Actualidad Política

8 de noviembre de 2026

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El concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Valencia y presidente del Consell Agrari Municipal, José Gosálbez, ha visitado la SAT de arroceros de Pinedo para conocer la situación del sector, escuchar las demandas de los productores y trasladarles el respaldo del organismo municipal.

Durante el encuentro, Gosálbez ha defendido la necesidad de garantizar la viabilidad económica del cultivo del arroz, una actividad tradicional vinculada al entorno de la Albufera y a numerosas familias del ámbito agrícola valenciano.

El concejal ha reivindicado el esfuerzo que realizan los agricultores durante cada campaña y ha insistido en la importancia de reducir las dificultades administrativas y económicas que afectan a su trabajo.

Gosálbez traslada el apoyo del Consell Agrari a los arroceros de Pinedo

La visita ha permitido al responsable municipal mantener un encuentro directo con representantes de la sociedad agraria de Pinedo.

Durante la reunión, ambas partes han intercambiado impresiones sobre el desarrollo de la campaña arrocera, las dificultades que afrontan los productores y las necesidades de futuro del sector.

«Los arroceros de Pinedo y de toda la Albufera necesitan poder trabajar y vivir dignamente de su trabajo», ha afirmado Gosálbez.

El concejal ha destacado que detrás de cada campaña agrícola existen inversiones, esfuerzo y riesgos económicos que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar las políticas de apoyo al campo.

«Desde el Consell Agrari vamos a estar al lado de quienes trabajan la tierra y generan riqueza en Valencia», ha añadido.

Menos burocracia y condiciones para que cultivar arroz sea rentable

Uno de los principales mensajes de Gosálbez ha sido la necesidad de facilitar la actividad de los agricultores.

El responsable municipal ha señalado que el aumento de los costes de producción y las exigencias administrativas pueden dificultar la rentabilidad de las explotaciones arroceras.

«No podemos exigir cada vez más al agricultor mientras aumentan sus costes y se multiplican las trabas», ha declarado.

En este sentido, ha resumido su planteamiento en tres prioridades: menos burocracia, más apoyo institucional y condiciones que permitan mantener la rentabilidad del cultivo del arroz.

El comunicado municipal no concreta nuevas partidas presupuestarias ni medidas administrativas aprobadas durante esta visita, que se ha centrado en el diálogo con los representantes del sector.

El cultivo del arroz y su relación con la Albufera

Gosálbez ha reivindicado también la importancia del arroz como parte de la identidad agrícola y paisajística de Valencia.

El concejal ha vinculado la continuidad de la actividad arrocera con el mantenimiento del paisaje tradicional de la Albufera, así como con el empleo y la actividad económica que genera el sector.

«Sin agricultores no hay arroz y sin arroz no se entiende la Albufera», ha afirmado.

La actividad agrícola tradicional constituye uno de los elementos característicos del entorno de la Albufera, donde los arrozales forman parte del paisaje y de la organización histórica del territorio.

Gosálbez ha insistido en que defender el cultivo supone también respaldar a quienes mantienen esta actividad generación tras generación.

El Consell Agrari mantiene el contacto directo con el sector

La reunión de Pinedo se enmarca en la línea de trabajo del Consell Agrari Municipal para conocer las necesidades de los profesionales agrícolas del término municipal de Valencia.

Según ha explicado el concejal, el objetivo es mantener una comunicación directa con los productores y trabajar en actuaciones que contribuyan a la continuidad de la actividad arrocera.

Gosálbez ha defendido que las políticas agrícolas deben tener en cuenta la capacidad de los agricultores para obtener ingresos suficientes de sus explotaciones.

«El campo valenciano necesita futuro y ese futuro pasa por que nuestros agricultores puedan vivir de lo que producen», ha concluido.

Con esta visita, el responsable de Agricultura del Ayuntamiento de Valencia ha reafirmado su compromiso con el sector arrocero de Pinedo y con el mantenimiento de una actividad vinculada a la economía y al paisaje de la Albufera.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Valencia, José Gosálbez, ha anunciado la aprobación de un convenio de colaboración con la Unión Asociativa de la Comunidad Valenciana, especializada en consumo y calidad de vida (UNAE), para reforzar la información y el asesoramiento a los consumidores.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta colaboración, que permitirá incorporar a la entidad al Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028 de la Concejalía de Sanidad y Consumo.

El acuerdo contempla una subvención nominativa de 10.000 euros anuales durante tres ejercicios, lo que supone una aportación total prevista de 30.000 euros para desarrollar actividades relacionadas con la protección de los consumidores, la alimentación saludable y el conocimiento de sus derechos.

