García Narros acusa al Gobierno de usar el SER como herramienta de ingresos.
Durante el debate, el Gobierno municipal sostuvo que se estaba hablando de “algo que no existe” y que, por tanto, no tenía sentido debatirlo. Sin embargo, el proyecto de Zona de Bajas Emisiones aprobado inicialmente por el propio Ayuntamiento sí contempla expresamente la implantación de un Servicio de Estacionamiento Regulado, al que atribuye un carácter ambiental, mayores tasas para los vehículos más contaminantes y la capacidad de reducir los vehículos-kilómetro recorridos e impulsar un cambio modal en Coslada.
A juicio del portavoz del Grupo Municipal de VOX en Coslada, Isaac García Narros, “es muy grave que el Ayuntamiento justifique el SER por razones climáticas en documentos oficiales y, cuando se le pide explicaciones, se niegue a debatirlo en el Pleno”. García Narros ha subrayado que “en Coslada no existe ninguna emergencia climática ni episodios de alta contaminación que justifiquen una ZBE ni un SER ambientalizado” y ha advertido de que “cuando esa base no existe, la medida acaba siendo en la práctica puramente recaudatoria”.
García Narros ha advertido de que la implantación de un SER en estas condiciones supondría un nuevo incremento de la presión fiscal sobre los vecinos. “Estamos hablando de cobrar por el uso del espacio público y convertir la movilidad cotidiana en una fuente permanente de ingresos para el Ayuntamiento, con un efecto claramente confiscatorio”, ha afirmado el portavoz
Isaac García Narros ha querido dejar claro que “VOX no rechaza el estacionamiento regulado como herramienta en abstracto”, pero ha precisado que “solo tendría sentido si se diseña para evitar que los vecinos paguen las consecuencias”. En este sentido, ha señalado que “si existe un problema real de saturación del aparcamiento por la afluencia de visitantes externos, especialmente durante eventos en el Estadio Metropolitano, las medidas deben dirigirse a proteger al residente, no a castigarle con nuevas tasas”.
El portavoz de VOX también ha respondido a las declaraciones del alcalde, quien llegó a afirmar que su grupo está “obsesionado” con la Zona de Bajas Emisiones. “No se trata de ninguna obsesión, sino de hacer nuestro trabajo, que es fiscalizar la acción del Gobierno y defender a los vecinos frente a decisiones que pueden suponer más restricciones y más cargas fiscales”, ha señalado.
“Si exigir transparencia, proporcionalidad y protección del vecino frente a nuevas cargas fiscales se interpreta como una obsesión, entonces algunos parecen entender la fiscalización democrática como un estorbo y no como una obligación”, ha concluido García Narros.
Jesús Rodríguez: «Quieren convertir Lugo en una ciudad prohibida»
El presidente provincial de VOX Lugo, Jesús Rodríguez, ha registrado en las últimas horas en el Ayuntamiento un escrito de alegaciones contra la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la localidad lucense.
Rodríguez ha acusado al gobierno municipal de imponer unas restricciones “innecesarias, desproporcionadas e ilegales” que vulneran derechos fundamentales, “ignoran” la realidad de Lugo y “amenazan” con ahogar el comercio y la vida diaria de los vecinos.
Para el presidente provincial de VOX esta ZBE no sirve para mejorar el aire, que ya está dentro de los límites legales. “Es un disparate ideológico del PSOE y sus socios que solo busca controlar la vida de los lucenses, asfixiar el comercio del casco histórico y llenar las arcas municipales con multas”, ha asegurado.
“Con el 82 % de la gente entrando ya a pie, ¿a quién quieren engañar? Lo que pretenden es convertirnos en peatones forzosos mientras castigan a familias, autónomos y comerciantes que no pueden permitirse cambiar de coche de un día para otro”, se ha lamentado.
Entre los puntos más graves denunciados destacan:
- Permitir que el alcalde modifique por decreto los anexos clave (vehículos autorizados, itinerarios, zonas de carga y descarga), saltándose el Pleno y la información pública.
