La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, Ana Vega, ha exigido al Gobierno que cuantifique y haga público el impacto que, según sostiene su formación, está teniendo la inmigración ilegal sobre los servicios públicos y, especialmente, sobre el sistema sanitario.
Vega ha reclamado información sobre los recursos, profesionales e infraestructuras necesarios para atender el incremento de población y ha defendido que las administraciones deben ofrecer datos detallados que permitan planificar la prestación de los servicios.
«Los españoles tenemos derecho a saberlo. Sin datos públicos completos no hay planificación; hay propaganda y hay improvisación», ha afirmado.
VOX reclama explicaciones sobre 555 millones de gasto sanitario
Vega ha señalado que su grupo ha solicitado información sobre el gasto sanitario asociado a personas en situación irregular y ha cifrado en 555 millones de euros el importe destinado durante los últimos siete años en la Comunidad Valenciana.
La cifra de 555 millones ya había sido difundida anteriormente por VOX a partir de la información solicitada por su grupo a la Conselleria de Sanidad. VOX
«Queremos que se publique con rigor, que se expliquen sus conceptos y que se conozca su evolución. Porque detrás de cada cifra hay decisiones presupuestarias y, detrás de cada lista de espera, hay una persona, como Guillermo», ha señalado.
La diputada ha mencionado el caso de Guillermo, un joven de 22 años de Callosa de Segura con autismo de grado 3 que, según ha explicado durante su intervención, lleva cinco años esperando una plaza en un centro de día.
Vega también ha afirmado que 500.000 valencianos esperan más de tres meses para una prueba diagnóstica o una operación y ha reclamado que se detalle qué impacto tiene el crecimiento de la población sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Vega reclama conocer la «capacidad real del sistema»
La portavoz adjunta de VOX considera necesario determinar cuántos profesionales, plazas e infraestructuras adicionales son necesarios para mantener la calidad de los servicios públicos.
«No podemos pedirles a los ciudadanos que acepten esa situación mientras el Gobierno evita dar explicaciones sobre la capacidad real del sistema», ha afirmado.
Vega sostiene que la política migratoria debe analizarse también desde la perspectiva de los recursos disponibles y su repercusión presupuestaria.
VOX plantea derogar el Real Decreto 180/2026
La propuesta defendida por Vega incluye la derogación del Real Decreto 180/2026, al que ha calificado como una norma de «barra libre sanitaria».
La norma regula el procedimiento para reconocer el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de extranjeros que se encuentran en España sin residencia legal. Entró en vigor el 13 de marzo de 2026. BOE
VOX plantea vincular con carácter general el acceso a la sanidad pública a la residencia legal en España, manteniendo la atención ante emergencias vitales y aquellas situaciones que requieran asistencia inmediata.
Vega también ha reclamado combatir lo que denomina «turismo sanitario».
«Estatuto Médico propio, ya»
La diputada ha defendido que las medidas relacionadas con el acceso al sistema deben ir acompañadas de un refuerzo de su capacidad asistencial.
Entre sus propuestas ha reclamado reducir los cupos de Atención Primaria y aprobar un Estatuto Médico propio que reconozca las responsabilidades, singularidades y condiciones laborales de estos profesionales.
«Estatuto Médico propio, ya», ha reclamado.
Vega ha resumido su posición defendiendo que «una política responsable debe poner orden en la inmigración, reforzar los servicios públicos y decirles la verdad a los ciudadanos sobre los recursos disponibles».
Finalmente, se ha dirigido al Partido Popular para reclamarle una posición ante estas propuestas: «Llega un momento en el que ya no valen las excusas, ni los silencios, ni mirar hacia otro lado».