«Queremos que los valencianos conozcan sus derechos y, sobre todo, sepan cómo ejercerlos. Ante un problema de consumo, información, asesoramiento y herramientas para reclamar y defender lo que es suyo», ha afirmado Gosálbez.

Talleres de alimentación y formación en los barrios

El proyecto presentado por UNAE incluye distintas actividades formativas dirigidas a acercar la información sobre consumo a los ciudadanos.

Entre las iniciativas previstas figura una sesión en el Centro Taller de Cocina-Gastro del Ayuntamiento, así como un taller sobre alimentación equilibrada y cesta de la compra.

También se organizarán sesiones informativas en centros de la Universidad Popular, con el objetivo de facilitar el acceso a información práctica sobre los derechos de los consumidores.

La programación contempla además una jornada dedicada a la salud bucodental durante la infancia y un taller medioambiental.

Puntos informativos en mercados municipales

Una de las actuaciones destacadas será la instalación de un punto informativo móvil en los mercados municipales de alimentación, con el que se pretende acercar el asesoramiento a espacios frecuentados habitualmente por los vecinos.

Gosálbez ha defendido que las políticas municipales de consumo deben tener una aplicación práctica y resultar accesibles.

«La política de consumo tiene que ser útil y llegar a la calle. Por eso llevamos la información a los mercados municipales, a la Universidad Popular y a otros espacios que utilizan diariamente los valencianos», ha señalado.

El concejal ha añadido que «los recursos públicos tienen que traducirse en servicios útiles y resultados concretos».

Vídeos informativos e inclusión tecnológica

La colaboración con UNAE también contempla la elaboración y difusión de tres vídeos informativos sobre los derechos de los consumidores.

A estas actuaciones se sumarán una jornada de inclusión tecnológica y una campaña de sensibilización a través de redes sociales.

El programa busca utilizar distintos canales para facilitar el acceso a información sobre consumo y ofrecer herramientas que permitan a los ciudadanos identificar problemas y conocer las vías disponibles para presentar reclamaciones.

Colaboración con asociaciones y entidades profesionales

El convenio prevé asimismo fomentar la colaboración con asociaciones ciudadanas, colegios profesionales y entidades relacionadas con el consumo y la alimentación saludable.

También incluye la difusión de las actividades desarrolladas por el Ayuntamiento y la Concejalía de Sanidad y Consumo.

Gosálbez ha destacado la importancia de trabajar con organizaciones que mantienen contacto directo con los ciudadanos para ampliar el alcance de los programas municipales.

«Un consumidor informado está en mejores condiciones para decidir, evitar abusos y reclamar cuando corresponde», ha concluido el concejal, quien ha situado la información y el asesoramiento como elementos centrales de esta colaboración.

La acampada por la vivienda instalada en la Plaza del Ayuntamiento de València ha pasado de ser una protesta social a convertirse en uno de los principales focos políticos de la semana a sólo dos días del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

La movilización comenzó tras la manifestación por el derecho a la vivienda celebrada el pasado sábado y ha ido creciendo hasta superar las 400 tiendas de campaña y reunir a unas 600 personas, según los propios portavoces de la protesta. Los acampados aseguran que su intención es permanecer de forma indefinida y ya han avisado de que no prevén abandonar la plaza con motivo de los actos institucionales del 9 d’Octubre.

El origen de la protesta está en la movilización por la vivienda celebrada el 3 de octubre, convocada por el Sindicato de Inquilinas de València, el Sindicat d’Habitatge, la PAH y Entrebarris. La marcha terminó con incidentes, cinco detenidos y nueve agentes de Policía Nacional heridos. Tras ella, un grupo de manifestantes se desplazó hasta la Plaza del Ayuntamiento y comenzó una acampada que desde entonces no ha dejado de crecer.

Los acampados no se moverán por el 9 d’Octubre

Los portavoces de la acampada han asegurado que su intención es “aguantar” en la plaza durante el 9 d’Octubre y que debe ser el Ayuntamiento quien busque alternativas para compatibilizar los actos institucionales con la protesta.

Al mismo tiempo, reconocen que el 9 d’Octubre es una fecha central para los valencianos y aseguran estar dispuestos a colaborar para que ambas realidades puedan convivir.

Catalá eleva la presión

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha rechazado que la celebración del Día de la Comunitat Valenciana quede condicionada por la acampada y ha defendido que los actos previstos deben poder desarrollarse con normalidad.

