Antonio Sevilla: «La Justicia ha tumbado la ZBE y ahora toca devolver el dinero a los malagueños»
VOX ha anunciado una batería de iniciativas en distintos municipios de la provincia de Málaga para exigir al Ayuntamiento de la capital la devolución de las multas impuestas por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), después de que la Justicia haya anulado la ordenanza municipal que regulaba estas restricciones al tráfico.
El presidente de VOX Málaga y diputado del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Antonio Sevilla, ha explicado que la formación llevará mociones a numerosos ayuntamientos para reclamar el cese inmediato de las sanciones y la devolución del dinero cobrado a los ciudadanos afectados.
Sevilla ha recordado que el pasado 11 de junio el recurso presentado por VOX contra la Zona de Bajas Emisiones fue estimado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anulando una ordenanza que, según ha defendido, «nunca debió entrar en vigor».
“La Justicia ha dado la razón a VOX frente a una ordenanza que tenía como único objetivo recaudar dinero a costa de los malagueños mediante multas injustas”, ha afirmado.
VOX acusa al PP de mantener un afán recaudatorio
Antonio Sevilla ha criticado que el Ayuntamiento de Málaga siga defendiendo la aplicación de la ZBE pese al pronunciamiento judicial.
“Sabemos que el Partido Popular está deseando seguir multando. Paco de la Torre quiere seguir aumentando los ingresos municipales a costa del bolsillo de trabajadores, familias y autónomos que necesitan utilizar su vehículo para desplazarse”, ha denunciado.
Desde VOX consideran que las restricciones afectan especialmente a miles de vecinos de la provincia que deben acudir diariamente a Málaga por motivos laborales, sanitarios, educativos o administrativos.
“Hablamos de personas que utilizan su coche para trabajar, para acudir al hospital, para estudiar o para llevar a sus hijos al colegio. En lugar de ofrecer alternativas reales, el Ayuntamiento ha optado por castigarles con multas”, ha señalado.
Iniciativas en toda la provincia
La formación ha confirmado que ya se han registrado iniciativas en municipios como Coín, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Vélez-Málaga, Fuengirola, Benalmádena y Alhaurín el Grande, con el objetivo de que los ayuntamientos reclamen formalmente la devolución de las sanciones.
VOX pretende además que los municipios insten al Ayuntamiento de Málaga a ejercer una verdadera capitalidad provincial, garantizando que todos los ciudadanos puedan acceder a la ciudad en igualdad de condiciones.
“Queremos asegurar el libre tránsito de los vecinos de toda la provincia y evitar que sean sancionados simplemente por necesitar entrar en Málaga”, ha explicado Sevilla.
“El PP debe aceptar la derrota judicial”
El presidente provincial de VOX ha concluido exigiendo al Partido Popular que asuma el fallo judicial y abandone cualquier intento de mantener un sistema que considera injusto y perjudicial para los ciudadanos.
“El Partido Popular debe aceptar su derrota judicial y dejar de utilizar la Zona de Bajas Emisiones como un método para recaudar millones de euros a través de multas”, ha concluido.
Por su parte, los concejales de VOX en Coín y Rincón de la Victoria, Luis Miguel Rivas y Carlos Chinchilla, han pedido el respaldo de sus respectivos ayuntamientos a esta iniciativa al considerar que se trata de una cuestión de justicia para miles de vecinos afectados.
Patricia Rueda estalla contra la alianza PP-PSOE para mantener las ZBE y sus multas.
El Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados ha denunciado la alianza entre Partido Popular y Partido Socialista para mantener la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios españoles, después de que ambas formaciones rechazaran una iniciativa presentada por VOX para su derogación.
Durante la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la diputada de VOX por Málaga, Patricia Rueda, defendió una propuesta destinada a revocar la obligación de implantar estas restricciones al tráfico, al considerar que suponen una limitación injustificada para miles de ciudadanos.
“Las Zonas de Bajas Emisiones no son más que una herramienta recaudatoria impulsada por populares y socialistas que complica aún más la vida de las familias, los autónomos y los trabajadores”, afirmó.
VOX denuncia restricciones a la movilidad
Durante su intervención, Rueda defendió que las ZBE generan desigualdades entre los ciudadanos en función de su capacidad económica y limitan la libertad de circulación de quienes no pueden permitirse renovar su vehículo.
