Actualidad Política

20 de septiembre de 2026

Liberto Senderos: «Más burocracia y más gasto para imponer el catalán»

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha expresado su rechazo al proyecto normativo promovido por el Gobierno de Jaume Collboni para constituir el denominado Consejo de la Lengua Catalana.

La formación considera que la creación de este organismo supone añadir una nueva estructura burocrática destinada a impulsar el uso del catalán sin ofrecer, a su juicio, garantías suficientes para la protección de la cooficialidad del español en la Administración municipal.

VOX sostiene que el proyecto, debatido en el Pleno del Ayuntamiento, responde a una estrategia de «imposición ideológica» y puede contribuir a excluir progresivamente el castellano de la vida institucional barcelonesa.

VOX denuncia una nueva duplicidad administrativa

El grupo municipal recuerda que Barcelona ya dispone de diferentes organismos y estructuras dedicados a la política lingüística.

Entre ellos cita la Comisionada de Uso Social del Catalán, el Centro de Normalización Lingüística de Barcelona y las mesas lingüísticas de distrito, además de los organismos autonómicos y las entidades privadas subvencionadas que trabajan en este ámbito.

Para VOX, la creación del Consejo de la Lengua Catalana supone una duplicidad que incrementará el gasto público sin responder a las necesidades reales de los vecinos.

El concejal de VOX Liberto Senderos ha acusado al Ejecutivo municipal de ampliar la estructura administrativa vinculada a las políticas lingüísticas.

«El Ayuntamiento de Barcelona sigue obsesionado con imponer el catalán y borrar el español del espacio público. Ahora crea otro organismo más —y ya van demasiados—: el Consejo de la Lengua Catalana», ha señalado.

Senderos sostiene que el nuevo órgano implicará «más burocracia, más gasto público y más puestos para entidades separatistas y activistas de la imposición lingüística».

Críticas a la participación de entidades independentistas

VOX también cuestiona la participación en la elaboración del reglamento de entidades como Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua, a las que vincula con el ámbito independentista.

Según la formación, el texto reduce la presencia del castellano a una cuestión estadística y no incorpora mecanismos suficientes para garantizar una atención municipal equilibrada en las dos lenguas oficiales.

El grupo municipal considera que la propuesta no representa la pluralidad lingüística y social de Barcelona.

«En este proyecto no hay ni pluralidad, ni bilingüismo, ni respeto a la mitad de los barceloneses que hablan español. Solo hay propaganda, presión y exclusión», ha afirmado Senderos.

Alegaciones para defender la libertad lingüística

Ante la tramitación del reglamento, VOX ha presentado alegaciones destinadas a proteger la cooficialidad del catalán y del castellano en todas las dependencias municipales.

La formación reclama que cualquier ciudadano pueda dirigirse al Ayuntamiento y ser atendido en cualquiera de las dos lenguas oficiales, sin obstáculos ni discriminaciones.

«VOX ha presentado alegaciones para defender la cooficialidad, la libertad lingüística y el derecho de todos a dirigirse al Ayuntamiento en la lengua que elijan», ha explicado el concejal.

Senderos ha advertido de que su grupo continuará denunciando cualquier medida que considere contraria al uso del español en la Administración local.

«No van a callarnos. No vamos a retroceder y no pararemos hasta devolver la libertad a Barcelona», ha asegurado.

Fiscalización del gasto del nuevo consejo

VOX ha anunciado que fiscalizará las partidas presupuestarias que se destinen al Consejo de la Lengua Catalana y comprobará su funcionamiento, composición y costes.

La formación también asegura que recurrirá a las vías administrativas disponibles para combatir cualquier decisión que, según su criterio, margine el castellano en la vida pública de Barcelona.

El grupo municipal insiste en que las políticas lingüísticas deben respetar la cooficialidad, garantizar la igualdad de trato y proteger la libertad de los ciudadanos para utilizar la lengua oficial que prefieran.

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