El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha presentado en Barcelona el informe de la Fundación Disenso sobre el impacto económico de la inmigración en el Estado del bienestar.
Garriga ha asegurado que las conclusiones del documento desmontan lo que ha calificado como el «falso mantra» de que la llegada de inmigrantes garantiza por sí sola la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
«Las políticas migratorias impulsadas durante décadas por el Partido Socialista y el Partido Popular no solo no garantizan las pensiones, sino que las comprometen todavía más, ponen en riesgo el Estado del bienestar y saturan absolutamente todos los servicios públicos», ha afirmado.
Disenso analiza la contribución fiscal durante todo el ciclo vital
El informe estudia la relación entre inmigración y sostenibilidad financiera mediante simulaciones que calculan los ingresos y gastos públicos generados durante un ciclo vital de hasta 90 años.
Para estimar los ingresos, el documento incorpora cotizaciones sociales, IRPF e impuestos indirectos. En el apartado de gastos incluye pensiones, sanidad, educación y otras prestaciones públicas, utilizando euros constantes de 2022.
La principal conclusión de Disenso se refiere específicamente a la inmigración poco cualificada. Según sus simulaciones, los perfiles con salarios bajos pueden generar una contribución fiscal neta negativa cuando se tienen en cuenta las prestaciones y los servicios públicos recibidos durante toda su vida.
El propio informe precisa que no toda inmigración produce el mismo resultado. Sostiene que los perfiles altamente cualificados, productivos y con ingresos elevados pueden presentar saldos fiscales positivos, mientras cuestiona que el modelo migratorio predominante en España contribuya a aliviar el coste derivado del envejecimiento de la población.
Garriga considera que estas conclusiones obligan a abandonar las políticas migratorias promovidas por PSOE y PP y a analizar no solo cuántas personas llegan, sino también su cualificación, su inserción laboral y su contribución económica.
VOX defiende la prioridad nacional
El secretario general ha recordado que VOX lleva años reclamando que las ayudas sociales y los recursos públicos prioricen a los españoles.
Durante su intervención, Garriga afirmó que su formación ya ha impulsado cambios en distintas comunidades autónomas para impedir que las personas en situación irregular accedan a determinadas rentas mínimas garantizadas.
«Son los primeros pasos con la fuerza que hoy tenemos, pero también un anticipo de lo que hará VOX cuando llegue al Gobierno de la nación», declaró. Según el dirigente, el objetivo de estas políticas es proteger la sostenibilidad del sistema y garantizar que los recursos lleguen primero a los españoles más vulnerables.
Esta posición coincide con el programa económico de VOX, que cuestiona el coste del actual modelo migratorio para los servicios públicos y defiende unas fronteras seguras junto con la prioridad nacional en el acceso a determinadas prestaciones.
Garriga mantiene la oposición de VOX a la amnistía
El dirigente de VOX también se pronunció sobre las sentencias dictadas el 16 de julio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la Ley de Amnistía.
El TJUE determinó que el Derecho de la Unión no se opone a la norma española en los aspectos examinados, relacionados con los intereses financieros europeos, la tutela judicial efectiva y la directiva contra el terrorismo. No obstante, estableció que el plazo de dos meses previsto para extinguir responsabilidades no puede impedir que un tribunal nacional espere la resolución de una cuestión prejudicial europea.
Garriga reiteró el rechazo de VOX a la ley y aseguró que la formación continuará defendiendo «el orden constitucional, la unidad nacional y la integridad territorial de España».
El secretario general sostuvo que la norma fue el resultado de un intercambio de «impunidad por poder» y prometió que VOX la derogará cuando disponga de la mayoría necesaria. También defendió que Carles Puigdemont debe responder ante la Justicia española.
VOX denuncia los casos que afectan al entorno de Sánchez
Durante la comparecencia, Garriga abordó igualmente los procedimientos judiciales que afectan a familiares y personas próximas al presidente del Gobierno.
La Audiencia Provincial de Madrid ha mantenido el procedimiento ante un jurado popular contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La esposa del presidente no ha sido condenada y conserva plenamente su derecho a la presunción de inocencia.
Por otra parte, la Audiencia de Badajoz ha condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. La resolución no es firme y puede ser recurrida.
Garriga calificó estos hechos como una nueva muestra del deterioro institucional que, a juicio de VOX, rodea al Ejecutivo socialista. Las expresiones sobre la existencia de una supuesta «mafia corrupta» constituyen acusaciones políticas realizadas por el dirigente de VOX y no una calificación judicial.
El secretario general concluyó prometiendo que su formación trabajará para «sacar hasta al último corrupto de las instituciones» y devolverlas, según afirmó, «al servicio de los españoles y del bien común».