La diputada alertó de que muchos ciudadanos se ven afectados por restricciones que les impiden acceder con normalidad a determinadas zonas urbanas o desplazarse a otros municipios.
“Hay miles de españoles que no pueden cambiar de coche porque simplemente no llegan a final de mes. No se les puede castigar por ello ni convertir la movilidad en un privilegio reservado para unos pocos”, señaló.
Críticas a la Agenda 2030 y a la Ley de Cambio Climático
VOX vinculó la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones a las políticas derivadas de la Agenda 2030 y criticó que estas medidas se adopten sin tener en cuenta las dificultades reales que afrontan muchas familias.
La formación considera que estas restricciones perjudican especialmente a trabajadores, autónomos, comerciantes y vecinos de municipios obligados a aplicar este tipo de limitaciones.
Por ello, la iniciativa también planteaba promover la derogación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, al considerar que está teniendo consecuencias negativas sobre la movilidad y las formas de vida tradicionales de numerosos ciudadanos.
VOX reclama libertad de movimiento
La formación sostiene que las ZBE representan un modelo de gestión basado en prohibiciones, sanciones y restricciones que termina afectando a la vida cotidiana de millones de españoles.
Patricia Rueda defendió la necesidad de impulsar políticas que permitan compatibilizar la protección medioambiental con el respeto a los derechos y necesidades de los ciudadanos.
“Los españoles necesitan soluciones, no más prohibiciones. No podemos seguir imponiendo medidas que castigan a quienes trabajan, emprenden y utilizan su vehículo para desarrollar su vida diaria”, concluyó.
Mariola Vargas: «Las ZBE no tienen en cuenta las características de los municipios rurales»
La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, ha vuelto a mostrar su rechazo a la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en municipios con características alejadas de las grandes ciudades, poniendo como ejemplo la realidad de la localidad que gobierna.
A través de una intervención difundida en redes sociales, Vargas ha ironizado sobre la obligación de implantar este tipo de medidas en la capital de la Sierra madrileña.
“Pues esto es Collado Villalba, la capital de la Sierra, un municipio que según el Gobierno de Pedro Sánchez debería estar afectado por una Zona de Bajas Emisiones”, afirmó.
Una crítica cargada de ironía
La alcaldesa popular lanzó una pregunta dirigida al Ejecutivo central para cuestionar la aplicación práctica de estas restricciones en un entorno natural y rural.
“Yo repito mi pregunta a Pedro Sánchez: ¿dónde ponemos la señal de Zona de Bajas Emisiones? ¿En alguna de estas vacas, en alguno de estos terneros?”, señaló mientras mostraba imágenes del entorno ganadero de la zona.
Con esta reflexión, Vargas quiso poner de relieve las diferencias existentes entre municipios como Collado Villalba y las grandes áreas metropolitanas donde habitualmente se aplican este tipo de políticas de movilidad.
Debate sobre las restricciones al tráfico
La regidora considera que las medidas impulsadas desde el Gobierno no tienen suficientemente en cuenta las particularidades de muchos municipios de la Sierra madrileña, cuya estructura urbana, densidad de población y entorno natural difieren notablemente de las grandes capitales.
En este contexto, defendió la necesidad de adaptar las políticas medioambientales a la realidad de cada territorio y evitar soluciones uniformes para situaciones muy diferentes.
Defensa del municipalismo
Mariola Vargas enmarca esta reivindicación dentro de la defensa de la autonomía local y de la capacidad de los ayuntamientos para diseñar medidas acordes a las necesidades de sus vecinos.
La alcaldesa sostiene que los municipios deben tener mayor margen para decidir cómo compatibilizar la protección del medio ambiente con la movilidad, el desarrollo económico y la vida cotidiana de los ciudadanos.
Con su intervención, la regidora popular reabre el debate sobre la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones en localidades de menor tamaño y perfil rural, una cuestión que sigue generando controversia en distintos puntos de España.
Sonsoles Peralta denuncia que la ZBE resta policías a la seguridad vecinal en San Lázaro.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) está generando nuevas cargas para la Policía Local y reduciendo la capacidad de respuesta ante los problemas de seguridad y convivencia que afectan a distintos barrios de la ciudad.
La portavoz de VOX en el Consistorio ovetense, Sonsoles Peralta, ha criticado que los agentes municipales tengan que destinar parte de sus recursos a labores de vigilancia, control y tramitación de sanciones relacionadas con la ZBE, mientras numerosos vecinos reclaman una mayor presencia policial en sus barrios.
