El diputado regional de VOX por Albacete, Francisco Cobo, ha rechazado la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha aprobada por las Cortes regionales y ha advertido de que la reforma puede generar más burocracia e inseguridad jurídica para empresas, agricultores y promotores.
La modificación de la Ley 2/2020 salió adelante en el pleno del 16 de julio con los 17 votos favorables del PSOE y los 16 votos en contra de PP y VOX. Según la información oficial de las Cortes, la reforma incorpora el posicionamiento de los ayuntamientos en los procedimientos de evaluación ambiental correspondientes a proyectos que afecten a sus municipios.
Cobo sostiene que el cambio altera de manera sustancial la estructura de la norma autonómica y puede entrar en contradicción con el marco básico establecido por la Ley estatal 21/2013 de Evaluación Ambiental. La legislación nacional regula los procedimientos destinados a analizar previamente los efectos ambientales de planes, programas y proyectos.
VOX critica el poder político sobre los informes técnicos
El parlamentario ha cuestionado especialmente que los plenos municipales puedan intervenir mediante informes de compatibilidad en la tramitación de determinados proyectos.
«Una evaluación de impacto ambiental no es un obstáculo; son garantías y documentos técnicos. Bajo ningún concepto un órgano político local debe tener capacidad de veto», ha afirmado Cobo.
VOX interpreta que la reforma introduce un «blindaje político» al permitir que una decisión adoptada en un pleno municipal condicione el avance de una inversión, aunque posteriormente la Junta pueda revisar ese posicionamiento cuando declare el proyecto de interés estratégico.
Para Cobo, la combinación de ambos mecanismos crea un doble filtro político y administrativo que puede retrasar proyectos, aumentar los costes de tramitación y dificultar que las empresas conozcan de antemano las condiciones necesarias para invertir.
«Se genera una inseguridad jurídica manifiesta», ha advertido el diputado, quien también ha alertado de posibles suspensiones temporales en la tramitación de procedimientos básicos.
La información oficial de las Cortes describe el cambio como la incorporación del posicionamiento de los ayuntamientos afectados. La consideración de que este mecanismo equivale a un veto político constituye la valoración defendida por VOX durante el debate.
Cobo reclama un Plan Nacional del Agua
En el debate sobre la gestión hídrica, Francisco Cobo ha defendido que el agua debe gestionarse desde una perspectiva nacional y no mediante el enfrentamiento entre territorios.
El diputado ha recordado que se trata de un recurso estratégico cuya planificación general corresponde al Estado y ha rechazado las restricciones que VOX atribuye a la aplicación de las políticas hídricas europeas.
Como alternativa, la formación reclama la interconexión de cuencas mediante un Plan Nacional del Agua diseñado con criterios técnicos, de solidaridad territorial y de aprovechamiento eficiente de los recursos.
«El agua debe llegar en cantidad y calidad a todos los puntos de España», ha defendido Cobo.
VOX considera que esta planificación resulta imprescindible para garantizar el relevo generacional en el campo, proteger las explotaciones familiares y permitir que agricultores y ganaderos puedan continuar desarrollando su actividad.
El pleno regional aprobó una resolución socialista de respaldo a las alegaciones presentadas por la Junta durante la revisión de los planes hidrológicos para el periodo 2028-2033. La propuesta recibió 17 votos a favor, cuatro en contra y doce abstenciones.
El objetivo debe ser «cero accidentes laborales»
Cobo también se ha pronunciado sobre la siniestralidad laboral y ha reclamado que la Junta destine más recursos a la prevención activa, la inspección y la formación de trabajadores y empresas.
El diputado ha evitado reducir el problema a una discusión estadística y ha insistido en que cada accidente tiene consecuencias personales y familiares.
«Detrás de cada número hay una familia. El único objetivo aceptable es conseguir cero accidentes laborales para que todos los trabajadores vuelvan sanos a sus casas», ha afirmado.
Las Cortes aprobaron una resolución del PSOE para reforzar el Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral y mantener la ejecución del Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales 2022-2026. El texto salió adelante con los 17 votos socialistas y el rechazo de los 16 diputados de la oposición.
VOX considera insuficiente el compromiso de reducir «al máximo» los accidentes y reclama que las políticas públicas se orienten expresamente a alcanzar el objetivo de cero fallecidos y cero heridos graves.
Prioridad para los mayores y apoyo a las familias
En materia social, Francisco Cobo ha defendido la aplicación del principio de «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas destinadas a las personas mayores.
El parlamentario ha denunciado el elevado coste de las residencias, las dificultades de acceso a una plaza y la presión que soportan las familias encargadas de atender a personas dependientes.
VOX reclama ayudas económicas directas para que quienes lo deseen puedan cuidar a sus mayores en el entorno familiar, además de más plazas, mejores servicios asistenciales y un reconocimiento social adecuado para las personas que han trabajado y contribuido durante toda su vida.
«Debemos dotar de recursos a las familias para que puedan acoger y cuidar a sus mayores con la dignidad que merecen», ha señalado Cobo.
El pleno aprobó una resolución socialista sobre la situación de las personas mayores y dependientes que respalda la continuidad de las políticas de modernización del sistema público de servicios sociales. También en este caso, la propuesta contó con los 17 votos del PSOE y los 16 votos en contra de la oposición.
VOX seguirá reclamando una política ambiental con seguridad jurídica, una gestión nacional del agua, más recursos para prevenir accidentes laborales y ayudas sociales que prioricen a los españoles, sus familias y sus mayores.
