El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha logrado que el Pleno del Ayuntamiento se posicione en contra de la imposición de la Zona de Bajas Emisiones. Así, la formación municipal liderada en el Consistorio por Alejandro Gómez, si bien no ha logrado que el pleno acuerde solicitar al Gobierno central la derogación de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, sí ha podido parar el efecto de la ZBE con el acuerdo de que el pleno solicite al Estado la no obligatoriedad de la imposición de la ZBE a los municipios de más de 50 mil habitantes. Tal y como ha explicado el portavoz municipal de VOX, Alejandro Gómez, “lo que ha pasado hoy es el mejor ejemplo de la imposibilidad de aplicar las ensoñaciones climáticas a la vida real de los chicharreros. Los tiempos y las dinámicas de la ZBE solo coartan la libertad de los vecinos y los empobrecen”.
La iniciativa, defendida en la sesión plenaria de este viernes (28) por Gómez, sostiene que las ZBE son el resultado de un modelo normativo europeo impuesto desde Bruselas, aplicado en España por el Partido Popular (PP), Partido Socialista (PSOE) y Coalición Canaria (CC), y que generan restricciones a la movilidad que, según ha relacionado el portavoz de VOX, “perjudican a familias, trabajadores y pequeños autónomos”. La moción aprobada denuncia que estas políticas han incrementado allá donde se aplican el coste de la vida, han dificultado los desplazamientos cotidianos y han castigado a quienes no pueden renovar su vehículo.
VOX subraya que la obligación de implantar ZBE limita la autonomía local provocando desigualdades entre municipios y convirtiendo el sistema sancionador en “una máquina de recaudar más que una herramienta ambiental eficaz”. El pleno, con la aprobación de esta iniciativa en la que PP y CC se han visto en la necesidad de apoyar que se suprima la obligatoriedad de implantar la ZBE, expresa su rechazo a lo que VOX califica de “fanatismo climático” y a la Agenda 2030, al considerar que han generado restricciones que afectan a la libertad de movimiento, encarecen la vida y debilitan la soberanía energética e industrial del país.
Para sacar adelante la propuesta, el pleno aprobó manifestar que la actual regulación estatal que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a implantar Zonas de Bajas Emisiones no ofrece una solución adecuada ni realista para ciudades con particularidades urbanas, sociales y económicas como Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, el Ayuntamiento solicita al Gobierno de España la supresión del artículo 14.3.a) de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, que establece la implantación obligatoria de las ZBE.
VOX sostiene que las Zonas de Bajas Emisiones representan “el fracaso de una política ambiental desconectada de la realidad” y celebra que países como Francia hayan comenzado a cuestionar “las imposiciones del fanatismo climático”, replanteando una legislación que, según afirman, castiga a las familias y limita la libertad de movimiento.
