Pedro Sánchez afronta este lunes una decisión que puede marcar el final de la legislatura. No hay todavía elecciones convocadas, pero el adelanto ya forma parte del escenario político después de la derrota de los dos decretos de vivienda y de varios días de consultas en Moncloa. La pregunta ya no es si Sánchez puede seguir gobernando, porque constitucionalmente puede hacerlo, sino si considera que tiene más opciones de conservar La Moncloa convocando ahora que esperando varios meses y sometiéndose a nuevas derrotas parlamentarias, negociaciones permanentes con Junts y un desgaste creciente.
La vivienda puede convertirse en el gran eje de esa decisión. El Gobierno ha sufrido una derrota importante, pero el PSOE intenta transformar ese revés en argumento político: presentar al Ejecutivo como quien quiso impulsar medidas para los inquilinos y a PP, Vox y Junts como quienes las frenaron en el Congreso. La oposición responde que los decretos eran intervencionistas, podían reducir todavía más la oferta y no solucionaban el problema estructural de la vivienda. Mientras tanto, las movilizaciones del fin de semana han demostrado que existe un malestar social real y con capacidad de movilización. Para Sánchez, ahí aparece una oportunidad evidente: intentar convertir la vivienda en una bandera electoral capaz de movilizar jóvenes, abstencionistas de izquierda y votantes desencantados. El riesgo es igual de claro: que una parte de esos ciudadanos termine responsabilizando al propio Gobierno por no haber resuelto el problema durante estos años.
Las encuestas hacen que una convocatoria inmediata sea una apuesta enorme. El último sondeo de 40dB sitúa al PP en el 31,6%, a Vox en el 18,4% y al PSOE en el 27,4%. La suma de PP y Vox alcanza el 50% de intención de voto, mientras PSOE, Sumar y Podemos quedan bastante por debajo en conjunto. Una encuesta no decide unas elecciones, pero explica perfectamente el dilema de Sánchez. Si convoca, no lo hará desde una posición cómoda, sino intentando cambiar el clima político durante la propia campaña. Para que esa estrategia funcione necesitaría aumentar participación, reducir abstención en la izquierda, recuperar voto joven, concentrar voto útil y conseguir que la vivienda pese más que el desgaste acumulado del Gobierno.
Junts y Sumar también observan el calendario con atención. Junts, después de contribuir a tumbar los decretos, ha vuelto a abrir la puerta a negociar. Tiene lógica: mientras continúe la legislatura, sus siete diputados mantienen una enorme capacidad de influencia; si Sánchez convoca elecciones, las cartas vuelven a repartirse. Sumar tampoco llega en una posición cómoda a una cita inmediata porque todavía debe ordenar liderazgo, candidatura y estrategia. Un adelanto rápido podría beneficiar al PSOE si consigue concentrar voto útil de la izquierda, pero también podría fragmentar todavía más el bloque progresista y hacer perder escaños decisivos.
En el otro lado, Feijóo ya actúa como si la campaña estuviera cerca. El PP exige elecciones y quiere disputar al PSOE precisamente el terreno de la vivienda, pero con un enfoque completamente distinto: más construcción, más oferta y más seguridad jurídica. El choque sería claro. El Gobierno intentaría centrar la campaña en la protección del inquilino y la limitación de la especulación, mientras el PP trataría de llevar el debate hacia la falta de vivienda disponible. Vox, además, llega creciendo, lo que fortalece al bloque de derecha pero también aumenta la presión sobre Feijóo y condiciona cualquier escenario posterior a las elecciones.
A todo esto se suma el factor Puigdemont. El Tribunal Constitucional tiene previsto abordar esta semana resoluciones relacionadas con la aplicación de la amnistía a la malversación del procés, una decisión que puede acercar todavía más el regreso del líder de Junts. La paradoja política es evidente: Sánchez puede estar decidiendo si convoca elecciones justo cuando Puigdemont vuelve al centro del tablero y después de que Junts haya sido determinante para provocar la última gran derrota parlamentaria del Gobierno.
Por eso la cuestión ya no es simplemente si la legislatura puede continuar. Puede hacerlo. El verdadero cálculo es si a Sánchez le conviene más resistir o arriesgar. Esperar significa asumir meses de negociaciones inciertas, desgaste y dependencia parlamentaria. Convocar significa enfrentarse inmediatamente a unas encuestas que hoy favorecen con claridad a PP y Vox, pero también intentar aprovechar una movilización social alrededor de la vivienda que podría alterar el escenario. España todavía no está formalmente en campaña, pero todos los partidos empiezan a comportarse como si lo estuvieran. Y este lunes, más que nunca, Sánchez tiene la llave de decidir si mantiene cerrada la puerta de las urnas o abre una nueva etapa política.
