El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico recurrirá ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, que establece en 364 menores extranjeros no acompañados la capacidad ordinaria asignada al sistema de protección y tutela de Extremadura.
El Real Decreto fija efectivamente en 364 la capacidad ordinaria correspondiente a Extremadura.
Fernández Calle ha explicado que la Junta solicitará además la suspensión cautelar de la norma con el objetivo de que no produzca efectos mientras los tribunales determinan si se ajusta a Derecho.
Fernández Calle contrapone las 364 plazas con las 14 disponibles
El vicepresidente extremeño ha puesto el foco en la diferencia entre la capacidad establecida por el Gobierno de España y la disponibilidad que, según sostiene la Junta, tiene realmente el sistema autonómico.
Cuando se fijó la cifra, Fernández Calle señala que la red extremeña de protección disponía únicamente de 14 plazas libres, destinadas a atender las necesidades de protección de menores que puedan producirse dentro de la propia comunidad.
La Junta ya había advertido públicamente de esas 14 plazas disponibles frente a las 364 de capacidad teórica atribuida a Extremadura.
Para Fernández Calle, el sistema extremeño no dispone de «una capacidad ilimitada» y la cifra establecida por el Ejecutivo central no tendría suficientemente en cuenta los recursos disponibles.
La Junta recurrirá al Tribunal Supremo
La respuesta anunciada por el Ejecutivo autonómico será acudir al Tribunal Supremo y solicitar la suspensión cautelar del Real Decreto.
Fernández Calle rechaza que el Gobierno central establezca una cifra sin atender, según su argumentación, a la capacidad efectiva del sistema extremeño de protección.
El vicepresidente ha recordado asimismo el acuerdo suscrito entre España y Marruecos en 2007 sobre menores extranjeros no acompañados y ha defendido que el Estado recurra a los mecanismos de prevención, identificación, reunificación familiar y retorno contemplados en ese marco antes de trasladar menores a los sistemas autonómicos.
«Nuestros menores, nuestros recursos y nuestras competencias»
Fernández Calle ha situado también el conflicto en el terreno de las competencias autonómicas y de los recursos disponibles para la protección de menores.
El vicepresidente ha asegurado que Extremadura acudirá al Supremo para defender «nuestros menores, nuestros recursos, nuestras competencias y los intereses de los extremeños».
Con el recurso y la petición de suspensión cautelar, el Ejecutivo autonómico buscará que sea el Tribunal Supremo el que determine la conformidad a Derecho del Real Decreto.
