La presidenta del Partido Popular de Bizkaia, Amaya Fernández, ha denunciado la aplicación de políticas del Gobierno de Pedro Sánchez que, a su juicio, “criminalizan al propietario y protegen al okupa”, alertando del impacto real que esta situación está teniendo en municipios como Portugalete.
Fernández ha señalado que la ocupación ilegal no es un problema aislado, sino una realidad creciente que afecta a la convivencia y a la seguridad jurídica. Como ejemplo, ha destacado que actualmente existen dos viviendas ocupadas en Portugalete, evidenciando que “este problema existe y no puede ser minimizado”.
En este sentido, el Partido Popular defiende la necesidad de actuar con urgencia para garantizar la protección de los propietarios legítimos. “La ley debe estar del lado del propietario, que lo es de forma legal y legítima”, ha subrayado.
Asimismo, Fernández ha reclamado la puesta en marcha inmediata de medidas eficaces, como el desalojo de los okupas en un plazo máximo de 24 horas, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y frenar este fenómeno.
El Partido Popular de Bizkaia insiste en la necesidad de cambiar el enfoque de las políticas actuales, apostando por soluciones que protejan la propiedad privada, refuercen el Estado de Derecho y garanticen la convivencia.
