintas instituciones
Compromiso con la seguridad y la transparencia
El Partido Popular reafirma su compromiso con la seguridad, la transparencia institucional y el respeto a las normas europeas, defendiendo una gestión responsable y eficaz de los asuntos públicos.
Alejandro Gómez desmonta el discurso migratorio: «El problema es el paro»
El presidente provincial de VOX en Santa Cruz de Tenerife y portavoz del grupo municipal, Alejandro Gómez, ha cuestionado el discurso que presenta la inmigración como un elemento imprescindible para el sostenimiento económico y demográfico de Canarias.
Gómez ha señalado que este planteamiento, a su juicio, responde a una visión “simplista” que no refleja la realidad social y económica del archipiélago, defendiendo la necesidad de abordar este debate desde datos objetivos.
En este contexto, el dirigente de VOX ha recordado que en Santa Cruz de Tenerife existen aproximadamente 16.000 personas en situación de desempleo. Según ha indicado, esta cifra evidencia que el problema principal no es la falta de población, sino la falta de oportunidades laborales para los residentes.
Asimismo, ha subrayado que Canarias continúa registrando una de las tasas de paro más elevadas de España, con alrededor de 145.000 desempleados, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Para Gómez, estos datos reflejan un problema estructural ligado al empleo, los salarios y las condiciones económicas.
El presidente provincial ha advertido de que vincular el futuro de Canarias exclusivamente a la inmigración deja en segundo plano cuestiones clave como el empleo precario, la dificultad de acceso a la vivienda o la falta de oportunidades para los jóvenes.
Además, ha mostrado su preocupación por el aumento de la inmigración ilegal y la llegada de personas a las costas canarias, señalando que este fenómeno genera inquietud entre parte de la población.
Por último, Gómez ha insistido en que el debate sobre el futuro de Canarias debe centrarse en políticas que fomenten el empleo, apoyen a las familias y mejoren las oportunidades para los ciudadanos, apostando por un enfoque que, según ha defendido, priorice las necesidades de los residentes.
Ester Muñoz: «El Gobierno veta controlar antecedentes en inmigración»
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha denunciado el veto del Gobierno a una enmienda del Partido Popular que proponía hacer obligatoria la comprobación de antecedentes policiales y penales en los procesos de regularización de inmigrantes.
Muñoz ha advertido de que esta decisión impide garantizar un proceso “ordenado y seguro”, asegurando que la iniciativa del Partido Popular buscaba evitar que personas con antecedentes delictivos pudieran reincidir en España.
Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo haya impedido que esta enmienda sea debatida en el Congreso, señalando que “sabía que contaba con mayoría suficiente para salir adelante”.
La dirigente popular ha subrayado la necesidad de que cualquier regularización se realice con controles efectivos y conforme al marco legal europeo, garantizando la seguridad jurídica y la protección de los ciudadanos.
En este sentido, ha señalado que el actual proceso de regularización genera preocupación por la falta de mecanismos de verificación suficientes, en un contexto en el que se prevé regularizar a cientos de miles de personas en España.
Muñoz ha denunciado además la situación de bloqueo institucional, señalando la ausencia de presupuestos y las dificultades para tramitar iniciativas parlamentarias, lo que, a su juicio, limita la capacidad de control y decisión de las Cortes Generales.
Por otro lado, ha reclamado al Gobierno que reabra el diálogo parlamentario para mejorar las medidas económicas y sociales, incluyendo propuestas como la actualización del IRPF para aliviar la presión fiscal sobre las familias.
El Partido Popular defiende una política migratoria ordenada, con controles efectivos, seguridad jurídica y respeto al marco europeo, así como una política económica que proteja a las familias y refuerce el crecimiento.
David Muñoz: «El 70% de los nuevos empadronados en 2025 en la Comunidad Valenciana son inmigrantes»
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, David Muñoz, se ha dirigido a la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, para preguntarle «si tiene el Consell prevista alguna estrategia para frenar el plan de reemplazo poblacional impulsado por el Gobierno de España.»
A continuación, el portavoz adjunto ha recordado que «en la Comunidad Valenciana, 1 de cada 5 residentes es extranjero y el 70% de los nuevos empadronados en el último trimestre de 2025 son inmigrantes, lo que supone el mayor crecimiento poblacional de España.»
«Es un plan organizado y ejecutado desde el Gobierno de Pedro Sánchez. A principios de este año anunciaron una nueva regularización masiva de inmigrantes ilegales. Un total de 500.000 personas de las que desconocemos sus antecedentes penales y que no vienen precisamente a pagar nuestras pensiones.»