Catalá llegó a plantear si se entendería que en Cataluña no pudiera celebrarse la Diada, insistiendo en que el 9 d’Octubre es un día “sagrado” para los valencianos.

El Ayuntamiento ha dado además un paso más y ha enviado un requerimiento previo a la Delegación del Gobierno, advirtiendo de que acudirá a los tribunales si no se garantiza el desarrollo normal de los actos del 9 d’Octubre y responsabilizando a la Delegación de posibles incidentes derivados de la situación.

Bernabé: “No se dan las circunstancias para levantar esa plaza”

La respuesta de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha llegado este miércoles.

Bernabé ha trasladado a Catalá que “no se dan las circunstancias” para desalojar la acampada y ha subrayado que quienes permanecen en la Plaza del Ayuntamiento están ejerciendo un derecho fundamental de reunión.

La delegada ha insistido en que la función de la Policía Nacional y de la Delegación es garantizar la seguridad, no “cambiar realidades”, y ha remitido al Ayuntamiento la responsabilidad de organizar su programación para el 9 d’Octubre.

De protesta social a conflicto institucional

Lo que comenzó como una protesta por el acceso a la vivienda se ha convertido en un pulso político entre el Ayuntamiento de València y la Delegación del Gobierno.

La acampada coincide además con un momento especialmente sensible a nivel nacional, después de que el Congreso rechazara los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno y de que las movilizaciones por el alquiler y el acceso a la vivienda se extendieran a varias ciudades españolas.

En València, la protesta ha conectado además con el llamamiento a una huelga general por la vivienda y con un discurso dirigido contra lo que los organizadores consideran especulación, rentismo y falta de acceso a vivienda asequible.

El 9 d’Octubre, primer gran examen

La cuestión ahora es qué ocurrirá el viernes.

La Plaza del Ayuntamiento es uno de los puntos centrales de la celebración institucional del 9 d’Octubre y la permanencia de cientos de tiendas introduce un elemento de tensión logística, política y de seguridad.

Los acampados no quieren marcharse.

El Ayuntamiento exige normalidad.

La Delegación del Gobierno sostiene que no existen motivos para desalojarlos.

Y todo ello convierte el 9 d’Octubre en el primer gran examen de una acampada que ya ha conseguido algo que buscaba desde el principio: colocar la vivienda en el centro del debate político valenciano.

La presidenta de FEVITUR y APTURCV, Silvia Blasco Benito, ha cuestionado con dureza el Programa de Defensa del Vecino anunciado por el Ayuntamiento de València y ha abierto un debate sobre a quién protege realmente la Administración cuando regula las viviendas de uso turístico.

Blasco sostiene que el propietario de una vivienda turística legal también es vecino, paga impuestos, soporta obligaciones administrativas y, por tanto, debe contar con las mismas garantías jurídicas que cualquier otro ciudadano. APTURCV la identifica actualmente como su presidenta, cargo que compagina con la presidencia de FEVITUR.

“El propietario de una vivienda turística legal también es vecino. Paga impuestos, cumple obligaciones y tiene derechos”, ha señalado Blasco en una publicación en LinkedIn.

El foco, sobre María José Catalá

La crítica parte de una tribuna publicada por la propia Blasco en Valencia Plaza, bajo el título María José Catalá y el vecino equivocado. En ese artículo cuestiona el programa municipal con el que el Ayuntamiento pretende ayudar económicamente a comunidades de propietarios a modificar sus estatutos para impedir nuevas viviendas turísticas, facilitar acceso a expedientes y ofrecer asistencia jurídica.

Blasco no discute que las viviendas turísticas ilegales deban ser sancionadas. Su crítica se centra en que, a su juicio, no puede colocarse bajo la misma sospecha a todo el sector, especialmente a quienes operan con licencia y cumplen las normas.

También cuestiona que una Administración utilice recursos públicos para ayudar a unos particulares a restringir la actividad legal de otros particulares y reclama que cualquier limitación esté sustentada en evidencia, necesidad y proporcionalidad.

“Somos turismo para regularnos, inspeccionarnos y sancionarnos”

Blasco amplía además sus críticas al ámbito autonómico.

La presidenta de APTURCV pregunta dónde están la Conselleria de Turismo y el presidente de la Generalitat cuando se trata de defender la seguridad jurídica del sector.

Su planteamiento es que las viviendas turísticas son reconocidas como actividad turística cuando toca registrar, inspeccionar, regular o sancionar, pero denuncia una falta de respaldo institucional cuando quienes cumplen la normativa ven restringido su margen de actuación.