- Imponer restricciones generales aunque la propia ordenanza reconoce que la contaminación en Lugo es “relativamente buena” y que el 81,8 % de los accesos al casco amurallado ya se hacen a pie.
- Usar datos de una estación de medición situada a un kilómetro de distancia, sin justificar su representatividad.
- Un régimen sancionador draconiano: 200 euros de multa fija por cualquier infracción (incluso una parada de minutos), sin gradación y con claro tinte recaudatorio.
- Gastar dinero público en un costoso sistema de cámaras de videovigilancia cuando no existe una emergencia ambiental real.
- Ausencia total de estudio acústico pese a invocar la reducción de ruido.
- Cero medidas compensatorias para comerciantes, hosteleros, familias vulnerables y personas con movilidad reducida.
- Trato incoherente y peligroso a bicicletas y VMP en zona peatonal.
Ofensiva judicial de Vox en Galicia contra las ZBE
En las ciudades de La Coruña y Vigo los trámites contra las ZBE están más avanzados y VOX ya ha podido registrar formalmente sus recursos contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El objetivo es que los jueces anulen las multas basándose en la falta de informes económicos, repitiendo el éxito de Madrid.
En el resto de Galicia (Lugo, Ourense o Santiago), donde los trámites van más lentos, el partido sigue todavía en la fase de alegaciones administrativas s para intentar frenar o modificar los textos antes de que se aprueben de forma definitiva
VOX, único partido que se opone frontalmente a las ZBE en toda España, ya ha ganado un recurso en Madrid, donde el TSJM anuló las ZBE o en Esplugues de Llobregat, cuya ordenanza fue anulalda por el TSJC.
La formación sostiene que ya existen más de una docena de sentencias que han anulado o suspendido ZBE en municipios de Cataluña, Extremadura y Castilla y León basándose en argumentos similares de desproporcionalidad e insuficiencia de informes.
Esther Núñez: «Segovia no necesita una ZBE que limite a sus vecinos»
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Segovia ha registrado un pliego de alegaciones contra la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al considerar que presenta defectos de forma y posibles vulneraciones de derechos fundamentales de los ciudadanos.
La portavoz de VOX en el consistorio, Esther Núñez, ha subrayado que su formación ha mantenido una posición contraria a este tipo de medidas en todas las instituciones. Según ha explicado, VOX se ha opuesto a las ZBE tanto en el Parlamento Europeo como en el Congreso de los Diputados y, ahora, en el ámbito municipal de Segovia.
Por su parte, el concejal Alfonso Ceballos-Escalera ha detallado los argumentos técnicos recogidos en las alegaciones, señalando que la ordenanza supone, a su juicio, una restricción de derechos como la libre circulación, el acceso a actividades económicas y el principio de igualdad, al establecer diferencias entre residentes y no residentes.
Desde VOX también recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló anteriormente una ordenanza similar por la falta de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), por lo que consideran imprescindible garantizar la correcta tramitación del nuevo procedimiento.
Asimismo, el grupo municipal cuestiona la proporcionalidad de las restricciones planteadas, al considerar que los propios datos recogidos en la ordenanza indican que la calidad del aire en Segovia se mantiene en niveles “buenos” o “regulares”, sin riesgo para la salud.
La formación ha mostrado preocupación por la situación de las personas con movilidad reducida, al no contemplarse exenciones permanentes para los vehículos que las transportan, así como por la brecha digital derivada de un sistema de autorizaciones exclusivamente telemático, sin alternativa presencial.
En materia de protección de datos, VOX advierte de la falta de garantías en el sistema de control mediante lectura automática de matrículas, al no definirse aspectos como los plazos de conservación de datos o los derechos de los ciudadanos.
Desde el punto de vista económico, critican los plazos de adaptación para autónomos y empresas, así como la posibilidad de que la Alcaldía modifique aspectos relevantes de la ordenanza sin pasar por el pleno, lo que, a su juicio, genera inseguridad jurídica.
