El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Castellón impulsará desde el Gobierno municipal un protocolo para regular el acceso y uso de las dependencias municipales en aquellos casos en los que se produzca una ocultación integral del rostro, como el niqab, el burka u otras prendas de efecto equivalente.
El portavoz, Antonio Ortolá, ha explicado que esta iniciativa responde a “una necesidad objetiva de seguridad, correcta identificación de las personas y defensa de la dignidad de la mujer en los espacios públicos municipales”.
Así, ha señalado que las dependencias municipales “son espacios administrativos en los que se desarrollan actuaciones con efectos jurídicos, se presta atención directa a los ciudadanos y se gestionan datos personales, por lo que resulta imprescindible poder identificar visualmente a las personas que acceden a ellas”. En este sentido, ha subrayado que “la ocultación total o parcial del rostro dificulta de manera objetiva la verificación de la identidad, la prevención de posibles suplantaciones y el normal funcionamiento de los servicios públicos”.
Y ha advertido de que “no se puede seguir normalizando en nuestras instituciones públicas el uso de prendas que ocultan completamente el rostro y que, además, están asociadas a costumbres absolutamente machistas que atentan directamente contra la dignidad de la mujer. Desde VOX defendemos la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y consideramos incompatible con esa defensa aceptar prácticas que simbolizan la sumisión y la negación de la identidad femenina”.
Ortolá ha querido dejar claro que la moción “no va dirigida contra ninguna persona ni contra ninguna religión”, sino que “se limita a establecer una condición funcional, objetiva y razonable de acceso a los edificios municipales”. “La regulación será aplicable a cualquier prenda —religiosa o no— que produzca el mismo efecto de ocultación facial”, ha explicado, insistiendo en que “lo relevante no es el origen de la prenda, sino la imposibilidad de identificar a la persona en un espacio donde dicha identificación es necesaria”.
Por último, ha defendido que “las instituciones públicas deben ser espacios seguros, transparentes y coherentes con nuestros valores constitucionales. No podemos mirar hacia otro lado ni ceder ante el relativismo cultural cuando están en juego la seguridad ciudadana y la dignidad de la mujer”.