La tribuna recuerda además que el sector tiene un peso económico relevante. Según los datos citados por Blasco, las viviendas y apartamentos turísticos generaron en 2025 unos 664 millones de euros de gasto en València y 7.070 millones en el conjunto de la Comunitat Valenciana.

Una defensa del turismo legal, no de la ilegalidad

El mensaje de Blasco distingue expresamente entre actividad legal e ilegal.

Su posición puede resumirse en una idea: al ilegal, sanción; al legal, seguridad jurídica. La dirigente empresarial reclama que cualquier nueva restricción a las viviendas turísticas legales se justifique con datos y que la Administración explique qué efecto real tendrá sobre la creación de vivienda habitual y asequible.

La cuestión que plantea Blasco no es, por tanto, si debe perseguirse la ilegalidad, sino si el diseño de las nuevas políticas termina tratando también como problema al propietario que cumple la normativa.

Fuente de la tribuna: Valencia Plaza, “María José Catalá y el vecino equivocado”, publicada el 24 de septiembre de 2026. Valencia Plaza

Nacho Martínez Villajos ha reivindicado ante más de 200 jóvenes las políticas de vivienda impulsadas por el equipo de gobierno de María José Catalá y ha defendido que las nuevas generaciones deben poder desarrollar su proyecto de vida sin verse obligadas a abandonar Valencia.

“Nosotros no somos Valencia, como dicen otras; nosotros somos de Valencia”, ha afirmado Martínez Villajos, que ha utilizado esta idea para reivindicar el arraigo de los jóvenes y marcar distancias con Pilar Bernabé.

“Que los jóvenes puedan quedarse aquí”

Martínez Villajos ha situado el acceso a la vivienda como uno de los grandes retos para los jóvenes valencianos y ha defendido la necesidad de aumentar la oferta residencial para facilitar su emancipación.

“Por mucho que la izquierda quiera echarnos de nuestra ciudad con sus nefastas políticas de vivienda, no lo van a conseguir”, ha señalado durante su intervención.

El dirigente ha defendido que, con María José Catalá y el actual equipo de gobierno municipal, el objetivo es “que todos los jóvenes de Valencia puedan quedarse aquí, en su ciudad, en Valencia”.

Martínez Villajos contrapone los modelos de vivienda

Durante su intervención, Martínez Villajos ha cifrado en 1.000 las viviendas puestas en marcha durante los tres años y medio de gestión de María José Catalá, frente a las 14 que atribuye a los ocho años anteriores de gobiernos de la izquierda.

El dirigente ha utilizado esta comparación para reivindicar la política municipal desarrollada durante el actual mandato y defender medidas destinadas a incrementar la disponibilidad de vivienda.

Para Martínez Villajos, facilitar el acceso a una vivienda resulta determinante para que las nuevas generaciones puedan emanciparse y construir su futuro personal y profesional en Valencia.

Vivienda, juventud y arraigo

Ante los más de 200 jóvenes asistentes, Martínez Villajos ha defendido una ciudad capaz de ofrecer oportunidades suficientes para que sus nuevas generaciones puedan permanecer en ella.

Con el mensaje “somos de Valencia”, ha situado vivienda y arraigo en el centro de su intervención y ha reivindicado las actuaciones impulsadas por el equipo de María José Catalá para aumentar la oferta residencial.

El concejal de Devesa-Albufera del Ayuntamiento de València, José Gosálbez, ha destacado el trabajo permanente de gestión y prevención que desarrolla el Consistorio en la Devesa de El Saler, con actuaciones de seguridad sobre el arbolado, retirada de madera quemada y protección de los espacios que se encuentran en proceso de regeneración tras el incendio del pasado 27 de agosto.

Gosálbez, que además es portavoz municipal de VOX y segundo teniente de alcalde, ha defendido que el mantenimiento del monte debe desarrollarse durante todo el año y combinar las actuaciones de prevención con el respeto a los procesos naturales de recuperación. Sus responsabilidades al frente de Devesa-Albufera constan en el organigrama municipal.

«La Devesa no se protege con actuaciones puntuales. Se protege trabajando los 365 días del año, anticipándonos a los riesgos, actuando donde es necesario y dejando que el monte se regenere donde la naturaleza debe hacer su trabajo», ha señalado.