Entre sus propuestas, VOX plantea la revisión completa del expediente, la ampliación de los periodos transitorios, la eliminación de discriminaciones, la incorporación de canales presenciales para trámites y el refuerzo de la seguridad jurídica del texto. Además, solicita la supresión del régimen sancionador o su modificación para garantizar proporcionalidad.
Finalmente, la formación reclama mayor transparencia en el proceso y el acceso público a toda la documentación técnica y jurídica. “VOX está en contra de la Zona de Bajas Emisiones tal y como se están imponiendo en la mayoría de ciudades españolas”, ha concluido Ceballos-Escalera.
Alejandro Gómez denuncia que las ZER penalizan a familias y trabajadores.
El Grupo Municipal de VOX en Santa Cruz de Tenerife defenderá en el próximo Pleno del viernes 27 una propuesta para paralizar la implantación de las zonas de estacionamiento regulado (ZER) en el municipio.
El portavoz de la formación, Alejandro Gómez, ha advertido de que este tipo de medidas corren el riesgo de convertirse en un “mecanismo recaudatorio” que afecte directamente a familias y trabajadores, en lugar de limitarse a ordenar el estacionamiento en zonas concretas.
Según recoge la iniciativa, VOX alerta de la tendencia en diversas ciudades españolas donde el estacionamiento regulado ha pasado de ser una herramienta puntual a un sistema permanente que, a su juicio, restringe la movilidad y genera una presión económica añadida sobre los vecinos.
Críticas a la implantación generalizada
Desde VOX señalan que, en los últimos años, distintas administraciones han impulsado medidas como tasas o restricciones de movilidad que han terminado afectando especialmente a las rentas más bajas. En este contexto, advierten de que Santa Cruz de Tenerife podría seguir esa misma línea con la futura implantación de las ZER.
La formación considera que el estacionamiento regulado solo debería aplicarse en zonas concretas y en franjas horarias determinadas, siempre que exista una saturación real del aparcamiento. En caso contrario, sostienen que su generalización supondría un sobrecoste para los ciudadanos que dependen del vehículo privado, especialmente en barrios con escasas alternativas de transporte público.
Propuesta de VOX
La moción presentada por VOX plantea la paralización de la implantación de las ZER y la creación de un marco que garantice que esta herramienta no se utilice con fines recaudatorios.
Entre las medidas propuestas, se incluye que cualquier implantación futura esté basada en estudios técnicos objetivos, públicos y actualizados que acrediten la necesidad real del sistema. Asimismo, se propone revisar periódicamente su aplicación y eliminar estas zonas cuando desaparezcan las causas que las justificaron.
Además, VOX defiende evitar cualquier modelo que genere discriminación entre vecinos en función de su renta, su barrio o su vehículo, garantizando la protección de quienes residen en zonas no céntricas o con menor acceso al transporte público.
Transparencia y control
La iniciativa también pone el foco en la transparencia, proponiendo la publicación periódica de datos sobre ocupación, recaudación, costes y sanciones, con el objetivo de evaluar la eficacia del sistema y evitar su uso como una herramienta de restricción generalizada de la movilidad.
“El acceso a la movilidad no puede convertirse en un privilegio reservado a quien pueda pagarlo”, ha señalado Gómez, subrayando la necesidad de proteger a los vecinos ante posibles sobrecostes derivados de estas medidas.
García Narros: «La ZBE de Coslada incumple la ley»
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Coslada ha registrado una solicitud formal para la suspensión inmediata del procedimiento de aprobación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al considerar que la documentación sometida a información pública es incompleta y no cumple los requisitos establecidos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Según ha explicado el portavoz de VOX, Isaac García Narros, la exposición pública del expediente únicamente incluye la ordenanza, el proyecto y el anuncio en el BOCM, sin incorporar informes esenciales como los estudios socioeconómicos, el análisis del parque circulante, el impacto en la calidad del aire o la memoria de análisis de impacto normativo completa.
Desde VOX se recuerda que esta situación ya fue advertida en distintas reclamaciones presentadas en noviembre de 2025 y febrero de 2026, sin que, según denuncian, se haya corregido la falta de documentación.