“La Policía Local debe estar centrada en proteger a los vecinos, prevenir delitos y reforzar la seguridad en las calles. Sin embargo, el Ayuntamiento está destinando efectivos a controlar vehículos y gestionar multas”, ha señalado.
Desde la formación destacan especialmente la situación del barrio de San Lázaro, donde más de 1.100 vecinos han respaldado una iniciativa para reclamar soluciones ante los problemas de inseguridad y convivencia que se registran en el entorno de Cano Mata.
VOX considera que las demandas vecinales evidencian la necesidad de reforzar la presencia policial en determinadas zonas de la ciudad para hacer frente a altercados, actos vandálicos y otras situaciones que generan preocupación entre los residentes.
Según Sonsoles Peralta, la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones supone un incremento de la burocracia y de los costes municipales, además de desviar recursos humanos hacia tareas que, a juicio de la formación, no responden a las principales preocupaciones de los ciudadanos.
“La prioridad debe ser garantizar la seguridad y la convivencia en los barrios, no convertir a la Policía Local en un instrumento dedicado principalmente a la vigilancia administrativa y la imposición de sanciones”, ha afirmado.
VOX también ha criticado al equipo de gobierno municipal por mantener unas políticas que consideran alejadas de las necesidades reales de los ovetenses y que, según la formación, responden a directrices impulsadas desde la izquierda.
La formación reitera su rechazo a la Zona de Bajas Emisiones y reclama que los recursos públicos se orienten a reforzar la seguridad ciudadana, mejorar la convivencia vecinal y atender los problemas que afectan directamente a los barrios de Oviedo.
Por ello, VOX exige una revisión de las prioridades municipales para que la Policía Local pueda dedicar más medios y efectivos a las funciones de prevención, vigilancia y protección que demandan los vecinos.
“Los ciudadanos quieren calles seguras, barrios tranquilos y una Policía Local centrada en resolver los problemas reales de la ciudad”, ha concluido Sonsoles Peralta.
Gavira critica la Agenda 2030 tras la implantación de la ZBE en Cádiz.
El portavoz de VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha reiterado el rechazo frontal de su formación a la entrada en funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Cádiz capital, calificando esta medida como una normativa “absurda, injusta y sin sentido”.
Gavira ha denunciado que la implantación de la ZBE responde a “otra imposición ideológica del PSOE, apoyada por el PP”, y ha advertido de que supone “un ataque directo a la libertad de movimiento de los gaditanos y un nuevo golpe a las familias trabajadoras y a los pequeños comerciantes”.
El dirigente de VOX ha alertado además de los efectos económicos que, a su juicio, tendrá esta medida sobre el comercio local y la actividad del centro de la ciudad.
“Los perjuicios que esta ordenanza va a provocar a la economía local y a los comercios del centro van a ser irreparables”, ha afirmado.
Asimismo, Gavira considera que la Zona de Bajas Emisiones implica “una limitación injustificada” de los derechos de los vecinos a desplazarse y circular libremente por Cádiz.
“Estas políticas siempre perjudican a los mismos: a quienes no pueden permitirse cambiar de coche cada pocos años según el capricho de los políticos”, ha señalado.
El portavoz andaluz de VOX ha defendido que este tipo de restricciones castigan especialmente a “las economías más humildes y a los más vulnerables”.
En relación con los argumentos medioambientales utilizados para justificar la medida, Gavira ha asegurado que Cádiz “no necesita” una Zona de Bajas Emisiones porque, según ha explicado, la calidad del aire de la ciudad “ya es buena”.
“Entre otras cosas porque ya no tenemos la industria y las fábricas que teníamos antes”, ha afirmado.
Manuel Gavira también ha recordado que VOX ya ha llevado ante los tribunales medidas similares implantadas en municipios de la provincia como Chiclana, Jerez y San Fernando.
“La justicia nos está dando la razón”, ha asegurado.
Finalmente, el dirigente de VOX ha defendido la derogación de todas aquellas políticas vinculadas a la Agenda 2030 que, según sostiene la formación, “solo sirven para restringir libertades y perjudicar la economía”.