A continuación Muñoz ha explicado que «desgraciadamente ya hemos vivido más procesos regulatorios como el que está impulsando Sánchez. Por tanto, frente a este plan de reemplazo poblacional solo podemos oponernos frontalmente. El bipartidismos es el culpable de este reemplazo de españoles por extranjeros.»
Por otro lado, se ha dirigido al Partido Popular y mostrando un gráfico sobre nacionalizaciones del bipartidismo ha afirmado que «aquí pueden comprobar como no han sido precisamente ustedes un dique de contención frente a la importación de inmigrantes ilegales que necesita España, más bien han sido soporte y apoyo de esas políticas de puertas abiertas que tanto daño nos están haciendo.»
Finalmente, ha hecho hincapié en que «las consecuencias de todo esto las estamos viendo en nuestros barrios: el 40% de los detenidos o investigados en la Comunidad Valenciana son extranjeros y casi el 35% de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual fueron cometidos también por extranjeros. No podemos seguir promoviendo la delincuencia.»
Inma Sanz acusa al Gobierno de perder el control de Barajas y de las fronteras.
La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha defendido la necesidad de que la inmigración sea “ordenada, legal y regularizada”, asegurando que la actual gestión del Gobierno central está generando un impacto directo en los servicios públicos y en la seguridad.
Durante sus declaraciones, Sanz ha afirmado que España tiene la obligación de defender sus fronteras y ha señalado que, en su opinión, el sistema actual presenta importantes deficiencias de control. “Nuestras fronteras en estos momentos son un coladero total y absoluto”, ha manifestado, haciendo referencia tanto a las entradas por el sur del país como a la situación en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La vicealcaldesa ha expresado su preocupación por la falta de información sobre la situación administrativa de las personas que llegan y sobre el seguimiento posterior una vez abandonan los dispositivos de acogida, citando como ejemplo el cuartel de Arteaga, en Carabanchel.
Sanz ha calificado la gestión del Ejecutivo central como “irresponsable” y ha reiterado que el Ayuntamiento de Madrid continuará exigiendo mayor control y coordinación. Asimismo, ha advertido de posibles irregularidades en procesos de regularización, aludiendo a las advertencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre el riesgo de fraude documental.
Desde el Gobierno municipal insisten en que la política migratoria debe garantizar orden, legalidad y seguridad jurídica, al tiempo que asegure la adecuada prestación de los servicios públicos.
Rafa Millán rechaza que El Prat financie asesoramiento migratorio con impuestos de los vecinos.
El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat ha denunciado públicamente la reciente partida presupuestaria de casi 120.000 euros destinada al servicio de asesoramiento jurídico en materia de extranjería. La formación critica que el equipo de gobierno priorice este gasto externo mientras la presión fiscal sobre las familias y comercios del municipio sigue en aumento.
Para VOX, este gasto es un ejemplo claro de la «gestión ideológica» del consistorio, que prefiere destinar recursos públicos a facilitar trámites de regularización en lugar de aliviar la carga económica de los ciudadanos que sostienen el municipio con sus impuestos.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Rafa Millán, ha lamentado que el gobierno local mantenga una política de «puertas abiertas» financiada por el bolsillo de los pratenses: «Es una falta de respeto hacia nuestros vecinos. No se puede permitir que, mientras los pratenses son cosidos a impuestos y tienen dificultades para llegar a fin de mes, el Ayuntamiento dedique 120.000 euros a servicios que no benefician directamente a quienes llevan años contribuyendo al bienestar de nuestra ciudad«.
Millán ha sido tajante al exigir un cambio radical en la gestión de las prioridades municipales, subrayando que el dinero público debe revertir en la mejora de los servicios básicos, la seguridad y la bajada de tributos locales. «Desde VOX lo tenemos muy claro: todos los recursos del consistorio deben gastarse en los vecinos de El Prat de Llobregat. Nuestra prioridad son las familias de aquí, nuestros autónomos y nuestros barrios. No vamos a ser cómplices de un sistema que premia la inmigración ilegal con el dinero de unos contribuyentes que cada vez reciben menos a cambio de su esfuerzo«, ha concluido el portavoz.
Dolors Montserrat: «La regularización masiva rompe la política migratoria europea»
El Partido Popular ha denunciado en el Parlamento Europeo el peligro que supone la regularización masiva de inmigrantes irregulares impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, alertando de sus graves consecuencias para el conjunto de la Unión Europea.
La vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha advertido de que se trata de una regularización que el Ejecutivo pretende imponer “a ciegas, sin verificar antecedentes penales ni policiales y sin debate en el Parlamento nacional”. A su juicio, la medida constituye un “atentado contra la política migratoria europea” porque “sabotea el Pacto de Migración y Asilo, abre una brecha de seguridad en Schengen, alimenta a las mafias y dispara el efecto llamada”.
Montserrat ha subrayado que la decisión es unilateral y con impacto directo en los 27 Estados miembros. “Dar papeles sin garantizar integración real ni futuro laboral no mejora la vida de nadie; aumenta la economía sumergida, tensiona los servicios públicos y genera frustración social”, ha señalado. Asimismo, ha preguntado al comisario europeo Magnus Brunner si es consciente de que, en 48 horas, los regularizados podrían circular libremente por el espacio Schengen.
Por su parte, el eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, ha advertido de la confusión que la propuesta española está generando entre los socios europeos. “No vamos a participar en el disparate ni en la polarización. La política migratoria debe ser firme, responsable y conforme a la ley”, ha afirmado, defendiendo que cualquier regularización debe hacerse caso por caso, con arraigo efectivo, vinculación al empleo y garantías jurídicas.
En la misma línea, el eurodiputado Juan Ignacio Zoido ha calificado la iniciativa como “la enésima cortina de humo de un Gobierno en crisis”, criticando que se pretenda aprobar sin debate en el Congreso de los Diputados y con requisitos que, a su juicio, no garantizan seguridad ni integración.
El Partido Popular ha defendido ante la Eurocámara un modelo migratorio “legal, ordenado y coordinado con nuestros socios europeos”, basado en el respeto al Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y la cooperación en el marco comunitario.
“España no puede actuar de forma unilateral con consecuencias masivas para el resto de la Unión. La inmigración requiere responsabilidad, legalidad y coordinación europea”, han concluido los representantes populares.
Sánchez entra en campaña: regulariza inmigrantes ilegales y cumple promesas antes de pedir el voto.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un paso significativo en su estrategia política con la aprobación de un real decreto para la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular en España. La medida, pactada con Unidas Podemos, permitirá que hasta medio millón de personas que ya residen en el país puedan solicitar y obtener residencia y permiso de trabajo legal si cumplen una serie de requisitos básicos, como acreditar al menos cinco meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales.
El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros y sin necesidad de convalidación parlamentaria, marca uno de los avances migratorios más ambiciosos del Ejecutivo socialista en los últimos años. Según fuentes oficiales, quienes presenten la solicitud podrán acceder desde abril de 2026 a autorizaciones de residencia inicial por un año, con posibilidad de optar más adelante a permisos ordinarios conforme a la ley de extranjería.
El Gobierno sostiene que esta iniciativa responde a una realidad social y económica existente, donde muchas personas han vivido y trabajado durante años sin cobertura legal y que ahora podrán incorporarse plenamente al mercado formal, cotizar y acceder a derechos fundamentales. Líderes políticos del PSOE han subrayado que esta medida es coherente con un enfoque humanista y vinculada al crecimiento económico, así como una forma de responder a compromisos de justicia social que el partido ha defendido en campañas anteriores.
Sin embargo, la decisión llega también en un momento político crucial. Con elecciones generales en el horizonte, analistas y voces de la oposición han señalado que esta regularización puede tener un impacto significativo en el escenario electoral. La medida —vista por el Gobierno como el cumplimiento adelantado de una promesa de campaña— se interpreta en algunos sectores como un intento de consolidar apoyos entre sectores sociales progresistas y entre quienes simpatizan con políticas migratorias abiertas.
La oposición ha criticado duramente la iniciativa. El Partido Popular sostiene que se trata de una maniobra para desviar la atención de otros problemas nacionales o para influir en la composición del electorado. Líderes conservadores han calificado la medida como un atajo político que evita el debate parlamentario y han prometido revertirla si llegan al poder.
Organizaciones sociales y de derechos humanos, en cambio, han acogido la regularización como un avance en la integración de personas migrantes, destacando que pone fin a situaciones de precariedad y vulnerabilidad para quienes ya forman parte de comunidades y sectores productivos en toda España.
Con esta iniciativa, Pedro Sánchez refuerza una de las señas de identidad de su proyecto político y da un paso adelante en la campaña electoral, cumpliendo con medidas que movilizan tanto apoyos internos como polarizan el debate público en torno a la migración y el modelo de sociedad que se propone para España.