La formación sostiene que esta omisión reproduce los mismos defectos que llevaron al TSJM a anular normativas similares en Madrid, al considerar que la ausencia de documentación completa durante el periodo de información pública impide una participación adecuada de los ciudadanos.
En este sentido, VOX ha solicitado la publicación íntegra de todos los informes técnicos y estudios relacionados con la ZBE, así como la entrega de la documentación completa al grupo municipal.
El portavoz ha subrayado que la medida afecta a una parte significativa de los vecinos de Coslada, por lo que considera imprescindible garantizar la transparencia en el procedimiento.
Desde VOX se insiste en que el objetivo de esta iniciativa es asegurar el cumplimiento de la legalidad y permitir que los ciudadanos dispongan de toda la información necesaria antes de la aprobación de la ordenanza.
Carlos Zambrano: «La ZBE de San Fernando perjudica al comercio y a los vecinos»
VOX ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la ordenanza que impone la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en San Fernando, una iniciativa que ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El recurso ha sido formulado tanto por el Grupo Municipal de VOX en San Fernando como por el propio partido a nivel nacional, con la participación de sus servicios jurídicos y la implicación de la vicecoordinadora nacional, Marta Castro.
Desde VOX consideran que esta normativa responde a un planteamiento ideológico que limita la libertad de los vecinos y perjudica especialmente a las economías más vulnerables. En este sentido, señalan que la implantación de la ZBE supone nuevas restricciones a la movilidad, afectando a quienes no pueden asumir el coste de renovar su vehículo.
El portavoz del Grupo Municipal VOX en San Fernando, Carlos Zambrano, ha advertido en reiteradas ocasiones sobre el impacto negativo que esta ordenanza puede tener en la economía local, al introducir limitaciones que afectan directamente al comercio y a la actividad urbana.
Desde la formación se alerta de que la ZBE podría agravar la situación del comercio tradicional, especialmente en zonas emblemáticas como las calles Real, Rosario o San Rafael, donde se viene registrando un aumento de locales vacíos y cierres de establecimientos.
VOX subraya que el pequeño comercio desempeña un papel fundamental como motor de empleo, elemento de cohesión social y garante de la vida urbana, advirtiendo de que su desaparición conlleva procesos de degradación en los barrios.
Asimismo, critican que la ordenanza se haya implantado sin estudios técnicos suficientes que la respalden y sin medidas compensatorias para el comercio, lo que, a su juicio, puede tener consecuencias negativas para numerosos negocios.
El Grupo Municipal también denuncia que esta medida se suma a otras decisiones que han afectado al comercio de proximidad, como la reducción de plazas de aparcamiento en zonas comerciales o las dificultades urbanísticas para la modernización de locales.
En este contexto, VOX considera que la ZBE introduce un trato desigual entre el comercio urbano y las grandes superficies, que disponen de mayores facilidades de acceso y aparcamiento.
La formación concluye que las políticas medioambientales deben aplicarse desde criterios técnicos y de equilibrio, evitando restricciones que limiten derechos o perjudiquen la actividad económica y el empleo local.
Pollán Fernández: «Donde haya más VOX, habrá menos Zonas de Bajas Emisiones»
El presidente de las Cortes de Castilla y León y dirigente de VOX, Carlos Pollán Fernández, ha participado hoy en la manifestación convocada en Segovia contra la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), mostrando el respaldo de su formación a los vecinos, comerciantes y trabajadores afectados por esta medida.
Pollán ha calificado la ZBE como “una imposición del bipartidismo que atenta contra la libertad de movimiento de los españoles, en este caso de los segovianos”, y ha advertido de que estas políticas perjudican especialmente a las clases medias, a las clases trabajadoras y al comercio local.
“El Partido Popular y el Partido Socialista aplican las mismas políticas allí donde gobiernan. Allí donde haya PP o PSOE, habrá una Zona de Bajas Emisiones que limite la libertad de los ciudadanos”, ha afirmado.