“Desde VOX promoveremos la derogación de todas las ideologías derivadas de la Agenda 2030, que lo único que hacen es restringir las libertades de los ciudadanos y arruinar nuestra economía”, ha concluido.
García Narros acusa al Gobierno de usar el SER como herramienta de ingresos.
Durante el debate, el Gobierno municipal sostuvo que se estaba hablando de “algo que no existe” y que, por tanto, no tenía sentido debatirlo. Sin embargo, el proyecto de Zona de Bajas Emisiones aprobado inicialmente por el propio Ayuntamiento sí contempla expresamente la implantación de un Servicio de Estacionamiento Regulado, al que atribuye un carácter ambiental, mayores tasas para los vehículos más contaminantes y la capacidad de reducir los vehículos-kilómetro recorridos e impulsar un cambio modal en Coslada.
A juicio del portavoz del Grupo Municipal de VOX en Coslada, Isaac García Narros, “es muy grave que el Ayuntamiento justifique el SER por razones climáticas en documentos oficiales y, cuando se le pide explicaciones, se niegue a debatirlo en el Pleno”. García Narros ha subrayado que “en Coslada no existe ninguna emergencia climática ni episodios de alta contaminación que justifiquen una ZBE ni un SER ambientalizado” y ha advertido de que “cuando esa base no existe, la medida acaba siendo en la práctica puramente recaudatoria”.
García Narros ha advertido de que la implantación de un SER en estas condiciones supondría un nuevo incremento de la presión fiscal sobre los vecinos. “Estamos hablando de cobrar por el uso del espacio público y convertir la movilidad cotidiana en una fuente permanente de ingresos para el Ayuntamiento, con un efecto claramente confiscatorio”, ha afirmado el portavoz
Isaac García Narros ha querido dejar claro que “VOX no rechaza el estacionamiento regulado como herramienta en abstracto”, pero ha precisado que “solo tendría sentido si se diseña para evitar que los vecinos paguen las consecuencias”. En este sentido, ha señalado que “si existe un problema real de saturación del aparcamiento por la afluencia de visitantes externos, especialmente durante eventos en el Estadio Metropolitano, las medidas deben dirigirse a proteger al residente, no a castigarle con nuevas tasas”.
El portavoz de VOX también ha respondido a las declaraciones del alcalde, quien llegó a afirmar que su grupo está “obsesionado” con la Zona de Bajas Emisiones. “No se trata de ninguna obsesión, sino de hacer nuestro trabajo, que es fiscalizar la acción del Gobierno y defender a los vecinos frente a decisiones que pueden suponer más restricciones y más cargas fiscales”, ha señalado.
“Si exigir transparencia, proporcionalidad y protección del vecino frente a nuevas cargas fiscales se interpreta como una obsesión, entonces algunos parecen entender la fiscalización democrática como un estorbo y no como una obligación”, ha concluido García Narros.
Jesús Rodríguez: «Quieren convertir Lugo en una ciudad prohibida»
El presidente provincial de VOX Lugo, Jesús Rodríguez, ha registrado en las últimas horas en el Ayuntamiento un escrito de alegaciones contra la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la localidad lucense.
Rodríguez ha acusado al gobierno municipal de imponer unas restricciones “innecesarias, desproporcionadas e ilegales” que vulneran derechos fundamentales, “ignoran” la realidad de Lugo y “amenazan” con ahogar el comercio y la vida diaria de los vecinos.
Para el presidente provincial de VOX esta ZBE no sirve para mejorar el aire, que ya está dentro de los límites legales. “Es un disparate ideológico del PSOE y sus socios que solo busca controlar la vida de los lucenses, asfixiar el comercio del casco histórico y llenar las arcas municipales con multas”, ha asegurado.
“Con el 82 % de la gente entrando ya a pie, ¿a quién quieren engañar? Lo que pretenden es convertirnos en peatones forzosos mientras castigan a familias, autónomos y comerciantes que no pueden permitirse cambiar de coche de un día para otro”, se ha lamentado.
Entre los puntos más graves denunciados destacan:
- Permitir que el alcalde modifique por decreto los anexos clave (vehículos autorizados, itinerarios, zonas de carga y descarga), saltándose el Pleno y la información pública.
- Imponer restricciones generales aunque la propia ordenanza reconoce que la contaminación en Lugo es “relativamente buena” y que el 81,8 % de los accesos al casco amurallado ya se hacen a pie.
