La portavoz de Consumo del Grupo Popular en el Senado, Carmen Riolobos, ha denunciado el intento del Gobierno de Sánchez de convertir la Ley de Atención a la Clientela en “un catálogo de imposiciones lingüísticas y agendas ideológicas”, tras una tramitación “exprés” en el Senado después de permanecer 600 días bloqueada en el Congreso.
Riolobos advierte de que el Ejecutivo pretendía transformar una ley sobre derechos del consumidor en una norma centrada casi exclusivamente en cuestiones lingüísticas, siguiendo “las prioridades políticas de Sánchez para mantenerse en el sillón de la Moncloa”.
Las 51 enmiendas del Partido Popular han revertido completamente ese enfoque, “dándole la vuelta como un calcetín” y dando lugar a una ley equilibrada que protege al consumidor, garantiza el cumplimiento por parte de la Administración General del Estado y establece criterios claros de formación para el personal de atención al cliente.
La senadora por Toledo pone en valor que la norma ahora ofrece orden, justicia y soluciones reales, tras corregir el rumbo que habían impulsado el Gobierno y sus socios. Riolobos destaca el trabajo conjunto con más de 25 asociaciones empresariales y sociales, entre ellas OCU, CERMI y la Asociación de Expertos en Relaciones con los Consumidores.
La dirigente popular critica la posición de Vox, que intentó vetar la ley en su totalidad, y recuerda que “no se trata del ‘no a todo’, sino de trabajar para mejorar una ley necesaria para los consumidores”.
Riolobos denuncia que los grupos de la Izquierda Confederal pretendían añadir “más obligaciones, más sanciones y más burocracia” sin valorar el impacto real en empresas, administraciones y usuarios. El PP, en cambio, ha priorizado una norma realista, eficaz y compatible con el funcionamiento del mercado y los servicios públicos.
“Hoy tenemos una buena ley porque el PP ha trabajado para evitar una imposición ideológica que nada tenía que ver con el consumidor”, concluye Riolobos.