El dirigente de VOX ha defendido que su formación es la única que está plantando cara a estas medidas, tanto negándose a apoyar presupuestos que incluyan partidas destinadas a su implantación como intentando limitar su alcance en aquellos municipios donde tiene representación decisiva.
Pollán ha advertido de que estas zonas están generando desigualdad, al convertir determinados núcleos urbanos en espacios de acceso restringido “solo para quienes pueden permitirse un vehículo eléctrico”. Ha recordado que muchos ciudadanos tienen sus centros de trabajo, colegios o centros de salud dentro de estas áreas, lo que les obliga a modificar sus rutinas y encarece su vida cotidiana.
“En los lugares donde VOX tenga una mayoría suficiente, dejarán de existir las Zonas de Bajas Emisiones”, ha asegurado.
Durante su intervención, Pollán también ha respondido a las recientes declaraciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien afirmó que tras las elecciones será él quien marque las condiciones de posibles pactos. “Las condiciones para los gobiernos no las pone un dirigente político, las ponen los castellanos y leoneses con su voto”, ha señalado.
Asimismo, ha criticado la campaña de defensa del acuerdo con Mercosur impulsada por el Partido Popular en Castilla y León. Pollán ha reprochado al PP que intente “blanquear” este acuerdo ante agricultores y ganaderos, cuando —según ha recordado— no respaldó sus reivindicaciones en las movilizaciones del sector.
Ha subrayado que, tanto en la tractorada celebrada frente a las Cortes como en la gran movilización en Madrid, los procuradores de VOX estuvieron presentes apoyando al campo, mientras que PP y PSOE “se limitaron a observar desde sus despachos”.
“Si el acuerdo de Mercosur es tan bueno, que se lo expliquen personalmente a los agricultores en la calle”, ha afirmado.
Jordi de la Fuente: «La ZBE es el nuevo muro: divide a los ricos que circulan y a los pobres que caminan»
El Concejal de VOX en el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs,, Jordi de la Fuente, ha expresado su rechazo a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y otras medidas regulatorias que, según ha afirmado, están afectando negativamente a la clase trabajadora y a la libre circulación de los ciudadanos.
Durante su intervención, De la Fuente defendió el uso de motocicletas y vehículos privados como parte del derecho de los trabajadores a desplazarse para trabajar, emprender y llevar una vida normal. Aseguró que muchas políticas locales y autonómicas, como las ZBE y las multas asociadas a estas zonas, suponen una carga económica adicional para las familias y trabajadores, particularmente para aquellos que no disponen de vehículos etiquetados como “ecológicos”.
Citó datos sobre la frecuencia de sanciones en ciudades como Barcelona y Madrid, y lamentó que más de un millón de vehículos sin etiqueta ambiental se vean afectados por estas normas, lo que, en su opinión, deja fuera a numerosas familias trabajadoras de la movilidad normal.
De la Fuente también vinculó las políticas restrictivas con problemas más amplios del mercado laboral, recordando que una parte significativa de los nuevos empleos se caracteriza por contratos temporales y de corta duración, lo que, según él, genera inestabilidad económica para los trabajadores.
Además, De la Fuente relacionó el aumento de cargas impositivas y regulatorias con las dificultades de acceso a la vivienda y la pérdida de capacidad de ahorro, señalando que muchos ciudadanos destinan gran parte de sus ingresos a techo y transporte, lo que, a su juicio, refleja una falta de prioridades claras por parte de las administraciones públicas.
En este contexto, De la Fuente hizo un llamado a la movilización de los trabajadores y ciudadanos para defender la libertad de circular y trabajar sin restricciones innecesarias, así como para reclamar políticas que favorezcan el empleo de calidad, la prosperidad y la dignidad laboral. Subrayó la importancia de mantener la movilidad como un derecho que permite optar a mejores oportunidades laborales y preservar la cohesión social.
Finalmente, De la Fuente expresó su solidaridad con las familias afectadas por recientes accidentes ferroviarios y reiteró que VOX seguirá defendiendo la seguridad, la libertad de movilidad y el empleo frente a medidas que, a su juicio, perjudican a la clase trabajadora.