El diputado de VOX en la Junta General del Principado de Asturias, Javier Jové, ha anunciado el voto contrario de su formación a la ley LGTBI asturiana, al considerar que determinadas disposiciones pueden comprometer la libertad de expresión y de conciencia.
Durante su intervención en el Pleno, Jové ha cuestionado el alcance de la norma y ha acusado a sus promotores de utilizar la lucha contra la discriminación como justificación para introducir medidas que, según su interpretación, favorecen el control ideológico en ámbitos como la educación, la sanidad, los medios de comunicación y las administraciones públicas.
«Nosotros no entramos con quién se acuesta la gente o a quién ama, ni nos importa. Es una libre elección. Pero esta ley no va de eso. Esta ley va de adoctrinamiento», ha afirmado.
Jové cuestiona los cambios introducidos durante la tramitación
El parlamentario sostiene que el texto sometido al debate conserva buena parte de las disposiciones que VOX había criticado desde el inicio de su tramitación.
Según Jové, las modificaciones incorporadas no resuelven sus objeciones sobre el régimen sancionador ni sobre el papel de la Administración en la promoción de determinadas políticas.
El diputado considera que la norma va más allá de establecer garantías frente a la discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Críticas al artículo 89 y a las medidas dirigidas a los medios
Uno de los puntos principales de la intervención de Jové ha sido el tratamiento de los medios de comunicación.
El diputado ha cuestionado las disposiciones destinadas a combatir contenidos que puedan incitar al odio contra las personas LGTBI, así como la promoción de códigos deontológicos, recomendaciones y acuerdos de autorregulación.
Jové se ha referido especialmente al artículo 89, relativo, según ha señalado, a los códigos deontológicos.
«Esta ley busca imponer una moral de Estado», ha denunciado.
El parlamentario considera que la intervención de las administraciones en la elaboración de recomendaciones y en la formación de profesionales de los medios puede generar presiones sobre la actividad periodística.
También ha advertido de un posible efecto de autocensura si estas medidas se relacionan con un régimen sancionador.
No obstante, la promoción de códigos deontológicos o de acuerdos voluntarios no equivale, por sí sola, a censura. Para determinar el alcance de las obligaciones y sus posibles consecuencias jurídicas resulta necesario examinar el contenido concreto de la ley y su aplicación.
VOX expresa reservas sobre las disposiciones relativas a menores
Jové también ha cuestionado las previsiones del texto relacionadas con los menores de edad y la atención sanitaria.
El diputado sostiene que la norma no incorpora garantías suficientes frente a determinadas intervenciones médicas y ha defendido que la protección de la salud infantil debe ocupar un lugar prioritario.
En su intervención, ha aludido a la revisión de algunas prácticas clínicas relacionadas con menores en distintos países europeos.
El comunicado no identifica los artículos concretos que, a juicio de VOX, permitirían actuaciones médicas sin garantías suficientes. Tampoco permite concluir que la ley elimine los requisitos de consentimiento informado, evaluación clínica o protección del menor establecidos en la normativa sanitaria aplicable.
Las objeciones del parlamentario se presentan, por tanto, como una crítica a las garantías que considera necesarias, no como la constatación de un daño sanitario derivado de la norma.
Debate sobre el criterio de sexo legal en el deporte
Otro de los asuntos abordados ha sido la participación deportiva.
Jové ha criticado las referencias al «sexo legal» y ha defendido que las normas deportivas deben tener en cuenta las características físicas relevantes para cada modalidad.
«Sexo legal es como hablar de aritmética legal. ¿Imaginan una tabla de multiplicación legal al margen de la aritmética?», ha ironizado.
La intervención refleja el desacuerdo de VOX con el enfoque que atribuye al texto legislativo.
Objeciones a la formación y a la contratación pública
El diputado también ha cuestionado las medidas de formación previstas para empleados públicos y para trabajadores de empresas que prestan servicios a las administraciones.
Según Jové, estas obligaciones pueden introducir criterios ideológicos en actividades profesionales que deberían regirse por la neutralidad institucional.
La formación ha extendido sus críticas a la incorporación de compromisos en materia LGTBI en contratos públicos y subvenciones.
El parlamentario considera necesario delimitar con precisión qué obligaciones se establecen, a quiénes afectan y qué consecuencias tendría su incumplimiento.
El régimen sancionador centra parte de las críticas de VOX
Jové ha dedicado otra parte de su intervención al sistema de infracciones y sanciones previsto en la norma.
El diputado ha advertido de posibles consecuencias para docentes, profesionales y empresas si determinadas expresiones o actuaciones fueran consideradas infracciones administrativas.
Para ilustrar sus argumentos, ha mencionado los casos de Juana Gallego, Carola López Moya y Jesús Luis Barrón López, a los que ha relacionado con controversias profesionales o legales por sus posiciones públicas.
VOX mantiene su oposición a la norma
En la parte final de su intervención, Jové ha afirmado que las modificaciones introducidas durante la tramitación no justifican un cambio de posición de VOX.
También ha señalado que algunas de sus críticas coinciden con planteamientos expresados por sectores del feminismo que discrepan de determinadas políticas de identidad de género.
El parlamentario ha reprochado al resto de fuerzas, incluido el Partido Popular, su respaldo al texto.