Seguridad, prevención y regeneración natural

Las declaraciones se producen en el contexto de la coordinación entre el Ayuntamiento y la Generalitat para recuperar las 37 hectáreas afectadas por el incendio de El Saler. El fuego comenzó el 27 de agosto y llegó a afectar a 37 hectáreas, además de obligar a desalojar a vecinos de la zona.

El concejal ha explicado que la gestión incluye talas controladas cuando existen problemas de seguridad, retirada de madera quemada y seguimiento de las zonas donde la vegetación está recuperándose de manera natural.

«Gestionar un monte es tomar decisiones. Si un árbol supone un riesgo, se actúa; si hay madera quemada que debe retirarse, se retira; y si una zona necesita tiempo para regenerarse, se protege. Nuestro criterio es claro: seguridad, prevención y gestión sobre el terreno», ha defendido Gosálbez.

Estas líneas coinciden con parte de los trabajos postincendio acordados entre ambas administraciones. La Generalitat ha anunciado una inversión inicial de 150.000 euros para retirar arbolado con riesgo de caída y recuperar caminos, mientras que el Ayuntamiento asumirá, entre otras actuaciones, la eliminación de especies invasoras y la limitación del acceso a determinadas áreas afectadas.

Zonas acotadas para favorecer la recuperación

Gosálbez también ha destacado el trabajo destinado a proteger las áreas donde comienza a recuperarse la vegetación.

El Servicio de Devesa-Albufera está acotando determinados espacios mediante elementos como talanqueras y cuerdas de seguridad integradas en el entorno para reducir el tránsito de personas y evitar que las pisadas interfieran en los nuevos brotes.

«Después de un incendio no basta con apagar las llamas. Hay que seguir trabajando al día siguiente y durante los meses posteriores. Por eso protegemos las zonas que están rebrotando y hacemos compatible el uso público de la Devesa con su recuperación», ha explicado.

El planteamiento está en línea con las actuaciones anunciadas tras el informe elaborado por el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), que debía determinar la severidad del incendio sobre la vegetación y el suelo y orientar las medidas de recuperación. Ayuntamiento y Generalitat acordaron a comienzos de septiembre elaborar un plan conjunto de regeneración, además de estudiar mejoras en los cortafuegos.

150.000 euros para la primera fase de recuperación

La Generalitat y el Ayuntamiento concretaron el 24 de septiembre una primera fase de actuaciones postincendio. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, anunció una inversión autonómica superior a 150.000 euros destinada fundamentalmente a garantizar la seguridad y facilitar la regeneración de la superficie quemada.

Entre las primeras medidas se encuentran la retirada de árboles afectados que presentan riesgo de caída y la reparación de caminos. El Ayuntamiento, por su parte, continuará trabajando sobre las especies invasoras y las zonas que requieren restricciones temporales de acceso.

La coordinación se suma al plan de regeneración acordado a principios de septiembre, que contempla también la revisión y posible ampliación de los cortafuegos y la incorporación del sistema SIDEINFO al Plan Local de Prevención de Incendios Forestales.

Un servicio permanente de limpieza de la Devesa

Gosálbez ha enmarcado estas actuaciones en la gestión ordinaria que desarrolla la Delegación de Devesa-Albufera durante el conjunto del año.

El Ayuntamiento puso en marcha en abril un contrato de cerca de 270.000 euros para establecer por primera vez un servicio regular de limpieza manual en la Devesa. La actuación comprende la retirada de residuos acumulados entre la vegetación, dunas, malladas y espacios próximos a las carreteras, con una planificación diferenciada según la época del año.

Durante el verano, el dispositivo municipal de prevención también contempló el refuerzo permanente del parque de bomberos de El Saler y la activación de los once cañones SIDEINFO cuando se declarara el máximo nivel de riesgo de incendios.

La política de prevención municipal ha sido objeto también de críticas. En agosto se publicó que el Ayuntamiento no había repetido este verano un tratamiento químico antiincendios ensayado previamente como prueba piloto. El Consistorio mantuvo, no obstante, otras medidas preventivas, como refuerzos de bomberos, vigilancia, cierres de accesos durante episodios de riesgo extremo y activación de los sistemas de agua.

Gosálbez apuesta por una gestión continuada

Para el responsable de Devesa-Albufera, la recuperación del terreno afectado debe realizarse atendiendo a las necesidades concretas de cada zona y evitando actuaciones indiscriminadas que puedan interferir en la regeneración natural.

Gosálbez defiende así una gestión que combine la intervención en aquellos puntos donde existan riesgos para personas o para el propio monte con la protección de las áreas en las que la vegetación pueda recuperarse sin necesidad de actuaciones adicionales.

