La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha anunciado que el PP registrará una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería para reforzar el amparo jurídico de la Policía Nacional y la Guardia Civil ante los intentos de entrada irregular por vía marítima.
Ezcurra ha explicado que la iniciativa pretende regular el rechazo en frontera de las personas que traten de acceder irregularmente a Ceuta o Melilla a nado, garantizando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan intervenir “con toda la legalidad y con todas las garantías”.
El anuncio se produce después de que el Tribunal Supremo confirmara que la legislación vigente no permite aplicar el régimen especial de rechazo en frontera a quienes intentan entrar a nado, al estar actualmente vinculado a los elementos físicos de contención fronteriza.
Adaptar la ley a las nuevas rutas de entrada
Ezcurra ha recordado que la regulación actual contempla el rechazo de las personas detectadas mientras intentan superar los elementos de contención de las fronteras de Ceuta y Melilla.
La disposición adicional décima de la Ley de Extranjería establece, además, que cualquier actuación debe respetar la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional suscrita por España.
La dirigente popular ha señalado que la presión migratoria en ambas ciudades autónomas se está produciendo ahora fundamentalmente por mar, por lo que considera necesario adaptar la legislación a esta nueva realidad.
Según ha indicado, la reforma cuenta con el aval de la Abogacía del Estado. Ezcurra ha pedido a todos los grupos con representación parlamentaria que respalden una modificación dirigida a ofrecer seguridad jurídica a los agentes encargados de proteger las fronteras.
El PP alerta del aumento de la ruta balear
Durante su intervención en Palma de Mallorca, Ezcurra ha advertido del crecimiento de las llegadas irregulares a Baleares. Ha señalado que el pasado año entraron de forma irregular unas 7.500 personas, frente a las aproximadamente 700 registradas en 2018.
“La mayor parte de las rutas de inmigración irregular en Europa están disminuyendo, pero la ruta balear, la denominada ruta argelina, está aumentando”, ha subrayado.
La vicesecretaria popular ha defendido que “cualquier país que se quiera tomar en serio a sí mismo tiene que proteger sus fronteras” y ha reclamado una mayor cooperación con los países de origen y tránsito para controlar las redes y reducir las salidas irregulares.
Más medios para quienes protegen las fronteras
Ezcurra también ha denunciado un “repliegue del Estado” en Baleares y ha advertido de las dificultades que encuentran los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros empleados públicos para trabajar y residir en las islas.
“Si no protegemos a las personas que nos protegen, ¿qué estamos haciendo con nosotros mismos?”, se ha preguntado.
El Partido Popular defiende el refuerzo de los medios humanos y materiales destinados al control fronterizo, así como unas condiciones adecuadas para los policías nacionales, guardias civiles y servidores públicos desplazados a Baleares.
Una política migratoria ordenada y responsable
Ezcurra ha advertido de que una gestión desordenada de la inmigración irregular puede aumentar la presión sobre la seguridad, la vivienda y los servicios públicos.
La dirigente popular ha situado como ejemplo el incremento de los expedientes vinculados al proceso de regularización impulsado por el Gobierno. Según ha señalado, las previsiones iniciales en Baleares rondaban las 10.000 solicitudes, mientras que ahora se situarían en unas 33.000.
Ezcurra ha concluido que la respuesta no depende únicamente de los recursos económicos, sino también de la “voluntad política”. El Partido Popular defiende una política migratoria legal, ordenada y vinculada a las necesidades laborales, que proteja las fronteras, persiga a las redes de tráfico de personas y garantice el respeto a los derechos humanos.
