El Grupo Parlamentario Popular ha logrado sacar adelante en el Pleno de la Asamblea una Proposición No de Ley para instar al Gobierno de España a reforzar la legalidad en la ejecución de las penas por terrorismo, fortalecer el control judicial sobre los beneficios penitenciarios y ampliar la protección de los derechos de las víctimas.
La iniciativa parte de la necesidad de corregir determinadas disfunciones en el sistema de ejecución penal que afectan especialmente a los delitos de terrorismo y plantea una reforma integral de la normativa vigente para garantizar el cumplimiento efectivo de las penas y el respeto a las víctimas.
El diputado del Grupo Parlamentario Popular Daniel Portero, encargado de defender la propuesta, ha reclamado una revisión de los mecanismos que permiten la concesión de beneficios penitenciarios sin que exista una colaboración efectiva con la Justicia ni una desvinculación real del entorno terrorista.
“No puede ser que baste una declaración genérica de arrepentimiento cuando todavía quedan cientos de asesinatos sin resolver y las víctimas siguen esperando verdad y justicia”, ha señalado.
Entre las medidas aprobadas, el PP propone modificar el artículo 90.8 del Código Penal para reforzar los requisitos exigibles para acceder a la libertad condicional en delitos de terrorismo, estableciendo expresamente la necesidad de una colaboración real, efectiva y verificable con la Justicia.
Asimismo, la iniciativa plantea reformar el artículo 72.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para exigir la validación judicial previa de determinadas progresiones de grado y reforzar las garantías legales en la ejecución de las penas.
Los populares también reclaman cambios en la regulación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para garantizar que esta figura mantenga un carácter estrictamente excepcional y cuente con mayores controles jurídicos.
Además, la propuesta contempla reforzar el papel del Ministerio Fiscal como garante de la legalidad en la fase de ejecución penal y ampliar los derechos de participación e información de las víctimas en los procedimientos que afecten al cumplimiento de las condenas.
El texto aprobado solicita igualmente que se garantice el cumplimiento de las responsabilidades civiles derivadas de los delitos de terrorismo antes de acceder a determinados beneficios penitenciarios.
Daniel Portero ha defendido que la protección de las víctimas, el respeto al Estado de derecho y el cumplimiento efectivo de las penas deben seguir siendo principios irrenunciables en cualquier política penitenciaria.