El Ayuntamiento ha iniciado asimismo los trámites para personarse en las actuaciones judiciales relacionadas con el incendio del 27 de agosto, una decisión impulsada por el propio concejal para defender los intereses municipales y esclarecer lo sucedido.

«Seguridad, prevención y gestión sobre el terreno» resume, según Gosálbez, el criterio con el que la Delegación pretende continuar trabajando en la Devesa durante el proceso de recuperación.

El sector inmobiliario turístico afronta un escenario de transformación marcado por los cambios regulatorios, los nuevos modelos de alquiler y la necesidad de profesionalizar la gestión de los activos. Valencia acoge este 16 de septiembre un encuentro que reunirá a inversores, operadores y especialistas para analizar cómo adaptarse a esta nueva realidad.

El evento “Nuevas reglas del inmobiliario turístico” se celebra este miércoles a partir de las 17:30 horas en Espai Nuvó, calle Martí 7, Valencia. La jornada está organizada por Enrique Alfonso, CEO de VLC Host, y Juanjo Bande, CEO de TusLadrillos.es, con ApturCV como colaborador destacado.

La propuesta parte de una premisa cada vez más relevante para quienes operan en el mercado: invertir ya no depende únicamente de localizar un activo atractivo, sino también de conocer qué usos permite la normativa, qué modelo de explotación puede desarrollarse y cómo debe gestionarse para obtener rentabilidad. El encuentro abordará cuatro ejes principales: propiedad, inversión, operación y networking.

Los organizadores ponen especialmente el foco en la velocidad con la que están cambiando las reglas vinculadas al alquiler y al sector turístico. La jornada pretende analizar nuevas fórmulas de inversión, los cambios regulatorios que pueden afectar a futuros proyectos y diferentes modelos de gestión, además de facilitar el contacto entre inversores, promotores, operadores y profesionales especializados.

Entre los objetivos del encuentro figura también presentar alternativas a las inversiones inmobiliarias tradicionales, compartir casos reales y ofrecer herramientas prácticas para interpretar hacia dónde se dirige la demanda. La organización destaca que la rentabilidad de un activo depende cada vez más de la coordinación entre propiedad, financiación y operación.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Valencia, José Gosálbez, ha anunciado la prórroga durante un año del convenio de colaboración con la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana (RAMCV).

El acuerdo pretende mantener la cooperación entre ambas instituciones en materia de salud pública, prevención, divulgación científica y asesoramiento especializado para las iniciativas municipales.

La documentación municipal contempla esta colaboración con la Real Academia dentro de las actuaciones de Sanidad y Salud Pública y señala entre sus objetivos el desarrollo de acciones formativas, informativas, divulgativas y de asesoramiento.

“Renovamos esta colaboración porque la salud pública exige decisiones respaldadas por el conocimiento y la experiencia”, ha señalado Gosálbez.

Asesoramiento científico para las políticas sanitarias

El convenio fue suscrito inicialmente en octubre de 2023 y permite organizar conjuntamente charlas, coloquios, conferencias y debates relacionados con la sanidad y la salud pública.

La Real Academia también puede prestar asesoramiento técnico y científico a la Concejalía en aquellos programas que requieran conocimientos médicos especializados.

“Queremos una sanidad municipal que informe, prevenga y actúe con rigor”, ha defendido José Gosálbez.

La RAMCV mantiene además una actividad continuada de divulgación y formación médica mediante conferencias y encuentros científicos.

Prevención y formación sanitaria

Con la nueva prórroga, la Academia continuará colaborando en estudios y programas municipales relacionados con la salud.

El acuerdo contempla asimismo la difusión de actividades científicas, la reserva de plazas para personal sanitario municipal en determinadas acciones formativas y el apoyo especializado cuando sea requerido por el Ayuntamiento.

Gosálbez considera que esta cooperación permite trasladar conocimiento médico especializado a las políticas desarrolladas desde la administración local.

“La prevención y la información son herramientas fundamentales para mejorar la salud de los valencianos”, ha señalado.

Un año más de colaboración

La Concejalía de Sanidad y Consumo mantiene así durante otro año su relación institucional con la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana.

El objetivo, según Gosálbez, es reforzar la prevención, mejorar la información que reciben los ciudadanos y apoyar las actuaciones municipales en criterios científicos y profesionales.

La estructura municipal atribuye actualmente a José Vicente Gosálbez las competencias de Sanidad y Consumo, dentro de las que se encuadra esta colaboración.

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