El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Segovia ha registrado un pliego de alegaciones contra la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al considerar que presenta defectos de forma y posibles vulneraciones de derechos fundamentales de los ciudadanos.
La portavoz de VOX en el consistorio, Esther Núñez, ha subrayado que su formación ha mantenido una posición contraria a este tipo de medidas en todas las instituciones. Según ha explicado, VOX se ha opuesto a las ZBE tanto en el Parlamento Europeo como en el Congreso de los Diputados y, ahora, en el ámbito municipal de Segovia.
Por su parte, el concejal Alfonso Ceballos-Escalera ha detallado los argumentos técnicos recogidos en las alegaciones, señalando que la ordenanza supone, a su juicio, una restricción de derechos como la libre circulación, el acceso a actividades económicas y el principio de igualdad, al establecer diferencias entre residentes y no residentes.
Desde VOX también recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló anteriormente una ordenanza similar por la falta de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), por lo que consideran imprescindible garantizar la correcta tramitación del nuevo procedimiento.
Asimismo, el grupo municipal cuestiona la proporcionalidad de las restricciones planteadas, al considerar que los propios datos recogidos en la ordenanza indican que la calidad del aire en Segovia se mantiene en niveles “buenos” o “regulares”, sin riesgo para la salud.
La formación ha mostrado preocupación por la situación de las personas con movilidad reducida, al no contemplarse exenciones permanentes para los vehículos que las transportan, así como por la brecha digital derivada de un sistema de autorizaciones exclusivamente telemático, sin alternativa presencial.
En materia de protección de datos, VOX advierte de la falta de garantías en el sistema de control mediante lectura automática de matrículas, al no definirse aspectos como los plazos de conservación de datos o los derechos de los ciudadanos.
Desde el punto de vista económico, critican los plazos de adaptación para autónomos y empresas, así como la posibilidad de que la Alcaldía modifique aspectos relevantes de la ordenanza sin pasar por el pleno, lo que, a su juicio, genera inseguridad jurídica.
Entre sus propuestas, VOX plantea la revisión completa del expediente, la ampliación de los periodos transitorios, la eliminación de discriminaciones, la incorporación de canales presenciales para trámites y el refuerzo de la seguridad jurídica del texto. Además, solicita la supresión del régimen sancionador o su modificación para garantizar proporcionalidad.
Finalmente, la formación reclama mayor transparencia en el proceso y el acceso público a toda la documentación técnica y jurídica. “VOX está en contra de la Zona de Bajas Emisiones tal y como se están imponiendo en la mayoría de ciudades españolas”, ha concluido Ceballos-Escalera.
