El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, José Vicente Marí Bosó, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber utilizado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como un instrumento al servicio de los intereses políticos del PSOE, alejándola de su función como herramienta de política económica y empresarial.
Durante su intervención en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Marí Bosó ha asegurado que la trayectoria de la SEPI durante los últimos años ha estado marcada por el clientelismo, el intervencionismo y la utilización partidista de empresas estratégicas vinculadas al sector público.
El dirigente popular ha señalado que distintas actuaciones desarrolladas por la entidad han generado dudas y controversias, especialmente en relación con operaciones empresariales que actualmente están siendo objeto de investigación judicial o han estado rodeadas de debate público por las condiciones en las que fueron autorizadas.
Asimismo, ha criticado el papel desempeñado por responsables de la SEPI en decisiones relacionadas con compañías consideradas estratégicas para la economía y la seguridad nacional, cuestionando la falta de explicaciones sobre determinados movimientos empresariales registrados en los últimos años.
Marí Bosó también ha hecho referencia a los registros realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) en organismos y empresas vinculadas al sector público, así como a diversas operaciones relacionadas con rescates empresariales financiados con recursos públicos.
Por otra parte, el Grupo Popular ha mostrado su preocupación por la situación de empresas estratégicas como Indra y por las decisiones adoptadas en torno a su dirección y accionariado. En este sentido, ha reclamado una mayor transparencia sobre las actuaciones impulsadas desde el Gobierno en compañías consideradas clave para sectores como la defensa, la tecnología y la seguridad.
El portavoz adjunto del GPP ha defendido la necesidad de garantizar una gestión profesional, independiente y transparente de las empresas públicas y participadas por el Estado, evitando cualquier utilización partidista de organismos que desempeñan funciones estratégicas para España.
