La presidenta de FEVITUR y APTURCV, Silvia Blasco Benito, ha cuestionado con dureza el Programa de Defensa del Vecino anunciado por el Ayuntamiento de València y ha abierto un debate sobre a quién protege realmente la Administración cuando regula las viviendas de uso turístico.
Blasco sostiene que el propietario de una vivienda turística legal también es vecino, paga impuestos, soporta obligaciones administrativas y, por tanto, debe contar con las mismas garantías jurídicas que cualquier otro ciudadano. APTURCV la identifica actualmente como su presidenta, cargo que compagina con la presidencia de FEVITUR.
“El propietario de una vivienda turística legal también es vecino. Paga impuestos, cumple obligaciones y tiene derechos”, ha señalado Blasco en una publicación en LinkedIn.
El foco, sobre María José Catalá
La crítica parte de una tribuna publicada por la propia Blasco en Valencia Plaza, bajo el título María José Catalá y el vecino equivocado. En ese artículo cuestiona el programa municipal con el que el Ayuntamiento pretende ayudar económicamente a comunidades de propietarios a modificar sus estatutos para impedir nuevas viviendas turísticas, facilitar acceso a expedientes y ofrecer asistencia jurídica.
Blasco no discute que las viviendas turísticas ilegales deban ser sancionadas. Su crítica se centra en que, a su juicio, no puede colocarse bajo la misma sospecha a todo el sector, especialmente a quienes operan con licencia y cumplen las normas.
También cuestiona que una Administración utilice recursos públicos para ayudar a unos particulares a restringir la actividad legal de otros particulares y reclama que cualquier limitación esté sustentada en evidencia, necesidad y proporcionalidad.
“Somos turismo para regularnos, inspeccionarnos y sancionarnos”
Blasco amplía además sus críticas al ámbito autonómico.
La presidenta de APTURCV pregunta dónde están la Conselleria de Turismo y el presidente de la Generalitat cuando se trata de defender la seguridad jurídica del sector.
Su planteamiento es que las viviendas turísticas son reconocidas como actividad turística cuando toca registrar, inspeccionar, regular o sancionar, pero denuncia una falta de respaldo institucional cuando quienes cumplen la normativa ven restringido su margen de actuación.
La tribuna recuerda además que el sector tiene un peso económico relevante. Según los datos citados por Blasco, las viviendas y apartamentos turísticos generaron en 2025 unos 664 millones de euros de gasto en València y 7.070 millones en el conjunto de la Comunitat Valenciana.
Una defensa del turismo legal, no de la ilegalidad
El mensaje de Blasco distingue expresamente entre actividad legal e ilegal.
Su posición puede resumirse en una idea: al ilegal, sanción; al legal, seguridad jurídica. La dirigente empresarial reclama que cualquier nueva restricción a las viviendas turísticas legales se justifique con datos y que la Administración explique qué efecto real tendrá sobre la creación de vivienda habitual y asequible.
La cuestión que plantea Blasco no es, por tanto, si debe perseguirse la ilegalidad, sino si el diseño de las nuevas políticas termina tratando también como problema al propietario que cumple la normativa.
Fuente de la tribuna: Valencia Plaza, “María José Catalá y el vecino equivocado”, publicada el 24 de septiembre de 2026. Valencia Plaza