- Usar datos de una estación de medición situada a un kilómetro de distancia, sin justificar su representatividad.
- Un régimen sancionador draconiano: 200 euros de multa fija por cualquier infracción (incluso una parada de minutos), sin gradación y con claro tinte recaudatorio.
- Gastar dinero público en un costoso sistema de cámaras de videovigilancia cuando no existe una emergencia ambiental real.
- Ausencia total de estudio acústico pese a invocar la reducción de ruido.
- Cero medidas compensatorias para comerciantes, hosteleros, familias vulnerables y personas con movilidad reducida.
- Trato incoherente y peligroso a bicicletas y VMP en zona peatonal.
Ofensiva judicial de Vox en Galicia contra las ZBE
En las ciudades de La Coruña y Vigo los trámites contra las ZBE están más avanzados y VOX ya ha podido registrar formalmente sus recursos contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El objetivo es que los jueces anulen las multas basándose en la falta de informes económicos, repitiendo el éxito de Madrid.
En el resto de Galicia (Lugo, Ourense o Santiago), donde los trámites van más lentos, el partido sigue todavía en la fase de alegaciones administrativas s para intentar frenar o modificar los textos antes de que se aprueben de forma definitiva
VOX, único partido que se opone frontalmente a las ZBE en toda España, ya ha ganado un recurso en Madrid, donde el TSJM anuló las ZBE o en Esplugues de Llobregat, cuya ordenanza fue anulalda por el TSJC.
La formación sostiene que ya existen más de una docena de sentencias que han anulado o suspendido ZBE en municipios de Cataluña, Extremadura y Castilla y León basándose en argumentos similares de desproporcionalidad e insuficiencia de informes.
Esther Núñez: «Segovia no necesita una ZBE que limite a sus vecinos»
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Segovia ha registrado un pliego de alegaciones contra la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al considerar que presenta defectos de forma y posibles vulneraciones de derechos fundamentales de los ciudadanos.
La portavoz de VOX en el consistorio, Esther Núñez, ha subrayado que su formación ha mantenido una posición contraria a este tipo de medidas en todas las instituciones. Según ha explicado, VOX se ha opuesto a las ZBE tanto en el Parlamento Europeo como en el Congreso de los Diputados y, ahora, en el ámbito municipal de Segovia.
Por su parte, el concejal Alfonso Ceballos-Escalera ha detallado los argumentos técnicos recogidos en las alegaciones, señalando que la ordenanza supone, a su juicio, una restricción de derechos como la libre circulación, el acceso a actividades económicas y el principio de igualdad, al establecer diferencias entre residentes y no residentes.
Desde VOX también recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló anteriormente una ordenanza similar por la falta de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), por lo que consideran imprescindible garantizar la correcta tramitación del nuevo procedimiento.
Asimismo, el grupo municipal cuestiona la proporcionalidad de las restricciones planteadas, al considerar que los propios datos recogidos en la ordenanza indican que la calidad del aire en Segovia se mantiene en niveles “buenos” o “regulares”, sin riesgo para la salud.
La formación ha mostrado preocupación por la situación de las personas con movilidad reducida, al no contemplarse exenciones permanentes para los vehículos que las transportan, así como por la brecha digital derivada de un sistema de autorizaciones exclusivamente telemático, sin alternativa presencial.
En materia de protección de datos, VOX advierte de la falta de garantías en el sistema de control mediante lectura automática de matrículas, al no definirse aspectos como los plazos de conservación de datos o los derechos de los ciudadanos.
Desde el punto de vista económico, critican los plazos de adaptación para autónomos y empresas, así como la posibilidad de que la Alcaldía modifique aspectos relevantes de la ordenanza sin pasar por el pleno, lo que, a su juicio, genera inseguridad jurídica.
Entre sus propuestas, VOX plantea la revisión completa del expediente, la ampliación de los periodos transitorios, la eliminación de discriminaciones, la incorporación de canales presenciales para trámites y el refuerzo de la seguridad jurídica del texto. Además, solicita la supresión del régimen sancionador o su modificación para garantizar proporcionalidad.
Finalmente, la formación reclama mayor transparencia en el proceso y el acceso público a toda la documentación técnica y jurídica. “VOX está en contra de la Zona de Bajas Emisiones tal y como se están imponiendo en la mayoría de ciudades españolas”, ha concluido Ceballos-Escalera.